Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental: tres modelos coloniales y por qué el legado imperial sigue determinando el presente del Magreb

Por Catalina Noemí Moll Araya, Alumna de pregrado de RRII de la USACH.

Prácticamente de la Fundación Constituyente XXI.

Para entender por qué el Magreb sigue siendo, más de seis décadas después del fin formal de los imperios coloniales europeos, una de las regiones más tensionadas del sistema internacional, no basta con enumerar conflictos. Hay que volver a los modelos con que las metrópolis administraron el territorio, porque cada uno de ellos dejó una arquitectura política, lingüística, jurídica y económica que sigue operando bajo los Estados poscoloniales actuales. Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental condensan, en este sentido, tres formas distintas de dominación colonial y tres trayectorias estatales que conviene leer en paralelo: la asimilación radical, el protectorado dual y la descolonización inacabada. La región no se explica sin ese trasfondo: lo que hoy llamamos “Magreb” es, en buena medida, el sedimento de aquellas matrices del imperialismo.

En primer lugar, el caso argelino es el más violento, y también el más fundacional para el Derecho Internacional contemporáneo. Esto debido a que Francia no administró Argelia como colonia, sino que la incorporó como prolongación territorial de la metrópoli, bajo la figura de los Departamentos de Ultramar, lo cual significó, como advirtió Frantz Fanon, el desmantelamiento sistemático de las instituciones precoloniales, la expropiación masiva de tierras y la imposición de una jerarquía racial que negaba estatuto político al colonizado.

Al respecto, estas peculiaridades jurídicas y sociológicas llevaron a que la guerra de independencia (1954-1962) no fuera, en consecuencia, un episodio entre otros, sino la prueba a la que se sometieron las nuevas categorías del derecho internacional sobre libre determinación que habían acordado las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial. Así, los Acuerdos de Evian y el referéndum posterior consolidaron una soberanía conquistada bajo tortura, campos de concentración y desplazamientos forzados en formas de violencia inusitada por el poder colonial francés que no son ajenos a los países latinoamericanos, porque este mismo nivel de violencia se enseñó y utilizó en las dictaduras de la región.

La huella de ese trauma se reconoce hoy en la centralización estatal heredada del FLN, en la nacionalización de los hidrocarburos a través de Sonatrach, y en el debate todavía abierto sobre la arabización del sistema educativo, que reemplazó al francés sin reconocer plenamente el tamazight ni la Darija como lenguas vivas del país en un esfuerzo de construcción nacional que sigue en curso, aunque ahora como potencia regional y de los pocos modelos alternativos al Occidente liberal y sus colaboradores periféricos que siguen vigentes en el mundo arabe

Mientras que, en segundo lugar, el contraste con Marruecos es revelador. La administración franco-española optó por una forma de colonización que estamos volviendo a ver en el siglo XXI, lo que se denomina como protectorado, esto es, porque las potencias europeas definieron en preservar formalmente la figura del Sultán y la burocracia tradicional del Makhzen mientras se vaciaba de poder real al Estado preexistente. La maquinaria fue diseñada por el general Hubert Lyautey y funcionó como una bicefalia útil: la metrópoli conservaba el control efectivo, y al mismo tiempo se apoyaba en una fachada de legitimidad “nativa” que abarataba el costo político de la dominación.

Esa lógica produjo el llamado “apartheid urbanístico” de las Villes Nouvelles anexadas a las medinas, y se sirvió del “mito bereber” para fracturar la identidad amazigh y debilitar el nacionalismo árabe en definitiva.

En esta lógica es que dicho país adquiere su independencia en el año 1956, no por una guerra prolongada como en Argelia, sino mediante un breve conflicto y una negociación tutelada, lo que permitió a la dinastía alauita —Mohammed V primero, Hassan II después— centralizar el poder bajo la fórmula de Amir al-Mu’minin, “comendador de los creyentes”, iniciando la vida independiente de una potencia regional que sería la fuerza colaboradora principal del polo estadounidense en el continente durante la Guerra Fría y actualmente como una fuerza con aspiraciones imperiales en directa relación con el Occidente organizado desde la OTAN e Israel.

Sin perjuicio a esto,  la “marroquinización” de 1973 trasladó tierras y empresas de los colonos europeos no al conjunto del pueblo mediante cooperativas o empresas estatales como Argelia, sino que a una oligarquía leal a la corona. Es decir, se dio continuidad institucional en donde la estructura colonial no se desmontó, sino que se rebautizó y adquirió un rol de plataforma imperial de potencias extranjeras, que ahora toma aprendizajes del imperialismo occidental y tiene una nueva agenda expansiva contra el pueblo saharaui y los Estados de Argelia y España.

Finalmente, la tercera trayectoria es la más radical y la más visible para América Latina: la del Sáhara Occidental, única descolonización inacabada del continente africano. Al respecto, el estado de España, potencia administradora, prometió un referéndum sobre la base de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de octubre de 1975, que descartó cualquier vínculo de soberanía territorial entre el territorio y sus vecinos. Sin embargo, la Marcha Verde organizada por Hassan II y la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, apenas días antes de la muerte de Franco, sustituyeron la consulta popular por una transferencia administrativa ilegal a Marruecos y Mauritania.

Al respecto, el Frente Polisario, fundado en 1973, proclamó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), hoy miembro fundador de la Unión Africana y reconocida por decenas de Estados del Sur Global. Sin embargo, el Estado saharaui ejerce soberanía limitada desde los campamentos de refugiados de Tinduf, en territorio argelino, mientras la potencia ocupante explota los fosfatos de Bucraa, los recursos pesqueros del Atlántico y la energía eólica del territorio, blindados por un muro militar minado de más de 2.700 kilómetros.

En esta misma línea, la aprobación, a fines de octubre de 2025, de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, fue un lamentable retroceso al privilegiar la “autonomía” marroquí como base preferente de solución, lo que en definitiva no resuelve el conflicto: lo congela en términos favorables al ocupante.

Al respecto, estas tres trayectorias se cruzan en un escenario regional que el legado colonial ayudó a fabricar. La Guerra de las Arenas de 1963 enfrentó a Marruecos y Argelia por territorios fronterizos que Francia había reasignado en función de sus departamentos coloniales, y desde entonces los dos Estados disputan principios incompatibles: Marruecos invoca un derecho histórico sobre territorios que considera arrancados por la metrópoli, mientras que Argelia defiende el uti possidetis juris, esto es, la intangibilidad de las fronteras heredadas, adoptada por la Organización para la Unidad Africana precisamente para evitar guerras sucesorias.

Asimismo, la ocupación marroquí del Sáhara introduce un tercer vector: Argel apoya militar, diplomática y financieramente al Frente Polisario, lo que ha llevado al cierre indefinido de la frontera entre ambos Estados y al bloqueo de la Unión del Magreb Árabe. A esa fractura se suma la coexistencia, dentro de cada Estado, entre un derecho de inspiración francesa y el derecho islámico, que en Marruecos se materializa en la Mudawana y en Argelia en el Código de Familia de 1984: dos compromisos distintos con un mismo problema de fondo, el de articular soberanía religiosa y modernidad jurídica del secularismo occidental, el cual tiene una vertiente liberal en Marruecos y una vertiente baazista en argelia, ambos sin renunciar a ninguna de estas fuentes jurídicas.

Así, al mirar el Magreb desde el Sur global, y especialmente desde Chile e Iberoamérica, exige resistir la tentación de las explicaciones culturalistas o exotizantes de pueblos dados a la guerra y la violencia. Por el contrario, lo que se juega en Argelia, Marruecos y el Sáhara Occidental no es un destino regional inmutable, sino la persistencia de estructuras coloniales que sobrevivieron a las banderas y a los himnos: fronteras trazadas en oficinas europeas, lenguas impuestas y arrancadas, economías especializadas en exportar materias primas, sistemas legales obligados a coexistir con tradiciones que la metrópoli quiso disciplinar.

De esta manera y frente a esta historia de legado colonial, el reconocimiento de la RASD por parte de los Estados latinoamericanos, la solidaridad con los campamentos de Tinduf y la denuncia jurídica de la ocupación no son gestos simbólicos: son la prolongación natural de nuestras propias luchas anticoloniales. A 53 años de la fundación del Frente Polisario y a 50 años del Acuerdo Tripartito de Madrid, la descolonización del Magreb sigue siendo una tarea pendiente del derecho internacional y, sobre todo, una deuda viva con el pueblo saharaui.