La pobreza y extrema pobreza en Estados Unidos: la potencia imperial que financia guerras e intervencionismo mientras abandona a decenas de millones de personas en la miseria
Estados Unidos exhibe ante el mundo la imagen de la abundancia y la potencia militar sin rival, pero detrás de esa fachada se oculta una realidad que el aparato estadístico oficial minimiza sistemáticamente: al menos 41 millones de personas —el 12,7% al 12,8% de la población— viven bajo el umbral de la pobreza, y 21,3 millones sobreviven en pobreza extrema, con ingresos inferiores a la mitad de esos umbrales ya de por sí insuficientes, a la vez que numerosas organizaciones y centros de estudio señalan que tales cifras oficiales están subestimadas y debiesen corregirse incorporando otras variables como el muy costoso acceso a salud, vivienda y alimentación, siendo en la realidad cifras muy mayores. El gobierno que desembolsó miles de millones de dólares en armamento para sostener las guerras de Ucrania y al proyecto colonial y expansionista israelí es el mismo que deja a casi la mitad de sus familias sin capacidad de cubrir vivienda, salud o alimentación de manera segura y estable en el tiempo.
La pobreza oficial es un instrumento que esconde la mitad del problema
El gobierno federal estadounidense mide la pobreza a partir de un umbral fijado en torno a los 24.000 a 33.000 dólares anuales para una familia de cuatro integrantes, una cifra concebida como un instrumento estadístico de privación extrema y no como una descripción real de lo que una familia necesita para vivir. Numerosas organizaciones y centros de estudios indican que tal umbral de pobreza está muy por debajo de lo que realmente necesitan las personas y familias en Estados Unidos para vivir con mínimos de dignidad. A modo de ejemplo, el Urban Institute (centro de estudios con sede en Washington DC) ha establecido que el ingreso efectivamente necesario para alcanzar una «seguridad económica» real —la capacidad de costear de forma estable vivienda, salud, transporte y alimentación— asciende a 145.000 dólares anuales para una familia promedio, una cifra que multiplica por más de cuatro el umbral oficial de pobreza.
Bajo esta métrica alternativa, el 49% de las familias estadounidenses vive en situación de inseguridad económica, casi cuatro veces la cifra que arroja el índice oficial. Esa es la magnitud del ocultamiento: mientras el censo mide indigencia extrema, la mitad del país vive lo que los propios analistas describen como una «economía de rueda de hámster», donde el esfuerzo laboral no se traduce jamás en progreso ni en estabilidad.
La brecha se repite en cada franja etaria y en cada rubro. En la vejez, el umbral oficial de pobreza para un individuo es de apenas 12.228 dólares anuales, pero una familia con al menos un adulto mayor de 65 años necesita, según el mismo Urban Institute, 108.500 dólares para alcanzar seguridad económica real, sobre todo por el peso de los costos de salud. El resultado es que, mientras la pobreza oficial en la tercera edad se sitúa en 9,3%, la Medida Complementaria de la Pobreza (SPM), que sí incorpora los gastos médicos crecientes, eleva esa cifra al 14,5%.
La distorsión también opera geográficamente: en Nueva York, donde el costo de vida es extremadamente alto, la pobreza alcanza al 26% de la población —el doble del promedio nacional— porque el cálculo federal estándar no ajusta por la inflación local en alquileres y servicios. Y en paralelo a los pobres oficiales existe un segmento de aproximadamente 95 millones de personas —29,8% de la población— que vive «al borde de la pobreza», con ingresos apenas superiores al doble del umbral oficial, sin calificar para la mayoría de las ayudas estatales pero sin ahorro alguno frente a cualquier imprevisto.
El trabajo ya no protege de la indigencia: la fábrica de los «trabajadores pobres»
Uno de los rasgos más brutales del capitalismo estadounidense contemporáneo es la disociación entre empleo y subsistencia digna. Más de 26 millones de personas en Estados Unidos sostienen dos o tres empleos simultáneos, trabajando jornadas de 70 y hasta 80 horas semanales en rubros como comida rápida o limpieza, con salarios de apenas 8 o 9 dólares la hora, sin que ese esfuerzo alcance para costear un depósito de alquiler. El 65% de la población vive al día, sin capacidad de ahorrar un solo dólar, y una emergencia médica o mecánica que supere los 500 dólares bastaría para llevar a la ruina a más de la mitad de los habitantes del país.
Esta precarización no es un accidente del mercado sino una estrategia empresarial deliberada: numerosas compañías fragmentan turnos y contratan personal a tiempo parcial específicamente para eludir la obligación legal de pagar seguros médicos y otros beneficios sociales, forzando a sus propios trabajadores a buscar un segundo o tercer empleo para compensar la pérdida de horas y prestaciones. La baja sindicalización agrava el cuadro: hace cincuenta años, uno de cada tres trabajadores estadounidenses estaba protegido por un sindicato; hoy la cifra ha caído a uno de cada diez.
El fenómeno convive, además, con una paradoja que desmiente el relato oficial del pleno empleo: en febrero de 2026 el país perdió 92.000 puestos de trabajo, elevando la tasa de desempleo al 4,4%, mientras en los últimos quince años se han destruido cinco millones de empleos industriales. Corporaciones como General Electric cerraron plantas en ciudades como Erie, Pensilvania, para trasladarse a estados como Texas, donde los salarios son la mitad y no existe protección sindical alguna, generando lo que los propios afectados denominan «refugiados económicos» internos: ciudadanos que deben desplazarse a otras regiones del país en busca de cualquier empleo disponible. Además, gran parte de los cierres de industrias en suelo estadounidense se debe a su relocalización en otros países y regiones del mundo.
El techo como privilegio: de la casa al motel, del motel al automóvil
La vivienda es, junto a la salud, el principal motor de empobrecimiento del país. Los alquileres han subido cerca de un 30% en las principales ciudades mientras los salarios apenas crecieron un 4,9%, una brecha que obligaría a un trabajador con salario mínimo a completar 104 horas semanales —el equivalente a 2,4 empleos de tiempo completo— solo para costear un apartamento de un dormitorio a precio de mercado. Existe además un déficit de 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para los hogares de menores ingresos, y 8 de cada 10 arrendatarios carecen de ingresos suficientes para alcanzar seguridad económica.
Ante esa imposibilidad, miles de familias con empleo estable han normalizado soluciones habitacionales que hace una década hubiesen sido impensables. En Florida, en los alrededores de Disney World, cientos de familias viven de manera permanente en habitaciones de motel de apenas 15 metros cuadrados, pagando unos 850 dólares mensuales —hasta tres cuartas partes de su salario— y dando origen a la categoría escolar de «los niños de los moteles». En San Diego y Los Ángeles, los estacionamientos habilitados por iglesias y fundaciones se llenan cada noche de trabajadores que duermen en sus vehículos: no solo empleados de servicios, sino también secretarias, informáticos que antes percibían sueldos altos, enfermeras y personal de seguridad. En zonas costeras de California han surgido los llamados «PodShares», literas compartidas por hasta diez personas en una misma habitación a 1.200 dólares mensuales, sin depósito ni verificación de antecedentes. En Los Ángeles, cerca de 10.000 personas viven en casas rodantes estacionadas en la vía pública, incapaces de pagar los 2.000 dólares que cuesta un estudio pequeño.
El sistema, además, castiga dos veces a quien cae: los registros de desahucio son públicos y accesibles con solo unos clics, y los propietarios los usan para descartar automáticamente a cualquier solicitante, incluso si la deuda original fue de apenas 291 dólares o el desalojo ocurrió una década atrás. En Virginia, un atraso de solo cinco días en el pago del alquiler habilita al propietario a iniciar el proceso de desalojo, condenando a la familia a la lista negra de los registros crediticios y, con ella, a la imposibilidad casi total de volver a acceder a una vivienda formal.
Skid Row, en el corazón de Los Ángeles, condensa el punto más extremo de esta crisis: más de 6.000 personas viven en carpas, con una tasa de adicción del 90% entre su población, a metros de los rascacielos de lujo del mismo condado. En los Apalaches, la antigua cuna de la minería del carbón, el 50% de la población adulta no trabaja y hay puntos de la región donde no existe siquiera acceso a agua corriente limpia.
La salud como mercancía: enfermarse es la antesala de la calle
La ausencia de un sistema de salud pública universal convierte cualquier problema médico en una amenaza existencial para millones de personas.. Más de la mitad de la población estadounidense no podría afrontar una emergencia médica de 500 dólares sin caer en la quiebra, y el 21% de las personas que sí cuentan con seguro médico declara no recibir la atención necesaria porque su póliza no cubre la totalidad de los costos o no puede pagar los deducibles. El seguro médico, atado en la mayoría de los casos al empleo, desaparece en el instante en que se pierde el trabajo, y muchas empresas contratan deliberadamente a tiempo parcial para eludir esa obligación legal.
El dilema cotidiano de buena parte de la clase trabajadora se resume en una disyuntiva brutal: comer o comprar medicamentos. En Washington D.C., trabajadores con dos empleos deben destinar hasta 400 dólares mensuales solo a medicinas, recortando drásticamente lo que pueden gastar en vivienda y alimentación. En los Apalaches, la escasez de acceso sanitario obliga a organizaciones voluntarias a montar hospitales de campaña una vez al año, donde cientos de personas pasan la noche en vela dentro de sus autos para ser atendidas por orden de llegada, en escenas que evocan zonas de catástrofe humanitaria; allí se realizan extracciones dentales masivas para quienes han perdido todas sus piezas por no poder costear tratamientos privados que superarían los 3.000 dólares.
A esto se suma la crisis de salud mental: la desinstitucionalización psiquiátrica iniciada a mediados del siglo XX, ejecutada sin construir una red de apoyo comunitaria de reemplazo, empujó a la calle a un número creciente de personas con trastornos graves. Se estima que dos tercios de la población sin hogar padece algún trastorno mental no tratado. La epidemia de opioides se ha vuelto aún más letal con la irrupción de la silacina o «droga zombie», un anestésico veterinario mezclado con fentanilo que provoca necrosis tisular irreversible y en 2021 contribuyó a que el país superara las 100.000 muertes por sobredosis, un récord histórico. El fentanilo, con dosis callejeras de apenas 3 o 4 dólares, afecta al 90% de la población sin hogar de Los Ángeles. Ciudades como Nueva York han respondido con quioscos de pruebas de fentanilo y distribución gratuita de Narcan, mientras persiste el debate entre el modelo Housing First —dar techo antes de tratar la adicción— y quienes sostienen que ello solo traslada el problema puertas adentro de un departamento.
Envejecer en la pobreza: el retiro como privilegio de pocos
La vejez estadounidense desmiente el mito del descanso dorado. Casi el 45% de las familias con miembros mayores de 65 años carece de seguridad económica, y en comunidades empobrecidas de Miami hay jubilados que sobreviven con cheques del Seguro Social de apenas 300 o 400 dólares mensuales, insuficientes incluso para las opciones de vivienda más baratas del mercado. Es habitual encontrar personas de 70 y 72 años trabajando jornadas completas en cadenas como Walmart o Lowe’s porque sus pensiones —de 1.300 o 1.600 dólares mensuales en ciudades como Los Ángeles— no alcanzan para sobrevivir. Algunos mecánicos jubilados terminan viviendo en caravanas de segunda mano tras agotar sus ahorros, y hay adultos mayores que deambulan por las calles o duermen en paradas de autobús al no calificar aún para beneficios completos tras un desalojo o la pérdida de su empleo.
La escuela como red de contención de un Estado social que no existe
La pobreza también se hereda a través del sistema educativo. La tasa de deserción escolar entre los jóvenes del cuartil de ingresos más bajos es del 11,5%, casi cuatro veces superior al 3% registrado entre los de mayores ingresos. Cientos de menores identificados por el sistema escolar como «los niños de los moteles» deben cambiar constantemente de escuela porque sus familias buscan alojamientos cada vez más baratos; más de un millón de niños carecen de un hogar fijo en el país más rico del mundo. Para millones de menores, la escuela pública es además la principal fuente de nutrición diaria, al punto de que, durante las vacaciones de verano, organizaciones voluntarias deben desplegar camiones de comida para suplir el desayuno y almuerzo que el sistema escolar deja de proveer. El Departamento de Educación ha investigado, además, presunta discriminación racial en el acceso a las facultades de medicina, lo que confirma que la barrera no desaparece ni en los peldaños más altos del sistema.
El hambre oculta detrás de la mayor economía del planeta
Treinta y tres millones de personas sufren precariedad alimentaria en Estados Unidos, entre ellas 5 millones de niños; 15,6 millones de hogares —el 12,3% del total— carecen de seguridad alimentaria estable. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), principal red federal de contención, alcanza a 40 millones de personas, pero recortes recientes han endurecido los requisitos y reducido el acceso en un 20% en ciudades como Nueva York. En los Apalaches y en Nueva York, testimonios describen cómo al agotarse el dinero a fin de mes las personas pasan a comer una sola vez al día.
La falta de recursos empuja además a los sectores más pobres hacia productos ultraprocesados y baratos que deterioran la salud a largo plazo, mientras en ciudades como Waco, Texas, la mendicidad o la búsqueda de comida en la basura son directamente tipificadas como delito, criminalizando la mera supervivencia de quien no tiene nada.
El racismo estructural decide quién es pobre en Estados Unidos
La pobreza estadounidense no golpea a todos por igual: reproduce con precisión la jerarquía racial construida por siglos de segregación. Los nativos americanos registran una tasa de pobreza del 27,6%, los afrodescendientes del 26,2% y los latinoamericanos o «hispanos» del 23,4%, frente al 12,4% de la población blanca y el 12,3% de la asiática. En Mississippi, la pobreza infantil entre las minorías llega al 27,7%. La sobrerrepresentación es todavía más brutal en la indigencia: en el condado de Los Ángeles, la población afroamericana constituye apenas el 9% de los habitantes pero el 30% de las personas sin hogar, una disparidad con raíces que se remontan a mediados del siglo XX, cuando ya sufría una carga desproporcionada de falta de vivienda y fue la más golpeada por la Gran Depresión, con una tasa de desempleo del 50% frente al 25% de la población blanca. Los latinoamericanoss representan hoy el 44% de la población indigente de Los Ángeles, con un incremento del 26% en el último conteo. Suburbios predominantemente negros como Carson y Compton figuran entre los más pobres del condado, y zonas como Skid Row o MacArthur Park concentran a población mayoritariamente negra y latina en condiciones críticas de salud y adicción a pocos metros de la opulencia. La estigmatización racial retroalimenta el ciclo: una narrativa que asocia a la población de piel oscura con la peligrosidad alimenta el rechazo social hacia migrantes e indigentes racializados, pese a que las estadísticas muestran que la población local comete más delitos que los propios migrantes.
Migrar para sobrevivir, sobrevivir para migrar
La migración añade una capa adicional de vulnerabilidad. En Miami, un migrante puede pagar 800 dólares mensuales por una sola habitación dentro de una casa móvil con cocina exterior compartida. En Los Ángeles, familias venezolanas y ecuatorianas han incrementado su presencia en Skid Row ante la imposibilidad de obtener permisos de trabajo que les permitan alquilar una vivienda formal. Frente al individualismo que caracteriza a buena parte de la sociedad estadounidense, las comunidades latinoamericanas —conocidas como «hispanas» en Estados Unidos— suelen tejer redes de apoyo familiar donde conviven varios parientes bajo un mismo techo para compartir gastos, y recurren a farmacias informales que venden medicamentos de sus países de origen para evitar las costosas consultas de urgencia. Muchos migrantes trabajan entre 70 y 80 horas semanales en dos o tres empleos de salario mínimo, no solo para subsistir sino para sostener remesas hacia sus países de origen.
En ciudades fronterizas como Escobares, Texas —donde el 98% de la población es hispana y el 62,4% vive bajo el umbral de pobreza—, la economía formal convive con una economía sumergida ligada al tráfico fronterizo que no figura en ningún registro censal. En Nueva York, la llegada de más de 160.000 migrantes en dos años obligó a habilitar hoteles y villas de carpas, generando tensiones con la población indigente local, que percibe que el Estado prioriza el alojamiento de extranjeros sobre sus propios ciudadanos en situación de calle. La obtención de un permiso de trabajo puede demorar de cinco a seis meses, y los procesos de reunificación familiar, más de un año, dejando a los migrantes atrapados durante ese período en la economía informal o en la dependencia absoluta de refugios saturados.
Un país donde la desindustrialización fabricó pobreza a escala industrial
Detrás de buena parte de esta crisis está el desmantelamiento deliberado del aparato productivo. En quince años, Estados Unidos destruyó cinco millones de empleos industriales, liquidando el modelo de las «empresas paternalistas» que sostuvieron el llamado sueño americano. General Electric cerró plantas en ciudades como Erie, Pensilvania, para trasladarlas a Texas, donde paga la mitad del salario y no enfrenta sindicatos. McDowell County, en West Virginia, corazón de los Apalaches, es el ejemplo más crudo de esa decadencia: la sustitución del carbón por gas natural dejó al 50% de la población adulta sin empleo, y ciudades que hace un siglo figuraban entre las más ricas del país, como Welch o Bluefield, hoy exhiben edificios abandonados e infraestructura destruida por inundaciones recurrentes. Es precisamente en esa región donde nació el programa de cupones de alimentos (SNAP), producto de una necesidad histórica que el propio sistema generó y nunca resolvió.
La concentración de la riqueza como reverso exacto de la miseria
Toda esta precariedad convive con una concentración de riqueza extrema: el 1% de la población posee más del 30% de la riqueza total del país, mientras millones de ciudadanos sobreviven con ahorros inferiores a 500 dólares. Empresas multinacionales reportan beneficios récord y reparten miles de millones entre sus accionistas mientras ejecutan despidos masivos o trasladan sus fábricas a estados de salarios más bajos. En Los Ángeles, mansiones de 22 millones de dólares se venden en Beverly Hills en menos de 24 horas mientras, en el mismo condado, más de 6.000 personas malviven en carpas en Skid Row. En Nueva York, la Quinta Avenida y sus residentes acomodados conviven a pocas cuadras de parques donde indigentes se inyectan drogas a plena luz del día.
Récords históricos de indigencia en la involución reciente
Lejos de mejorar, la situación se ha deteriorado con nitidez en los últimos años. En 2024, el número de personas sin hogar en el país superó las 770.000, la cifra más alta desde que existen registros, un 18% más que el año anterior. El número de familias con niños en situación de calle aumentó un 40% en el mismo período, y casi 150.000 menores carecían de techo la noche del conteo federal. Buena parte de esta involución se atribuye al fin de las moratorias de desahucio y de los programas de asistencia de alquiler que operaron durante la pandemia. Nueva York vio crecer su tasa de pobreza por tercer año consecutivo hasta el 26%, y más de la mitad de sus residentes reconoció dificultades para cubrir necesidades básicas en el último año. En Los Ángeles, la población sin hogar pasó de 33.000 a cifras que, según los conteos más recientes, oscilan entre 55.000 y 69.000 personas, con un incremento del 26% entre la población latina. La única excepción positiva registrada es la de los veteranos de guerra, cuya presencia en situación de calle se redujo un 8% en 2024 gracias a programas de apoyo específicos, un dato que, como se detalla más abajo, contrasta de manera flagrante con el trato que el propio Estado dispensa a buena parte de sus excombatientes.
El gasto militar como espejo invertido de la miseria doméstica
Es en este punto donde la crisis social estadounidense revela su dimensión más obscena: el mismo Estado que no logra garantizar vivienda, salud o alimentación a la mitad de su población destina sumas multimillonarias al sostenimiento de guerras ajenas. El envío de armamento por miles de millones de dólares hacia los conflictos de Rusia y Ucrania y de Israel contra Gaza convive, sin solución de continuidad, con la pregunta que emerge entre los propios indigentes estadounidenses: qué se está haciendo realmente por los ciudadanos en necesidad dentro del país. Los altos niveles de pobreza que afectan a más de 41 millones de personas se vinculan directamente a las prioridades bélicas de la administración federal, en abierta contradicción con cualquier promesa de prosperidad interna.
El caso de los veteranos de guerra ilustra con crudeza esta jerarquía de prioridades. El sistema militar parece diseñado para enviar soldados al frente y, cumplido el servicio, entregarles apenas una bandera doblada sin red de contención real. El 13% de las personas sin hogar en Nueva York son veteranos, muchos de ellos con trastorno de estrés postraumático y adicciones derivadas de su paso por conflictos armados. Existen exmilitares en situación de calle que, pese a haber servido y resultado heridos, no califican para una pensión por no haber cumplido los treinta años de servicio exigidos o no haber alcanzado los rangos específicos que la burocracia castrense reclama. El Estado que financia sin reparos el armamento de guerras foráneas se muestra, en cambio, incapaz —o directamente reacio— de sostener a quienes envió a combatir en su nombre.
La pobreza estadounidense no es, entonces, un accidente estadístico ni el resultado de la mala suerte individual: es la consecuencia directa de un modelo que subordina el bienestar social a la maquinaria militar y al beneficio corporativo. Un país capaz de armar guerras en tres continentes simultáneamente pero incapaz de techar a sus propios niños ha elegido, con toda claridad, de qué lado de la balanza pone sus prioridades.
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