Okinawa, el enclave militar de EEUU en Japón: ocho décadas de bases militares, delitos y crímenes impunes, y una soberanía japonesa que aún no llega
Una cadena de islas que representan apenas el 0,6% del territorio japonés carga con el 70% de las instalaciones militares de Estados Unidos en el país, y desde 1945 ha pagado esa desproporción con expropiaciones, ruido, contaminación y una lista de delitos de todo tipo y crímenes sexuales contra mujeres y niñas que se repite generación tras generación. Mientras Tokio profundiza su rearme bajo la primera ministra Sanae Takaichi y Washington multiplica sus bases de misiles en la prefectura de Okinawa, el movimiento okinawense contra la presencia de bases militares de EEUU —el más antiguo y persistente del Japón de posguerra— sigue exigiendo lo mismo que exigía hace ochenta años. Hoy, en un contexto en que se intensifican las presiones de Washington para un rol militar más activo de Japón en el marco de la presión imperial estadounidense hacia China y Corea del Norte, el escenario de Okinawa da muestras de la agresiva geopolítica de EEUU hacia Japón, y su significativo éxito en mantener a gran parte de la población japonesa, y de la totalidad de sus elites gobernantes, bajo la subordinación y la aceptación sumisa de su presencia militar y control político.
Entre el sur de Japón y la isla de la provincia china de Taiwán hay una cadena de islas conocida geográficamente como Archipiélago de las Ryukyu. En el centro y sur de esa cadena se ubica la Prefectura de Okinawa, a una considerable distancia del sur de la islas principales de Japón —país formado por más de 14 mil islas—. Naha, la capital de la prefectura japonesa y anteriormente del Reino de Ryukyu, está considerablemente más cerca de Shanghai y Taipéi que de Tokio, y también de Kagoshima, la ciudad capital de la prefectura del mismo nombre que es más cercana al resto de Japón. Este contexto geográfico explica el que por siglos el Reino de Ryukyu haya tenido tanta o más relación comercial con China que con Japón, y de hecho mantenía una relación de tributos a favor del Imperio Chino a cambio de protección del reinado okinawense. Especialmente a partir de la invasión japonesa de Satsuma en 1609, Japón comenzará a tener bajo su control, pero recién en 1879 Okinawa deja de ser una entidad política independiente de Japón, que anexiona este territorio que incluso tiene una variable linguística propia, las lenguas ryukyenses.
T.Kambayashi, Fuente: Creative Commons. Esto explica el cómo se ve como una imposición externa el tener que pagar el costo de la derrota militar del imperio fascista japonés frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando cada helicóptero que sobrevuela a baja altura casas, cada pieza de aeronave que cae sobre un patio de guardería, cada nuevo caso de agresión sexual atribuido a un marine estacionado en la isla, se reabre en Okinawa una herida colectiva que nunca ha cerrado en 8 décadas y que además remite a una sensación colectiva de tener una imposición externa que castiga a este territorio intermedio entre las islas principales de Japón, la isla de Taiwán, y el territorio continental de China. En concreto: es la administración japonesa de un archipiélago tratado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como pieza de sacrificio de la impuesta alianza militar, política, económica y financiera de los gobiernos de Washington y Tokio.
La Prefectura de Okinawa es apenas el 0,6% de la superficie de Japón, pero alberga alrededor del 70% del área ocupada por instalaciones militares estadounidenses exclusivas en el país. Esa concentración —consecuencia directa de la ocupación estadounidense de posguerra y de la posterior permanencia de las bases bajo el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón— no es un dato estadístico neutro: es la arquitectura material de una desigualdad que la población okinawense denuncia desde hace ochenta años.
Una carga que ningún otra región japonesa soporta
La proporción de la ocupación estadounidense en Okinawa es elocuente. Según cifras del Gobierno de la Prefectura de Okinawa, entre el regreso de la isla a soberanía japonesa en 1972 y finales de 2025 se registraron 6.409 delitos atribuidos a personas sujetas al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por su sigla en inglés) —militares, personal civil y familiares—, de los cuales 600 fueron delitos graves: asesinatos, violaciones y robos con violencia, entre otros. Entre 1972 y 2022 se habían contabilizado ya 6.163 casos penales, con 398 robos, 134 violaciones y 27 asesinatos. El delito más común fue el hurto, con 3.034 casos, pero son las cifras de violencia sexual y homicidio las que explican por qué cada nuevo incidente reabre una herida colectiva.
La tendencia reciente no muestra ninguna mejora. De los 118 casos penales que involucraron a personal militar estadounidense en todo Japón durante 2023, el 61% —72 casos— ocurrieron en Okinawa, una proporción muy superior al 51% registrado en 2022. En los primeros nueve meses de 2025 ya se habían contabilizado 77 casos penales en la prefectura, superando el total de 73 del año anterior y marcando la cifra más alta en dos décadas. También los accidentes de tránsito muestran el mismo patrón: de los 67 casos de infracciones viales investigados en todo Japón en 2023, 47 correspondieron a Okinawa, y 43 de ellos por conducción bajo los efectos del alcohol.
Frente a estos números, algunos estudios policiales insisten en que, medida en términos per cápita, la población sujeta al SOFA no presenta tasas de criminalidad superiores a las de la población general de Okinawa. El gobierno prefectural y las organizaciones civiles rechazan que el problema pueda reducirse a una comparación estadística: sostienen que la presencia de fuerzas extranjeras conlleva una responsabilidad especial y que delitos como los asesinatos y agresiones sexuales tienen un impacto enorme sobre la confianza pública hacia el enclave militar estadounidense, agravado por las dificultades procesales que se tienen en estas investigaciones y juicios contra el personal militar estadounidense.
De la batalla más sangrienta del Pacífico a la ocupación colonial
El trauma fundacional de Okinawa es la Batalla de Okinawa, librada entre abril y junio de 1945, en la que murieron entre 100.000 y 150.000 civiles según distintas estimaciones —algunas fuentes elevan la cifra total de víctimas, incluidas las militares, a más de 200.000—, con pueblos enteros destruidos y suicidios colectivos inducidos o forzados por el propio Ejército Imperial Japonés en varios puntos de la isla. La experiencia dejó una marca doble: el sufrimiento infligido por el combate entre los ejércitos japonés y estadounidense, y la sensación, muy extendida entre los okinawenses, de haber sido sacrificados por Tokio como escudo del resto del archipiélago. De ese trauma nació el lema que todavía preside monumentos y actos conmemorativos en la isla: «Nunca más Okinawa como campo de batalla».
Mientras el resto de Japón recuperó su soberanía en 1952 con el Tratado de San Francisco, Okinawa permaneció bajo administración militar estadounidense directa hasta 1972. Durante esos veintisiete años el dólar circuló como moneda oficial, la administración civil dependió de Washington y buena parte del territorio se destinó a la construcción de bases. Miles de familias campesinas perdieron sus tierras mediante expropiaciones —compensadas, cuando lo fueron, de manera que la mayoría de los afectados consideró insuficiente— y en varios casos sufrieron desalojos forzosos directos. Esas expropiaciones alimentaron, durante la década de 1950, la llamada «lucha por las tierras», que movilizó a cientos de miles de personas y constituyó el primer gran movimiento popular de resistencia a la presencia militar estadounidense en la isla.
El motín de Koza y la «reversión» que no revirtió nada
La frustración acumulada por accidentes, delitos y la sensación de impunidad derivada del SOFA estalló en diciembre de 1970 en el llamado motín de Koza: un accidente de tráfico provocado por un militar estadounidense desató una protesta masiva en la que miles de personas se enfrentaron a la policía militar y quemaron vehículos del Ejército. El episodio, violento y excepcional en su forma, expuso un malestar que ya no tenía nada de excepcional en su contenido.
Durante los años sesenta se había consolidado el llamado Movimiento por la Reversión, que exigía el fin de la administración estadounidense y la reincorporación de Okinawa a la soberanía japonesa, con la expectativa —compartida por buena parte de sus impulsores— de que el regreso al marco constitucional pacifista de Japón obligaría a retirar las bases. La devolución se concretó en 1972, pero las instalaciones militares permanecieron prácticamente intactas. Lejos de reducirse, la concentración de tropas y bases estadounidenses en la prefectura aumentó con los años hasta representar entre el 70% y el 75% del total desplegado en Japón que en total se calcula en unos 54-55 mil soldados), dejando a los okinawenses con la misma carga que creían haber dejado atrás, ahora administrada por su propio Estado nacional.
1995: la violación que hizo estallar a Okinawa
El acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del movimiento ocurrió en septiembre de 1995, cuando dos marines y un sanitario de la Armada estadounidense secuestraron, golpearon y violaron a una niña de doce años. Los tres fueron juzgados y condenados por tribunales japoneses, pero el episodio desbordó cualquier contención judicial: alrededor de 85.000 personas participaron en una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de la isla, exigiendo la revisión del SOFA, la reducción de las bases y una mayor jurisdicción japonesa sobre los delitos cometidos por militares estadounidenses. La presión derivó en la apertura de negociaciones para cerrar la base aérea de Marine Corps Air Station Futenma —ubicada en pleno centro urbano de Ginowan— y en una revisión parcial de los procedimientos del SOFA que permitió, desde entonces y solo en delitos especialmente graves, que Estados Unidos entregue a un sospechoso antes de la acusación formal cuando Japón lo solicita. El texto del tratado, sin embargo, nunca fue formalmente enmendado.
El caso de 1995 fue el más visible en su tiempo, de una larga serie que se extiende hasta el presente. En 2012, dos marinos estadounidenses fueron condenados por la violación de una mujer en Okinawa, lo que provocó nuevas protestas y llevó al mando estadounidense a imponer restricciones al consumo de alcohol y toques de queda para su personal. En 2016, un extrabajador de una base fue condenado a cadena perpetua por la agresión sexual y el asesinato de una mujer de veinte años. En 2024 se sucedieron varios casos de gran repercusión —un miembro de la Fuerza Aérea acusado de secuestrar y violar a una menor, un marine acusado de una agresión distinta—, agravados por la indignación de que varios de ellos no fueran comunicados de inmediato al gobierno prefectural. En junio de 2025 un tribunal japonés condenó al cabo Lance Jamel Clayton, de veintitrés años, a siete de prisión por atacar por la espalda a una mujer, intentar violarla y causarle lesiones oculares que tardaron dos semanas en sanar; Clayton se declaró inocente, pero el tribunal consideró creíble el testimonio de la víctima. En abril de 2025, dos marines fueron imputados por agredir sexualmente a dos mujeres distintas y un tercero fue acusado de un delito similar, lo que provocó una protesta frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón donde los manifestantes corearon consignas como «No necesitamos a America (EEUU o USA)», «Sin bases, sin violaciones» y «El ejército no protege a los residentes». Un organizador de esas jornadas resumió el hartazgo con una pregunta que resume ocho décadas de espera: «¿Cómo podemos llamar a esto seguridad entre Japón y Estados Unidos cuando el número de víctimas de violencia sexual sigue aumentando?».
La memoria colectiva de Okinawa conecta estos episodios en una sola línea de continuidad histórica. Según describen los propios manifestantes, «desde los últimos días de la Batalla de Okinawa en 1945, ha habido una ocurrencia continua de agresiones sexuales por parte de individuos asociados con el ejército estadounidense«. El gobernador Denny Tamaki, principal figura política opositora al proyecto de traslado de Futenma, ha calificado repetidamente estos episodios como «muy deplorables» y ha presionado sin éxito decisivo a las autoridades militares estadounidenses para que actúen con mayor severidad ante estos casos.
Henoko: la base que nadie quiere en Okinawa y que se construye igual
El eje material del conflicto contemporáneo es el plan, acordado entre Washington y Tokio desde 1996, de cerrar la base de Futenma y trasladarla a una nueva instalación construida sobre la bahía de Henoko, en la ciudad de Nago, junto a Camp Schwab. La propuesta no resuelve nada para gran parte de la población: no elimina la carga militar de la isla, simplemente la reubica dentro de ella. Los opositores han sostenido durante años que carece de sentido destinar el dinero de los contribuyentes japoneses a levantar una nueva base estadounidense en lugar de invertirlo en necesidades sociales como la prevención de desastres.
El 24 de febrero de 2019, Okinawa celebró un referéndum prefectural, no vinculante, sobre el relleno de la bahía de Henoko para la construcción de la nueva base. El resultado fue contundente: 434.273 votos en contra (72,15%), frente a apenas 114.933 a favor (19,10%) y 52.682 indecisos, con una participación del 52,48% sobre cerca de 1,16 millones de electores habilitados. El gobernador Denny Tamaki, que lideró la campaña por el rechazo, calificó el resultado como «extremadamente importante» y exigió al gobierno central detener las obras. El entonces primer ministro Shinzo Abe respondió que el ejecutivo japonés «aceptaba los sentimientos» de la población, pero que la reubicación seguiría adelante porque la política de defensa correspondía en exclusiva al Estado central. Los tribunales japoneses han respaldado desde entonces, en repetidas ocasiones, la posición del gobierno frente a los intentos administrativos y judiciales del gobierno prefectural por frenar el proyecto.
La resistencia a la base militar estadounidense en Henoko ha incluido sentadas permanentes frente a las obras, manifestaciones marítimas en kayak y pequeñas embarcaciones, recursos judiciales, campañas internacionales y la participación sostenida de residentes de edad avanzada que llevan décadas movilizados. Esa resistencia ha tenido, en 2026, un costo trágico: en marzo, dos barcos con manifestantes que protestaban contra la construcción en Henoko volcaron frente a la costa, dejando dos muertos, un estudiante de diecisiete años y el capitán de setenta y uno de una de las embarcaciones. Los estudiantes participaban en un viaje de educación para la paz destinado a observar el sitio de construcción. Ante estas movilizaciones, las autoridades no cedieron: en agosto de 2026 los manifestantes seguían concentrándose frente al Ministerio de Defensa en Tokio, denunciando que la premisa gubernamental de que Henoko es la única vía para devolver Futenma ya no se sostenía. En julio de ese mismo año, cerca de mil personas se manifestaron en Ginowan, sede de la base de Futenma, para exigir un calendario claro de su devolución.
El SOFA: la ley que blinda al soldado y desarma a la víctima
El instrumento jurídico que sostiene toda esta arquitectura de impunidad relativa es el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas —el SOFA—, firmado en 1960 como desarrollo del «Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad entre Japón y Estados Unidos», y nunca modificado formalmente desde entonces. Formalmente bajo la normativa sobre este tema, los militares estadounidenses no gozan de inmunidad penal en Japón: cuando un delito se comete fuera del ejercicio de funciones oficiales, es la justicia japonesa la competente para investigarlo y juzgarlo. El problema no es la jurisdicción sobre el fondo, sino la custodia de los inculpados. Hasta mediados de los años noventa, la regla general era que Estados Unidos conservaba la custodia del sospechoso hasta después de la acusación formal, lo que en la práctica impedía a la policía japonesa arrestarlo o interrogarlo de manera obligatoria mientras permanecía dentro de una base. Solo tras la conmoción del caso de 1995 Washington aceptó, mediante acuerdos y prácticas administrativas —no mediante una reforma del tratado—, entregar antes de la acusación formal a los sospechosos de delitos especialmente graves como homicidio o violación, cuando Japón lo solicita expresamente.
Esa concesión ha resultado insuficiente en la práctica reciente: en los casos de agresión sexual de 2024 y 2025, los sospechosos permanecieron bajo custodia militar estadounidense mientras la policía de Okinawa solo podía realizar entrevistas de carácter voluntario. El Artículo 3 del SOFA, además, otorga a Estados Unidos la facultad de tomar «todas las medidas necesarias» para el control de sus bases, dejando a Japón sin autoridad legal directa sobre lo que ocurre dentro de ellas: entre enero y agosto de 2024 se registraron 392 vuelos nocturnos en violación de acuerdos bilaterales sobre ruido, y aunque los tribunales japoneses han declarado ilegal ese ruido, el gobierno carece de mecanismos para hacer cesar la infracción. El mismo régimen ha obstaculizado las investigaciones ambientales: en 2008, las autoridades estadounidenses impidieron a Japón examinar los restos de una avioneta Cessna de la Base Aérea de Kadena que se había estrellado cerca de Nago, invocando una cláusula del SOFA que niega a Japón la posesión de propiedad militar estadounidense sin autorización previa. El gobierno japonés tampoco puede acceder a instalaciones para investigar la contaminación con sustancias PFAS sin el consentimiento de Washington, consentimiento que hasta ahora no ha sido concedido.
El SOFA es, según reconocen sus propios críticos dentro del sistema político japonés, más desfavorable para Japón que acuerdos comparables firmados por Estados Unidos con otros aliados: en Alemania se lograron reformas que establecen la primacía de la ley local sobre el personal militar extranjero. Desde 1995, un consejo de gobernadores de prefecturas con presencia de bases reclama su revisión, y el propio Tamaki ha declarado que «revisar el SOFA es esencial». Incluso figuras del establishment político japonés, como el exprimer ministro Shigeru Ishiba, han abogado por su reforma, pero tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Defensa se muestran reacios a tocarlo por temor a tensar la relación con Washington, una parálisis que confirma hasta qué punto la subordinación estratégica pesa más, para el Estado japonés, que la seguridad de sus propios ciudadanos.
La infancia bajo las hélices
El costo humano de la militarización recae con particular dureza sobre la infancia okinawense. En diciembre de 1955, una niña de cinco años fue secuestrada, violada y asesinada por un militar estadounidense; cuarenta años después llegó el caso de la niña de doce años de 1995. La cadena no se detuvo ahí: en 2023 y 2024 volvieron a hacerse públicos nuevos casos de agresión sexual contra menores por parte de personal militar. A esa violencia directa se suma el riesgo cotidiano que impone la proximidad física entre bases e instituciones educativas. En diciembre de 2017, una pieza de la hélice de un helicóptero cayó sobre el techo de una guardería situada a apenas 300 metros de la base de Futenma, mientras unos veinte niños jugaban en el patio; el director de la escuela declaró después su terror ante la posibilidad de que el objeto hubiera golpeado la cabeza de un menor. Desde entonces, según relatan educadores del centro, los niños reaccionan con miedo al escuchar el sonido de las aeronaves, repitiendo la frase «ya vuelven, no los queremos aquí». La memoria local conserva también el choque de un helicóptero contra un edificio universitario en 2004, episodio que reforzó entre las nuevas generaciones la sensación de habitar, según sus propias palabras, un «lugar peligroso».
La contaminación añade una capa adicional de daño generacional. Durante la construcción de un campo de fútbol se desenterraron barriles oxidados con restos de dioxina bajo el terreno, junto con vestigios de armas biológicas de décadas pasadas que contaminaron fuentes de agua; la contaminación del agua con compuestos PFAS y PFOS sigue siendo objeto de una lucha activa por parte de los residentes, sin que el gobierno japonés pueda siquiera acceder a las bases para investigarla. La construcción en Henoko, por su parte, está destruyendo arrecifes de coral y praderas marinas que albergan al dugongo —un mamífero marino amenazado— y a tortugas, privando a las próximas generaciones de un patrimonio natural que no volverá. A todo ello se suma el temor estratégico: los propios líderes locales advierten que la fuerte militarización convierte a Okinawa en un objetivo prioritario en un eventual conflicto entre potencias, repitiendo el trauma de 1945, mientras el Tribunal Supremo japonés y el gobierno central continúan respaldando decisiones que ignoran la voluntad expresada en las urnas por la población del archipiélago.
Una opinión pública dividida por el mapa
La sociedad japonesa en su conjunto exhibe una contradicción notoria: mayoritariamente apoya la alianza militar con Estados Unidos, pero rechaza pagar su costo territorial. Es decir: la mayoría de los japoneses y japonesas mantiene su apoyo a la presencia militar estadounidense, pero rechaza que esté en sus cercanías. Una encuesta de 2026 mostró que el 79% de los japoneses considera el tratado de seguridad un elemento disuasorio eficaz, en un contexto por décadas ha habido un sistemático trabajo de propaganda «anticomunista» y una larga historia de enemistad frente a sus vecinos en el continente asiático, casi el 90% de la población percibe alguna amenaza proveniente de Corea del Norte o China. Sin embargo, cuando la pregunta se concreta en bases, aviones y delitos, ese respaldo se derrumba: el 80% de los japoneses considera «injusta» o «algo injusta» la distribución actual de las fuerzas estadounidenses, según una encuesta de la cadena pública NHK realizada en 2026. Politólogos describen este fenómeno como una versión japonesa del efecto NIMBY —»en mi patio trasero, no»—: se admite la necesidad abstracta de la alianza, pero existe fuerte resistencia a que aviones Osprey o cazas F-35 operen cerca de sus propias zonas residenciales.
En Okinawa, esa incomodidad nacional se convierte en angustia cotidiana. Una encuesta de 2023 encontró que el 70% de los okinawenses considera injusta la concentración de bases en su prefectura, y un 83% teme que esas instalaciones se conviertan en objetivo de ataque en caso de una emergencia regional. Una encuesta conjunta de Ryukyu Shimpo y Mainichi Shimbun mostró que el 61% de los residentes de la isla considera injusta esa concentración, frente a solo el 40% del conjunto del país; otro sondeo, realizado por Ryukyu Shimpo junto a The Okinawa Times, encontró que el 61% de los okinawenses quiere reducir la presencia militar estadounidense, frente a apenas el 46% en el resto de Japón, mientras que un 41% del resto del país prefiere mantener la situación actual, contra solo el 19% en Okinawa. Politólogos llaman a esta brecha la «paradoja de Okinawa»: una parte importante de la sociedad japonesa reconoce que la prefectura soporta una carga excesiva, pero existe mucha menos disposición a aceptar el traslado de esas instalaciones a otro territorio del propio país.
El respaldo nacional a la alianza tampoco es homogéneo en el tiempo: desde alrededor de 2020, el deterioro del entorno de seguridad regional se ha acelerado, con una cada vez más intensa agresividad en la política exterior estadounidense y su multimillonario financiamiento y apoyo militar a Taiwán, y como respuestas, la actividad militar china en torno a la Provincia taiwanesa, las disputas en el mar de China Oriental, los ensayos de misiles de la República Democrática Popular de Corea, ha reforzado en buena parte de la opinión pública —fuertemente influenciada por los medios masivos y la «opinión publicada»― la valoración favorable a la presencia estadounidense, sin que ello haya alterado el reconocimiento de que Okinawa carga con una parte desproporcionada del costo. En un sondeo de 2025 de la agencia Kyodo News, el 60,4% de los japoneses respaldó el objetivo de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, aunque la opinión se mantuvo más dividida respecto de una eventual participación directa de Japón en un conflicto vinculado a Taiwán.
El rearme de Takaichi y la traición al Artículo 9º de la Constitución
El malestar de Okinawa se ha entrelazado, en 2026, con un rechazo político de alcance nacional al giro militarista del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, que ha acelerado la revisión de los documentos de seguridad nacional en un sentido que implica un aumento sustancial del gasto militar y un abandono progresivo del enfoque estrictamente defensivo que caracterizó a la política militar de Japón desde la posguerra, habida cuenta de la imposición de la presencia militar estadounidense. Para el movimiento okinawense, la construcción de nuevas bases de misiles en la prefectura es una pieza más de la integración de Japón en la estrategia militar de Estados Unidos, que convierte a la región en un objetivo militar y eleva el riesgo de ser nuevamente víctimas civiles de un conflicto armado. Durante una ceremonia conmemorativa celebrada en junio de 2026, manifestantes interrumpieron el discurso de la primera ministra con gritos de «No a la guerra» y «Protejan el Artículo 9 de la Constitución».
Ese artículo —la disposición por la que Japón renuncia a la guerra como derecho soberano y al mantenimiento de fuerzas armadas con potencial bélico— ha sido, para los okinawenses, tanto la mayor esperanza de desmilitarización como la fuente de una frustración persistente. Durante los años de ocupación directa estadounidense, la campaña por la reversión de la isla a soberanía japonesa se sostuvo en la expectativa de que, al regirse por la Constitución pacifista, Okinawa vería retiradas las bases extranjeras que la propia Constitución parecía prohibir.
Esa esperanza chocó con una realidad persistente: pese a la devolución de 1972, la concentración de fuerzas estadounidenses en la isla aumentó hasta representar casi el 75% del total desplegado en Japón, dejando en evidencia que el espíritu del Artículo 9 no se aplica de manera efectiva en la prefectura. Residentes y activistas denuncian una contradicción de fondo entre esa cláusula pacifista y el Tratado de Seguridad —conocido como Anpo—, que obliga a mantener una infraestructura militar que convierte a la isla en objetivo de guerra y plataforma de operaciones para conflictos externos, y advierten que interpretaciones gubernamentales como la de la «autodefensa colectiva» se alejan cada vez más del mandato original del artículo, invitando a una guerra que Okinawa ya conoció en carne propia.
La paradoja imperialista: Washington redactó la Constitución «pacifista» que hoy quiere sobrepasar
Ninguna de estas contradicciones puede entenderse aisladamente del origen mismo de la relación entre Japón y Estados Unidos, marcada desde 1945 por una asimetría total. La Constitución japonesa de 1947, que consagra ese Artículo 9 que hoy los manifestantes reclaman defender frente a su propio gobierno, fue redactada en apenas una semana de febrero de 1946 por un equipo de unos veinte funcionarios del Cuartel General estadounidense de ocupación, bajo la dirección del general Douglas MacArthur, después de que este rechazara la propuesta de reforma constitucional elaborada por una comisión japonesa presidida por el ministro Matsumoto Jōji por considerarla incompatible con la «democratización». El texto fue luego traducido, negociado y modificado por la Dieta japonesa, pero la estructura fundamental y el sello del documento provinieron de la potencia ocupante: la misma potencia que setenta años después exige a Tokio abandonar ese pacifismo impuesto para «normalizar» su papel militar en la región.
La impunidad tampoco es ajena a la historia de la relación bilateral. En los Juicios de Tokio, celebrados entre 1946 y 1948 para procesar a los responsables de crímenes de guerra japoneses, el emperador Hirohito —a quien buena parte de la historiografía revisionista, encabezada por el historiador estadounidense Herbert P. Bix, atribuye una participación activa en decisiones militares clave— nunca fue acusado, en una decisión política del entorno de MacArthur destinada a preservar el orden durante la ocupación y a facilitar la aceptación de las reformas impuestas. El propio presidente del tribunal, el juez australiano William Webb, advirtió en su momento que resultaba una «burla a la justicia» procesar a soldados rasos mientras se eximía al soberano que probablemente cargaba con mayor responsabilidad que ellos.
La misma lógica de intercambio entre impunidad e información estratégica se repitió con los responsables de la Unidad 731, el centro secreto del Ejército Imperial japonés que experimentó con armas biológicas sobre miles de prisioneros chinos, soviéticos y coreanos, bajo el nombre oficial de «Laboratorio de Investigación y Prevención de Enfermedades Infecciosas del Ministerio Político Kempeitai»: su líder, el doctor Shiro Ishii, obtuvo inmunidad frente a los crímenes de guerra a cambio de entregar a Estados Unidos los resultados de esa experimentación, en un pacto que el propio gobierno estadounidense mantuvo en secreto durante décadas y que un historiador describió como «la Operación Paperclip del Este», en referencia al reclutamiento de científicos nazis. Ishii murió en 1956 sin haber sido juzgado.
Esa historia de impunidad selectiva convive hoy con una relación económica en la que Japón aparece, en apariencia, como acreedor y no como subordinado: desde 2019 vuelve a ser el mayor tenedor extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos, con tenencias que a abril de 2026 ascendían a aproximadamente 1,21 billones de dólares. El propio ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, ha reconocido que esa cartera de bonos constituye una «carta sobre la mesa» en las negociaciones comerciales con Washington, especialmente frente a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Pero incluso esa posición de aparente fortaleza está atravesada por la misma asimetría estructural: análisis financieros sobre la reciente promesa japonesa de invertir 550.000 millones de dólares en infraestructura estadounidense sugieren que, al calcular el valor presente de esos compromisos, es probable que Japón registre pérdidas netas mientras Estados Unidos obtiene beneficios significativos sin costo inmediato. El financiamiento de la deuda estadounidense, lejos de traducirse en autonomía, opera como un tributo más dentro de una alianza en la que Japón sostiene económicamente al mismo país que, mediante el SOFA, sigue negándole jurisdicción plena sobre su propio territorio.
Presente del movimiento contra la presencia de bases militares estadounidenses
El movimiento pacifista de Okinawa —el más antiguo y persistente del Japón contemporáneo— es una identidad política construida sobre cuatro pilares reconocibles: la memoria de la devastación de 1945, la experiencia de casi tres décadas de administración militar separada del resto del país, la percepción de una carga desproporcionada sostenida hasta hoy, y la voluntad de que la isla no vuelva a convertirse en frente de guerra de una potencia extranjera. Organizaciones como la Red Internacional de Mujeres contra el Militarismo y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad han sido decisivas para vincular esa lucha con la denuncia sistemática de la violencia sexual y para internacionalizar las demandas de la isla. La Asamblea de la Prefectura de Okinawa continúa aprobando mociones formales instando a Tokio a revisar el SOFA, mientras el gobierno central —bajo Abe ayer y bajo Takaichi hoy— reitera la importancia estratégica de las bases estadounidenses incluso mientras promete, sin cumplir, aliviar la carga que soporta la prefectura.
Ocho décadas después de que la isla fuera arrasada como escenario de guerra entre dos ejércitos que no eran el suyo, Okinawa sigue esperando lo que le prometieron con la devolución de 1972: dejar de ser, para Tokio y para Washington, una pieza prescindible en el tablero de una alianza que ni sus propios gobiernos se atreven a llamar por su nombre.
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