«Megarreforma» en Chile: el gobierno de Kast blinda a la oligarquía empresarial por veinte años y traslada el costo del ajuste fiscal a los municipios y mayorías más desventajadas
El Congreso chileno aprobó el proyecto que el propio Ejecutivo bautizó como «Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social», cerca de cuarenta medidas que bajan el impuesto a las grandes empresas, congelan por hasta 25 años las reglas tributarias que rigen a los grandes inversionistas y eliminan las contribuciones a los adultos mayores más ricos del país. El agujero fiscal que deja esta ingeniería —entre 4.500 y 5.000 millones de dólares anuales— se cubrirá con IVA, es decir, con un impuesto al consumo de las mayorías, las que además deberán padecer el recorte de recursos a sus respectivos municipios y numerosos programas sociales y subsidios que hoy benefician de diversa forma a las personas y familias. Mientras tanto, incluso el Fondo Monetario Internacional y el propio Consejo Fiscal Autónomo del Estado chileno califican de «acto de fe» la promesa de que el crecimiento económico compensará lo perdido, y una escasa oposición política heredera del gobierno anterior se ve incapaz de generar freno al avance del programa del gobierno de José Antonio Kast. En lo que refiere a esta legislación, sólo le queda sortear votaciones sobre los vetos supresivos ejercidos por Kast materias que deben volver a votarse, y el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el requerimiento por inconstitucionalidad y ha abierto convocatoria a audiencias públicas para abordar los puntos más regresivos y problemáticos.
La llamada «Megarreforma» —nombre con el que la prensa y la propia clase política terminaron por bautizar al Proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social— es la pieza legislativa central del gobierno de José Antonio Kast y acaba de ser despachada por el Congreso Nacional tras una tramitación marcada por la negociación de última hora, la resistencia de alcaldes de comunas populares y las advertencias de organismos técnicos que rara vez cuestionan de forma tan directa a un gobierno en ejercicio.
Se trata de un paquete de aproximadamente cuarenta medidas que reconfigura de arriba abajo la estructura tributaria chilena bajo una premisa: que la reducción generalizada de la carga impositiva a las grandes empresas y a los grandes patrimonios generará, por sí sola, el crecimiento necesario para que el Estado mejore su situación financiera y no termine en bancarrota, según las propias evaluaciones que hacen desde el oficialismo. Es la misma fe que el neoliberalismo ha profesado desde los tiempos de los Chicago Boys, actualizada ahora con el lenguaje de la «certeza jurídica», la lucha contra la «permisología» y el «impulso al crecimiento» de un modelo que se mantiene estancado y con notoria falta de dinamismo hace ya varios años.
Los pilares tributarios: menos impuestos para las empresas, dos décadas de blindaje para los grandes inversionistas
El corazón de la reforma es la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, que baja del 27% actual al 23% para el año 2030, en beneficio directo de las grandes empresas del país. A esa rebaja se suma la reintegración del sistema tributario al 100%, mecanismo que permite a los dueños de las compañías usar como crédito para sus impuestos personales la totalidad de lo pagado por sus empresas, un beneficio criticado por concentrarse en quienes ya controlan el capital corporativo del país. Se añade además la eliminación del impuesto a la ganancia de capital y beneficios para la repatriación de capitales que hoy están fuera de Chile, junto con la exención de IVA para la compra de viviendas nuevas.
Pero la medida más atrevida —y más resistida por la oposición parlamentaria— es la llamada invariabilidad tributaria: un mecanismo que permite congelar, por periodos de entre 15 y 25 años, las reglas impositivas que rigen a los grandes proyectos de inversión. El instrumento técnico para hacerlo son los contratos-ley, suscritos entre el Estado y las empresas interesadas, que a cambio de esta garantía de estabilidad pagan una sobretasa impositiva. En la práctica, esto significa que el Estado chileno queda «amarrado» durante dos décadas a una promesa de no tocar las reglas tributarias de esos proyectos específicos, sin importar lo que ocurra en el país en ese lapso: pandemias, conflictos bélicos, crisis financieras o simplemente la voluntad democrática de un futuro Congreso de ajustar la carga tributaria a estándares internacionales. La oposición ha calificado esto como una entrega de la soberanía tributaria, y advierte que el resultado será la instalación de «sistemas tributarios paralelos»: uno para las grandes empresas protegidas por contrato, y otro —el de siempre— para el resto de los contribuyentes.
Resulta revelador que ni siquiera el empresariado sitúe la variable tributaria como determinante para invertir: según la Encuesta de Clima de Inversión de la Universidad Católica, citada por los propios críticos del proyecto, los impuestos ocupan el puesto 15 de 16 factores que los inversionistas consideran relevantes a la hora de decidir dónde poner su capital, muy por debajo de la seguridad ciudadana y la burocracia de permisos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defiende igualmente la invariabilidad como un incentivo esencial para atraer inversión extranjera, una tesis que la evidencia que manejan sus propios interlocutores empresariales contradice. La norma, junto con las indemnizaciones ambientales que se detallan más adelante, fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, donde el oficialismo sostiene que no inhibe la facultad presidencial de innovar en materia tributaria, sino que restringe únicamente los contratos específicos suscritos bajo esta ley.
El despojo de los municipios: cómo se financia con IVA la exención de los más ricos
Si hay una medida que condensa el carácter de clase de la megarreforma, es la eliminación de las contribuciones —el impuesto territorial— para los mayores de 65 años sobre su primera vivienda. Presentada por el oficialismo como un alivio para la clase media que envejece, la evidencia recogida durante la tramitación desmiente esa narrativa: una investigación de Ciper Chile estableció que entre 2020 y 2025 no se registró un solo remate de vivienda por deuda de contribuciones en todo el país, ni de adultos mayores ni de ningún otro contribuyente. El «diagnóstico» que supuestamente justificaba renunciar a semejante volumen de recaudación —200 millones de dólares— simplemente no existía en los hechos.
Porque el beneficio, lejos de estar focalizado en quienes efectivamente lo necesitan, se concentra en el 4,7% de los adultos mayores más ricos del país: personas que perciben rentas mensuales superiores a los 2 millones de pesos y que habitan viviendas con un avalúo fiscal superior a los 200 millones de pesos —un valor comercial que ronda entre los 400 y 500 millones. Un ejemplo que circuló durante el debate: un ministro de Estado podría ahorrarse 21 millones de pesos al año gracias a esta exención. El impuesto territorial, que hasta ahora operaba como uno de los pocos mecanismos progresivos del sistema tributario chileno —pagado por quienes concentran la propiedad inmobiliaria de mayor valor—, queda así convertido, de un plumazo, en nada.
El agujero que deja esta exención —200 millones de dólares— no se cubre con un impuesto a la riqueza ni con un gravamen específico a quienes se benefician de la medida, sino con impuestos generales, principalmente el IVA: el mismo impuesto que paga cualquier persona al comprar pan. La fórmula de compensación aprobada por el Senado —con 27 votos a favor y 22 en contra, gracias a que el Ejecutivo negoció directamente con los senadores Matías Walker (Demócratas), Sergio Gahona (UDI) y Pedro Araya (PPD)— distribuye los recursos en dos vías: entre 110 y 130 millones de dólares se inyectan al Fondo Común Municipal (FCM), y entre 70 y 80 millones se entregan como transferencias directas a cada municipio, calculadas en función de lo que ese municipio dejaba de recaudar previamente por contribuciones.
Es exactamente ese último criterio el que ha sido calificado de «regresivo» e «inmoral» por alcaldes de distintos sectores políticos: la compensación premia a quienes más recaudaban, no a quienes más lo necesitan. El ejemplo más citado durante el debate parlamentario es elocuente: bajo esta fórmula, el Estado transferirá aproximadamente 13.000 millones de pesos a la comuna de Las Condes, mientras que Cerro Navia recibirá apenas 2 millones de pesos. El 80% de la pérdida total por la exención se concentra, de hecho, en las comunas del sector oriente de Santiago —Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y en menor medida La Reina y Huechuraba—, que además son las que reciben la compensación más generosa, mientras comunas de alta demanda social y baja recaudación propia, como Maipú o Puente Alto, verán comprometido el financiamiento de servicios sociales básicos, partiendo por la Educación, Salud, y obras urbanas.
El Fondo Común Municipal —la herramienta redistributiva por excelencia del sistema municipal chileno— queda especialmente golpeado: el impuesto territorial constituye el 60% de su recaudación, y muchas comunas rurales y de regiones dependen hasta en un 60% de este fondo para funcionar. Solo diez comunas —ocho de ellas en la Región Metropolitana— explican cerca del 40% de lo que recauda el FCM a través de contribuciones; al eximir a los propietarios de esas zonas, el fondo pierde su principal fuente de financiamiento solidario. Alcaldes de oposición plantearon durante la discusión que la totalidad de los 200 millones de dólares debía inyectarse al algoritmo redistributivo del FCM —que reparte según necesidad social— en lugar de devolverse directamente a las arcas de los municipios más ricos. No fue lo que ocurrió.
El resultado, según coinciden expertos y autoridades municipales, es una caída promedio del 12% en los ingresos propios de los municipios, con riesgo directo para servicios como salud primaria, seguridad, luminarias, aseo y ornato y mantención de veredas. Comunas de la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, o también en la Región del Biobío, que hoy enfrentan procesos de reconstrucción tras desastres naturales, quedan especialmente expuestas por su dependencia del Fondo Común Municipal. Como sintetizan los propios críticos del proyecto: el consumo de un ciudadano en una comuna popular o en una región apartada terminará financiando los servicios y la seguridad de las comunas más ricas del país. No es una distorsión no deseada del sistema: es su diseño.
El seguro estatal para los proyectos ambientales cuestionados
Otro de los puntos más resistidos de la megarreforma es el nuevo régimen de indemnizaciones ambientales. Bajo esta norma, si una empresa obtiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) —el permiso que autoriza la ejecución de un proyecto— y esa resolución es posteriormente invalidada por los tribunales de justicia, el Estado queda obligado a indemnizar a la empresa con cargo al fisco. El Ejecutivo y el ministro Quiroz defienden esta medida como una respuesta a la «permisología», el término con que el oficialismo describe la burocracia y los tiempos de tramitación de permisos para los proyectos de inversión, y sostienen que otorgará certeza jurídica a los inversionistas.
La crítica de fondo a este mecanismo es que el Estado termina asumiendo el riesgo económico de proyectos que —por definición— fueron finalmente invalidados por la justicia por mal diseñados o dañinos para el medio ambiente. Existe además la fundada preocupación de que este mecanismo presione la independencia de los tribunales ambientales: los jueces podrían verse condicionados por el costo fiscal que implicaría para el Estado un fallo que anule un proyecto ya aprobado. La norma fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, que declaró admisible el requerimiento, reconociendo que existen elementos suficientes para revisar su constitucionalidad; incluso sectores oficialistas han admitido que este es uno de los puntos más «reñidos y severos» de la discusión ante el tribunal.
La privatización como salida a la crisis fiscal que la propia reforma provoca
La megarreforma no solo reduce impuestos: al hacerlo, abre la puerta a un debate que hasta hace poco parecía saldado en Chile, el de la privatización de empresas públicas. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ha planteado explícitamente la privatización de Codelco como respuesta a la caída en la recaudación fiscal que la propia reforma provoca, y ha mencionado también a Correos de Chile como otra vía para generar recursos inmediatos. En la misma semana de los triunfos legislativos del oficialismo se habló también de la eventual venta de empresas sanitarias.
La propuesta viene acompañada de una promesa de «capitalización» ciudadana: un bono directo de aproximadamente 2 millones de pesos por persona, financiado con la venta de estos activos. Economistas de centros de estudios progresistas y de izquierda advierten que esto no constituye una capitalización real ni una inversión productiva, sino simplemente el reparto de las ganancias de un remate de patrimonio público, «pan para hoy y hambre para mañana».
Se advierte además que Chile perdería su soberanía productiva justo cuando se abren oportunidades globales en sectores estratégicos como el litio y la transición energética. Hoy, de hecho, el 50% de la refinación de cobre de Codelco ocurre en China, lo que sugiere que la salida no pasa por vender los activos sino por invertir en capacidad de refinación y valor agregado dentro del país. Algunos analistas plantean que la propuesta podría carecer de apoyos en el Congreso, y que el anuncio funciona más bien como una operación ideológica: instalar la percepción de que la empresa estatal es ineficiente para justificar, con el tiempo, su reducción gradual. El estado estratégico de Correos de Chile, empresa que conecta zonas del país a las que la logística privada no llega por falta de rentabilidad, hace que su eventual privatización sea leída como una pérdida directa de autonomía frente a los ciclos económicos mundiales y un ataque al patrimonio público.
Los vetos presidenciales: el Ejecutivo borra lo único que beneficiaba directamente a la ciudadanía
Pese a la aprobación general del proyecto, el gobierno de Kast decidió presentar tres vetos supresivos para eliminar normas que la oposición había logrado incorporar durante la tramitación legislativa, y que el Ejecutivo calificó de inconstitucionales.
La primera es la prohibición del anatocismo, es decir, del cobro de intereses sobre intereses: un mecanismo por el cual una deuda impaga genera intereses que se capitalizan y a su vez generan nuevos intereses, permitiendo que las deudas crezcan de forma exponencial. La norma no fue propuesta por el gobierno sino introducida por parlamentarios del Partido Socialista y otros sectores de oposición, que la defendieron como una de las pocas medidas del proyecto que beneficiaba directamente a la ciudadanía y no al sistema financiero. El gobierno sostiene que su eliminación total podría «perjudicar a todos», puesto que el mecanismo también opera en el ahorro —como los depósitos a plazo—, además de considerarla inconstitucional. Los críticos leen en esa argumentación una defensa de los intereses del sector financiero por sobre los de los deudores.
La segunda norma vetada es el «derecho al olvido financiero», que buscaba limpiar los antecedentes comerciales de las personas después de cierto tiempo. La tercera es el pago a 30 días para las pymes, una medida pensada para asegurar que los emprendedores recibieran de forma oportuna el pago por sus servicios, facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias como el pago del IVA. El gobierno argumenta que la redacción aprobada por el Congreso podría generar efectos no deseados sobre el funcionamiento del sistema de pagos corporativos y que se requieren «ajustes técnicos». Al suprimirse esta norma, las pymes pierden la garantía legal de recibir sus pagos en un plazo de un mes, quedando sujetas a la voluntad de las grandes empresas y a las condiciones previas del mercado —el mismo desequilibrio que la norma buscaba corregir—. Los tres vetos deberán votarse por separado en el Congreso, en una nueva instancia de disputa política sobre el contenido final de la ley.
El crédito al «mal empleo» y el resto de la caja de herramientas empresarial
Otro de los pilares menos discutidos públicamente, pero con efectos concretos sobre el mercado laboral, es el llamado crédito acotado al empleo, rebautizado como un «crédito al mal empleo». Se trata de un beneficio fiscal para las empresas que subsidia empleos con sueldos inferiores a los 800.000 pesos. La crítica central es que el diseño incentiva a las compañías a mantener salarios bajos —cercanos al mínimo— para no superar ese umbral y así seguir accediendo al subsidio estatal, en lugar de promover mejoras salariales o empleos de mayor calidad. El costo fiscal total de este régimen se estima en 1,54 billones de pesos. Otros expertos cuestionan además su insuficiencia: la duración del subsidio —cuatro meses— resulta demasiado breve frente al nivel de desempleo actual, y plantean que, para ser efectivo, el Estado debería destinar montos mayores, cercanos a los 500 millones de dólares, en subsidios de ocho meses dirigidos específicamente a mipymes, mujeres y jóvenes.
A esto se suman otros beneficios menos visibles para el sector empresarial: una nueva franquicia SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), que permite a las empresas descontar del impuesto a la renta hasta un 0,7% de su planilla anual por concepto de capacitación, y los ya mencionados incentivos a la repatriación de capitales que hoy se encuentran en el extranjero, aunque persisten dudas sobre cuántos inversionistas efectivamente se acogerán a la medida.
Salud y educación: del derecho garantizado a la gestión municipal de la escasez
Los efectos de la megarreforma sobre salud y educación se derivan directamente del recorte de recursos fiscales permanentes. En salud, la pérdida proyectada de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares anuales se traducirá en menos consultorios y una disminución general de los servicios públicos, en un país donde el 95% de la población se atiende en el sistema público. Dado que buena parte de los municipios sostiene la salud primaria con presupuesto propio, la caída en sus ingresos por la exención de contribuciones generará lo que los propios críticos han llamado un «gran coletazo» en la atención de pacientes, particularmente en comunas de alta demanda pero baja recaudación, como Maipú.
El diagnóstico de gestión hospitalaria ya muestra un sistema bajo presión antes incluso de que la reforma surta sus efectos plenos: más de la mitad de los 62 hospitales autogestionados del país no cumplió con su meta de desempeño, y solo 26 establecimientos superaron la línea base del 75% de cumplimiento. La Posta Central lidera el ranking con un 91,1% de cumplimiento, manteniéndose sobre lo esperado desde 2020, un contraste que evidencia la heterogeneidad de un sistema que dependerá aún más de la capacidad de gestión de cada municipio. La sostenibilidad futura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que depende de la recaudación fiscal hoy en retroceso, también queda en entredicho.
En educación, el cambio combina la desfinanciación de los planteles municipales con una transformación estructural del sistema de admisión. La reforma introduce la «selección mutua»: un mecanismo en el que apoderados y establecimientos se eligen recíprocamente según el proyecto educativo —artístico, deportivo o confesional—, produciendo un «match» cuando ambas preferencias coinciden. El sistema aleatorio implementado en 2014 y criticado por ser una «tómbola» no desaparece pero pasa a ser un mecanismo secundario, que solo opera si no se logran llenar las vacantes mediante el acuerdo mutuo. El nuevo esquema reserva un 10% de los cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales y un 20% para alumnos priorizados, y permite a los establecimientos aumentar su capacidad en un 5% para facilitar este proceso.
Sus defensores sostienen que corrige distorsiones del sistema anterior, como asignar por azar a niños sin aptitudes específicas a colegios de especialidad, o a estudiantes muy alejados de sus hogares en regiones. Lo que no resuelve —y más bien agrava— es el problema de fondo: la falta de financiamiento municipal y el recorte presupuestario ya están provocando el cierre de escuelas rurales, y comunas que aún no han traspasado sus colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) deberán sostenerlos con presupuestos locales mermados en un 12% promedio.
Cultura, mujeres rurales y el resto de los recortes silenciosos
El déficit fiscal proyectado por la megarreforma ya se tradujo en recortes concretos fuera del radar de la discusión tributaria. El presupuesto del Ministerio de Cultura sufrió una reducción del 10%, la cartera más golpeada por los ajustes. Se denunció además el término del Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales (Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) – Ministerio de Agricultura), un eje de fomento productivo clave para emprendedoras del mundo agrícola.
Como excepción dentro de este cuadro, la llamada «ley miscelánea» que acompaña a la reforma sí incorpora un punto positivo como magra compensación a todo este cuadro regresivo: obliga a restituir los servicios básicos —luz y agua— a los clientes, incluidos los morosos, cuando se encuentren en zonas declaradas bajo catástrofe, como ocurrió recientemente en el norte del país por el sistema frontal. Es, sin embargo, la excepción que confirma la regla de un proyecto que, en su conjunto, desplaza recursos desde lo social hacia el capital.
El maquillaje inmobiliario: más subsidios hipotecarios en medio del ajuste
En paralelo a este recorte generalizado, el gobierno ingresó un proyecto de ley para ampliar significativamente el subsidio a la tasa hipotecaria, elevando el número de beneficiarios de 50.000 a 80.000 y el tope de valor de las viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF —entre 163 y 245 millones de pesos—, con plazo para solicitarlo hasta el 31 de mayo de 2028. El ministro Quiroz destacó que esta medida, sumada a la exención de IVA para viviendas nuevas por 12 meses, permitirá que una familia que antes necesitaba un ingreso mensual de 4 millones de pesos para adquirir una vivienda de 5.000 UF, ahora requiera solo 3 millones. La iniciativa responde, según reconoce el propio Ejecutivo, a la baja utilización del programa vigente: al 24 de julio de 2026 solo se había formalizado el 63,3% de los créditos disponibles —31.640 de un cupo de 50.000—, dato revelado por Ciper Chile. Mientras se recortan la salud primaria, la cultura y los programas para mujeres rurales, el mercado inmobiliario recibe un impulso adicional celebrado por parlamentarios oficialistas como una de las «grandes noticias» del gobierno: la lógica de la reforma no distingue entre austeridad para lo público y generosidad para el capital privado.
Una reforma sin garantías, con un solo destinatario claro
El Consejo Fiscal Autónomo, un órgano público consultivo con autonomía legal relativo a la política fiscal, como asimismo las instancias intencionales el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial coinciden en un diagnóstico que contradice frontalmente la apuesta del gobierno de Kast: la evidencia internacional sugiere que Chile requiere mayor presencia estatal y mayor recaudación en relación con su PIB, no menos. En una momento global donde el consenso de tipo neoliberal ha sido desplazado por diversos modos de proteccionismo y acuerdos por bloques de países, con intensas tensiones geopolíticas y y enfrentamientos militares en curso, y en que se ha vuelto a poner la relevancia de los estados y gobiernos, incluso instituciones
decir, instituciones que no son para El FMI advierte que no existe garantía legal alguna de que las empresas reinviertan en la economía nacional el ahorro que les regala la rebaja tributaria, y considera «imposible» que el crecimiento económico compense por sí solo la pérdida de recaudación necesaria para alcanzar la meta de balance estructural que el propio gobierno se fijó para 2030. La proyección compartida por estos organismos es que Chile arrastrará un déficit fiscal al menos hasta 2031, incluso contemplando el efecto positivo del crecimiento prometido.
Lo que queda, al cabo de esta tramitación, es una fotografía nítida de a quién beneficia realmente la megarreforma: un 4,7% de adultos mayores con patrimonios millonarios que dejará de pagar contribuciones; dueños de grandes empresas que descontarán de sus impuestos personales lo pagado por sus compañías; inversionistas protegidos por dos décadas de blindaje contractual frente a cualquier gobierno futuro; y comunas ya privilegiadas que verán reforzada, con fondos públicos, su capacidad de sostener servicios de calidad. Al otro lado, el 95% del país que depende de la salud, la educación y la seguridad pública deberá financiar, con el IVA que paga cada vez que compra comida, la generosidad del Estado hacia quienes menos la necesitan.
Lo que aún falta para que la ley entre en vigencia
La aprobación en el Congreso no cierra el proceso. Restan al menos dos hitos críticos: la votación separada de los tres vetos supresivos del Ejecutivo —anatocismo, derecho al olvido financiero y pago a 30 días— y el fallo del Tribunal Constitucional sobre los dos puntos de mayor tensión jurídica: la invariabilidad tributaria y la restitución de pagos a empresas cuyos proyectos ambientales sean invalidados por la justicia. El Tribunal Constitucional ha convocado a audiencias públicas —una herramienta disponible pero de poco uso en la historia del tribunal constitucional chileno— para que organizaciones de la sociedad civil.
*Fotografía de portada: redes sociales de José Kast.
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