Chile y la Doctrina de la Represión Sistemática: Las Fuerzas de Orden como Guardianas del Status Quo (1891-2019)

La Violencia de Estado como Práctica Estructural

Al analizar de forma transversal la historia contemporánea de Chile —desde la guerra civil de finales del siglo XIX hasta el Estallido Social del siglo XXI—, la historiografía social devela una constante fundamental: la violencia de Estado no ha constituido una serie de anomalías o desbordes aislados, sino una práctica sistemática y estructural.

El andamiaje jurídico-político chileno ha recurrido recurrentemente a la suspensión de garantías civiles básicas mediante estados de sitio, asonadas de emergencia y toques de queda cada vez que las demandas populares ponen en jaque el modelo socioeconómico vigente. En este esquema, las fuerzas de represión (tanto militares como de orden) han sido el actor clave en la mantención del status quo. Su función histórica primordial ha sido la de actuar como un dique de contención forzado: cuando las herramientas de la política formal (reformas o asistencialismo) se vuelven insuficientes para apaciguar el descontento, el aparato armado es activado para resguardar la estructura de poder y la propiedad privada, fijando mediante el castigo letal los límites inamovibles de la soberanía popular.

La Escuela Santa María de Iquique (1907): La Consagración de la «Guerra Preventiva»

El punto de inflexión fundacional de esta doctrina en el siglo XX se vivió el 21 de diciembre de 1907 en la Escuela Domingo Santa María de Iquique. Ante la masiva movilización de obreros salitreros que demandaban reivindicaciones laborales básicas, el Estado oligárquico aplicó los mecanismos de control militar bajo la lógica de lo que Sergio Grez Toso conceptualiza como una decisión consciente de “guerra preventiva”.

El Ejército, comandado por el general Roberto Silva Renard, no abrió fuego por acciones violentas directas de los huelguistas (quienes mantenían una actitud pacífica), sino por lo que podían llegar a hacer si se consolidaba un desafío al principio de autoridad patronal. El miedo atávico de la élite hacia el bajo pueblo organizado consagró el plomo como el único lenguaje del orden.

Historiográficamente, la fijación en la memoria colectiva del número masivo de víctimas —situado a veces en varios miles por sobre las cifras documentales iniciales— responde en gran medida a la influencia de la «Cantata Popular Santa María de Iquique» compuesta por Luis Advis en 1969. La investigación histórica contemporánea advierte que, si bien el baño de sangre fue de una brutalidad indiscutible, la obra artística operó como un poderoso «mito movilizador». El fin de Advis y del cancionero popular militante no era la precisión estadística de archivo, sino la agitación de la conciencia social, la cohesión del movimiento popular y la denuncia estética de la violencia estructural.

La Masacre de Lo Cañas (1891): Intransigencia en la Élite

Esta matriz represiva e intransigente de la institucionalidad chilena no se ensayó únicamente contra el proletariado. Un hito cruento que revela que el resguardo del poder político justifica el exterminio es la Masacre de Lo Cañas, ocurrida el 19 de agosto de 1891 en las postrimerías de la Guerra Civil.

En dicho fundo, de propiedad del político conservador Carlos Walker Martínez, un grupo de aproximadamente 84 jóvenes de familias aristocráticas opositoras al presidente José Manuel Balmaceda se reunión para organizar acciones de sabotaje a favor del bando congresista. Tras ser delatados, las fuerzas del ejército regular cercaron el lugar y ejecutaron despiadadamente a decenas de jóvenes en el acto, rematando a los heridos a bayonetazos. Esta matanza demostró que cuando los conflictos por el control del Estado dividieron a la propia clase dominante, las facciones en disputa no dudaron en aplicar la misma violencia letal que más tarde se sistematizaría y perfeccionaría contra el movimiento obrero.

Choques de Vanguardias y la Autodefensa de la FOCH

Hacia la década de 1920, la violencia política involucró de manera directa a organizaciones de choque civiles y brigadas de autodefensa obrera. Mientras la élite patronal financiaba agrupaciones paramilitares (como la Asociación del Trabajo o guardias blancas) para romper huelgas por la fuerza, sectores de la vanguardia proletaria comenzaron a cuestionar el pacifismo tradicional.

En este ambiente de polarización, el artículo de Sergio Grez sobre 1925 detalla cómo un núcleo local fuertemente radicalizado de la Federación Obrera de Chile (FOCH) en la Pampa salitrera decidió pasar a la ofensiva, desbordando las directrices institucionales de su directiva nacional. Estas células obreras organizaron guardias armadas rudimentarias y consiguieron cartuchos de dinamita calichera. En las jornadas de junio de 1925, estos grupos atacaron administraciones patronales y asaltaron cuarteles de carabineros —como el de la oficina Argentina o el local de San Antonio— en un intento de autodefensa territorial. Este choque armado proporcionó al gobierno la coartada perfecta para declarar estados de sitio y desatar la fuerza masiva del Ejército regular.

La Batalla de La Coruña (1925) y el Verdadero Récord Represivo

Como detalla Sergio Grez Toso en «La gran masacre. La Coruña, Chile, 1925», el enfrentamiento entre el Estado y estas franjas radicalizadas en junio de 1925 ostenta el triste récord de ser la matanza más letal de la historia de Chile. En respuesta al alzamiento obrero, el ministro de Guerra Carlos Ibáñez del Campo ordenó un despliegue militar sin precedentes en la provincia de Tarapacá.

El Ejército cercó la oficina salitrera La Coruña y, en lugar de propiciar una rendición convencional, recurrió al cañoneo continuo de artillería pesada y ráfagas de ametralladoras a más de mil quinientos metros de distancia. Los uniformados, completamente invulnerables al débil fuego de fusilería obrera, masacraron a hombres, mujeres y niños por igual, destruyendo los campamentos de madera. Aunque los balances de las Fuerzas Armadas intentaron ocultar el exterminio reconociendo menos de 60 bajas, los informes diplomáticos británicos y el análisis de Grez sitúan el costo humano en torno al millar de personas asesinadas. La Coruña demostró que el naciente Estado «asistencial» y reformista del siglo XX estaba dispuesto a ejercer el exterminio cuando los trabajadores desbordaban los límites institucionales patronales.

El análisis de Marusia y las Conclusiones de Rolando Álvarez

El fenómeno de la mitificación y la confusión entre literatura y archivo cobra su ejemplo más radical en la supuesta masacre de la Oficina Salitrera Marusia en marzo de 1925. Popularizada por la novela Actas de Marusia de Patricio Manns y la película de Miguel Littín, esta tragedia quedó grabada como el símbolo de un pueblo totalmente borrado del mapa por el Ejército. Historiadores de la época, como Luis Vitale, validaron el relato literario como un hecho factual.

Sin embargo, el historiador Rolando Álvarez Vallejo, en su investigación «Masacre en la Oficina Salitrera Marusia: ¿Mito o realidad?», desarticuló esta narrativa demostrando que la matanza sistemática de Marusia en marzo de 1925 nunca existió. Las conclusiones de Álvarez abren ramificaciones fundamentales para el análisis de la violencia política:

• Desplazamiento simbólico del trauma: La memoria popular y el arte fundieron los violentos sucesos de junio de 1925 en la pampa del Tamarugal —cuyo epicentro real de exterminio artillero fue La Coruña— y los desplazaron cronológica y geográficamente hacia la oficina de Marusia.

• Ficción frente a la censura: La literatura rellenó los vacíos informativos provocados por el estricto bloqueo comunicacional, el «empastelamiento» de las imprentas obreras y el estado de sitio impuesto por los militares.

• Crítica metodológica: Álvarez critica que la izquierda tradicional asumiera una obra de ficción novelada como un dato factual de archivo, advirtiendo que la mitificación debilita la precisión científica que la historia social requiere para comprender sus propios procesos económicos y de clase.

En una entrevista realizada a Sergio Grez, mencionó el análisis de Álvarez, el cual comparten, al contrastar la realidad y las obras respecto al mito construido sobre Marusia. Siendo una obra que mezcla varios elementos, para ser literatura basada en hechos reales, con elementos que salen de la mente de Manns/Littín y se entrecruzan con la realidad. Tanto así que sigue citándose como un hecho real.

Pampa Irigoin (1969): La Represión bajo la Democracia Cristiana

La doctrina de la represión violenta a las demandas populares cruzó todo el siglo XX, manifestándose incluso bajo gobiernos de corte reformista que declaraban el fin de la oligarquía tradicional. El ejemplo paradigmático de la segunda mitad del siglo ocurrió el 9 de marzo de 1969 en Pampa Irigoin, Puerto Montt, durante el gobierno del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva.

Ante la severa crisis de vivienda, cerca de 90 familias de trabajadores sin casa habían ocupado un terreno baldío en las afueras de la ciudad. El ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez Zujovic, ordenó el desalojo forzoso del predio. Un contingente masivo de Carabineros de Chile atacó la toma de terrenos utilizando gases lacrimógenos y abriendo fuego directo con armas de servicio contra los pobladores desarmados. El saldo de la masacre fue de 11 civiles muertos —incluyendo a un lactante de 9 meses que falleció por asfixia por gases— y decenas de heridos a bala. Este hito, inmortalizado por Víctor Jara en su canción de protesta «Preguntas por Puerto Montt», demostró historiográficamente que la matriz represiva del Estado de Chile seguía operativa y que la institucionalidad democratizadora de los años 60 priorizaba el resguardo irrestricto de la propiedad privada por sobre la vida de los sectores marginados.

El Estallido Social de 2019: Continuidad Democrática y Fuerza Letal

La persistencia histórica del uso del aparato de seguridad pública para contener crisis políticas y demandas sociales mediante la fuerza se hizo evidente en el siglo XXI durante el Estallido Social que comenzó en octubre de 2019. Lo que se inició como una protesta estudiantil contra el alza del transporte público derivó en una movilización nacional masiva que cuestionó la desigualdad estructural y la legitimidad de la Constitución de 1980.

Ante la masividad de las manifestaciones y los desórdenes públicos, el gobierno decretó el Estado de Emergencia, devolviendo temporalmente a las Fuerzas Armadas el control de las calles mediante patrullajes militares y toques de queda por primera vez desde el fin de la dictadura. Diversos informes de organismos internacionales de Derechos Humanos (como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch) documentaron un patrón de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que incluyó miles de heridos, cientos de traumas oculares severos por balines y golpizas sistemáticas. Las investigaciones registraron que el periodo de crisis social dejó más de 50 personas muertas en diversas circunstancias asociadas a las manifestaciones, incendios en saqueos y la acción directa o indirecta de las fuerzas militares y policiales. El año 2019 reabrió las tesis de la historia social chilena, confirmando que la violencia institucional se mantiene como la reserva estratégica del Estado ante las fracturas del consenso político.

Hemos cerrado este análisis incorporando el hito de Santa María de Iquique bajo el prisma de la «guerra preventiva» y el «mito movilizador». Si deseas continuar investigando este tema, indícame si prefieres:

• Analizar cómo reaccionaron las dirigencias nacionales del Partido Comunista y de la FOCH ante la radicalización armada de sus bases locales en 1925.
• Revisar las fuentes primarias y de prensa que utilizó Rolando Álvarez para desmentir el expediente de Marusia en su estudio.
• Examinar la matriz legislativa del estado de sitio en la historia de Chile y cómo ha facilitado la acción de las Fuerzas de Orden.