Quién quemó el Metro, los intramarchas, y las preguntas abiertas sobre la violencia y la acción e infiltración de agentes estatales en el estallido social y revuelta popular de 2019-2020 en Chile
A siete años del 18 de octubre de 2019, la justicia chilena no ha identificado a los autores materiales e intelectuales de la quema de las estaciones del Metro de Santiago. Los peritajes forenses de Carlos Gutiérrez y Ariel López López, los libros de la periodista Josefa Barraza, las causas que la Corte Suprema anuló y los chats del Caso Audios muestran fallas de inteligencia, policías encubiertos en el lugar de los hechos, pruebas ilícitas, secretos de Estado y una reunión reservada entre el exfiscal Manuel Guerra, Sebastián Piñera y Andrés Chadwick, además de numerosos indicios y elementos de contexto que han ido apareciendo con el tiempo que apuntan a más a un montaje y operación de bandera falsa que a una acción proveniente de manifestantes. Aquí repasamos, ya en octubre de 2026, lo que se conoce acerca de la quema del Metro de Santiago y sucesos relacionados con estos hechos que aún claman por esclarecimiento y verdad.
Como es de público conocimiento, en el marco del multitudinario estallido social que dio inicio a una revuelta en nuestro país, la noche del viernes 18 de octubre de 2019 y la madrugada del sábado 19, y luego en el mediodía y tarde del sábado, la red del Metro de Santiago sufrió un ataque a numerosas de sus estaciones. El presidente Sebastián Piñera había dictado Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, en respuesta a la creciente movilización de evasión del pago al Metro santiaguino encabezada por el movimiento estudiantil, y a los sucesos de violencia policial y respuesta que se desataron sobretodo en la mañana y mediodía del viernes 18 de octubre.
Ante el cierre de estaciones y millones de personas intentando realizar sus trayectos normales de día viernes, emergen numerosas manifestaciones de protesta y hastío popular. Llegada la noche, Piñera dicta su decreto de excepción y se anuncia la salida de los militares a las calles. Progresivamente, en algunas zonas de la capital chilena comienzan a replegarse y desaparecer los efectivos de Carabineros, mientras que en algunas partes manifestaciones populares desafían la amenaza represiva. En ese contexto comienzan a sucederse los incendios que coparán la atención mediática: el de la escalera de Endesa en avenida Santa Rosa, y los de varias estaciones de metro.
En pocas horas, de las 136 estaciones de la red, siete fueron destruidas por incendios: Protectora de la Infancia, San José de la Estrella, Trinidad, Los Quillayes, y Elisa Correa (línea 4), La Granja (4A) y San Pablo (línea 1). Otras 18 resultaron parcialmente quemadas y más de 90 sufrieron destrozos severos. La reconstrucción costó cerca de 255 millones de dólares y tomó aproximadamente once meses.
El balance judicial da cuenta de la incapacidad del Estado por encontrar culpables y dar cuenta de lo que realmente sucedió. Metro S.A., una empresa estatal pero organizada como Sociedad Anónima, presentó más de 90 querellas criminales y se formalizó o imputó a más de un centenar de personas, pero casi todas por saqueos, hurtos o infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Por incendio hubo apenas tres condenados en todo el país: un adolescente en la estación Pedrero en Macul y dos personas por la estación San Pablo en Lo Prado. Estas condenas tienen además notorias falencias en cuanto a la prueba de que efectivamente fueron las personas que provocaron los incendios, con, entre otros elementos de duda, videos con horarios contradictorios. La gran mayoría de las causas terminó sin formalizados, mediante la decisión de no perseverar o el archivo provisional. El Ministerio Público y la gerencia de Metro concluyeron que se trató de acciones individuales y aisladas, sin estructuras organizadas detrás.
Un relato de Estado que la propia Fiscalía desmintió
Desde las primeras horas, autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y mandos policiales sostuvieron que los incendios habían sido un acto planificado, con tecnología avanzada y obra de una organización criminal estructurada. Circularon minutas que hablaban de injerencia extranjera, con agentes venezolanos o cubanos. Sin embargo, el Ministerio Público descartó formalmente la presencia de agentes extranjeros y de organizaciones criminales internacionales.
El entonces presidente Sebastiàn Piñera ofreció versiones que no coinciden entre sí. En Meganoticias dijo que “sabíamos que iban a atacar el Metro” y después afirmó que solo se enteraron tras el siniestro en Elisa Correa. Ante el Consejo Constitucional habló de ataques con “tecnología del más alto nivel y planificada”. Pero en su declaración formal ante el la fiscal Ximena Chong en los días 11 y 12 de abril de 2023, no mencionó esa tecnología ni la supuesta reunión de expertos internacionales. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que sesionó entre julio de 2022 y enero de 2023, constató esa desconexión entre los relatos oficiales y declaraciones públicas —contradictorios entre sí— y lo que contenían las carpetas investigativas del Ministerio Público.
Los peritajes: un fuego que no se enciende solo en un Metro ignífugo
Ante la desidia de los órganos estatales a cargo de estas materias, los hallazgos técnicos han provenido más bien de trabajos independientes. Uno es el de Carlos Gutiérrez Ayala, doctor en Ciencias Forenses, excapitán de Carabineros y exintegrante del Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros), coautor con Josefa Barraza del libro ¿Quién quemó el Metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense (LOM Ediciones). El otro es el del ingeniero Ariel López López, perito judicial en sistemas de transporte e investigador de metros del mundo. Ambos revisaron expedientes de la Fiscalía, informes de Bomberos y peritajes del Labocar, y los complementaron con inspección directa de los sitios.
Sus conclusiones son cuatro:
- Materiales ignífugos. La red fue construida desde sus orígenes con materiales retardantes de llama. El hormigón, las boleterías y las cajas de carga Bip! no arden con cigarrillos, papeles ni fuego de combustión casera. Para destruir estaciones se requirieron acelerantes químicos de difícil acceso comercial, retardantes y artefactos de ignición o temporizadores.
- Focos en zonas restringidas. Los fuegos iniciales se concentraron en salas eléctricas y bodegas internas, a las que se entra con llaves o tarjetas institucionales, y no en espacios de libre tránsito.
- Sincronía. Los incendios de las líneas 4 y 4A, La Florida y Puente Alto, y en entre Santiago Centro, comenzaron con diferencias de entre uno y tres minutos, en puntos separados por kilómetros. Los peritos descartan que se trate de brotes espontáneos o aislados y plantean una logística planificada.
- Estándares internacionales omitidos. López López detalla lo que no se hizo:
- Se autorizó la remoción y limpieza de escombros a las pocas horas, con pérdida de muestras químicas.
- No hubo auditoría electrónica de las cerraduras de las áreas restringidas.
- No se cruzó la georreferenciación de antenas de telefonía celular para detectar aparatos presentes en forma sucesiva en varias estaciones.
- No se pidió un peritaje internacional independiente, como el que siguió a los atentados ferroviarios de Atocha en Madrid, en 2004.
Venus: las cámaras que no miraron a quien encendía el fuego
Gutiérrez y Barraza revelaron las anomalías del sistema de televigilancia en el programa Mentiras Verdaderas de La Red en abril de 2022, en el corto período en que esta estación televisiva mantuvo una línea editorial distinta al homogéneo e hiperconcentrado escenario mediático en el país. Después fueron citados a exponer ante la Comisión Especial Investigadora, y al quedar fuera del canal con su cambio en junio de 2022, volcaron los antecedentes en el libro titulado con la pregunta que se ha repetido por años sin encontrar respuestas oficiales plausibles, ¿Quién quemó el metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense, publicado en junio de 2023.
El sistema Venus empleado por Metro de Santiago es una plataforma analógica de cerca de mil cámaras. Las imágenes viajan por cable coaxial hasta los locales técnicos de cada estación y de ahí al edificio corporativo SEAT, en Alameda con Lord Cochrane, a una cuadra del palacio de La Moneda. En el quinto piso están los equipos de grabación (DVR) y en el séptimo el Centro Integrado de Control (CIC), donde un solo operador maneja los monitores de cada línea. Las cámaras tienen una configuración antivandalismo que manda la señal a negro mientras el equipo se reinicia tras un impacto.
Los peritajes audiovisuales registran lo siguiente:
- La Granja, 23:37 del 18 de octubre. Un sujeto encapuchado introduce un elemento encendido por el vidrio roto de la boletería. El operador del CIC no lo sigue ni lo encuadra. En cambio, acerca la cámara a dos jóvenes que hacían destrozos menores: Omar Jerez y Jeremy Ramírez, quienes pasaron 17 meses en prisión preventiva en cárcel de máxima seguridad antes de ser absueltos. No existe registro de que portaran o lanzaran elementos incendiarios.
- La Granja, 02:14 del sábado 19 de octubre. La cámara de la estación se desenfoca de forma manual durante unos 30 minutos. En ese lapso, otras cámaras captan el ingreso de una patrulla de Carabineros liderada por un capitán, junto a tres civiles con chalecos tácticos, cascos y bastones. Se observa un destello y el fuego se reactiva en la boletería. El informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados incluye un oficio del 1 de junio de 2022 de la 13ª Comisaría de La Granja, exhibido por el abogado querellante Luis Mariano Rendón: Contiene una nómina de funcionarios, encabezada por el teniente coronel Claudio Landero, que adoptaron un procedimiento en la estación a las 02:30 del 19 de octubre. Esto contradice lo que Landero declaró ante la comisión: que no pudo enviar personal porque su contingente estaba bajo ataque en la estación Santa Rosa y en un supermercado contiguo.
- Un horario que no calza. Las grabaciones fijan el primer foco de La Granja a las 23:37 del viernes 18 de octubre. El Certificado Oficial de Daños de Metro S.A. lo ubica a las 21:30.
- DVR destruidos. Técnicos de mantención constataron que equipos DVR y soportes de almacenamiento de las líneas 4 y 4A fueron golpeados con objetos contundentes e incendiados dentro de recintos técnicos cerrados con llave, a los que no se accede desde andenes ni boleterías. Tras los siniestros se prohibió el ingreso de los equipos de mantención durante varios días, lo que impidió revisar o rescatar las unidades de grabación.
Un teniente del OS9 de Carabineros en la sala de control
Según Barraza y Gutiérrez, durante la noche del 18 de octubre y entre el 15 de octubre y el 6 de noviembre, el teniente Nicolás Valenzuela, del OS9 de Carabineros —Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales—, estuvo instalado en el Centro Integrado de Control como oficial coordinador entre Metro y la policía. Valenzuela, vinculado a las unidades de inteligencia que operaban como “intramarchas”, figura también en la causa del Hotel Principado de Asturias. Su presencia coincidió con los momentos en que se enfocó solo a quienes cometían destrozos menores y con los lapsos de desenfoque.
Las carpetas consignan otro vínculo. El encargado del área de cámaras de Metro, de apellido Bassaletti, era hermano del general Enrique Bassaletti, jefe del dispositivo de orden público de la Zona Metropolitana Sur, donde se concentró la mayor cantidad de estaciones incendiadas.
Las alertas que llegaron a Interior y la policía que no estuvo
La Federación de Sindicatos de Metro, encabezada por Eric Campos, pidió a la gerencia el cierre preventivo de la red a las 13:00 y otra vez a las 16:00 del 18 de octubre, por el contexto de violencia y el colapso de estaciones. La gerencia lo rechazó y mantuvo el servicio hasta pasadas las 19:00 en las líneas 4 y 4A. El sindicato también cuestionó que las primeras estaciones en arder, Elisa Correa y Protectora de la Infancia (ambas de Línea 4, comunas de La Florida y Puente Alto respectivamente), estén sobre Vicuña Mackenna, una avenida con presencia constante de Carabineros durante la semana previa. Aun así, no existe una sola imagen útil ni persona procesada por el inicio del fuego en ese sector, ni del sistema de Metro ni las cámaras de control de tránsito. La Fiscalía confirmó además la ausencia total de llamadas de coordinación por CENCO (Central de Comunicaciones) en el perímetro de la línea 4 esa noche.
El senador Manuel José Ossandón (del partido de derecha Renovación Nacional) confirmó que ese mismo viernes envió mensajes de WhatsApp a Piñera, a Chadwick y al subsecretario Rodrigo Ubilla. Les advertía, a partir del monitoreo de redes de estudiantes, que se convocaba a quemar la estación Protectora de la Infancia y el Metro. Chadwick respondió el mensaje, pero no se dispuso resguardo policial preventivo. El senador Felipe Harboe calificó esa omisión como una “negligencia inexcusable”. En estos días de 2026 a siete años de los hechos, el comentarista Juan Cristóbal Guarello contó que preguntó a una alta autoridad del gobierno por qué ni policías ni bomberos llegaron a apagar ninguna estación que ardió por más de dos horas, y obtuvo por respuesta que “eran muchas estaciones”.
El Congreso constató que fallaron todos los organismos de inteligencia a la vez
La conclusión central de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados fue que la noche del 18 de octubre fallaron simultáneamente la Dipolcar, la Agencia Nacional de Inteligencia, la PDI y el mando operativo de Carabineros. Todos dependían política y administrativamente del Ministerio del Interior. Ante la comisión, el subgerente de operaciones de Metro, Cristián Lezaeta, informó de la entrega de más de 15.000 horas de grabación, unos dos terabytes, repartidas entre fiscalías, PDI, Carabineros y ANI. Dirigentes sindicales, Barraza y Gutiérrez expusieron la ausencia de contingente policial en las estaciones críticas, las fallas en el seguimiento de cámaras y las contradicciones entre las versiones del Gobierno y las carpetas judiciales.
La responsabilidad política tuvo un solo resultado concreto. La Cámara aprobó la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick y el Senado la ratificó a fines de 2019, con destitución e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos. La sanción se fundó en no haber evitado violaciones a los derechos humanos cometidas por las policías bajo su mando. En el Congreso también se promovieron y debatieron acusaciones e interrogatorios contra Gonzalo Blumel y contra el propio Piñera.
Los intramarchas: inteligencia policial infiltrada al margen de la ley
Los llamados “intramarchas” eran funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) y del OS9. La periodista Josefa Barraza los documentó en Los Intramarchas: cómo el poder se infiltró en el estallido social, y medios como CIPER y Reportea han aportado en varios reportajes sobre el tema. Los intramarchas actuaban sin autorización previa de un juez de garantía ni dirección de un fiscal, lo que contraviene el artículo 126 bis del Código Procesal Penal. Esa norma reserva el uso de agentes encubiertos a la investigación de delitos graves o crimen organizado, bajo estricto control judicial. En lugar de perseguir bandas criminales o narcotráfico, la policía destinó esos recursos a infiltrar manifestaciones y seguir a jóvenes de entre 18 y 25 años de sectores populares. Peor aún: la evidencia disponible documenta que estos intramarchas no sólo se infiltraban para constatar acciones de violencia y vandalización, si no que las promovían y ejecutaban activamente.
El coronel Raúl Mandiola autorizaba y desplegaba a estos agentes en las manifestaciones. La institución lo designó, además, para liderar las pesquisas policiales sobre quiénes quemaron las estaciones del Metro. El capitán Pablo Cabezas comandaba en terreno a la autodenominada “Patrulla de Cazadores”, de nueve o diez carabineros. Su nombre aparece de forma recurrente en las detenciones de Francisco Hernández, Nicolás Ríos y César Yáñez y en los allanamientos del Hotel Principado.
La Patrulla interceptaba a jóvenes cuando volvían a sus casas desde las protestas, en comunas del sector sur como Puente Alto y La Florida, y los detenía con agresiones severas, incluidas fracturas, y con amedrentamiento durante los traslados. Se movían en camionetas blancas sin distintivos, ni condiciones para trasladar personas, parte de una flota de más de 200 vehículos civiles arrendados por el Gobierno por más de 1.800 millones de pesos. Los reportajes consignan que esa flota se arrendó. Para no dejar respaldo de audio en la Central de Comunicaciones (CENCO), coordinaban ubicaciones y órdenes de detención por grupos informales de WhatsApp.
Las carpetas judiciales documentan además que los agentes provocaban los delitos. Gritaban incitaciones como “tira la mecha, quémala” o impulsaban la fabricación de artefactos incendiarios, para configurar la flagrancia. En la causa de la Casona Schneider, de la Universidad Pedro de Valdivia —avenida Vicuña Mackenna a escasos metros de Plaza Dignidad o Plaza Italia—, esas incitaciones se registraron en las inmediaciones. La Fiscalía Oriente, bajo el mando de Manuel Guerra, obtuvo allí la condena de un joven. En el caso de Nicolás Ríos, conocido como “Nico” Piña, las detenciones lideradas por intramarchas carecían de pruebas periciales, los exámenes de hidrocarburos dieron negativo y las acusaciones se sostenían exclusivamente en el testimonio de los propios policías encubiertos.
David Gaete: de la Operación Huracán al Hotel Principado y la Universidad San Sebastián
En 2017, David Gaete integraba la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros en la denominada “macrozona sur”. Esa unidad orquestó la Operación Huracán, el montaje policial en que se implantaron pruebas e interceptaciones telefónicas falsas para incriminar a comuneros y dirigentes mapuche como autores de “actos terroristas”. En su paso por la provincia de Arauco acumuló denuncias por detenciones violentas y torturas contra miembros de comunidades mapuche. Disuelta la UIOE, llegó a Santiago a la Dipolcar. En 2019 reapareció como intramarcha, y los reportajes de investigación constataron que siguió prestando servicios en Carabineros en los años posteriores.
El caso del Hotel Principado de Asturias da más luces sobre este tipo de hechos. Tres estudiantes fueron formalizados por fabricar artefactos incendiarios y por el incendio del hotel, ubicado junto a Plaza Baquedano, en Providencia. Con base en los informes de inteligencia policial, los tribunales decretaron prisión preventiva y los jóvenes estuvieron privados de libertad casi dos años. La acusación se sostuvo casi exclusivamente en los seguimientos y el testimonio de Gaete. A fines de 2021, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad de las defensas y dejó sin efecto la condena del juicio oral. El tribunal determinó que la evidencia clave carecía de validez y vulneraba el debido proceso, porque Gaete actuó como agente encubierto sin autorización de un juez de garantía ni instrucciones de un fiscal, en contravención de la legalidad vigente. Las defensas habían dejado además en evidencia que no existían peritajes químicos concluyentes ni pruebas científicas independientes que vincularan a los jóvenes con el origen del fuego.
Otro tanto con el caso de la Universidad San Sebastián. El 27 de diciembre de 2019 se incendió el campus Bellavista, a una cuadra de Plaza Dignidad / Plaza Italia. El equipo de seguridad del recinto, encabezado por el entonces director de seguridad Jorge Barraza, revisó los registros de las cámaras e identificó a dos carabineros de la Dipolcar operando de encubierto: Gaete y Óscar Cifuentes. Las imágenes muestran a Gaete con ropa de civil, polera negra, jeans cortos, máscara antigás y rastas, entrar a las 22:03 a la oficina del piso -1 donde se inició el fuego y salir a las 22:05 con una taza en la mano, segundos antes de que apareciera la columna de humo. Cifuentes aparece lanzando objetos y recorriendo pasillos en las horas previas. En enero de 2020, Gaete volvió al plantel de encubierto a pedir las grabaciones y mostró molestia cuando le exhibieron los registros con la presencia de agentes. Los testimonios tomados por la Policía de Investigaciones al equipo de seguridad de la universidad no fueron incorporados a la carpeta de la Fiscalía.
En mayo de 2021, el fiscal José Morales (Fiscalía Centro Norte) envió oficios a Carabineros para saber qué funciones cumplían ambos funcionarios esa noche. El Ministerio del Interior, a cargo de Rodrigo Delgado, negó los antecedentes invocando el carácter secreto de la Ley de Inteligencia (Ley 19.974). La causa se cerró en marzo de 2023 sin imputados ni formalizados, mediante la decisión de no perseverar.
“Giovany” en Lo Hermida: el agente que proponía atacar la subcomisaría
El cabo Óscar Daniel Cifuentes Salgado ingresó a la población Lo Hermida, en Peñalolén, bajo el nombre falso de “Giovany”. Para ganarse la confianza vecinal dijo haber integrado la “primera línea” en Antofagasta. Participó en ollas comunes, asambleas, marchas y armado de barricadas. Incitaba de manera permanente a enfrentarse con “los pacos” y llegó a proponer un ataque sorpresivo contra la subcomisaría local.
Lo desenmascararon los propios vecinos cuando lo vieron en el programa Contra viento y marea, de Canal 13, con su nombre real y su uniforme de cabo. En octubre de 2020 CIPER publicó los detalles de la infiltración. Ese mismo mes la Dipolcar lo trasladó al Club de Campo Cumbres, dependiente de la Dirección de Bienestar de Carabineros. En noviembre lo destinó a tareas administrativas en una oficina de partes en Santiago.
Otros incendios, el mismo patrón de cierre
El fuego en la escalera de emergencia de la Torre ENEL, en la avenida Santa Rosa llegando a la Alameda, la noche del 18 de octubre de 2019, tiene una anomalía estructural. Las escaleras de evacuación se construyen con materiales ignífugos, y los peritajes forenses destacan lo extraño de que el edificio ardiera justamente allí. La indagatoria quedó en manos de un exoficial de Carabineros y la causa no determinó responsabilidades ni explicó cómo se propagaron las llamas.
El análisis cruzado de estos casos muestra un patrón de actuación del Ministerio Público:
- Archivo masivo. La mayoría de las causas por incendios a recintos públicos y privados en la Región Metropolitana terminó en archivo provisional o no perseverar.
- Secreto de Estado. Cuando las pruebas o los videos apuntaron a policías infiltrados presentes o instigando, la persecución se paralizó por la negativa a levantar la reserva legal.
- Prueba viciada. Se repiten fallas en la preservación de los sitios, la omisión de peritajes químicos independientes sobre acelerantes y la dependencia de testimonios de agentes de inteligencia que actuaban fuera del marco legal.
La misma asimetría aparece en las causas por violencia institucional. De 8.508 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos o apremios ilegítimos durante el estallido, más del 80% fue agrupado, archivado provisionalmente o cerrado por no perseverar. Se cerraron sin responsables más de 540 causas por agresiones y abusos policiales contra menores de edad. A mediados de 2023, sólo 31 causas contra uniformados habían derivado en sentencias condenatorias en todo el país. El escenario, ya en octubre de 2026, ha tendido a consolidar una masiva impunidad en estas causas judiciales.
En una realidad completamente opuesta se encuentran las causas contra manifestantes, con prisiones preventivas de entre 17 meses y dos años, sostenidas en partes policiales y relatos de inteligencia, y con término en muchos casos en absoluciones. Las defensas demostraron la inconsistencia de los seguimientos de cámaras o la ausencia de residuos de acelerantes en la ropa de los imputados. Es el caso de Jerez y Ramírez en La Granja, absueltos tras un análisis pericial independiente del sistema Venus. Los informes de Bomberos y ese peritaje confirmaron que el fuego en la boletería lo inició un “sujeto desconocido” encapuchado, y los vídeos disponibles muestran una amplia presencia de Carabineros en la estación.
El Caso Audios: el fiscal, el presidente y el exministro en Vitacura
A partir de la develación de audios por parte de la abogada María Leonarda Villalobos en junio de 2023 también arrojó nuevos elementos sobre estos hechos. La posterior incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla expuso chats con Manuel Guerra, entonces fiscal regional Metropolitano Oriente, a cargo de las causas del Metro en esa zona. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el 10 de enero de 2020, mientras la Fiscalía investigaba los ataques a la red, Guerra gestionó a través de Hermosilla una reunión reservada con Piñera, entonces presidente, en la casa de Andrés Chadwick en Vitacura. En los mensajes, Guerra ofreció reunirse con Piñera para “servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros” sobre los grupos que operaban en Santiago. Los chats también muestran que informaba a Hermosilla sobre las discusiones internas del Ministerio Público acerca de atribuir responsabilidad penal a los mandos de Carabineros por violencia institucional, y que adelantaba que no preveía formalizaciones contra los altos mandos.
Bajo la jurisdicción de Guerra, las causas por ataques e incendios a estaciones de la zona oriente se cerraron sin formalizados: Trinidad, Los Quillayes, San José de la Estrella, Pedro de Valdivia, Macul, Camino Agrícola, Vicente Valdés, Ñuñoa, Las Torres, Chile-España, Rojas Magallanes, Ñuble e Irarrázaval. Solo dos estaciones de esa jurisdicción tuvieron imputados con sentencia. En Santa Julia hubo condena por procedimiento simplificado contra dos personas, únicamente por robo en lugar no habitado. En Pedrero, un adolescente fue condenado por incendio a dos años de internación en régimen cerrado y tres en semicerrado, a pesar de la existencia de videos con horarios contradictorios que fundan la acusación contra él. En el resto, el Ministerio Público argumentó que las imágenes no eran susceptibles de peritaje o no permitían identificar a los autores.
Guerra usó además los relatos de los intramarchas para formalizar a manifestantes y alimentar la narrativa de un “enemigo organizado”. El CDE lo querelló junto a Hermosilla por cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.
Lo que los libros de Barraza dicen y lo que se les ha respondido
¿Quién quemó el Metro? surgió de los reportajes en Mentiras Verdaderas, tras los cuales los autores fueron citados a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. La investigación se extendió por más de un año y medio y se apoyó en expedientes del Ministerio Público, peritajes químicos, declaraciones judiciales y registros audiovisuales. Fue uno de los títulos más vendidos en librerías independientes. Una columna de El Mercurio lo calificó de “conspirativo”. Barraza respondió que el texto no descansa en conjeturas, sino en el contraste de las propias carpetas de la Fiscalía con evidencia forense científica.
Barraza menciona además peritajes químicos incluidos en causas de violencia institucional, según los cuales el agua de los carros lanza agua se mezclaba en laboratorios del Ejército con componentes tóxicos que provocaban quemaduras químicas a los manifestantes. Según esos reportajes, las autoridades del INDH —Instituto Nacional de Derechos Humanos— encabezado entonces por Sergio Micco conocían la situación y la omitieron.
Una incógnita con dueños
En siete años, la Fiscalía cerró las causas del Metro sin culpables, el Ministerio del Interior blindó con secreto de Estado a los agentes captados en video dentro de la Universidad San Sebastián, y el fiscal que archivó la mayoría de los casos de la zona oriente se reunió con el presidente cuyo gobierno era el principal interesado en la respuestaUna investigación oficial que no cuenta con los antecedentes, ni con la voluntad de reunirlos, termina por producir la ausencia de culpables, al menos para la versión oficial de los hechos. La opacidad alimenta las numerosas conjeturas sobre la materia, pero los indicios y pruebas disponibles parecen apuntar a una operación de bandera falsa digitada desde los propios órganos y autoridades del Estado.
¿Quién quemó el metro?: Las revelaciones y contradicciones entre el Ministerio Público y Metro a tres años de los incendios, El Ciudadano, 18 de octubre de 2022.
¿Quién quemó el Metro? En qué quedaron las investigaciones y las teorías que existen a cinco años del estallido social, ADN Radio, 18 de octubre de 2024.
Fiscalía cerró las causas por ataques al Metro: condenó a 14 personas y no detectó grupos organizados para quemar estaciones, Mauricio Weibel Barahona, Ciper Chile, 17 de octubre de 2023.
¿Quién quemó el Metro? La incógnita que persiste, Daniel Lillo y José Ignacio Vásquez, investigación de estudiantes de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.
Presidente Sindicatos de Metro: “No existe ni una imagen que establezca quienes quemaron las estaciones de Línea 4” el 18-O, Diario Usach, 18 de mayo de 2022.
¿Quién quemó el Metro?, Ariel López López, Cooperativa, 22 de octubre de 2025.
“Operaron desde la ilegalidad”: Los nexos entre el exfiscal Manuel Guerra y la policía infiltrada, Miguel Yáñez, Contrapoder Chile,
Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar los actos del Gobierno en relación con los incendios en estaciones de metro durante octubre de 2019 en la Región Metropolitana, Cámara de Diputadas y Diputados.
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