Elecciones en Brasil: Lula llega al balotaje con un balance social y económico que no ha bastado para detener a un bolsonarismo que reúne uso intensivo de plataformas digitales, apoyos evangélicos, y el injerencismo de EEUU para subordinar a nuestra América
A dos días de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, Flavio Bolsonaro llega con ventaja de dos puntos porcentuales sobre Lula en la primera ronda del 4 de octubre, con un Congreso y unas gobernaciones dominados por el “Partido Liberal” bolsonarista y sus aliados, y con el respaldo de una red transnacional de consultores, influencers y capitales que opera desde Mar-a-Lago en Florida hasta Buenos Aires. El gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores y Lula da Silva registra logros en empleo, crecimiento, jornada laboral y protección frente al endeudamiento, pero a la vez, con errores de diagnóstico, de organización y de comunicación que explican parte de este escenario. Lo que se decide el domingo incluye el destino de los 214 millones de habitantes del enorme país sudamericano, la primera economía regional, de Petrobras, de la Amazonía, de los BRICS y de la autonomía de toda nuestra América.
La primera vuelta en Brasil tuvo 13 candidaturas, pero la disputa quedó concentrada en dos nombres. Flávio Bolsonaro y Lula reunieron entre ambos el 92,19% de los votos válidos. El senador del Partido Liberal superó al presidente por unos dos puntos, sin alcanzar el 50% que evitaba la segunda vuelta, y Lula calificó el resultado de inesperado. El escrutinio mostró además una trayectoria reveladora: con el 17% de las mesas contadas, Bolsonaro marcaba 51,2% frente a 40,7% de Lula, y con el 88% la distancia se había reducido a 48,2% contra 43,8%, una tendencia que se ha dado en las últimas elecciones, puesto que las regiones y zonas de sectores populares tardan más en realizar el conteo y enviar sus resultados. La diferencia final se mantuvo estrecha, y la abstención, que superó los 28 millones de personas según los cálculos del propio comando petista, es el territorio donde se jugará en gran medida la elección.
Un tsunami conservador en el Congreso y las gobernaciones
El resultado legislativo y regional define el marco en que gobernará quien gane en el balotaje. En el Senado, el Partido Liberal alcanzó 28 escaños frente a 9 del PT, y en la Cámara de Diputados obtuvo 121 curules frente a entre 70 y 78 de la coalición petista. Con el aporte de PP, União Brasil, Republicanos y Novo, el bloque conservador derechista supera los 250 escaños y asegura mayoría.
La familia Bolsonaro capitalizó ese avance: Michelle Bolsonaro fue elegida senadora por el Distrito Federal, Carlos Bolsonaro llegó al Congreso y Jair Renán y Renato Bolsonaro accedieron a bancas de diputados. El exjuez Sergio Moro, quien condenó a Lula en la causa que lo mantuvo fuera de la elección de 2018, fue elegido gobernador de Paraná. Entre los influencers de ultraderecha, Lucas Pavanato superó los 2,5 millones de votos en São Paulo y Nikolas Ferreira obtuvo una votación masiva en Minas Gerais, mientras Marina Silva y Simone Tebet, figuras históricas del progresismo o aliadas del PT, quedaron en los últimos lugares de sus aspiraciones al Senado
En las gobernaciones, el bolsonarismo y sus aliados se quedaron con São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Paraná. El PT se replegó al Nordeste y a áreas de la Amazonía, donde retuvo Bahía, Ceará y Piauí. Los analistas coinciden en que esta composición genera un escenario de alta ingobernabilidad para el Ejecutivo: cualquiera sea el ocupante del Planalto, tendrá que negociar con el Centrão (partidos y fuerzas centristas) cada presupuesto y cada reforma.
Un mapa partido: el Nordeste de Lula frente al Sudeste que decide
La geografía del voto explica la primera vuelta. Lula concentró su caudal en el Nordeste y el arco amazónico (Bahía, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco y Río Grande del Norte), donde el electorado conserva la memoria de las políticas de inclusión social y de erradicación del hambre de sus primeros mandatos, y donde programas como Bolsa Família sostienen un piso sólido entre comunidades rurales, indígenas y de frontera. Flavio Bolsonaro dominó el Sur, el Sudeste y el Centro-Oeste, además de Brasilia y de Acre y Roraima, y se impuso en los estados más ricos, poblados e industrializados: São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur.
Las cifras muestran dónde se perdió la elección. El Nordeste aportó a Lula una ventaja acumulada de unos 10,8 millones de votos; Flavio compensó esa diferencia y obtuvo 13,4 millones de ventaja en el resto del país. El Sudeste concentra cerca del 40% del padrón nacional y, sólo en São Paulo, el bolsonarismo se impuso por más de 3 millones de sufragios. Además, el voto de la derecha no se limitó a las clases altas: capturó grandes ciudades y sectores populares y favelas de São Paulo y Río de Janeiro. Ese resultado remite a la expansión del trabajo informal y “uberizado”, la penetración de las redes sociales y del voto evangélico-neopentecostal.
Los logros del tercer gobierno de Lula: empleo, crecimiento, jornada y soberanía
El balance del gobierno de Lula incluye hechos que incluso muchos de los críticos de derecha no discuten. Los indicadores macroeconómicos mostraron el desempleo en mínimos históricos, un crecimiento del PIB de 2,8% y una inflación general contenida. Los primeros mandatos del PT dejaron una huella de políticas de inclusión y de combate al hambre y la pobreza extrema que, dos décadas después, siguen organizando la lealtad electoral del Nordeste.
La reforma que reduce la jornada semanal de 44 a 40 horas, con dos días obligatorios de descanso y sin recorte salarial, fue la principal bandera laboral del oficialismo y obtuvo aprobación en el Senado en los días posteriores a la primera vuelta. Flavio Bolsonaro votó en contra en el Congreso, un dato que Lula utilizó en los debates para marcar la distancia entre ambos proyectos. Junto a ella, el gobierno impulsó reajustes al alza en Bolsa Família, el programa de renegociación de deudas Desenrola Brasil y la regulación, con restricciones y planteos de prohibición, de las plataformas de apuestas digitales (bets).
En el plano de la soberanía, la Cancillería de Mauro Vieira respondió a las agresiones desde el exterior con medidas concretas. Cuando Javier Milei, en la convención del Partido Liberal en suelo brasileño, calificó a Lula de “presidiario” y “ladrón” y atacó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Vieira citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el repudio del gobierno, y horas antes llamó a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli. El gobierno impidió además la entrada al país de funcionarios y delegados estadounidenses que pretendían reunirse con la candidatura de Flavio Bolsonaro en el marco de sus actos de campaña. Y el oficialismo llevó el asunto de las Big Tech a la Organización de los Estados Americanos y al Tribunal Superior Electoral, defendiendo la integridad de la contienda frente a algoritmos asimétricos y guerra cognitiva financiada desde el exterior.
Los errores que el propio campo popular reconoce
La izquierda brasileña y analistas de distintos programas de debate geopolítico coinciden en un conjunto de críticas a la conducción del PT. La primera es el triunfalismo: el comando de campaña reaccionó apenas un par de meses antes de los comicios, confiado en las encuestas, y dio por desarticulado al bolsonarismo tras los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro, sin ver que la estructura se reorganizaba a través de sus hijos y de las alianzas territoriales.
La segunda es la moderación. En su tercer mandato Lula gobernó de manera “descafeinada” para sostener alianzas amplias de centro, un rasgo que sus críticos denominan “fanatismo de la moderación”. Por atender los requerimientos de gobernabilidad, los arreglos parlamentarios y los mercados financieros, el gobierno evitó la movilización popular y la confrontación directa para levantar los candados presupuestarios e institucionales que dejó el bolsonarismo, y con ello perdió capacidad de transformación y de generar entusiasmo. Si bien este rasgo ya se había visto en el anterior ciclo de gobiernos encabezados por el petismo (2003-2015), en este último mandato tal característica se vio aún más acentuada.
La tercera es la burocratización. El PT pasó de ser un movimiento combativo, presente en las calles y las comunidades, a un partido volcado casi por completo a la gestión del Estado, con una dinámica socialdemócrata e institucionalista. La labor organizativa y pedagógica cotidiana en periferias y favelas, que en los años 2000 daba al partido su arraigo, se debilitó severamente.
La cuarta es la brecha entre la macroeconomía y la economía familiar. Los precios del arroz, los frijoles, el azúcar, la mandioca y la carne subieron por encima de la inflación general y devoraron las mejoras salariales. El endeudamiento de subsistencia alcanzó a una parte considerable de los hogares, y los datos del Banco Central revelan que 1 de cada 4 beneficiarios del referencial programa Bolsa Família se endeudó con casas de apuestas en línea. La regulación de las bets llegó, según los analistas, como una medida defensiva de último momento y no como una propuesta de desarrollo.
La quinta es la distancia con el trabajo informal y la seguridad. El discurso sindical e industrialista del PT no interpela a repartidores, conductores de aplicaciones y microemprendedores de las periferias, que ven su ascenso en el esfuerzo individual. En ese terreno, sectores del progresismo ironizaron sobre esa mentalidad y catalogaron a los trabajadores precarizados de “falsos CEOs”, lo que generó resentimiento. En las periferias rige además la máxima popular “si a fariña é poca, meu pirão primeiro” (“si hay poca harina, mi puré primero”), que describe la prioridad de la salida individual y familiar frente a la acción colectiva en un Estado que cubre una fracción de las necesidades. A ello se suma el reproche de haber abordado con distancia las demandas de seguridad pública frente a las facciones criminales, y de haber tratado con superioridad cultural a un electorado evangélico que construyó sus propias redes de ayuda mutua.
La sexta es la comunicación. La campaña oficialista se ancló en la nostalgia de los primeros mandatos y en la biografía de Lula, una narrativa lejana para generaciones que no vivieron los años 2000, y se apoyó en métodos analógicos de propaganda y voluntariado. A ello se suma la falta de relevo: el PT no promovió cuadros jóvenes y depende mucho de un líder de 80 años. Críticos de la izquierda agregan que el progresismo sustituyó la discusión de transformaciones económicas estructurales por agendas culturales importadas y abanderadas por sectores medios acomodados y universitarios, lo que facilitó que las iglesias neopentecostales ocuparan el rol de contención comunitaria.
El voto evangélico: de la Teología de la Liberación a la Teología de la Prosperidad
La población evangélica representa cerca del 27% de la ciudadanía brasileña. Su expansión comenzó a impulsarse en la segunda mitad del siglo XX, durante la dictadura militar, con el respaldo de la inteligencia estadounidense que buscaban contrarrestar la influencia del catolicismo progresista y de la Teología de la Liberación entre los sectores populares. Brasil fue entre las décadas de 1960 y 1980 un epicentro de esa corriente, con referentes como Paulo Freire, y la doctrina fue desplazada por el neopentecostalismo.
En favelas y periferias, ante la ausencia del Estado y el deterioro de los servicios públicos, las iglesias evangélicas construyeron redes de asistencia comunitaria y contención cotidiana para familias vulnerables y madres trabajadoras. Su plataforma se articula bajo la consigna “Dios, patria y familia” y responde al malestar conservador frente a las agendas culturales liberales y progresistas, como la diversidad sexual, la identidad de género, el aborto y la regulación de drogas. Mediante la Teología de la Prosperidad, conciben la riqueza como una bendición divina y la pobreza como un obstáculo que se supera con fe y trabajo personal, una ética que empalma con el emprendedurismo, la desregulación y la flexibilización laboral.
La corriente del sionismo cristiano o dispensacionalismo, que interpreta la existencia del Estado de Israel y el control de Jerusalén como cumplimiento de profecías bíblicas, explica la presencia constante de banderas israelíes en los actos del Partido Liberal y los compromisos de la familia Bolsonaro, entre ellos el traslado de la embajada brasileña a Jerusalén y la alianza incondicional con Washington y Tel Aviv. Instituciones y sectores de la derecha cristiana estadounidense han invertido en consolidar estas redes teopolíticas.
La infraestructura es de gran escala: más de 500.000 congregaciones, más de 587 emisoras de radio y canales de televisión abierta. Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, y Silas Malafaia operan como articuladores políticos de un bloque de diputados y senadores, la Bancada Evangélica, que condiciona la agenda legislativa y presupuestaria. En 2002 un sector considerable de los evangélicos respaldó a Lula, pero desde 2018 el voto evangélico se volcó de manera mayoritaria hacia el bolsonarismo.
La cultura de masas como vehículo de desideologización
La disputa por la hegemonía cultural completa este cuadro. En el fútbol, la politización de figuras de los años 80 como Sócrates, quien promovía la lectura crítica, el pensamiento marxista y la movilización social, dio paso a una industria del espectáculo que desideologiza a deportistas y aficionados. La ultraderecha instrumentaliza la proyección de estrellas como Neymar, que posa junto a candidatos conservadores, y presenta el ascenso social como resultado del talento individual o la suerte en el deporte y las apuestas.
Durante los periodos dictatoriales se promovieron contenidos televisivos livianos para desarmar la formación política popular y aislar a la población de movimientos emancipadores como la Teología de la Liberación. Producciones de consumo masivo como Tropa de Élite contribuyeron, según los análisis de la izquierda, a lavar la imagen de la violencia militar e institucional en las favelas, y la cultura de masas construyó un mito de multiculturalismo armónico que ocultó el racismo y la segregación estructurales. Hoy ese papel lo cumplen creadores de contenido como Pablo Marçal, Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, que conectan con una población trabajadora para la cual el discurso sindical clásico resulta lejano.
La campaña digital: Meta, bots y algoritmos de un solo lado
Los datos de la campaña en redes son elocuentes. En septiembre, la campaña de Lula gastó cuatro veces más en publicidad dentro de las plataformas de Meta (7,43 millones de reales frente a 1,84 millones). Entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre publicó 210 piezas frente a 51 de Flavio Bolsonaro. Cada publicación de Flavio obtuvo en promedio 329.000 interacciones frente a 138.000 de Lula, un rendimiento 2,4 veces superior.
La metodología explica parte de la diferencia. Lula utilizó la pauta pagada como laboratorio desde el primer momento, con más de 100 anuncios y aumentos de presupuesto en los que funcionaban mejor. Flavio probaba todo su contenido de manera 100% orgánica y solo inyectaba dinero cuando una publicación demostraba viralidad espontánea, con anuncios individuales de hasta 300.000 reales y más de la mitad del presupuesto concentrado en los últimos siete días previos al límite legal. La viralidad provino de una red de más de 200 creadores agrupados en el portal Direita Já: Pablo Marçal difundió 58 contenidos en los cuatro días siguientes a su respaldo a Flavio, con 7,3 millones de interacciones y 76,5 millones de visualizaciones, por encima del rendimiento acumulado de los canales oficiales del candidato.
Las plataformas intervinieron en la contienda. A pocas semanas de la votación, Meta desactivó temporalmente la página oficial de Lula, con más de 7 millones de seguidores, y suspendió su cuenta de anuncios, y atribuyó la medida a un error técnico de clasificación. Pruebas realizadas en Instagram mostraron que la cuenta de Lula no aparecía entre los primeros resultados de búsqueda o exigía el nombre exacto, mientras que al teclear apenas “BOL” se desplegaban las cuentas verificadas de Jair y Flavio Bolsonaro. Se denunció también la deshabilitación temporal de los botones de republicación y de creación de stories en el perfil de Lula, y prácticas de reducción de alcance (shadow banning).
Meta AI en WhatsApp mostró un sesgo directo: al solicitarle un cartel de campaña para “Flavio 22” generaba de inmediato la imagen con lemas y propuestas, y al pedirle uno para “Lula 13” se negaba, con el argumento de que no podía intervenir en contenido político. El Tribunal Superior Electoral resolvió que la empresa debía garantizar las mismas condiciones de alcance, de visibilidad en la búsqueda y de recomendación algorítmica a ambas candidaturas, y le dio 24 horas para demostrarlo. Al verificar que Meta no acreditó el cumplimiento, desestimó la tesis de los incidentes técnicos y elevó la multa de 500.000 a 1 millón de reales diarios, unos 200.000 dólares. Las resoluciones del TSE prohíben además a los proveedores de inteligencia artificial clasificar, recomendar, sugerir o promocionar candidaturas, programas y partidos.
Ese marco normativo no impidió la circulación de contenido sintético. La verificadora Fatos e Fato Chequeando documentó imágenes, audios y videos generados con IA, entre ellos falsos metrajes de Donald Trump respaldando a Flavio Bolsonaro, y solo en TikTok videos con supuestos votantes creados con IA acumularon cerca de 8 millones de visualizaciones. Diversos análisis coinciden en que la velocidad del flujo digital superó reiteradamente los mecanismos tradicionales de control institucional.
A esto se sumó una campaña contra el sistema de votación electrónica: versiones sobre ataques de hackers, urnas alteradas, “candidatos secretos” y herramientas de IA capaces de modificar el conteo. El propio Flavio Bolsonaro aseguró, sin presentar evidencias, que muchas urnas brasileñas compartían origen con sistemas vinculados a la empresa Smartmatic. La operación apuntó contra el TSE y contra el juez Alexandre de Moraes, y se amplificó con granjas de bots, cuentas anónimas y redes de influencers que coordinaban tendencias.
La red transnacional: Cerimedo, Parscale, Morris y Merlo
Detrás de esa maquinaria hay operadores con nombre y trayectoria. Fernando Cerimedo, consultor argentino y CEO de Numen, que medios internacionales describen como el “hombre de MAGA en América Latina” o el “Steve Bannon argentino”, participó en las campañas de Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia y la familia Bolsonaro en Brasil. Brad Parscale, exjefe de campaña de Donald Trump, selló una alianza con él para suministrar análisis de datos, inteligencia artificial y microtargeting. Dick Morris, asesor de la Dick Morris Academy y artífice de la narrativa contra López Obrador en México en 2006, aporta la doctrina del miedo y la propaganda negativa, y mantiene contacto estrecho con Trump. Damián Merlo, socio de Cerimedo en Latinam Advisory Group, conectó al gobierno de Nayib Bukele con la órbita MAGA, coordinó la proyección de Milei ante la Heritage Foundation y el Council on Foreign Relations, y mantiene relación cercana con Ronald Johnson, exoficial de la CIA y embajador de EE. UU. La red se apoya en medios propios como La Derecha Diario y Direita Já, y encuentra su punto de convergencia en la Gala de la Prosperidad Hispánica de Mar-a-Lago, donde coinciden empresarios, consultores y figuras como Isabel Díaz Ayuso, Javier Milei y el propio Cerimedo.
La justicia brasileña tiene un expediente abierto sobre su rol en 2022. La Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal lo incluyeron entre los imputados de la tentativa de golpe de Estado, por haber coordinado “milicias digitales” y diseñado la narrativa de fraude en las urnas electrónicas. Esa propaganda detonó bloqueos de carreteras, la exigencia a las Fuerzas Armadas de impedir la asunción del gobierno constitucional y, finalmente, la invasión violenta del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo.
Las declaraciones de Nadia Beller, abogada y activista boliviana de 33 años y expareja de Cerimedo, aportan detalles del funcionamiento interno. Beller sobrevivió a un atentado a balazos en un hotel de Santa Cruz, Bolivia, a donde fue atraída con un mensaje engañoso, y Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, imputado por intento de feminicidio. Desde el hospital, Beller afirmó que Cerimedo se jactaba de tener relaciones privilegiadas con Meta, con capacidad de intervenir para restituir o dar de baja páginas, y que su equipo utilizó esos accesos para reducir la visibilidad de los contenidos de Lula, promover la suspensión de sus cuentas de anuncios y permitir la circulación de pautas de guerra sucia. Sostuvo también que la granja de bots incautada en Bolivia era apenas una fracción “chiquitita” de su capacidad, que la principal funciona en un centro empresarial que la policía nunca intervino, que existen otras estructuras en Argentina y que las granjas continúan activas. Según Beller, en agosto Cerimedo viajó a Estados Unidos para reunirse con integrantes de la familia Bolsonaro y acordar estrategia digital y financiamiento, y planeaba intervenir en México con un candidato propio para “reventar” digitalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que está en juego: la Amazonía, Petrobras, la injerencia estadounidense y los BRICS
El programa de Flavio Bolsonaro y sus aliados contiene definiciones concretas sobre los recursos y la autonomía de Brasil. En materia energética, la producción de Petrobras se orientaría a abastecer las reservas estratégicas de Estados Unidos, lo que otorgaría a Washington un suministro seguro dentro del hemisferio, reduciría su dependencia del petróleo de Medio Oriente y desplazaría las prioridades de desarrollo nacional de la empresa pública. La cuenca amazónica (tierras raras, minerales críticos, recursos hídricos y biodiversidad) quedaría expuesta a privatización y apertura comercial, con una justificación teológica sobre el dominio de la naturaleza (“Dios nos dio todo esto para aprovecharlo”) que vulnera derechos y territorios de los pueblos originarios. El modelo de “acumulación extractiva” envía materias primas y dividendos a los mercados financieros sin dejar valor agregado ni desarrollo industrial.
En seguridad, Flavio defiende la adhesión de Brasil al “Escudo de las Américas”, un esquema impulsado desde Washington que involucra intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y el eventual despliegue de tropas, y que genera alarma entre sectores militares por la cesión de control sobre fronteras y recursos. Propone además declarar “narcoterroristas” al Primer Comando de la Capital, al Comando Vermelho y a las milicias paramilitares, con penas de hasta 80 años, adoptando la clasificación del Departamento de Estado que crea el marco legal para una injerencia estadounidense en territorio nacional. Completan su plataforma la mano dura, la reducción de la edad de imputabilidad penal y la flexibilización de la portación e importación de armas. El gobierno de Lula rechaza la etiqueta de narcoterrorismo con el argumento de que las facciones criminales operan por lucro y no por ideología, plantea fortalecer la Policía Federal y la inteligencia policial estatal, concentrar las acciones en desarticular las milicias que controlan territorios en favelas y periferias, y se opone a toda intervención de tropas o agencias extranjeras.
En el plano internacional, un gobierno bolsonarista alineado con Washington fracturaría el bloque multipolar: frenaría el comercio en monedas locales, restituiría el predominio del dólar y reinsertaría a Brasil como proveedor primario de insumos, con el riesgo de que los BRICS queden reducidos a “RICS” al perder su anclaje sudamericano. Esa orientación choca con una contradicción interna: China es el principal socio comercial de Brasil y genera un superávit récord para la agroindustria, el mismo empresariado que financia a la derecha.
La agenda legislativa también apunta en esa dirección. La bancada ruralista controla cerca del 60% del Frente Parlamentario Agrario, lo que garantiza veto efectivo a cualquier restricción ambiental o endurecimiento de multas, y se prevé una barrera contra los impuestos a las grandes fortunas, al sector financiero y a las exportaciones del agronegocio y la minería, así como la defensa de las exenciones de hidrocarburos y agroindustria. Los candados al gasto, el techo presupuestario y las enmiendas parlamentarias completan un esquema que condicionaría a cualquier Ejecutivo. Los analistas advierten además que una mayoría conservadora o un gobierno de extrema derecha mantendría estancada la enmienda de las 40 horas o evitaría decretar su entrada en vigor.
Una región que se juega el mismo mapa
El resultado brasileño repercute en todo el hemisferio. Un triunfo bolsonarista afianza el giro de la derecha en el Cono Sur junto a los gobiernos de Javier Milei, Rodrigo Paz, José Kast y Keiko Fujimori, y el mapa latinoamericano mostraría una mayoría de gobiernos de derecha o alineados con Estados Unidos, con Uruguay y México como los principales bastiones progresistas, más los gobiernos de izquierda de Cuba y Nicaragua, que se han quedado con la anterior compañía geopolítica de Venezuela en suspenso tras la cadena de sucesos y decisiones derivadas de la acción militar estadounidense en suelo venezolano del 3 de enero de este año. La red de Cerimedo, Parscale y Morris trabajó en campañas de Argentina, Chile, Bolivia, Honduras (Nasry Asfura) y El Salvador (Bukele), y señala a México como uno de sus objetivos prioritarios mediante campañas sucias como la etiqueta “narcopresidente”.
Milei respaldó explícitamente a Flavio en la convención del Partido Liberal, aunque Brasil es el socio comercial indispensable de Argentina. En Colombia, sectores de la ultraderecha como Abelardo de la Espriella adoptan el mismo libreto securitista y proponen cerrar embajadas, romper relaciones con Cuba y Nicaragua y trasladar sedes diplomáticas a Jerusalén. Aumenta la presión sobre Nicaragua y Cuba mientras se estrechan los lazos entre liderazgos conservadores de la región y el movimiento MAGA. Brasil y México, las dos mayores economías industriales de América Latina, intercambian manufacturas, piezas mecánicas y vehículos, y la falta de sintonía ideológica dificulta cadenas productivas comunes. El Mercosur perdería cohesión, y los hidrocarburos, minerales y tierras raras de la región quedarían adscritos a esquemas de seguridad promovidos por Washington en la época de la “Doctrina Monroe corolario Trump”. El patrón de capitalización del malestar por parte de la ultraderecha se observa también en Francia, donde las protestas estudiantiles anteceden a las próximas elecciones presidenciales.
Lo que puede hacer el PT en la recta final
El comando de Lula ajustó su estrategia para el balotaje. Lanzó Bora virar (“Vamos a dar vuelta”), con cientos de actividades en decenas de ciudades y en el extranjero, basadas en caminatas y diálogo directo con indecisos. Concentra su esfuerzo en los 28 a 33 millones de abstencionistas, en particular entre jóvenes de 18 a 29 años, a quienes busca llegar con creadores de contenido, activistas territoriales jóvenes y plataformas como TikTok e Instagram. Abandonó el tono nostálgico por compromisos futuros más inmediatos: la jornada de 40 horas, reajustes al alza en Bolsa Família, desendeudamiento y límites a las bets. Dejó la postura de ignorar al rival y aceptó el cara a cara de los debates (“mata-mata”) para confrontar a Flavio por los vínculos de su grupo con milicias, los casos de corrupción y los retrocesos en derechos laborales. Para calmar a los mercados, proyecta un manejo económico moderado respaldado por su vicepresidente Geraldo Alckmin y figuras de centro, y apela a un voto de autodefensa democrática contra las privatizaciones, la flexibilización laboral y la cesión de soberanía.
Las propuestas debatidas para los sectores informales muestran el rumbo posible de una agenda de segunda generación: elevar el piso de exención del Impuesto a la Renta (IRPF), incluida la categoría de micro emprendedor individual (MEI); eximir de tributos a los alimentos esenciales (arroz, frijoles, carne, mandioca, leche) y reintegrar impuestos indirectos a las familias inscritas en el CadÚnico; financiar la infraestructura popular gravando dividendos, fondos exclusivos de superricos y transacciones financieras de alto nivel; ampliar el microcrédito de la banca pública (Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil); continuar el Desenrola; construir guarderías públicas y escuelas de tiempo completo para las madres de las favelas; subsidiar el transporte hasta la Tarifa Cero en grandes metrópolis; ampliar la Tarifa Social de Energía Eléctrica y Agua, con descuentos de hasta 65%; y blindar el Sistema Único de Salud y la Estratégia Saúde da Família. Su aprobación depende de un Congreso que hoy tiene mayoría opuesta.
La decisión del domingo
Las críticas al PT se refieren a una conducción que subestimó al adversario, moderó en exceso su proyecto, dejó de organizar a su base, comunicó con códigos del pasado y ah desatendido ciertos elementos hoy cruciales en el poder de los enemigos de todo proyecto progresista o de izquierdas hoy por hoy. Las amenazas del programa de Flavio Bolsonaro están documentadas en sus propios compromisos sobre Petrobras, el “Escudo de las Américas”, la clasificación de narcoterrorismo y la desregulación de la Amazonía. Mientras la ultraderecha brasileña dispone de operadores en Washington, emisoras evangélicas, algoritmos favorables y un Congreso afín, el campo popular depende de la movilización de millones de abstencionistas en dos jornadas. El domingo se define qué Brasil firmará los acuerdos del próximo cuatrienio, y de eso depende el margen de autonomía de toda Sudamérica.
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