Kast incorpora a Chile al «Escudo de las Américas»: el acuerdo a la medida de la política imperial estadounidense que La Moneda intenta ocultar y subestimar
El anuncio del presidente José Kast en Nueva York fue presentado como un simple pacto policial contra el crimen organizado transnacional. Pero la declaración oficial publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contiene cláusulas económicas sobre minerales críticos y soberanía digital, una invocación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que abre la puerta a acciones militares conjuntas, y una exigencia de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. Nada de esto apareció en el comunicado difundido por la Cancillería de Chile. La discrepancia entre ambas versiones provocó que una interpelación parlamentaria al canciller Francisco Pérez Mackenna, mientras juristas, historiadores, analistas y parlamentarios advierten sobre los riesgos para la soberanía nacional, la relación comercial con China, la eventual exposición penal de militares y policías chilenos, y la subordinación política del gobierno de Kast frente a la agresiva arremetida geopolítica del régimen imperial estadounidense hacia América bajo el mando de Donald Trump.
Un anuncio hecho en Nueva York, sin debate en Chile
La adhesión de Chile al Escudo de las Américas fue formalizada por José Antonio Kast durante un nuevo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de una iniciativa de seguridad multilateral impulsada por la administración de Donald Trump que agrupa a 15 países de la región bajo el objetivo declarado de combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. El Ejecutivo chileno insistió desde el primer momento en un punto central para su defensa política: el compromiso no es un tratado internacional, por lo que no requiere ratificación del Congreso, sino una declaración conjunta y un foro de trabajo. Bajo esa calificación jurídica, La Moneda sostiene que no se vulnera la Constitución ni se compromete la soberanía nacional.
El diputado Juan Luis Castro fue de los primeros en cuestionar el procedimiento: «nos enteramos por la prensa», señaló, reprochando que la adhesión se anunciara desde Nueva York sin debate previo y exigiendo que se evaluaran los costos y exigencias impuestos por las grandes potencias antes de asumir membresía activa. La primera medida concreta del bloque fue sancionar y congelar activos a 24 organizaciones del crimen organizado transnacional —el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el Comando Vermelho y el Comando Capital de Brasil, entre otras—, lo que ya genera una obligación legislativa: en Chile no existe una nómina oficial ni una figura penal que permita al Ejecutivo catalogar administrativamente a una organización como terrorista o criminal de este tipo, de modo que el Gobierno deberá enviar proyectos de ley al Congreso para crear ese marco normativo.
Dos textos distintos
Parte importante de la controversia no está en lo que el gobierno de José Kast anunció, sino en lo que omitió. El comunicado de la Cancillería chilena acotó la iniciativa a la cooperación policial y fronteriza: intercambio de datos, tecnología e inteligencia, capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones. La declaración publicada en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos —el documento que Chile efectivamente suscribió— incorpora tres pilares que no figuraron en la versión difundida por el gobierno chileno: mecanismos de revisión de inversiones extranjeras (investment screening), el resguardo de las cadenas de suministro de minerales estratégicos —cobre, litio y cobalto— mediante «proveedores confiables», y la exigencia de «proveedores de confianza» en infraestructura digital. A esto se suma la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y una exhortación a que los países socios eleven su gasto en defensa hacia el 5% del PIB.
La brecha es notoria: mientras el Presidente hablaba de un acuerdo de cooperación contra el narcotráfico, en el sitio web del Departamento de Estado figuraba un texto firmado por Chile sobre cooperación económica, minerales críticos y soberanía digital con el mismo país que le había impuesto aranceles unilaterales.
El eje económico: cobre, litio y el veto no declarado a China
El texto estadounidense no nombra a China de forma explícita, pero sus cláusulas sobre screening de inversiones, minerales críticos y proveedores de confianza en infraestructura digital apuntan de manera directa a acotar su presencia en sectores donde Chile es actor central: el mayor productor mundial de cobre y poseedor de una de las principales reservas de litio del planeta. Analistas e internacionalistas coinciden en que el concepto de «fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables» opera como un eufemismo diplomático para restringir o vetar la entrada de capitales chinos en sectores estratégicos, garantizando en cambio un flujo constante de esos minerales hacia la industria y la seguridad de Estados Unidos.
El antecedente inmediato de este mecanismo ya ocurrió. Los gobiernos de Chile y China impulsaron un proyecto de cable submarino de fibra óptica que conectaba de forma directa ambos países desde Concón (Región de Valparaíso) con Hong Kong, mejorando la conectividad digital de Sudamérica con Asia. Washington lo interpretó como una amenaza de seguridad e inteligencia por involucrar tecnología china en la red de comunicaciones regional, y desplegó una presión que incluyó la revocación de visas de ingreso a autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a miembros de sus familias. El proyecto terminó descartado. Ese episodio instaló en Chile la discusión sobre cómo regular el investment screening —procedimiento utilizado por los gobiernos para evaluar, autorizar, condicionar o bloquear la inversión extranjera—, y la exigencia de «proveedores de confianza» incluida ahora en el Escudo de las Américas formaliza jurídicamente el veto que Washington ya había ejercido en la práctica.
El embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, respondió a este trasfondo durante la recepción por el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular, en el Hotel Sheraton de Santiago. Reconoció la «plena soberanía» de Chile para incorporarse a cualquier plataforma internacional, pero remarcó que la relación bilateral entre Santiago y Pekín «no debe estar sujeta a la influencia de terceros», una alusión a las presiones impulsadas por Washington. Niu Qingdao subrayó que China nunca ha exigido a Chile tomar posición ideológica ni alinearse en bloques. Hizo además un llamado expreso a resistir presiones externas y no paralizar el proyecto del cable submarino China-Chile Express.
El screening de inversiones no es ilegal en sí mismo —la Unión Europea y Países Bajos lo aplican— siempre que sea el propio Estado el que defina de forma autónoma y soberana qué sectores considera estratégicos. El problema surge cuando esos criterios los dicta una potencia extranjera: si el mecanismo se usa como filtro político para vetar de antemano a empresas de un país determinado por exigencia de terceros, se violarían las cláusulas de trato no discriminatorio incluidas en los tratados de libre comercio vigentes. Existe además un punto institucional: ni una declaración política ni un comunicado diplomático firmado por el Ejecutivo puede alterar por sí solo el régimen legal de inversiones; cualquier sistema de screening requerirá un proyecto de ley discutido y aprobado por el Congreso Nacional, en circunstancias que este acuerdo ha sido exclusivamente abordado por el Poder Ejecutivo encabezado por José Kast.
Una política de discriminación a inversionistas por su país
Días antes de la firma, en el marco de la misma Asamblea General de la ONU, Kast presentó ante inversionistas de Canadá y Australia —con quienes delineó el llamado «Triángulo del Pacífico»— un paquete de garantías dirigido a atraer capitales: estabilidad contractual por veinte años, sin modificaciones posteriores a los contratos suscritos con el Estado; competitividad tributaria con una carga impositiva a la baja; y un mensaje resumido en la consigna de que «Chile está de vuelta» como destino seguro para la inversión, particularmente en minería y tecnología, sectores donde Canadá es reconocido como el principal inversionista extranjero.
Esa promesa de reglas universales y no discriminatorias choca de frente con el compromiso asumido apenas unos días después. Mientras Kast ofrecía previsibilidad institucional al capital internacional, el documento del Departamento de Estado estadounidense introducía un filtro que evalúa las inversiones no solo por sus méritos económicos, sino por el país de origen del capital o del proveedor. Para los inversionistas de países no alineadas con Washington la firma del acuerdo transmite una señal de vulnerabilidad normativa: contratos de largo plazo en minería, energía o telecomunicaciones quedan expuestos a presiones o bloqueos diplomáticos posteriores que el propio Estado chileno no controla.
El TIAR y la militarización del combate al narcotráfico
El punto más sensible del documento estadounidense es la intención de solicitar a la OEA la activación de los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947 como pacto de defensa colectiva frente a agresiones armadas externas. El TIAR arrastra un descrédito histórico: tras la Guerra de las Malvinas de 1982, cuando Estados Unidos respaldó al Reino Unido en lugar de aplicar el tratado a favor de Argentina, el mecanismo cayó en virtual desuso. Trump ya lo había reactivado en 2019 contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encabezada por Nicolás Maduro; ahora, el “Escudo de las Américas” busca aplicarlo a los cárteles del narcotráfico, calificándolos como amenaza militar colectiva a la seguridad hemisférica.
El artículo 6 del tratado contempla responder ante agresiones no armadas que afecten la seguridad de la región, lo que habilitaría un marco jurídico para coordinar «acciones de cumplimiento forzado» (enforcement actions) o intervenciones militares conjuntas contra bandas calificadas como narcoterroristas. La mención al TIAR y a las cláusulas militares fue precisamente lo que el comunicado de la Cancillería chilena no incluyó. Kast y su canciller han descartado de forma explícita cualquier intervención militar extranjera en territorio chileno o el envío de tropas al exterior, sosteniendo que la sola mención de los artículos 6 y 13 en el texto estadounidense no activa automáticamente el uso de la fuerza ni sobrepasa la institucionalidad de cada país.
Esa señal de aparente tranquilidad institucional convive con una arquitectura que Washington concibió en términos abiertamente militares. El subsecretario de Defensa para Política de Estados Unidos, Elbridge Colby, ha planteado que los países socios asuman una mayor carga económica de su propia defensa, empujando el gasto regional —hoy entre 1,2% y 1,3% del PIB en el promedio latinoamericano— hacia el estándar del 5%. Las capacitaciones previstas en el acuerdo, además, no están diseñadas para agencias policiales civiles al estilo de una mesa de trabajo tipo Interpol: se ejecutan a través del Comando Sur de Estados Unidos (US SOUTHCOM), lo que revela que, en la visión estratégica de Washington, el pacto opera como una estructura de combate y seguridad regional con eje militar, no como el canal de cooperación policial que describió la Cancillería.
Los riesgos penales para militares y policías chilenos
El riesgo jurídico para las Fuerzas Armadas y policías chilenas no requiere que Chile envíe tropas a combate. El documento firmado contempla acciones de cumplimiento forzado y operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo que incluyen el uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos, como los ataques a embarcaciones civiles o supuestas «narcolanchas» en el mar, tal como ha hecho ya en las costas de Colombia o Venezuela. El Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ben Saul, ya advirtió que esos ataques con fuerza letal contra embarcaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El solo hecho de entregar información de inteligencia o datos de localización que permitan a Estados Unidos ubicar y destruir un objetivo convierte a las instituciones chilenas en partícipes de la operación, incluso sin disparar un solo tiro.
Las presiones que la Cancillería chilena admitió a puertas cerradas
La versión oficial de que Chile adoptó el acuerdo por convicción propia se resquebrajó cuando el ex canciller Mariano Fernández reveló que en una reunión previa con antiguos ministros de Relaciones Exteriores, el canciller Francisco Pérez Mackenna había reconocido que existían intensas presiones diplomáticas desde Washington, admitiendo que era «muy difícil para Chile no suscribir» la alianza. Esa revelación fue uno de los ejes centrales de la interpelación parlamentaria que enfrentó Pérez en el Congreso Nacional ayer lunes 28 de septiembre por este tema, la primera interpelación a un Ministro de Relaciones Exteriores desde que se instaló esta herramienta de control político en las reformas constitucionales del año 2005..
Las palancas de presión identificadas por analistas no son abstractas. El gobierno de Trump ya había aplicado aranceles unilaterales de entre 10% y 12,5% a productos chilenos, pasando por alto las reglas del propio Tratado de Libre Comercio; la presencia de negociadores tarifarios en los encuentros diplomáticos fue leída como una señal de que la permanencia de condiciones comerciales favorables estaba atada a la alineación en seguridad y geopolítica tras Estados Unidos. A eso se suma el riesgo sobre la continuidad de Chile en el programa Visa Waiver, que otorga a los ciudadanos chilenos un estatus privilegiado de ingreso a Estados Unidos, y el temor a quedar aislado en el Cono Sur luego de que los gobiernos de Argentina, Perú y Bolivia se incorporaran con rapidez al pacto, mientras Washington estrechaba además sus lazos militares con el gobierno de Javier Milei.
La interpelación parlamentaria a Francisco Pérez
La citación de Pérez al Congreso buscó en el papel el objetivo de que confirmase o desmintiese en público lo que admitió en privado, que explique por qué se omitieron en el comunicado inicial el screening de inversiones, el resguardo de minerales críticos y la exigencia de proveedores de confianza en infraestructura digital, y que aclare los alcances reales de la invocación del TIAR.
El respaldo oficialista a la decisión del Ejecutivo no ha sido incondicional. El senador UDI Iván Moreira trazó una línea roja explícita: no se puede aceptar que en algún momento se presione a Chile para abandonar su pertenencia a la Corte Penal Internacional, y descartó de plano la presencia de tropas o militares estadounidenses en territorio nacional, algo que de todos modos ocurre de manera periódica en los frecuentes ejercicios militares que se realizan junto a las fuerzas estadounidenses en territorio chileno.
La interpelación constituyó la primera vez desde la reforma constitucional de 2005 que un ministro de Relaciones Exteriores es sometido a ese mecanismo en la Cámara de Diputados. El hito histórico no se tradujo en claridad: analistas y parlamentarios coincidieron en que la sesión derivó en un espectáculo con barras en las tribunas y escasa profundidad sustantiva, con un interpelador, el diputado socialista Nelson Venegas, apegado a un libreto sin capacidad de repreguntar, y un canciller que respondió apoyado en papeles, tenso, ante cada pregunta que tocaba el fondo geopolítico del acuerdo.
Pérez Mackenna resolvió la controversia sobre el Escudo de las Américas apelando a un tecnicismo: sostuvo que el compromiso es un marco de coordinación voluntario y no vinculante, y que Chile jamás lo firmó físicamente, porque «para firmar se necesita un papel y un lápiz». Los parlamentarios interpeladores como Gonzalo Winter del Frente Amplio o Jorge Díaz, de la Democracia Cristiana, retrucaron con documentos previos y versiones estadounidenses donde Chile ya figuraba incorporado al bloque, dejando en evidencia que la ausencia de una rúbrica en papel no equivale a la ausencia de compromiso.
El Canciller aprovechó además la instancia para fijar una jerarquía diplomática reveladora: definió a China como un «socio comercial específico» y a Estados Unidos como «socio estratégico», categoría que —a diferencia de la primera— engloba comercio, inversión, defensa y tecnología, la misma arquitectura de subordinación que documenta la declaración del Departamento de Estado. Defendió también la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados tras 55 años de pertenencia, argumentando un distanciamiento previo de sus posiciones, y ratificó el rechazo al decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes, territorio que, afirmó, «siempre fue, es y seguirá siendo chileno», informando el envío de notas de protesta a Buenos Aires.
El momento más álgido de la jornada no giró en torno al acuerdo con Washington, sino en torno a la permanencia del propio Canciller: cuando Venegas cuestionó su manejo geopolítico y le preguntó directamente por qué no renunciaba, Pérez Mackenna respondió: «¿Por qué no renuncio? Bueno, porque usted no es el Presidente de la República». La frase resume el resultado de toda la instancia. Ante la persistencia de las dudas sobre el Escudo de las Américas, la sobretasa arancelaria estadounidense y las gestiones con Argentina, la Cámara terminó aprobando lo que la propia interpelación no logró: exigir que sea el Presidente de la República quien responda por escrito, en un plazo de 60 días, los antecedentes que su canciller prefirió no precisar en la sala.
El contexto regional y la amenaza del supuesto aislamiento
La foto regional expone el margen de maniobra que Chile decidió no ejercer. los gobiernos de Brasil, México y Canadá se restaron de la firma: Brasil, para priorizar su autonomía estratégica y su estrecha relación comercial con China; México, invocando su principio histórico de soberanía y no intervención; Canadá, para preservar su independencia en política exterior. Las tres economías comparten un rasgo que Chile no tiene: peso político y económico suficiente para sostener una negativa sin quedar en desventaja frente a Washington. El gobierno de Argentina, en cambio, se adhirió con un alineamiento militar propio de la entreguista política exterior de Milei, y a ella se sumaron Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay, muchos de ellos invocando la necesidad de coordinar el combate fronterizo contra el Tren de Aragua y el temor a quedar aislados frente a vecinos que ya habían firmado. Se trata, en todos esos casos, de gobiernos fuertemente alineados con la derecha y las elites pro estadounidenses en la región.
Esa dinámica de «no quedar aislado» fue, de hecho, el argumento que el propio Gobierno chileno usó para justificar la adhesión: el beneficio de mantener coordinación fronteriza con Argentina, Perú y Bolivia superaría, según La Moneda, los costos políticos de sumarse al pacto.
La Doctrina Monroe corolario Trump sigue abriéndose paso
Analistas e internacionalistas leen en el Escudo de las Américas una actualización de la imperialista y colonialista Doctrina Monroe de 1823 —la consigna de «América para los americanos»— que se ha rebautizado por el gobierno de Trump como “Doctrina Monroe corolario Trump” o como «Doctrina Donroe». Bajo esa lectura, Washington concibe un mapa global dividido en bloques de influencia —su propia órbita hemisférica bajo su control, Europa y la OTAN, Rusia, China— y exige a los países de la región alinearse dentro del «barrio» que encabeza. El paralelo es más que retórico: así como la Doctrina Monroe desplazó en su momento a los imperios europeos y, durante la Guerra Fría, al bloque socialista liderado por la Unión Soviética, esta versión contemporánea tiene como blanco estratégico la contención de la República Popular China en América Latina, mediante el mismo repertorio de control de minerales críticos, revisión de inversiones y proveedores de confianza en infraestructura digital.
La memoria histórica chilena aporta aquí sus propios nombres. La desestabilización del gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende y el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Operación Cóndor, la sistemática injerencia en los aparatos militares y policiales de nuestro país por medio de la infame “Escuela de Las Américas”, son elementos que se invocan hoy como advertencia frente a un esquema que reactiva, bajo el rótulo del narcoterrorismo, la misma lógica que en los años sesenta y setenta derivó en las dictaduras militares y el terrorismo de Estado justificadas por la lucha contra un «enemigo interno». El riesgo no es menor: la ideologización y uso manipulador del concepto de narcoterrorismo abre la puerta a que, en el futuro, se use para calificar a movimientos de oposición o grupos políticos incómodos para Washington.
El Escudo de las Américas se construyó al margen de las Naciones Unidas o de la ya muy colonialista Organización de Estados Americanos (OEA), lo que para varios analistas refleja el debilitamiento del orden internacional basado en reglas y una apuesta por la fuerza unilateral. Existe además preocupación por eventuales presiones de Washington sobre los países del bloque para desconocer o retirarse de la Corte Penal Internacional.
El país, además, ya contaba con una instancia propia de coordinación regional: el “Compromiso de Santiago”, suscrito con Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay para la coordinación policial y el seguimiento de flujos financieros ilícitos. La integración al Escudo de las Américas no anula ese acuerdo, pero lo subordina a una arquitectura de mayor escala digitada desde Washington. A ello se suma un objetivo no siempre declarado en el discurso público: el uso de la infraestructura del Escudo para que los países sudamericanos colaboren en la contención de los flujos migratorios irregulares hacia el norte.
Una alianza construida a la medida de la política exterior imperial estadounidense
El Escudo de las Américas nació en el entorno político directo de Donald Trump, lo que lleva a analistas a advertir que responde a un estilo de liderazgo coyuntural más que a una política de Estado duradera. Un cambio de administración en Washington podría dejar la iniciativa reducida a un episodio de debut y despedida. Chile, mientras tanto, ya asumió compromisos económicos, militares y presupuestarios frente a un socio cuya permanencia en esos términos nadie puede garantizar, y frente a un documento en inglés que el propio Ejecutivo prefirió no traducir por completo para el conocimiento del pueblo chileno. Más allá de los detalles, el trasfondo de este escenario confirma una tendencia que, esperemos por el bien de los pueblos de nuestra América, pueda frenarse y revertirse: el plan de la Doctrina Monroe corolario Trump continúa abriéndose paso debilitando el poder de decisión y soberanía de buena parte de los pueblos americanos.
El acuerdo de las dos lecturas: lo que Cancillería de Chile dijo y lo que Washington publicó
La discrepancia entre el comunicado difundido por la Cancillería chilena y la declaración oficial publicada en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos no es un matiz de traducción: son dos documentos que describen dos alianzas distintas. Uno resume una mesa de cooperación policial contra el narcotráfico. El otro traza una arquitectura económica, militar y presupuestaria que condiciona al Estado chileno frente a Washington durante años. El siguiente cuadro reconstruye esa brecha punto por punto.
| Dimensión | Comunicado de la Cancillería de Chile (versión oficial en español) | Declaración del Departamento de Estado de EE. UU. (versión en inglés, texto efectivamente firmado) |
|---|---|---|
| Naturaleza jurídica y alcance | Marco de coordinación voluntario, horizontal y no vinculante. El Ejecutivo insiste en que «no es un tratado internacional», por lo que no requiere aprobación del Congreso Nacional. | Calificado como Joint Statement o compromiso político formal de alto nivel, que establece pautas de acción futura y obligaciones políticas bilaterales y multilaterales. Jimena Fuentes precisa que, aunque no sea un tratado en la forma, se trata de un political commitment que genera expectativas internacionales y condiciona la diplomacia chilena. |
| Actores y enfoque de seguridad | Cooperación policial civil: intercambio de datos, inteligencia y tecnología, más capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Se descarta explícitamente intervención militar extranjera o envío de tropas. | Contempla el uso de fuerza militar letal y «acciones de cumplimiento forzado» (enforcement actions) regionales. Las capacitaciones no las dicta una instancia policial tipo Interpol, sino el Comando Sur de Estados Unidos (US SOUTHCOM), lo que revela una estructura de combate, no un canal policial. |
| Revisión de inversiones (Investment Screening) | Omitido por completo en el comunicado inicial. El Ejecutivo —a través de la Vicepresidencia, con Claudio Alvarado a la cabeza— sostuvo que el comercio y las relaciones con socios como China no estarían en riesgo. | Compromiso explícito de explorar mecanismos de screening para controlar o vetar la entrada de capitales extranjeros en sectores estratégicos e infraestructura crítica, sin nombrar a China de forma directa. |
| Minerales estratégicos | Sin mención a reservas mineras ni a su regulación. | Explicita el resguardo de la cadena de suministro de minerales críticos —cobre, litio y cobalto— mediante «fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables», en un país que es el mayor productor mundial de cobre y posee reservas clave de litio. |
| Infraestructura digital | Ninguna cláusula sobre desarrollo tecnológico o redes de telecomunicaciones. | Exige «proveedores de confianza» en infraestructura digital regional, mecanismo que formaliza el veto que Washington ya había impuesto en la práctica con la cancelación del cable submarino de fibra óptica a Hong Kong, tras la revocación de visas a autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. |
| Dimensión militar regional (TIAR) | Omite cualquier referencia a tratados de defensa colectiva. | Plantea solicitar a la OEA la activación de los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para calificar al crimen organizado como amenaza militar hemisférica —el mismo mecanismo reactivado por Trump en 2019 contra Nicolás Maduro. |
| Compromiso presupuestario | Enfocado en la optimización de recursos policiales e inteligencia dentro de la institucionalidad existente. | Promueve que los países socios asuman una mayor carga económica en defensa, alineándose con el estándar del 5% del PIB impulsado por el subsecretario Elbridge Colby, frente a un promedio latinoamericano actual de 1,2%-1,3%. |
| Combate a organizaciones criminales | Acuerda sancionar a 24 organizaciones transnacionales —Tren de Aragua, cárteles mexicanos, Comando Capital de Brasil—, señalando que el Gobierno enviará proyectos de ley al Congreso para adaptar la figura penal, inexistente en la legislación chilena. | Define la lista de 24 carteles y bandas —incluyendo al Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo y el Comando Vermelho— como amenazas narcoterroristas inmediatas, coordinando congelamiento de activos, restricciones migratorias y sanciones colectivas, e incorporando de forma explícita la inmigración ilegal y masiva entre los objetivos del bloque. |
| Postura frente a China | Se afirma reiteradamente que la alianza no amenaza las relaciones bilaterales con Pekín ni el comercio —del orden de 65.000 millones de dólares anuales—, y que las salvaguardias económicas apuntan al lavado de dinero y al financiamiento del crimen organizado. | Sin nombrar a China, articula sus tres cláusulas económicas —screening, minerales críticos, proveedores de confianza— en función directa de acotar su influencia en sectores donde es el principal comprador y socio comercial de Chile. |
| Origen y validez del compromiso | Presentado como el resultado de una evaluación soberana de costos y beneficios, priorizando la coordinación fronteriza con Argentina, Perú y Bolivia. | El ex canciller Mariano Fernández reveló que Francisco Pérez Mackenna admitió a puertas cerradas, ante excancilleres, que existieron fuertes presiones diplomáticas de Washington que hacían «muy difícil para Chile no suscribir». |
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