Don Francisco, historia de un intocable: diez años después de su primera biografía no autorizada, nuevo libro documenta la red de poder y dinero que blinda a Mario Kreutzberger
La periodista Laura Landaeta ha publicado “Don Francisco: Historia de un intocable” (Ediciones Ceibo, 2026), la continuación ampliada de “Biografía no autorizada de un gigante” (2016). El libro, reúne los vínculos de Mario Kreutzberger con la dictadura y con Manuel Contreras, el funcionamiento financiero de la Teletón, sus negocios en Chile y Estados Unidos, las denuncias de acoso, el episodio de la demanda de paternidad y la falsedad del relato sobre su padre en Majdanek. En la década transcurrida, el abogado que ha sido su consejero de cabecera, Gabriel Zaliasnik, pasó a representar a Chile en Israel y a figurar como imputado en una de las aristas del Caso Audios, integrando junto a Luis Hermosilla, Samuel Donoso, y otros tantos, en la alta red de corrupción que involucra a la cúpula del Poder Judicial chileno y buena parte de la elite política.
El libro de una investigación que vuelve a salir diez años después de haber sido frenado
La primera versión de la investigación de Laura Landaeta sobre Mario Kreutzberger apareció en 2016 con el título Don Francisco: Biografía no autorizada de un gigante, publicada por la multinacional Editorial Planeta. La autora sabía lo que significaba tocar al animador. Por eso firmó el contrato con Planeta Argentina y no con la filial chilena de la editorial. Poco antes del lanzamiento, el lobbista Enrique Correa visitó a la alta gerencia de la multinacional para expresar su molestia y hacer “sugerencias”. Landaeta describe esa gestión como un amedrentamiento solapado: no hubo acción judicial, que habría obligado a litigar a la vista de todos, sino una presión privada sobre los ejecutivos. El efecto fue inhibitorio. La primera edición, impresa en Argentina, se agotó con rapidez, pero la filial chilena se retrajo, el libro sufrió un bloqueo comercial en Chile y la editorial no autorizó nuevas ediciones. Poco después devolvió los derechos de la obra a la autora.
Las dificultades siguieron en las librerías. Landaeta y reportes del sector constataron que, en una gran cadena, una sola persona compró de una vez todo el stock de todas las sucursales, y que en otros locales los ejemplares eran escondidos para que no quedaran a la vista del público. La periodista denunció además haber recibido en su teléfono móvil la fotografía de su hija menor entrando al colegio. La denuncia policial determinó que el mensaje provenía de un número de prepago y no permitió identificar al autor material.
Siguió un veto laboral de cinco años en los principales medios chilenos. Excompañeros y ejecutivos le reconocieron abiertamente que no podían contratarla por las presiones que recibían. Según Landaeta, Don Francisco llamó personalmente a ejecutivos de canales para pedir que no la mantuvieran en pantalla. Para seguir trabajando como editora en proyectos de televisión, como el programa El hacedor de hambre, tuvo que firmar con el apellido de su madre. El cerco se rompió cuando el periodista Víctor Gutiérrez asumió la dirección ejecutiva de La Red y le abrió de nuevo las puertas de la pantalla.
Casi una década después de la investigación original, Landaeta reeditó la obra ampliada como Don Francisco: Historia de un intocable, bajo el sello independiente Ceibo Ediciones. La elección de una editorial pequeña responde a la experiencia anterior: el libro circula sin la mediación de una multinacional expuesta a presiones corporativas. Ya en la década de 1990 la autora había conocido la reacción del animador. Cuando investigaba para la revista Qué Pasa la demanda por acoso sexual presentada en Miami, pidió una entrevista a Kreutzberger durante el lanzamiento de la Teletón. Tras hacerla esperar horas, el animador ofreció llevarlas en su automóvil, a ella y a una fotógrafa, a una comida en el campo donde supuestamente les daría la entrevista. En plena autopista, y según el relato de Landaeta, les preguntó con tono agresivo si ella era quien había escrito el reportaje sobre la demanda, le dijo que no volviera a meterse con él y las hizo bajar del vehículo de noche, en medio de la carretera.
El abogado de cabecera, hoy embajador e imputado, es el eslabón que conecta los dos libros
Una de las novedades que atraviesa esta nueva edición es la trayectoria de Gabriel Zaliasnik. Landaeta lo describe como el abogado de cabecera de Kreutzberger, su principal consejero y un amigo cercano que lo acompañó en los momentos más complejos de su carrera. En su análisis, esa relación es una derivada de lo expuesto en su libro anterior, El laberinto del fraude, porque en ambas investigaciones reaparecen los mismos nombres y un modus operandi similar en la intersección entre el poder judicial, el empresarial y el político.
Esa trayectoria tiene hoy un correlato en la actualidad judicial y política. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó el 6 de octubre que Zaliasnik, embajador de Chile en Israel, aparece como imputado en una de las aristas derivadas del Caso Audios – Luis Hermosilla, aunque esas imputaciones no están formalizadas. El expresidente de la “Comunidad Judía de Chile” y hoy embajador de Chile en la entidad sionista Israel es investigado por su presunta influencia en nombramientos del Poder Judicial. Según T13, figura como imputado en la causa sobre gestiones para el nombramiento de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. El medio Ex-Ante agrega que otros testimonios lo vinculan con el nombramiento de Alejandro Aguilar en la misma corte (Oposición exige salida de Zaliasnik tras confirmarse que es imputado en Caso Audios).
El punto de partida es la declaración del abogado Luis Hermosilla, principal imputado del Caso Audios. Hermosilla relató que conversaba con Zaliasnik y con el abogado Samuel Donoso sobre candidatos para determinados cargos judiciales, y afirmó que Zaliasnik tenía más acceso que él a algunos ministros de la Corte de Apelaciones e incluso de la Suprema. T13 recuerda que el foco se dirigió hacia el embajador al conocerse sus conversaciones con Hermosilla, en un periodo en que Zaliasnik actuaba como querellante de la gestora de fondos Sartor contra Gamboa.
Como constatan las investigaciones de Landaeta, el papel de Zaliasnik en el entorno de Kreutzberger antecede al Caso Audios y tiene al menos dos sucesos que lo prueban. El primero son las licitaciones posteriores al terremoto del 27 de febrero de 2010. Según su investigación, el abogado fue fundamental en las gestiones para que una empresa creada en ese contexto obtuviera licitaciones directas con el Estado para proveer hospitales, colegios y jardines infantiles modulares en la zona afectada. El segundo es la demanda de paternidad de 2010: Landaeta vincula a Zaliasnik y su red de asesoría con el manejo de la causa, cuyas irregularidades se detallan más adelante.
Enrique Correa y los vetos: la contención de daños se hacía por teléfono y sin dejar rastro legal
Si Zaliasnik actuaba en el frente judicial y de licitaciones, Enrique Correa operaba, según Landaeta, en la contención de daños políticos y comunicacionales. Su visita a Editorial Planeta es el ejemplo más claro del método que la autora le atribuye: presiones privadas sobre dueños de medios y editoriales que evitan dejar huellas legales.
El mismo mecanismo aparece en otros casos de la investigación. Leonardo Núñez, el músico que encarnó a “El Chacal de la Trompeta” durante más de veinte años en Sábado Gigante, mantuvo su identidad en secreto por exigencia de Kreutzberger y fue despedido de forma abrupta. Según su propio relato, cuando intentó despedirse, el animador no se levantó de su asiento y le dijo, en tono distante, que si le habían dicho que no iba más, entonces no iba más. Consultado por la prensa, Kreutzberger se desligó de la decisión y afirmó que él era solo el animador y no el productor, y restó importancia a Núñez al asegurar que en la historia del programa había habido “diez o quince chacales”.
En noviembre de 2013, ante el vencimiento de la marca, que se renovaba cada diez años, Núñez solicitó su inscripción a su nombre. TVN lo convocó para el piloto de Más que Dos, con una sección titulada “El Show del Chacal”, pero su departamento jurídico constató que la marca solo estaba en trámite y que la propiedad seguía en manos de la producción de Sábado Gigante, por lo que retiró el espacio. Núñez acusó a Kreutzberger de recurrir a “artimañas” y de llamar a altos ejecutivos de TVN para que no lo contrataran ni le permitieran usar el personaje. Quedó sin los derechos del personaje ni de su nombre artístico y marginado de la televisión chilena e internacional.
La lista de colaboradores marginados incluye a Armando Navarrete (“Mandolino”), Pepe Yeruba, Cristián de la Fuente, Maitén Montenegro, Palmenia Pizarro y la modelo Ana Isabel Gómez. Según excolaboradores, Kreutzberger aplicaba la máxima del “dividir para gobernar”: mantenía celos y disputas internas entre los rostros del programa para conservar el dominio absoluto. En el caso de Pizarro, Landaeta recoge que el animador, por desagrado hacia su origen humilde y tras coincidir percances en el estudio durante algunas de sus presentaciones, hizo circular el rumor de que la cantante traía mala suerte. Prohibió mencionar su nombre en pantalla, la llamaba “la señora de San Felipe” y la descalificaba con ademanes cuando algún participante la nombraba. El resultado fue la destrucción de su carrera en Chile y su exilio artístico a México.
La dictadura fue la plataforma de Kreutzberger y a la vez su protección
La investigación de Landaeta sitúa el primer vínculo del animador con el poder el 11 de septiembre de 1973. Tras el golpe, efectivos militares fueron a buscar a Kreutzberger y a Armando Navarrete para llevarlos a la Academia de Guerra, comando central del Ejército. Antes del traslado se le encomendó realizar una nota televisiva desde la residencia bombardeada de Salvador Allende, en la calle Tomás Moro. La transmisión tenía el propósito, trazado por los militares, de construir un relato que justificara la intervención armada y proyectara la imagen de un mandatario “terrorista, materialista y ladrón”. El despacho exhibió la colección de vinos de Allende, armas guardadas en el inmueble y obsequios recibidos de Fidel Castro. Además, Kreutzberger participó en actos de presentación ante las tropas y de celebración de la toma del poder por los golpistas.
Según Landaeta, la instrucción inicial del comando se limitaba a que se parara en el sitio para constatar el bombardeo, y fue el propio animador quien dio el cariz a la transmisión. La pauta incluyó, por ejemplo, festinar con la cantidad de zapatos hallados en el clóset de Allende. En años posteriores, en el programa TV o no TV de Canal 13, Kreutzberger bajó el perfil al episodio: dijo que temió que el hecho marcara el fin de su carrera por no haberse involucrado en política y que se le ocurrió decirle al oficial a cargo que aquella era una gesta del Ejército que no debía transmitir un civil. Los registros de la producción, sostiene Landaeta, confirman que la orientación de la nota fue estructurada por él.
La autora documenta además una relación con Manuel “Mamo” Contreras, director de la DINA (la Dirección de Inteligencia Nacional), que Kreutzberger ha negado públicamente. Los archivos de Derechos Humanos del Museo de la Memoria y declaraciones del hijo del exdirector de la DINA dan cuenta de contactos personales. Entre ellos figura una cena en un restaurante junto al periodista Pablo Honorato, en la que Don Francisco le hizo preguntas sobre su vida, además de conversaciones sobre el servicio de inteligencia israelí, el Mossad.
El vínculo tuvo una dimensión comercial. Según Landaeta, Kreutzberger presentó a Contreras a su amigo y socio Lázaro Calderón, dueño de la multitienda Johnson’s y auspiciador emblemático de Sábado Gigante. A través de esa mediación, la tienda vistió gratuitamente a agentes de la DINA en la década de 1970 mediante vales de ropa. Exagentes de centros de detención como Villa Grimaldi, entre ellos Samuel Fuenzalida, “El Gato”, confirmaron que acudían a canjear los vales al centro de Santiago. Contaron que, al ver al animador en televisión, los guardias comentaban que gracias a él tenían ropa linda.
La Teletón nació de ese mismo círculo. Kreutzberger planteó a Contreras la idea de emular el teletón de Jerry Lewis en Estados Unidos y le pidió apoyo para viabilizar una transmisión unificada en cadena nacional. Contreras ofreció su respaldo y facilitó las gestiones ante Augusto Pinochet, que autorizó la alianza inédita entre Canal 13 y Televisión Nacional para la primera Teletón, en 1978. Pinochet calificó a Kreutzberger de “genio” tras el éxito de esa primera campaña. La cruzada televisiva sirvió al régimen como mecanismo de lavado de imagen internacional y de distracción social frente al terrorismo de Estado y las violaciones de los derechos humanos. El animador intentó eludir con sutileza las invitaciones personales de Pinochet para proyectar una imagen apolítica, aunque en entrevistas posteriores ha valorado positivamente la consolidación del modelo económico instaurado en ese periodo. Durante los años de toque de queda, sus programas masivos funcionaron como el principal polo de entretenimiento y unificación cultural del país bajo estricto control de la información. Sólo en casos puntuales intervino para proteger a colaboradores perseguidos por la dictadura civil-militar, como el pianista Valentín Trujillo.
El informe de Ancla 2 y la razón por la que Pinochet ordenó no tocar al animador
Uno de los episodios más reservados del libro es el informe de la Inteligencia Naval de la Armada, conocida como Ancla 2 o A2. Según la investigación de Landaeta, el dossier no nació en las Fuerzas Armadas: lo encargó en 1984 un detective privado a petición de uno de los grandes conglomerados del país. Mario y René Kreutzberger habían manifestado su intención de ingresar al negocio de las navieras, lo que amenazaba la posición de los controladores del rubro, encabezados entonces por Ricardo Claro y la familia Von Appen.
Tras el plebiscito de 1988, las encuestas sobre quién debería asumir la presidencia en la transición eran encabezadas, de modo sorpresivo, por Don Francisco, que no era candidato. Ese arrastre inquietó al almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, que lo consideraba un “enemigo potencial” con más llegada que el propio Pinochet. Merino rescató la investigación archivada a través del departamento Ancla 2, en Valparaíso. El expediente contenía antecedentes y denuncias sobre presuntas actividades de los hermanos Kreutzberger vinculadas a temas sexuales y consumo de drogas. Fuentes de la propia inteligencia naval consultadas por Landaeta le explicaron que en la época solo un informe con acusaciones de conductas sexuales graves o abusos contra menores tenía el peso necesario para hacer caer a una figura de ese calibre. La autora no afirma la veracidad de esas acusaciones: refiere el contenido del expediente y la lectura que de él hacían quienes lo conocieron.
Cuando Merino intentó usar el informe para desacreditar al animador, Manuel Contreras intercedió ante la Junta Militar para pedir que no lo tocaran, por considerarlo una figura “muy útil” para los intereses del régimen. Pinochet coincidió, ordenó congelar la investigación y advirtió que divulgarla habría destruido por completo al comunicador. Merino tuvo que ceder y guardar el expediente, que según la investigación sigue custodiado en la bodega general de la Dirección Nacional de la Armada, en Santiago, un depósito de acceso restringido reservado casi por completo a título de secretos de Estado e incluso a causas judiciales de Derechos Humanos.
La Teletón administra su propia opacidad: sin balances públicos, con un directorio que reunió a los grandes grupos económicos
La Fundación Teletón está constituida como organización privada sin fines de lucro. Por esa razón no está sujeta a la Ley de Transparencia ni obligada a publicar libros contables o balances detallados, y se limita a presentar una memoria anual de carácter informativo. Medios y profesionales, entre ellos el canal La Red, han solicitado reiteradamente sus balances auditados. La fundación se ha negado con el argumento de que sus finanzas corresponden al ámbito privado. Investigaciones periodísticas de CIPER, El Mostrador e Interferencia señalan que la ruta y el destino de los dividendos e intereses generados por los depósitos a plazo de la fundación Teleteón son desconocidos para el público.
Esos depósitos fueron durante años administrados e invertidos por el Grupo Penta. En septiembre de 2014, tras estallar el Caso Penta por fraude al fisco, evasión tributaria y boletas falsas, Carlos Alberto Délano renunció a la presidencia del directorio de la Teletón, que había ocupado durante 17 años, y la gestión de los fondos pasó a la intermediaria financiera LarrainVial. El grupo Penta siguió representado en el directorio por Alfredo Moreno, su sucesor en la presidencia y exministro de Estado bajo el gobierno de Sebastián Piñera. El directorio incluyó además a Lázaro Calderón, director ejecutivo de Ripley y exdueño de Johnson’s, a Ignacio Cueto (LAN/LATAM), Patricio Jottar (Grupo Luksic/Banco de Chile) y Andrés Navarro (Sonda). Según los antecedentes de la investigación, al menos diez de las marcas representadas en ese directorio pertenecen a grupos que realizaban aportes reservados a campañas políticas.
Landaeta y las investigaciones periodísticas que cita describen un beneficio corporativo con varias capas. Las empresas auspiciadoras no donan de sus utilidades: calculan su aporte sobre las ventas adicionales proyectadas durante la campaña, y cerca del 65% de la población cambia su marca habitual por productos auspiciadores. La ciudadanía financia así el monto con sus compras, mientras las empresas reciben el comprobante de donación para rebajar impuestos. A eso se suma que, durante los meses de campaña, las marcas compran espacios en televisión abierta y radio al 50% de su valor de mercado. La transmisión de 27 horas en cadena nacional ofrece, además, una vitrina monopólica para asociar la marca a la responsabilidad social. Ese beneficio de imagen lo han aprovechado grupos y marcas involucrados en colusión, financiamiento irregular de la política o evasión fiscal, como CMPC (Grupo Matte), Penta, Copec (Angelini), LAN (Cueto) o Ripley. En el caso del Papel Higiénico, CMPC se coludió durante una década para fijar precios y la Teletón mantuvo los acuerdos y la promoción de sus productos. Calderón, líder de la campaña Escuelas para Chile, estuvo envuelto en la controversia por la condonación de deudas tributarias que el Servicio de Impuestos Internos otorgó a Johnson’s antes de su venta a Ripley.
La fundación responde a las críticas con la tesis de los “dos bolsillos”: las donaciones del público financian los institutos y los gastos de las 27 horas de transmisión, las campañas y la infraestructura se pagan con aportes de empresas. Analistas y periodistas la califican de “dos bolsillos de una misma chaqueta”, ya que ambas vías pertenecen a la misma estructura financiera. En los últimos años, además, la donación ciudadana se estancó o bajó, y la meta se alcanzó con aportes corporativos de último minuto.
El destino del dinero es otra de las objeciones. Investigaciones periodísticas y testimonios de productores del evento indican que sólo cerca del 20% de lo recaudado llega a la atención y rehabilitación directa de los niños. El resto se destina a producción, a proveedores con tarifas por encima del mercado, a sueldos fuera de los estándares habituales y a intermediarios. Ese contraste ha movido a los propios funcionarios y trabajadores de la salud de los centros Teletón a realizar paros y manifestaciones para exigir condiciones laborales dignas y reajustes salariales. Sin acceso a los libros contables, ni ellos ni los sindicatos pueden verificar cómo se distribuye el presupuesto ni por qué no se priorizan sus demandas.
Un Estado que delega la rehabilitación en un espectáculo y deja sin cobertura a los adultos
La fundación mantiene deudas con el Estado por servicios prestados no pagados. Aun así, el Estado no las fiscaliza con rigor y le sigue transfiriendo la mayor parte del presupuesto público para rehabilitación de discapacidad física mediante subsidios directos y convenios con Fonasa. El Estado endosó así a una entidad privada su responsabilidad constitucional en salud y rehabilitación, y la dignidad de los pacientes quedó supeditada a las donaciones y al espectáculo televisivo que sirve para el lavado de imagen de grandes empresas, empresarios y personajes de la farándula televisiva.
La Teletón atiende a niños y jóvenes hasta los 18 años, y en ciertos casos hasta los 21. Quien supera ese límite queda sin cobertura en un sistema público que no desarrolló infraestructura ni especialistas propios. El caso del músico Jorge González ilustra la contradicción: se le otorgó acceso excepcional por razones comunicacionales, un privilegio inalcanzable para cualquier otro ciudadano mayor de 21 años. La cobertura es acotada. La Fundación Nacional de Discapacitados (FND), presidida por Alejandro Hernández, calcula que la Teletón atiende a menos del 0,8% de los más de tres millones de personas con discapacidad que hay en el país, mientras que estimaciones técnicas la sitúan entre el 8% y el 38% de los casos, concentrados casi por completo en discapacidad física infantil.
En 2014, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, emitió un dictamen crítico sobre el modelo. Señaló que la campaña explota la tristeza y hace un uso mercantil de la lástima, calificó el formato de vejatorio para los derechos de la infancia, advirtió que el enfoque asistencialista promueve la idea de que la integración social y laboral es “hacer un favor” y cuestionó que los gobiernos deleguen en un espectáculo mediático y en una entidad privada la atención de la discapacidad. Hernández pidió al organismo que instara al gobierno de Michelle Bachelet a dejar de respaldar la campaña, a la que calificó de herencia de la dictadura, y definió el modelo como “el negocio del siglo” y “el mayor atropello a los derechos humanos de millones de ciudadanos”. Investigaciones periodísticas en México revelaron que en ese país solo se declaraba cerca de un tercio del dinero recaudado, y que grandes flujos quedaban en una “zona negra” sin auditoría pública.
Los negocios del clan, de la reconstrucción de 2010 a los paraísos fiscales, se apoyaron en el prestigio de la solidaridad
Tras el terremoto de 2010, la fundación Teletón creó Escuelas para Chile. En ese marco, Kreutzberger, Carlos Alberto Délano y Lázaro Calderón coordinaron la importación de 500 salas modulares desde Estados Unidos, financiadas con aportes solidarios, sin considerar proveedores internacionales más económicos. La investigación de Landaeta vincula, además, la intervención de Zaliasnik con las licitaciones directas obtenidas por una empresa creada en ese periodo.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Kreutzberger adquirió cerca de 64.000 hectáreas de terrenos fiscales en la isla Nalcayec, en la Región de Aysén, en el acceso a la Laguna San Rafael. La operación, tramitada a través del Ministerio de Bienes Nacionales, tuvo un valor cercano a 1.200 millones de pesos e incluyó la concesión exclusiva de las islas Huemules y Simpson. El proyecto de la sociedad Nalcayec S.A. contemplaba un hotel de cinco estrellas con 50 habitaciones y una inversión de 6 millones de dólares, desarrollado por la sociedad familiar MPA Group, integrada por Mario, su hijo Patricio y su hija Vivi junto a su entonces cónyuge, Andrés Numhauser. Como complemento, Kreutzberger adquirió participaciones en Antartic Shipping S.A. para comprar y remodelar el antiguo rompehielos de la Armada Piloto Pardo, rebautizado Antarctic Dream, destinado a cruceros de lujo a la Antártica.
Los empresarios acuícolas agrupados en el Comité de Defensa de la Acuicultura en la XI Región, entre ellos Inversiones Concoto, Cultivos Marinos Chiloé, Acuimag y Arena S.A., acusaron al Estado de vender terrenos estratégicos a un precio “irrisorio”. Para viabilizar la venta, el Gobierno había dictado el Decreto Supremo N.º 27, firmado por Lagos y la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, que modificó la zonificación acuícola de 1995 y anuló concesiones previas para favorecer el uso turístico. Los salmoneros presentaron un recurso de protección contra Lagos y Bachelet por vulneración de la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en materia económica y el derecho de propiedad. El resort y el crucero antártico quedaron entrampados en la vía judicial y terminaron congelados.
El negocio más rentable fue otro. El empresario Konrad Burchard le propuso a Kreutzberger organizar concursos telefónicos en Estados Unidos. El animador advirtió que la ley estadounidense prohibía cobrar por ellos si no se ofrecía participación gratuita, e identificó un nicho desatendido: llamadas internacionales a precios accesibles para los millones de inmigrantes hispanos que querían comunicarse con sus familias. Así nació Americatel, que, apoyada en la vitrina de Sábado Gigante, facturó millones de dólares en el continente y le permitió a la familia ingresar a la propiedad de Entel Chile. La investigaciónb de Landaeta la califica como su decisión empresarial más visionaria y lucrativa.
A fines de la década de 1990, Kreutzberger promovió en Univisión la pulsera de cobre “Óptima”, presentada como solución para cientos de dolencias y atracción de abundancia. Según reveló el periodista Víctor Gutiérrez, cada unidad costaba unos pocos centavos de dólar de fabricar y se vendía a unos 20 dólares, cerca de 15.000 pesos chilenos de la época. La campaña incluyó comerciales con el actor Omar Sharif. En paralelo, el locutor Omar Gárate vendió el mismo objeto en Chile como “La pulsera de los once poderes” y, al destaparse el engaño, enfrentó una condena pública que lo obligó a alejarse de los medios. Kreutzberger, en cambio, no recibió sanción ética ni económica.
Su hijo Patricio, gestor de los negocios del clan, impulsó inversiones inmobiliarias en Miami tras el desplome de precios provocado por la crisis en Estados Unidos. Miami fue el primer mercado internacional de Inmobiliaria Aconcagua, filial de Salfa ligada a Andrés Navarro, controlador de Sonda y director de la Teletón. Patricio articuló un joint venture entre la firma chilena Renta, la oficina Archiplan y el conglomerado Terra Group, con cuatro proyectos en Doral, el primero de ellos un complejo de 168 viviendas y una proyección total de ventas de 200 millones de dólares. Varias propiedades se vendieron en preventa a ciudadanos venezolanos que buscaban resguardar capital en Estados Unidos, y en el tercer trimestre de 2014 Salfacorp vendió su participación.
En 2015, la filtración de archivos “SwissLeaks” de la filial suiza del HSBC, obtenida por el informático Hervé Falciani, analizada por el medio francés Le Monde y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló que clientes asociados a Chile acumularon más de 467 millones de dólares entre 2006 y 2007. El nombre de Mario Kreutzberger no figuraba en ninguna cuenta individual. Sí aparecían su hermano René Kreutzberger, con fondos de hasta 5 millones de dólares, y sus tres hijos, Patricio, Francisco y Vivian, vinculados a sociedades en las guaridas fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Vivi y su entonces cónyuge figuraron en cuentas de MPA Group, la sociedad que administra el patrimonio familiar. Las autoridades chilenas revisaron la situación tributaria de los implicados, pero la dificultad para rastrear el origen de los capitales o verificar si generaron dividendos tributables les impidió constatar ilegalidades. Como Mario y Patricio tienen residencia permanente y negocios en Estados Unidos, en mayo de 2015 la oficina de un parlamentario estadounidense impulsó un requerimiento ante el IRS para solicitar una auditoría de ambos por sus sociedades e inversiones en Islas Caimán, Islas Vírgenes y Suiza.
Las denuncias de acoso y el trato a mujeres y subordinados rodean al animador desde los años 80
En agosto de 1994, la modelo mexicana Ana Isabel Gómez, ingresada a Sábado Gigante en enero de 1987 tras ser seleccionada entre más de trescientas postulantes, presentó una demanda en los tribunales del condado de Dade, Florida. Acusó a Kreutzberger de acoso sexual, aflicción intencional de estrés emocional e invasión de la privacidad. El escrito relata que en marzo de 1989, tras grabar en Miami, el animador insistió en que lo acompañara a su habitación del hotel Sheraton, fingiendo estar intoxicado. Allí la habría sujetado de los brazos, arrojado a un sofá y arrancado la blusa mientras hacía comentarios obscenos. Entre 1991 y 1992 habría continuado el hostigamiento, con intentos de besarla y pasarle la lengua por el cuello, y la exigencia de sostener relaciones sexuales como condición para conservar su trabajo. El 9 de enero de 1993 la despidió una llamada del supervisor de producción, que le informó que por orden directa de Kreutzberger sus servicios no eran requeridos.
La defensa del animador logró librarlo del cargo de agresión porque había prescrito bajo la ley de Florida, que fija un plazo de cuatro años. El juez Jon I. Gordon decretó la reserva del proceso en 1995. El 5 de marzo de 1996, el caso se cerró con un acuerdo extrajudicial en el que las partes levantaron los cargos bajo estricta reserva; Univisión pagó una compensación por costos legales cercana a los 100.000 dólares, y el documento aclaró que no implicaba admisión de culpabilidad ni de inocencia. Tras el conflicto, Gómez enfrentó el veto de las cadenas hispanas en Estados Unidos y terminó trabajando en la venta de autos usados. La primera gran investigación periodística del caso la realizaron Laura Landaeta y Sonia Lira para Qué Pasa a fines de los noventa. El equipo ubicó a la exmodelo en un negocio de compraventa de autos usados, Best Motors, en Roubidoux/Moreno Valley, California.
Landaeta recoge además testimonios sobre regalos o electrodomésticos entregados a cambio de favores sexuales o encuentros íntimos en dependencias del programa. Según exintegrantes del equipo y el periodista Víctor Gutiérrez, el animador usaba con sus colaboradores cercanos la frase “Voy con Abufhele” para pedir privacidad y que despejaran su camarín u oficina cuando estaba con alguna mujer. El libro expone una relación paralela de más de dos décadas con la comediante Gloria Benavides, “La Cuatro”, y el romance de los años 80 con la modelo Linda Eveland, que casi disolvió su matrimonio con Temmy Muchnick. El programa Sábados Gigantes basó durante décadas su humor en la cosificación de las mujeres y en el racismo, con concursos como Miss Colita y conductas del conductor como manosear o hacer comentarios inapropiados a mujeres del público.
El trato a los subordinados completa el cuadro. Testimonios de asistentes y excolaboradores describen gritos, intimidación y humillaciones públicas al equipo de producción. El hijo de Armando Navarrete reveló en el libro A la sombra de un gigante que Kreutzberger obligaba a “Mandolino” a ensayar las rutinas humorísticas mientras él realizaba sus necesidades en el baño. Testigos señalan que el animador trataba mal y desmerecía a su hijo menor, Francisco, frente a extraños. Tras el divorcio de Francisco de Lorena Latrach, y para evitar que la madre invocara la ley chilena que permite demandar a los abuelos por pensión alimenticia cuando el padre carece de ingresos suficientes, Kreutzberger habría gestionado que un ejecutivo de televisión contratara a su hijo con un sueldo bajo, de alrededor de 300.000 pesos, sobre el cual se calculó la pensión. Esa maniobra, según el libro, provocó la marginación de su nieta del círculo familiar.
El libro reúne también dos asuntos que exigen cautela. En 2009, Adonis Losada, actor de Sábado Gigante que interpretaba a “Doña Concha”, fue arrestado en Miami por 66 cargos de posesión y envío de pornografía infantil. Exintegrantes del equipo relataron que Losada comentó que Kreutzberger conocía sus inclinaciones y que no era el único en la producción con esos intereses; esa versión proviene de terceros y no ha sido acreditada judicialmente. A comienzos de los 2000s, cuando estalló la red de pederastia liderada por Claudio Spiniak, transmisiones de radio y prensa vincularon de forma preliminar a un “destacado animador de televisión y famoso emprendedor de obras de caridad” por su cercanía social y su presencia en eventos compartidos con Spiniak. Landaeta consigna que el comentario se silenció después. Los antecedentes recopilados no registran una imputación judicial contra Kreutzberger en ese caso.
La demanda de paternidad dejó un soborno denunciado, un expediente extraviado y pericias irregulares
En octubre de 2010, Patricio Abraham Flores Mundaca, nacido en 1967, presentó una demanda de paternidad en el 3.º Juzgado de Familia de Santiago. Su madre, Rosa Herminda Mundaca, gravemente enferma a mediados de ese año, le había confesado que era fruto de una relación con el animador en 1967. La defensa de Kreutzberger pidió reserva del proceso, y años después de cerrado el caso la totalidad de los documentos del expediente original se extravió en el tribunal.
En marzo de 2011, durante la toma de muestras de ADN, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, denunció penalmente un intento de soborno a un funcionario, Cristián Chacana, para cambiar la muestra de sangre atribuida a Kreutzberger. La investigación policial constató que la llamada provenía de un químico enviado por el empresario David Farcas, familiar político de Patricio Kreutzberger, hijo mayor del animador, quien se comunicó con él el mismo día del intento de cohecho. La causa penal se archivó sin condenas por falta de grabaciones.
Landaeta accedió a copias de las más de 500 fojas del expediente y expone tres cuestionamientos sobre las pericias. Al demandante y a su madre se les tomaron muestras presenciales y repetidas ante ministros de fe, pero a Kreutzberger nunca se le extrajo sangre dentro del laboratorio Genytec. El propio documento de Genytec dejó constancia de que la muestra del “Padre Presunto” provenía de “dependencias ajenas a nuestro establecimiento” y fue entregada por un tercero. El informe del laboratorio de la Universidad Católica fijaba la toma de muestra del animador el 3 de mayo, dos días antes de que éste acudiera al tribunal a excusarse por motivos laborales.
Flores contó después al periodista Víctor Gutiérrez que los abogados de Kreutzberger le ofrecieron un millón de dólares para desistirse, oferta que rechazó. Su propio abogado, además, omitió diligencias cruciales, como citar a declarar a la madre. Pese a los reclamos del demandante para repetir las pruebas con extracciones presenciales simultáneas a las tres partes, la jueza validó los informes y falló un resultado negativo de paternidad. Para Landaeta, que el animador lograra tramitaciones con excepciones no habituales, como no someterse a tomas de sangre en laboratorios designados, ilustra la operativa de la red que lo asesoraba.
El mito fundador del padre en Majdanek no resiste la cronología
Durante más de cincuenta años, Kreutzberger afirmó que su padre, Erich Kreutzberger, había sido prisionero en el campo de Majdanek, en Polonia, tras la Noche de los Cristales Rotos de 1938, y que escapó para abordar un barco a Chile en 1939. En 2005, tras asistir a la Marcha por la Vida en Polonia, dirigió el documental Testigo del silencio en homenaje a su padre, distribuido en más de mil copias en DVD entre cercanos y figuras públicas. En 2015 entregó un ejemplar al papa Francisco en el Vaticano.
Tras las primeras proyecciones privadas, en 2007, circularon rumores que ponían en duda el relato. Landaeta recurrió a la periodista chilena Paula García, radicada en Alemania, que trabaja en educación en Derechos Humanos y en el proyecto de memoria urbana Stolpersteine. Al cotejar los testimonios con las rutas de deportación y los archivos de la Segunda Guerra Mundial surgió una imposibilidad cronológica. Por orden de Heinrich Himmler, la construcción de Majdanek, cerca de Lublin, comenzó en octubre de 1941 y el campo operó como centro de exterminio masivo en 1942 y 1943. Erich Kreutzberger y su esposa, Anne Blumenfeld, llegaron a Santiago en diciembre de 1939, y Mario nació en Talca el 28 de diciembre de 1940. El nombre de Erich Kreutzberger tampoco figura en las listas de prisioneros ni en los registros del Museo Memorial de Majdanek.
Confrontado por Jaime Bayly en una entrevista, Don Francisco rectificó y dijo que “se había equivocado de campo de concentración”. Usar una narrativa distorsionada sobre esto le sirgió a Mario Kreutzberger como mito fundante: le generó empatía, le consiguió el respaldo inicial de la comunidad judía internacional y chilena.
Un intocable lo es mientras los demás callan
Don Francisco: Historia de un intocable se publica diez años después de que la primera edición chocara con la gestión de Enrique Correa, las compras masivas en librerías y el veto televisivo contra su autora. Entre una edición y otra, Gabriel Zaliasnik, el abogado al que Landaeta atribuye el papel de consejero de cabecera, pasó a ser embajador en Israel e imputado en una arista del Caso Audios – Luis Hermosilla, y el Gobierno decidió mantenerlo en el cargo. La posición de Kreutzberger descansó en que cada pieza de esa red, el asesor, el lobbista, el directorio, la editorial, el canal, respondiera siempre cuando era requerida. Hoy Mario Kreutzberger sigue apareciendo como “figura apolítica”, cuando todo su poder e influencia se ha tejido en las redes políticas y empresariales de más alto nivel en nuestro país
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«Zaliasnik es su gran amigo, siempre lo asesora»: Laura Landaeta | Cadena Nacional
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