Caso Audios: las últimas declaraciones judiciales de Luis Hermosilla siguen comprometiendo directamente a Sebastián Piñera, el PPD Samuel Donoso, el embajador en Israel Gabriel Zaliasnik y cúpula de Poder Judicial
En su quinta declaración ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, prestada el 27 de agosto de 2026, el abogado Luis Hermosilla afirmó que entre fines de 2020 y mediados de 2022 recibió 100 UF mensuales en efectivo, por una coordinación de defensas penales de autoridades políticas que, según su relato, nació de una iniciativa del entonces presidente Sebastián Piñera. Los sobres llegaban cada tres meses desde el Segundo Piso de La Moneda, sin contrato, sin boletas y sin transferencias bancarias. Mientras el Ministerio Público pide 17 años de presidio para Hermosilla en la arista principal del Caso Audio-Factop, las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione investigan si el dinero provino de gastos reservados, lo que configuraría fraude al fisco. Los chats del abogado, además, retratan un circuito que intervenía en las ternas para las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso, y que alcanza a Gabriel Zaliasnik, hoy embajador de Chile en Israel bajo el gobierno de José Antonio Kast.
Cien UF por mes, entregadas en sobres: lo que Hermosilla reconoció ante la Fiscalía
La declaración del 27 de agosto es la quinta que presta Hermosilla en el Caso Audios y la primera en que describe con detalle el pago de honorarios por la coordinación de defensas penales a altos personeros del gobierno de Piñera. El abogado explicó que esas causas derivaban del estallido y revuelta social de 2019 y de la pandemia de COVID-19, y que la coordinación surgió por iniciativa del propio mandatario, interesado en mantenerse informado al detalle de cada estrategia.
El monto fijado fue de 100 UF mensuales para Hermosilla, entre 2,9 y 3,2 millones de pesos de la época y unos 4,1 millones a valor actual, y la misma suma para el abogado Samuel Donoso. Los pagos se extendieron desde fines de 2020 hasta mediados de 2022, es decir, siguieron varios meses después de que Piñera dejara la presidencia en marzo de ese año. Se acumulaban y se entregaban cada trimestre, en sobres que superaban los 10 millones de pesos por abogado.
Hermosilla sostuvo que nunca acordó ni conversó directamente los pagos con Piñera. Según su relato, la instrucción le llegó, a él y a Samuel Donoso, a través de Andrés Chadwick —primo y ministro del Interior de Piñera— y de Benjamín Salas Kantor. Agregó que no emitió boletas de honorarios y que desconoce por completo el origen de los fondos.
Un circuito sin bancos, sin boletas y sin contrato, operado desde el Segundo Piso de La Moneda
Según el relato de Hermosilla ante la Fiscalía, el dinero se entregaba mano a mano e indistintamente a cualquiera de los dos abogados, aunque normalmente Donoso recibía la suma completa y luego traspasaba a Hermosilla su parte, también en efectivo. No hubo transferencias bancarias ni depósitos, no existió contrato escrito y ninguno de los dos emitió boletas por estos montos.
Quienes entregaban los sobres eran asesores del Segundo Piso. Benjamín Salas Kantor, ex asesor de asuntos internacionales de Piñera y luego jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de Justicia, lo hizo desde fines de 2020 hasta su salida del gobierno. Lo reemplazó Andrés Sotomayor, exasesor de Cristián Larroulet y exjefe de gabinete de Gonzalo Blumel, quien continuó las entregas hasta mediados de 2022 en su oficina privada de Las Condes.
El peritaje al teléfono de Hermosilla conserva los mensajes. Salas Kantor le escribió: “Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja”, y luego: “Te dejé con tu secretaria personal nuestra deuda”, “Para que te vayas a Miami jajaja”. Sotomayor, ya terminado el mandato, le avisaba: “Hola Lucho. Tengo el pago de julio-septiembre. Podría llevarlo esta semana a tu oficina”.
La versión del trabajo ad honorem queda desmentida por el propio abogado
En 2019 y 2020 se afirmó públicamente que las defensas de autoridades por el estallido social y la pandemia se realizaban sin cobro, bajo la modalidad ad honorem. La declaración judicial de Hermosilla desmiente esa versión.
El abogado precisó, además, que este pago informal era adicional a su contrato como asesor del Ministerio del Interior, por el cual sí emitía boletas o facturas e informes genéricos mensuales y recibía transferencias de entre 1,2 y 3,7 millones de pesos. La diferencia entre un vínculo con documentación y otro sin ningún registro contable es el punto que ahora examina la Fiscalía.
La pregunta sobre el origen del dinero lleva a los gastos reservados
Las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione trabajan con dos hipótesis. La primera, que el efectivo provenga del patrimonio privado de Piñera, lo que obliga a explicar por qué se recurrió a dinero informal. La segunda, que se haya financiado con gastos reservados de la Presidencia o de ministerios, hipótesis que constituiría fraude al fisco. De confirmarse, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quedaría facultado para querellarse y para exigir el levantamiento del secreto de esas partidas.
Para reconstruir la cadena, la Fiscalía de Valparaíso toma declaración a Salas Kantor y Sotomayor, con el fin de establecer qué instrucciones recibieron, quién las impartió y de dónde salió el papel moneda. Ambos son interlocutores y testigos clave para determinar si existió una orden presidencial explícita. Salas Kantor reside actualmente en el extranjero, donde es jefe de gabinete del presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya y desarrolla funciones académicas en Estados Unidos. Los medios que revelaron la declaración pidieron la versión de ambos ex asesores y no obtuvieron respuesta antes de publicar.
Hay además un mensaje de octubre de 2020, en medio de las defensas de autoridades como la del exministro de Salud Jaime Mañalich, en que Gabriel Zaliasnik le preguntó a Hermosilla: “¿A quién le puedo pedir gastos reservados? El pro bono me está saliendo caro”. La Fiscalía revisa si las defensas se costearon con esos fondos.
La indagatoria incluye los contratos de alta remuneración que estudios jurídicos vinculados al caso cerraron con empresas estatales como ENAP y Zofri, en fechas coincidentes con la defensa de autoridades del Ejecutivo. Un ejemplo documentado en los chats: tras las gestiones para acordar los honorarios de la defensa del ex general director de Carabineros Mario Rozas, coordinadas entre Chadwick, Hermosilla, Zaliasnik y la ex ministra de Obras Públicas y ex presidenta del directorio de ENAP Loreto Silva, el estudio Albagli Zaliasnik firmó un contrato con ENAP para representarla en un arbitraje internacional. A ello se suma el peritaje de cuentas bancarias, declaraciones de impuestos y activos en el extranjero de los abogados, para contrastar fechas con los pagos recibidos.
Samuel Donoso, Miami y las Islas Vírgenes: el patrimonio crece en las mismas fechas que los sobres
Reportajes de Reportea.cl revelaron que, desde mediados de 2020, Samuel Donoso adquirió departamentos en Miami por cerca de 2 millones de dólares, según registros públicos de esa ciudad. Ese mismo año constituyó en las Islas Vírgenes Británicas —una de las guaridas fiscales más utilizadas en el mundo— la sociedad Senice, vinculada a una cuenta bancaria con depósitos superiores a 800 millones de pesos, de acuerdo con registros notariales posteriores. Ambos hechos coinciden con el período 2020-2022 en que Donoso y Hermosilla recibían los sobres trimestrales.
El entorno de Donoso respondió a la prensa que los pagos mencionados por Hermosilla coinciden, “con algunos matices”, con los honorarios que le pagó el entonces presidente Piñera por sus defensas y gestiones judiciales, y que Donoso los declaró y tributó. Sobre la sociedad en las Islas Vírgenes y las propiedades en Miami, el abogado optó por no pronunciarse.
Zaliasnik registra, según investigaciones periodísticas, la compra de departamentos en Miami por varios millones de dólares, inversiones que no habrían figurado en la declaración de patrimonio e intereses que presentó ante la Cancillería al asumir como embajador.
Pandora Papers: el jefe de la PDI informaba a Hermosilla de lo que pedía Panamá sobre Piñera
En octubre de 2021, la filtración de los Pandora Papers expuso sociedades en guaridas fiscales —mal llamadas “paraísos fiscales”— ligadas al patrimonio de Piñera. En enero de 2022, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de Panamá, a cargo de la fiscal Lizzie M. Bonilla, pidió a Chile antecedentes penales y policiales del mandatario en una causa por lavado de activos, a través de la red GAFILAT y la Brilac de la PDI.
El 26 de enero de 2022, el director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, escribió a Hermosilla para informarle de esa petición reservada. Hermosilla respondió: “Gracias”. Mientras tanto, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec) decidió no remitir lo solicitado a Panamá. La información permitía a Hermosilla anticipar la estrategia de defensa y ajustar los informes dirigidos a Piñera y a su gabinete.
El hallazgo de estos mensajes en el celular del abogado llevó a la renuncia de Muñoz a la PDI y a su imputación y formalización por violación de secreto.
La responsabilidad penal personal de Piñera se extinguió con su muerte, en febrero de 2024, y la justicia decretó el sobreseimiento definitivo. Los testimonios y peritajes mantienen, sin embargo, su figura como el punto de unión entre los pagos en efectivo, el traspaso de información policial reservada y la intervención en nombramientos judiciales.
Una mesa de tres abogados y un asesor ministerial decidía qué jueces convenía promover
Hermosilla declaró que las conversaciones sobre candidatos a cargos judiciales las sostenía con Samuel Donoso y con Gabriel Zaliasnik, con participación muy recurrente de Héctor Mery, exjefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. De manera ocasional intervenían los asesores Salas Kantor, Sotomayor y Pablo Urquízar, excoordinador de Seguridad de la Macrozona Sur. Hermosilla y Donoso recibían las ternas que enviaba Sotomayor desde el Gobierno y opinaban sobre los nombres antes de que el Ejecutivo definiera las nóminas oficiales.
El grupo concentraba su atención en las cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y Valparaíso, que conocen buena parte de las causas con mayores intereses implicados. Hermosilla explicó que había una motivación política, promover jueces de perfil conservador y pro empresarial, y un interés práctico de abogados litigantes: ubicar en los tribunales a personas con las que luego se puede acceder a causas propias. Citó un comentario de Zaliasnik sobre tener “nuestro propio negocio de nombramientos”.
Sobre Zaliasnik, afirmó que tenía incluso más acceso que él a ministros de las cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, y que mantenía con Donoso una cercanía mayor que la que ambos tenían con él.
Los nombres que mencionó son específicos. María Teresa Letelier, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, le pareció “persona muy parca y severa y políticamente cercana a la derecha”; sugirió su nombre a Mery y a Chadwick para que este hablara con Hernán Larraín, y se reunió con ella en su departamento mientras integraba la quina para la Corte Suprema, encuentro que se gestó a través del ministro supremo Mario Carroza. De Verónica Sabaj, los chats registran gestiones hechas por medio de Chadwick para impulsar su designación en la Corte de Apelaciones de Santiago; fue luego destituida y formalizada. Sobre Danilo Quezada, postulante en San Miguel o Santiago, Hermosilla opinó en chats que no era buen candidato por considerarlo “de izquierda”, pero Donoso lo promovió tras la recomendación del conservador de bienes raíces Sergio Yáber, quien se lo presentó como “hombre mío”. Los magistrados Antonio Ulloa y Roberto Contreras acudieron personalmente a su oficina en el marco de esas tratativas.
Las sugerencias al entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, no las hacía Hermosilla directamente. Pasaban por Andrés Chadwick, quien según el abogado tenía gran ascendencia sobre el ministro. Mery, por su parte, mantenía especial cercanía con Zaliasnik y Donoso. Los chats sitúan además a Magdalena Matte, exministra de Vivienda y esposa de Larraín, como la fuente que habría informado a José Ramón Correa de la designación de Yáber.
El alcance excedió a la derecha. Samuel Donoso, miembro fundador del PPD, recurrió según los chats a sus vínculos con la ex Concertación, entre ellos el senador Guido Girardi y coordinaciones ligadas a Carolina Tohá, expresidenta del PPD y recientemente Ministra del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Gabriel Boric, para asegurar votos de bancadas de centroizquierda en la ratificación de ministros de la Corte Suprema, como en la postulación de Jean Pierre Matus.
Zaliasnik, embajador en Israel e imputado, concentra las solicitudes políticas de renuncia
Los chats vinculan a Zaliasnik con más de una decena de nombramientos, entre ellos los de Sabaj, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus. Hermosilla reconoció ante la Fiscalía que Zaliasnik le pidió interceder ante una jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago en una causa de la gestora de fondos Sartor, donde Zaliasnik era abogado, para asegurar la prisión preventiva del querellado.
Durante el estallido y revuelta social de 2019-2020, según los mismos registros, Zaliasnik financió con 20 millones de pesos un informe jurídico, encargado a una exrelatora del Tribunal Constitucional, para buscar la destitución de parlamentarios de oposición como Gabriel Boric, Karol Cariola, Hugo Gutiérrez y Daniel Jadue. A Hermosilla le propuso “cortar internet como en Irán, Turquía o China” durante las protestas masivas y le pidió teléfonos y correos de dirigentes como Jadue, Dauno Tótoro y Marcos Riquelme, con la sugerencia de intervenciones telefónicas o seguimientos de inteligencia.
La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación penal en la que Zaliasnik figura como imputado por presuntos nombramientos irregulares y tráfico de influencias. Parlamentarios han solicitado que renuncie o sea desvinculado de la diplomacia chilena, dado que continúa como embajador de Chile en Israel.
Telegram y la causa Parque Capital: Chadwick sigue imputado y sin formalizar
La existencia de los chats de Telegram quedó al descubierto en el historial de WhatsApp, que arrojó más de 700.000 páginas en el primer peritaje. En él aparecen avisos como “mira mi Telegram”, “te lo envío a Telegram” o “revisa tu Telegram” cuando la conversación derivaba hacia gestiones críticas con Chadwick, Donoso y el exfiscal regional Manuel Guerra. En esa primera extracción la tecnología del Ministerio Público no permitía volcar esas conversaciones. Tras los reportajes de Reportea.cl, la Fiscalía ordenó una segunda extracción sobre el teléfono, que sigue bajo custodia. Investigadores y querellantes anticipan material de “alto calibre” para la causa por cohecho contra Guerra y para decidir una eventual formalización de Chadwick o Donoso.
Chadwick es imputado en varias aristas y no está formalizado. En la de Parque Capital, proyecto inmobiliario del Grupo Patio, la Fiscalía Oriente cerró la investigación principal, acusó a Hermosilla y separó una causa con nuevo RUC para seguir indagando solo la eventual responsabilidad de Chadwick en gestiones para acelerar permisos. Respecto de otros exfuncionarios indagados, como el exministro de Vivienda Felipe Ward, comunicó que no perseverará tras descartar coimas. Chadwick enfrenta también la arista del exfiscal Guerra y la de los pagos en efectivo, en la que Hermosilla lo señaló como uno de los dos canales que informaron de ellos. De ser formalizado, acusado y condenado por tráfico de influencias, cohecho o fraude al fisco, arriesgaría presidio e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Diecisiete años de presidio para Hermosilla y un fiscal en prisión preventiva
En la arista principal del Caso Audios – Factop también conocido como Caso Hermosilla, la Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación y presentó acusación para juicio oral contra seis imputados. Para Hermosilla solicitó 17 años por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias.
Manuel Guerra, ex fiscal regional metropolitano Oriente y ex fiscal nacional subrogante, se encuentra en prisión preventiva, imputado por cohecho y favorecimiento procesal en causas como el Caso Penta. Los querellantes Mauricio Daza y María Inés Horvitz han cuestionado los intentos de cambiar su cautelar a arresto domiciliario y el ofrecimiento de juicios abreviados, y advierten un riesgo de impunidad en hechos de corrupción. Otro nombre mencionado en los registros es el del exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, vinculado a filtraciones de información reservada en causas de narcotráfico.
“Muñeca Bielorrusa”: la corrupción en la Corte Suprema que nació del mismo teléfono
La arista Muñeca Bielorrusa se originó cuando Codelco puso término anticipado a los contratos con el consorcio bielorruso-chileno Velas Movitec (CBM), tras la muerte de un trabajador en la división El Salvador. Para revertir la decisión, el consorcio contrató al estudio Lagos, Vargas y Silver, integrado entre otros por el ex diputado Gabriel Silver, y declaró estar dispuesto a pagar lo necesario.
La Fiscalía investiga la circulación de más de 1.000 millones de pesos en sobornos, de los cuales entre 300 y 400 millones habrían circulado en efectivo, blanqueados mediante “pitufeo” —técnica de lavado de activos que consiste en fraccionar grandes sumas de dinero de origen ilícito en múltiples transacciones pequeñas—, casas de cambio y operaciones en las que habrían intervenido la ex pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, el conservador de bienes raíces de Puente Alto Sergio Yaber y el notario Rodrigo Ortúzar. La Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Vivanco, dictó fallos favorables al consorcio que obligaron a Codelco a desembolsar más de 17.000 millones de pesos.
La causa fue asignada a la Fiscalía Regional de Los Lagos, en Puerto Montt. Vivanco, destituida e imputada por cohecho y lavado de activos, cumple arresto domiciliario. Silver fue reformalizado y colabora con sus cuentas bancarias y su celular. La Fiscalía revisa todos los fallos en que coincidieron Vivanco y ese estudio, incluido el caso inmobiliario Fundamenta y su mega proyecto “Comunidad Eco Engaña Sustentable”.
De esta arista se derivan otras. En la persecución a la banda “Mafia China” o del “Secuestro Chino”, que simuló un cuartel falso de la Policía de Investigaciones PDI con policías corruptos y un falso agente del FBI para extorsionar a comerciantes chinos principalmente del Barrio Meiggs de Santiago de Chile, la policía halló oculto a uno de sus líderes, Stefano Andreotti, en instalaciones de Movitec, consorcio querellado por Codelco. Quien abrió la puerta a la PDI fue el empresario Cristián Barriga, imputado en el mega fraude tributario por boletas falsas, que debía cumplir arresto domiciliario en Vitacura y facilitaba pertrechos para la fuga.
En la minera Dominga, la mega empresa Andes Iron pagó más de 200 millones de pesos a Lagos, Vargas y Silver, estudio sin especialidad ambiental ni representación formal en la causa judicial. El ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, con amistad y transferencias financieras con los socios del estudio, no se inhabilitó y votó y redactó resoluciones favorables a la minera.
Una red de intercesores que llegó hasta la Contraloría y la Sala Penal
El abogado José Ramón Correa, exjefe de gabinete en la Contraloría, aparece en chats coordinando con Hermosilla el impulso de postulantes a conservadores y jueces, como Sergio Yáber en Puente Alto. En 2018 operó a favor de Dorothy Pérez, desvinculada por el entonces contralor Jorge Bermúdez; su recurso de protección terminó en un fallo dividido 3-2 de la Tercera Sala (Constitucional) de la Corte Suprema que ordenó reincorporarla, con un papel persuasivo central de Vivanco. Dorothy Pérez es hoy Contralora General de la República. En otros mensajes, Correa aseguraba tener llegada directa al ministro Manuel Valderrama para que la Sala Penal rechazara anular y repetir el juicio por el caso Luchsinger-Mackay, lo que ocurrió semanas después.
En los registros figuran también Mañalich y el exministro de Salud Enrique Paris, con coordinaciones para la defensa del primero y gestiones para evitar que la Fiscalía accediera a los correos del Ministerio de Salud bajo la gestión del segundo.
El Estado financió, protegió o toleró a abogados que redactaban el mapa de sus propios jueces
La declaración de Hermosilla reúne en una sola narración tres planos que hasta ahora se examinaban por separado: dinero entregado en sobres desde La Moneda, información reservada de la PDI sobre un presidente investigado en el extranjero y una mesa que opinaba sobre quién debía llegar a las cortes. Los tres comparten a los mismos nombres, a los mismos asesores y la misma oficina. Chadwick sigue sin ser formalizado, Zaliasnik representa a Chile en Israel con la calidad de imputado, Salas Kantor y Sotomayor no han respondido a la prensa, y el contenido de Telegram, que podría zanjar si hubo orden presidencial y qué fondos se usaron, está recién en proceso de extracción. Los antecedentes muestran claramente una conclusión inevitable: el sistema judicial y político chileno está inmerso en una sistemática práctica de corrupción, tráfico de influencias, y dinámicas oligárquicas de poder.
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