No Gun Ri: la matanza de refugiados surcoreanos que el gobierno de Estados Unidos ocultó durante 49 años para sostener a su régimen títere en Corea
Entre el 26 y el 29 de julio de 1950, en los inicios de la Guerra de Corea (junio de 1950 – julio de 1953) soldados del 7.º Regimiento de Caballería de Estados Unidos exterminaron bajo un puente ferroviario a cientos de campesinos coreanos, mujeres, niños, ancianos, siguiendo órdenes explícitas del alto mando estadounidense que consideraban «problema táctico» a cualquier refugiado en movimiento. En la cabeza de la decisión se encontraron Douglas Maccarthur y el presidente Harry Truman. El episodio, encubierto durante casi medio siglo por el Gobierno de Estados Unidos y por el régimen autoritario de Syngman Rhee en Corea del Sur, no fue un accidente de guerra sino la expresión más cruda de una lógica imperial que trató la vida de los coreanos como daño colateral aceptable en la contención global del comunismo. Aquí detallamos la masacre de No Gun Ri, una de los tantos crímenes de guerra cometidos por el imperio estadounidense en suelo coreano.
En los inicios de la Guerra de Corea, apenas un mes después de que las tropas norcoreanas cruzaran el paralelo 38 el 25 de junio de 1950, el ejército estadounidense se encontraba en retirada caótica hacia el perímetro de Busan, desbordado por un avance que sus oficiales no habían previsto. Fue en ese contexto de pánico y desorganización que se gestó la masacre de No Gun Ri (Nogeun-ri), uno de los crímenes de guerra más sangrientos y mejor ocultados de todo el conflicto coreano.
Una guerra de contención cuyo primer costo lo pagó el campesinado surcoreano
Las tropas estadounidenses desplegadas en julio de 1950 estaban insuficientemente entrenadas y comandadas por oficiales sin experiencia de combate. En ese marco de precariedad militar se instaló una paranoia generalizada: la sospecha de que soldados norcoreanos se infiltraban vestidos de civiles entre las columnas de refugiados para atacar por la espalda o realizar labores de espionaje. Ese temor bastó como excusa para que el alto mando estadounidense dejara de considerar a la población desplazada como sujeto de protección y comenzara a tratarla como amenaza militar. El 25 de julio, soldados estadounidenses evacuaron a los habitantes de las aldeas de Chu Gok Ree e Im Ke Ri, prometiéndoles seguridad si marchaban hacia el sur. Esa misma noche, cerca del poblado de Ha Gyu Ri, siete civiles que se habían alejado del grupo fueron asesinados por las tropas: el primer episodio de una violencia que, lejos de ser un exceso puntual, anunciaba una política.
«Disparar a todo aquel que intente cruzar las líneas»: la orden que convirtió a los refugiados en el enemigo
La investigación periodística que décadas más tarde destapó el caso encontró documentos militares estadounidenses desclasificados que prueban que la matanza no derivó de la improvisación de soldados aislados, sino de instrucciones explícitas emitidas desde distintos niveles de mando. El general Walton Walker, al frente del Octavo Ejército de Estados Unidos, firmó una orden que establecía que ningún refugiado podría cruzar las líneas de batalla en ningún momento. Dos días antes de que comenzara la masacre, el cuartel general de la Primera División de Caballería —bajo mando del mayor general Hobart R. Gay— emitió una directriz aún más explícita: «ningún refugiado cruzará la línea del frente. Disparar a todo aquel que intente cruzar las líneas». Gay justificaba la orden considerando a los desplazados como posibles agentes o infiltrados enemigos.
En la 25.ª División de Infantería, el mayor general William B. Keane instruyó a sus tropas que, dado que la zona debería haber sido evacuada, todo civil presente en ella debía ser considerado enemigo y tratado en consecuencia; su personal retransmitió la orden en el terreno como la autorización directa para disparar contra «hostiles». La Quinta Fuerza Aérea recibió, mediante un memorando fechado el 25 de julio de 1950, la solicitud formal del Ejército de ametrallar a todos los grupos de refugiados civiles que se aproximaran a las posiciones estadounidenses; existen registros de controladores aéreos que instruyeron a los pilotos disparar directamente contra la gente vestida de blanco, color tradicional de la vestimenta coreana. Ninguna de estas órdenes distinguía entre combatientes y campesinos huyendo del frente: la sola presencia civil en movimiento se había convertido en objetivo legítimo.
El puente del infierno: tres días y tres noches de exterminio sistemático
El 26 de julio, mientras los refugiados descansaban sobre un terraplén ferroviario tras haber sido registrados y despojados de sus pertenencias —incluso cuchillos de cocina y herramientas agrícolas—, aviones de combate F-80 de la Fuerza Aérea estadounidense aparecieron y los ametrallaron y bombardearon repetidamente. Desde el aire, las columnas de civiles vestidos de blanco eran interpretadas como formaciones militares en movimiento. Los sobrevivientes relataron que, tras el ataque aéreo, soldados en tierra llegaron hasta las vías y remataron a los heridos.
Quienes lograron escapar del bombardeo buscaron refugio en los túneles gemelos de un puente ferroviario de hormigón cercano. Lo que creyeron un refugio se convirtió en trampa mortal: tropas del 7.º Regimiento de Caballería colocaron ametralladoras en ambos extremos del puente y dispararon hacia el interior durante tres días y tres noches, hasta completar unas 96 horas continuas de asedio. Durante las noches, las tropas usaron proyectores de luz para iluminar el interior de los túneles y disparar contra cualquier movimiento en la oscuridad. Los aviones F-80 regresaron durante el segundo día para lanzar cohetes, bombas y napalm sobre quienes intentaban ocultarse bajo el terraplén.
El capitán Melbourne Chandler, al mando de la compañía de armas pesadas del 7.º de Caballería, ordenó a sus ametralladoristas apostados en las bocas de los túneles abrir fuego, según testimonios de veteranos, con la frase: «al diablo con toda esa gente, deshagámonos de todos ellos». Atrapados sin agua ni alimento, los sobrevivientes debieron apilar los cuerpos de sus vecinos y familiares como barricadas contra las balas, y beber agua de un arroyo saturado con la sangre de las víctimas que yacían fuera de los túneles. Una sobreviviente, Chun Choon-ja, que tenía 12 años en el momento de la matanza, describió el trato recibido comparándolo con soldados que «jugaban con nuestras vidas como niños que matan moscas por deporte».
La masacre solo cesó al amanecer del 29 de julio, cuando el regimiento se retiró ante el avance de las tropas norcoreanas. En una de las paradojas más amargas del episodio, fueron soldados norcoreanos quienes rescataron y alimentaron a los cerca de veinticuatro sobrevivientes surcoreanos que quedaban en los túneles, en su mayoría niños.
Lo que revelan las cifras: una masacre contra la infancia y la vejez
Investigaciones del gobierno surcoreano realizadas en 2005 y 2011 permitieron establecer el perfil demográfico de las víctimas certificadas: un 70% eran mujeres, niños o ancianos mayores de 61 años, y aproximadamente un 41% del total de víctimas eran menores de 15 años. Estos datos desmienten frontalmente la justificación militar sobre un supuesto enfrentamiento con infiltrados norcoreanos en edad de combatir. El gobierno de Corea del Sur certificó formalmente 163 muertos o desaparecidos y 55 heridos, mientras que los propios sobrevivientes y la Fundación para la Paz No Gun Ri —financiada por el Estado surcoreano— estiman que la cifra real oscila entre 250 y 400 víctimas mortales.
La «trampa del primer disparo»: la psicología y la geometría de una masacre planificada
Que la matanza se prolongara durante 96 horas respondió, además de las órdenes de arriba, sino a un fenómeno descrito como la «trampa del primer disparo»: una vez cruzado el umbral de la primera ráfaga, la vacilación se percibe entre soldados agotados como un riesgo mortal, y el tiroteo se vuelve contagioso e imparable.
El lugar mismo de la masacre no fue casual. Los soldados obligaron a los civiles a abandonar la carretera ancha —donde eran más fáciles de gestionar individualmente— y los forzaron a caminar por las vías del tren, estrechas, elevadas y expuestas, convirtiendo a la multitud en una masa lineal fácil de bloquear y de confundir desde el aire con una columna militar. Los pilotos de los F-80 dependían de observadores en aviones más lentos, apodados «mosquitos», que llegaban a coordinar hasta trece aparatos simultáneamente: cualquier movimiento de pánico tras el primer ataque era leído como prueba de culpabilidad enemiga.
La masacre ocurrió apenas un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y de los protocolos de la Convención de Ginebra de 1949. Mientras la ONU debatía cómo hacer los conflictos menos atroces, sus propias banderas cobijaban el ametrallamiento sistemático de civiles: de los veinte países que enviaron tropas bajo mandato de Naciones Unidas, el esfuerzo fue abrumadoramente estadounidense —250.000 soldados de EE. UU. frente a apenas 30.000 del resto de las naciones combinadas—, lo que permitió que la doctrina de fuego estadounidense dominara el teatro de operaciones sin contrapeso internacional alguno.
Cuarenta y nueve años de silencio impuesto por Washington y por su régimen títere en Seúl
La verdad sobre No Gun Ri permaneció sepultada durante casi medio siglo. El Gobierno de Estados Unidos negó sistemáticamente la existencia de la masacre y la presencia del 7.º Regimiento de Caballería en la zona, mientras los sucesivos regímenes autoritarios de Corea del Sur —comenzando por el de Syngman Rhee— impusieron lo que puede describirse como una amnesia obligatoria, funcional a la alianza anticomunista de la elite gobernante surcoreana con Estados Unidos desplegado en la «Guerra Fría» contra la «amenaza comunista», sólo unos pocos años de tener a los países socialistas como aliados temporales en la confrontación contra el Eje fascista.
En ese contexto, la policía surcoreana amenazó sistemáticamente a los testigos: hablar del «incidente» significaba arriesgarse a ser señalado como comunista o traidor, etiqueta que en el contexto represivo surcoreano equivalía a una sentencia social y muchas veces física.
En el marco de la lenta apertura democrática en Corea del Sur, los sobrevivientes comenzaron a organizarse. En 1994 algunos lograron publicar libros sobre lo ocurrido, lo que atrajo la atención de periodistas internacionales, entre ellos el corresponsal Sang-Hun Choe. En 1998, un año antes de que el caso se hiciera pública la investigación que destapará la masacre para el público occidental, los gobiernos de Corea del Sur y de Estados Unidos rechazaron conjuntamente las peticiones de compensación presentadas por los sobrevivientes.
Associated Press rompe el cerco informativo: la investigación que ganó el Pulitzer
El factor determinante para que la masacre dejara de ser secreto para las sociedades occidentales fue la investigación de Associated Press, de las principales agencias de noticias mundiales con sede en Estados Unidos, realizada por el equipo compuesto por Sang-Hun Choe, Charles J. Hanley, Martha Mendoza y Randy Hershaft, y publicada el 29 de septiembre de 1999. El proceso incluyó la revisión de miles de documentos militares en los Archivos Nacionales de Washington y cientos de entrevistas con sobrevivientes y veteranos. Una docena de exsoldados del 7.º Regimiento de Caballería confirmaron por primera vez, directamente, haber participado o presenciado la matanza, y admitieron haber recibido órdenes de «aniquilar» o «disparar a todo» lo que intentara cruzar las líneas. El veterano Norman Tinkler admitió sin rodeos: «Simplemente los aniquilamos». Otro, Herman Patterson, describió el episodio como una «matanza en masa».
Los periodistas hallaron además comunicaciones y memorandos —entre ellos uno fechado el 24 de julio de 1950— que autorizaban tratar a los civiles como potenciales infiltrados enemigos y disparar contra ellos si se acercaban a las posiciones estadounidenses. El camino a la publicación fue largo: el equipo debió luchar durante casi un año para que la historia fuera aprobada, enfrentando intentos del gobierno estadounidense de impedir o retrasar el informe periodístico. Cuando finalmente se conoció, forzó a los gobiernos estadounidense y surcoreano a abrir investigaciones oficiales, y le valió a AP el Premio Pulitzer del año 2000, además del reconocimiento como «Periodista del Mes» en Corea del Sur.
El Pentágono ocultó sus propias pruebas: la carta del embajador que sacó a la luz Sahr Conway-Lanz
La investigación de AP no terminó con la publicación de 1999. El equipo continuó indagando y descubrió que los propios investigadores del Pentágono habían encontrado documentos de archivo que ordenaban disparar contra civiles, pero los habían mantenido fuera del alcance público en sus informes iniciales. Entre esos documentos figura una carta del embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, cuya existencia fue documentada por el historiador estadounidense Sahr Conway-Lanz: el texto afirmaba que el ejército había adoptado una política a nivel de todo el teatro de operaciones consistente en disparar contra los grupos de refugiados que se acercaran a sus posiciones. No se trataba, según ese documento, de un error aislado de soldados individuales, sino de una decisión coordinada entre el mando militar y la representación diplomática estadounidense. El hallazgo reforzó lo que sobrevivientes e investigadores surcoreanos habían sostenido desde siempre: que el 7.º Regimiento de Caballería y otras unidades actuaron bajo órdenes específicas de sus superiores.
MacArthur: el mando que lo supo todo y nunca fue investigado
El general Douglas MacArthur, comandante en jefe de todas las fuerzas estadounidenses y de la ONU en Corea, encabezaba precisamente la estructura de mando de la que se originaron las órdenes letales contra los refugiados. Para agosto y septiembre de 1950, las noticias sobre los disparos contra civiles cometidos por el 7.º de Caballería ya habían llegado al Pentágono y al propio cuartel de MacArthur; un oficial de alto rango incluso informó a la prensa de la época sobre el «tiroteo de pánico de muchos civiles». No existe evidencia de que MacArthur o su Estado Mayor investigaran el incidente en ese momento. El encubrimiento persistió durante casi cinco décadas, en parte para proteger la imagen de MacArthur como «héroe libertador» del Pacífico y de Corea en plena Guerra Fría: mientras las víctimas de No Gun Ri permanecían en el olvido, MacArthur era recibido en Estados Unidos con desfiles de honor tras su destitución.
MacArthur mantuvo además una relación política estrecha con Syngman Rhee —primer presidente de Corea del Sur desde 1948 hasta 1960—, a quien entrevistó en secreto antes del desembarco estadounidense en Corea. Bajo el régimen que MacArthur respaldó, los sobrevivientes de No Gun Ri fueron amenazados por la policía y obligados a guardar silencio durante décadas.
Impunidad total: ningún oficial ni soldado fue procesado
Pese a que el código militar estadounidense condena la matanza indiscriminada de civiles, ningún oficial de alto rango —ni MacArthur, ni el general Walton Walker, ni el coronel Robert Carroll— fue investigado por esta masacre y crimen de guerra. Tras la investigación del Pentágono del año 2001, el ejército estadounidense clasificó lo ocurrido como una «desafortunada tragedia inherente a la guerra» y no como un asesinato masivo deliberado, distinción técnica que le permitió al gobierno rechazar cualquier acción legal o disciplinaria contra veteranos o comandantes. Durante 49 años, el propio ocultamiento impidió que se iniciaran procesos judiciales mientras testigos y perpetradores permanecían en servicio activo. Ningún soldado fue procesado.
Una «tragedia inherente a la guerra»: el eufemismo con el que Washington evitó pagar
Para sostener que no hubo asesinato deliberado, el mando estadounidense apeló a una batería de justificaciones: la inexperiencia de tropas jóvenes bajo presión extrema durante una retirada caótica; la supuesta percepción de amenaza inminente alimentada por la paranoia de infiltración; la insinuación de un fuego hostil proveniente de los propios refugiados —afirmación ampliamente disputada por sobrevivientes y veteranos—; y, respecto de las órdenes de disparar, la negación de que existieran instrucciones directas, reduciéndolas a «inferencias de órdenes» que los soldados habrían malinterpretado. El informe desestimó los testimonios de veteranos que recordaban órdenes explícitas de «aniquilar», alegando que no podían precisar el lenguaje exacto ni identificar con certeza al oficial que las emitió. Todo quedó enmarcado bajo la fórmula de la «niebla de la guerra».
Con esa cobertura semántica, Washington rechazó sistemáticamente las demandas de disculpa formal y compensación de los sobrevivientes surcoreanos. El entonces presidente Bill Clinton emitió en 2001 una declaración de «pesar» (regret), evitando deliberadamente la palabra «disculpa» (apology), que habría implicado reconocer responsabilidad legal y la obligación de indemnizar. El resultado es elocuente: el gobierno de Estados Unidos no ha pagado, según las propias fuentes, «ni un solo dólar» en reparaciones. El Estado de Corea del Sur, en cambio, sí asumió una responsabilidad tardía: en 2005 estableció un Comité de Restauración del Honor que certificó los nombres de las 163 víctimas y financia hoy la Fundación para la Paz No Gun Ri, encargada del parque memorial construido en el sitio de la masacre. Aun así, el Estado surcoreano ha mantenido una posición cautelosa frente a Washington, evitando presionar por compensaciones directas de parte estadounidense, actitud que los propios sobrevivientes han llegado a calificar de encubrimiento por conveniencia política.
No Gun Ri no fue un caso aislado: más de doscientas matanzas documentadas
La «Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur» estableció en 2008 que No Gun Ri no fue un hecho excepcional, sino uno entre más de 200 incidentes similares de matanzas a gran escala de civiles cometidas por fuerzas militares estadounidenses, principalmente mediante ataques aéreos. En agosto de 1950, el propio general Hobart R. Gay ordenó volar un puente sobre el río Naktong mientras estaba colmado de refugiados, causando cientos de muertes; en otro episodio, ingenieros de la Compañía A detonaron tres toneladas de explosivos sobre un puente cargado de desplazados, y el informe oficial se limitó a calificar el resultado de «excelente». Documentos de la Fuerza Aérea de julio y agosto de 1950 registran numerosos bombardeos contra grupos de «personas vestidas de blanco» bajo la misma sospecha de infiltración que motivó No Gun Ri. En el condado de Yongdong, un operativo distinto expulsó a 2.000 civiles hacia las montañas, donde murieron a causa de bombardeos aéreos.
El régimen títere de Syngman Rhee: de la ocupación colonial japonesa al terror anticomunista
Comprender No Gun Ri exige comprender la naturaleza del régimen que Estados Unidos sostuvo en Seúl. Syngman Rhee pasó décadas exiliado en Estados Unidos antes de ser llevado de regreso a Corea en octubre de 1945 por el propio gobierno estadounidense, con el objetivo explícito de mejorar la imagen de una administración militar de ocupación desprestigiada por mantener intacto el aparato colonial japonés. Antes de desembarcar, Rhee se entrevistó en secreto con MacArthur en Japón, sellando un pacto de apoyo mutuo que lo convirtió en la pieza política central del proyecto estadounidense en la región.
Existía ya en Corea una experiencia de autogobierno propia, la República Popular de Corea, nacida de comités populares locales con agenda antiimperialista. Estados Unidos la destruyó y reprimió a sus líderes para instaurar en su lugar un gobierno militar basado en las estructuras coloniales previas, con Rhee como su rostro civil. Para sostenerse, el régimen recicló el aparato represivo japonés, incorporando policías y militares que habían colaborado con la ocupación —figuras odiadas por la población— para controlar a comités campesinos y disidentes. La elección que llevó a Rhee al poder en 1948 se realizó bajo un sistema de voto censitario heredado del colonialismo japonés, que solo permitía sufragar a terratenientes y empresarios, en un proceso marcado por fraude y violencia.
La dependencia de Rhee respecto de Washington se hizo evidente durante toda la guerra: su ejército operaba bajo dirección estratégica estadounidense, y cuando llegó el armisticio de 1953, fue Estados Unidos —no Seúl— quien lo firmó junto a Corea del Norte y China. Rhee mismo se negó a firmarlo, boicoteó las negociaciones y liberó prisioneros arbitrariamente para forzar la continuación del conflicto, empeñado en una reunificación por la fuerza bajo su mando autocrático. Fue, en síntesis, una punta de lanza de los intereses estadounidenses en Asia: un régimen autocrático que solo pudo sostenerse frente a las resistencias y rebeliones internas y el avance de la Corea del Norte gracias a la intervención directa de Washington.
Bodo, Jeju, Yeosu-Suncheon: el exterminio interno que Estados Unidos toleró en silencio
El terror del régimen de Rhee fue más allá del frente de batalla. La Liga Bodo, creada en 1949 para «reeducar» a personas con antecedentes socialistas o comunistas, llegó a inscribir —muchas veces bajo coacción— a unas 300.000 personas. Al estallar la guerra en junio de 1950, Rhee ordenó la ejecución sistemática de sus afiliados para evitar que colaboraran con el avance norcoreano: entre 100.000 y 200.000 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes en todo el país durante julio, agosto y septiembre de ese año, en lo que constituye la mayor matanza sistemática del conflicto.
Dos años antes, en abril de 1948, el levantamiento de la isla de Jeju —protagonizado por sectores democráticos, socialistas y comunistas que se oponían a la partición de la península y a la continuidad de colaboradores del colonialismo japonés en el nuevo aparato estatal— fue reprimido con extrema brutalidad por fuerzas surcoreanas apoyadas por Estados Unidos. El saldo osciló entre 60.000 y 100.000 muertos, incluidas mujeres y niños, en hechos hoy certificados como crímenes de lesa humanidad. La represión de Jeju provocó en octubre de 1948 el motín de una guarnición militar en Yeosu y Suncheon, cuyos soldados se negaron a marchar contra sus compatriotas y llegaron a proclamar su propia República Popular de Corea. La respuesta gubernamental fue una nueva ola de ejecuciones masivas, destrucción de cosechas y purgas dentro del ejército contra todo oficial sospechoso de simpatías «anti-yanquis» o comunistas.
Durante la retirada de Seúl en 1950, la policía militar surcoreana sacó a prisioneros políticos de las cárceles para ejecutarlos antes de que pudieran ser liberados por el avance norcoreano. El sargento estadounidense Frank Pierce presenció cerca de Daegu la ejecución de entre 200 y 300 civiles —entre ellos una niña de unos 12 años—, atados y fusilados al borde de un acantilado, bajo la simple acusación de ser «espías». Las fuentes documentan que el alto mando estadounidense, incluido MacArthur, tenía conocimiento de estas ejecuciones masivas al menos desde agosto de 1950, y que el gobierno de Estados Unidos las condonó silenciosamente, sin adoptar medida alguna para detenerlas.
En tal contexto, en el avance del ejército norcoreano hacia el sur, este realizó ejecuciones de terratenientes y funcionarios considerados «enemigos de clase», así como matanzas de prisioneros como las de Hill 303 y Bloody Gulch—, pero la lógica que sostuvo esa violencia fue distinta de la del régimen surcoreano: mientras Washington y Seúl mataban para preservar un orden oligárquico impuesto desde fuera y negó incluso la existencia de estas matanzas, Pyongyang informó todo lo que pudo las matanzas cometidas por sus enemigos y también reconoció autoría de sus ejecucionese incluso las incorporó en su instrumental propagandístico al señalar a los enemigos a los que se enfrentaba. En ese marco, fue la prensa norcoreana la primera en informar sobre No Gun Ri en agosto y septiembre de 1950 para denunciar la barbarie de las fuerzas de la ONU y de Estados Unidos.
NSC-68 y el rearme global: la vida campesina coreana como «problema táctico»
La masacre de No Gun Ri no puede desligarse de la política general del régimen imperialista estadounidense, contenida en esa coyuntura en el documento secreto NSC-68, Informe 68 del Consejo de Seguridad Nacional, un memorándum ultrasecreto de 58 páginas presentado al presidente estadounidense Harry S. Truman el 7 de abril de 1950. Este documento impulsaba un rearme masivo de Estados Unidos frente a lo que Washington definía como «amenaza comunista mundial». En ese clima de paranoia atómica, agravado por la reciente «pérdida de China» por el triunfo de la Revolución socialista comandada por Mao Zedong y el Partido Comunista de China en 1949, el alto mando estadounidense subordinó la vida de la población civil coreana a la seguridad de sus propias tropas y al avance de su agenda geopolítica global. Los campesinos bajo el puente de No Gun Ri no eran, en esa lógica, seres humanos con derecho a protección: eran, en el lenguaje de los propios documentos militares, «problemas tácticos» y daño colateral aceptable.
La memoria como trinchera: la lucha de los sobrevivientes por la verdad
Durante casi cincuenta años, los sobrevivientes de No Gun Ri vivieron bajo lo que puede describirse como una amnesia obligatoria, impuesta por la amenaza policial de ser señalados como comunistas. Solo con la paulatina y muy relativa democratización surcoreana de los años noventa pudieron organizarse: en la década de 1990, treinta sobrevivientes y familiares presentaron formalmente una demanda de indemnización ante los gobiernos de Corea del Sur y de Estados Unidos. Cuando el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente las muertes en 2001 calificándolas de «tragedia inherente a la guerra», los sobrevivientes rechazaron categóricamente esa conclusión, denunciándola como un encubrimiento que negaba la política deliberada de disparar contra refugiados. Hoy persiste, según describen los propios protagonistas, una herida profunda en la sociedad surcoreana: sobrevivientes y descendientes realizan conferencias y ceremonias anuales en el Parque de la Paz de No Gun Ri para que el mundo no olvide lo ocurrido bajo aquel puente, mientras la potencia que apretó el gatillo sigue sin pedir perdón.
No Gun Ri no fue un extravío momentáneo de la disciplina militar: fue la política de un imperio que, en nombre de la libertad, exterminó campesinos y sostuvo dictaduras, y que setenta y seis años después continúa sin pagar la cuenta.
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