Los 119 de la Operación Colombo, medio siglo después: el crimen terrorista de la dictadura pinochetista y la guerra cognitiva desplegada para borrarlo de la historia
A 5 décadas del montaje que buscó convertir el secuestro y el asesinato de Estado en una «purga» entre compañeros, la reconstrucción de archivos, testimonios y fallos judiciales confirma que el «Caso de los 119» no fue un error de prensa ni una intoxicación aislada, sino una operación de guerra psicológica diseñada desde el corazón del aparato represivo para encubrir el exterminio de la izquierda chilena y aterrorizar a quienes resistían. Su vigencia no es solo memorial: es la matriz de un patrón —desinformación estatal, prensa cómplice, impunidad selectiva— que Nuestra América sigue enfrentando bajo otras formas. Como todos los años, una manifestación se realizó en los 51 años de esta criminal y terrorista operación, marchando por el Centro Cívico de Santiago de Chile y finalizando en una emotiva ceremonia en la Plaza de Armas de la capital chilena. Aquí repasamos en detalle la «Operación Colombo» y la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que persiste hasta hoy.
En julio de 1975, mientras los organismos de derechos humanos y las Naciones Unidas incrementaban el escrutinio sobre la dictadura de Augusto Pinochet por la desaparición sistemática de opositores, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) desplegó una de las operaciones de desinformación más sofisticadas de la Guerra Fría en el Cono Sur: la Operación Colombo, también conocida como el «Caso de los 119». Su objetivo fue instalar la «falsa verdad» de que 119 militantes de izquierda, la gran mayoría del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), habían muerto en el extranjero, principalmente en Argentina, víctimas de «purgas internas» o enfrentamientos entre facciones. La realidad, documentada décadas después por la justicia chilena, era otra: esas personas habían sido detenidas en Chile por agentes del Estado y permanecían desaparecidas tras pasar por centros de tortura y exterminio como Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y la casa de calle Irán 3037.
El número 119 no fue un dato estadístico casual. Se ha establecido que la cifra aludía deliberadamente al 11.9 —11 de septiembre—, fecha del golpe de Estado, en lo que se interpreta como una firma cabalística de los estrategas de la DINA: una marca destinada a que el país nunca olvidara que, desde ese día, Chile «ya no volvería a ser el mismo».
El montaje como maquinaria transnacional: los diarios fantasma de Buenos Aires y Curitiba y la agencia estadounidense UPI
Para dar credibilidad internacional a la mentira, la DINA no se conformó con la prensa chilena. Coordinó la aparición de dos publicaciones extranjeras que existieron —o resucitaron— por un solo día con el único fin de difundir listas de «muertos». El 15 de julio de 1975, la revista argentina Lea publicó una nómina de 60 chilenos supuestamente aniquilados en una «feroz purga» interna. Diez días antes, el 25 de junio, el diario brasileño O’Dia, de Curitiba —descontinuado desde la década de 1930 y resucitado para la ocasión bajo el nombre de Novo O’Dia, publicación que en toda su historia posterior solo volvería a editarse en tres ocasiones—, había informado sobre la muerte de otros 59 militantes en presuntos enfrentamientos ocurridos en Salta, Argentina. Esto fue amplificado por la agencia estadounidense de prensa UPI, United Press International.
Ninguna de las dos publicaciones era lo que aparentaba. Lea fue editada por la editorial Codex, dependiente del Ministerio de Bienestar Social argentino que dirigía José López Rega, jefe de la organización paramilitar Triple A —la Alianza Anticomunista Argentina—, aliada operativa de la DINA en el exterior. Se imprimieron apenas 20.000 ejemplares de esa edición única, que nunca volvió a los quioscos. O’Dia, por su parte, fue reactivado por instrucción directa de Álvaro Puga a través de Gerardo Roa, agregado de prensa chileno en Brasil y agente de la DINA, exclusivamente para publicar la lista de 59 nombres antes de desaparecer de nuevo.
El periodista Mario Planet, entonces director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, viajó junto a otros investigadores hasta las direcciones que figuraban en ambos medios y constató que las imprentas señaladas no existían físicamente. El abogado Hernán Montealegre, enviado por el Comité Pro Paz, confirmó lo mismo en Argentina y Brasil: ninguna de las dos publicaciones tenía estructura periodística real. La prueba definitiva llegó de la mano del corresponsal estadounidense John Dinges, quien descubrió que las listas publicadas en el extranjero eran una transcripción literal de los recursos de amparo presentados por los abogados chilenos de las víctimas —hasta con los mismos errores ortográficos—, lo que demostraba sin ambigüedad que el origen de la información no era una investigación periodística, sino la propia inteligencia chilena.
La confesión final llegaría en 1978, cuando el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel fue detenido en Argentina acusado de espionaje. Presionado —y, según se ha documentado, chantajeado por las autoridades argentinas debido a su orientación sexual—, Arancibia Clavel entregó a la justicia trasandina archivos personales que detallaban la planificación de lo que sus propios documentos llamaban «Operación publicidad», incluyendo el uso de servicios periodísticos porteños para fabricar las noticias falsas.
Álvaro Puga: el «Goebbels de Pinochet» y el diseño de la guerra cognitiva
Detrás del montaje comunicacional operaba una figura que combinaba funciones de gobierno, inteligencia y prensa: Álvaro Puga Cappa, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar desde el edificio Diego Portales (antes Edificio UNCTAD III, hoy Centro Cultural GAM), asesor directo de Pinochet y de la DINA —luego de la CNI—, experto en operaciones psicológicas, y columnista de La Segunda bajo el seudónimo «Alexis». Puga se jactaba de ser llamado el «Goebbels de Pinochet», una autodefinición que resume con precisión su función real dentro del aparato represivo.
Fue él quien entregó personalmente, en el edificio Diego Portales, los artículos y nóminas de víctimas que debían publicarse como «muertas en purgas internas»; él quien coordinó la distribución del material tanto a los medios fantasma de Argentina y Brasil como a la prensa chilena; y él quien ejerció la supervigilancia sobre los corresponsales extranjeros. En 1977, tras fracasar un intento de expulsión del país contra John Dinges, Puga lo citó a su oficina y le advirtió que, al no poder sacarlo de Chile, el gobierno ya no podía protegerlo, porque «andaban muchos terroristas» que podrían «atropellarlo mientras caminaba por las aceras». Décadas después del fin de la dictadura, Puga mantuvo su discurso negacionista al frente del sitio Despierta Chile, repitiendo la versión de que los desaparecidos habían muerto en combate.
Un archivo personal de Puga, puesto a disposición pública por la Universidad Alberto Hurtado ha permitido reconstruir la lógica de lo que sus propios documentos describen como una «guerra cognitiva»: una maniobra donde el campo de batalla era la mente humana y donde la desinformación tenía objetivos multipropósito que trascendían el encubrimiento: generar una sensación de amenaza nacional permanente, enviar mensajes cifrados de advertencia a los familiares que comenzaban a organizarse y al Comité Pro Paz, y desmoralizar al MIR mediante el terror y la criminalización de sus militantes.
La prensa oficialista como apéndice de la represión
El material fabricado por la DINA no habría tenido efecto sin una prensa internacional y nacional dispuesta a amplificarlo con entusiasmo. La agencia UPI distribuyó originalmente los cables con la información de las revistas extranjeras a los medios chilenos, que la replicaron sin matices. El Mercurio tituló «Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas» y defendió la versión oficial en sus editoriales; La Tercera informó que «el MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior»; Las Últimas Noticias habló de una «sangrienta pugna del MIR en el exterior».
Pero fue La Segunda la que produjo el titular que se convertiría en emblema de la complicidad mediática con el terrorismo de Estado: «Exterminados como ratones», publicado el 24 de julio de 1975 en letras rojas que ocupaban gran parte de la portada del vespertino —también citado en algunas ediciones como «Exterminan como ratas a miristas», con el antetítulo «Gigantesco operativo militar en Argentina». Su autoría se atribuye al entonces director del diario, Mario Carneyro; se ha mencionado también a la periodista Mercedes Garrido como presunta autora intelectual, aunque fue absuelta de cargos éticos por falta de pruebas.
El impacto del titular operó en varias dimensiones simultáneas. Para las familias de los 119 desaparecidos, verlo en los quioscos equivalió a enfrentar un «certificado de defunción» brutal e informal; testigos describieron un cuadro «dantesco» en las oficinas de los organismos de derechos humanos, colmadas de familiares llorando. El uso de la palabra «ratones» —o «ratas»— no fue casual: buscaba despojar de condición humana a las víctimas, tratarlas simbólicamente como una plaga cuyo exterminio quedaba así implícitamente justificado. La prensa nacional llegó incluso a referirse al diario brasileño O’Dia como «Odia», jugando deliberadamente con la palabra «odio» para reforzar la estigmatización política de los desaparecidos.
Políticamente, el titular no fue un error periodístico sino una pieza de guerra psicológica que logró, al menos temporalmente, instalar la idea de que el Estado no era responsable de las desapariciones, desviando el escrutinio de la ONU y la OEA. Funcionó también como advertencia: un mensaje celebratorio y amenazante para quienes resistían, sugiriendo que ese sería su destino. La palabra «exterminio» dejaba entrever, sin demasiado disimulo, la pulsión genocida que el régimen ya ejecutaba en la práctica.
El manejo comunicacional del montaje no se limitó a Santiago. En Valparaíso, El Mercurio de Valparaíso relegó las noticias sobre «extremistas» a esquinas inferiores de páginas centrales, priorizando una narrativa optimista sobre la reconstrucción del país, mientras La Estrella de Valparaíso utilizó un lenguaje más directo y anticomunista, informando con frecuencia sobre «suicidios» sospechosos por envenenamiento con pesticidas o ahogamientos que hoy se analizan como posibles ejecuciones encubiertas.
Décadas más tarde, en 2006, el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas sancionó a los directores de los diarios involucrados por su complicidad en la difusión de información falsa sin contrastar fuentes: censura pública y suspensión de la colegiatura por seis meses para Fernando Díaz Palma (Las Últimas Noticias) y Alberto Guerrero (La Tercera). Los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y de La Segunda, Mario Carneyro, fueron declarados inimputables por haber fallecido. Ninguna condena penal ha alcanzado a los responsables del montaje mediático: ni a los directores de diarios, ni a Álvaro Puga, cuya participación está acreditada en el sumario ético del Colegio de Periodistas pero jamás ha sido explorada en profundidad en el ámbito judicial.
Hasta el día de hoy, los familiares exigen que La Segunda rectifique el titular en portada y con la misma extensión que el original. El diario ha publicado notas menores en páginas interiores reconociendo el fallo de la Corte Suprema, pero se niega a rectificar en portada, alegando que constituiría una «catástrofe» para la libertad de prensa. Ante la negativa de los tribunales chilenos, el caso ha sido llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El número como firma: simbolismo y deshumanización en la guerra cognitiva
Más allá de la palabra escrita, la Operación Colombo desplegó un repertorio simbólico deliberado. La cifra de 119 víctimas —vinculada al 11.9 del golpe— operaba como una marca destinada a la memoria social, un mensaje que el régimen quería indeleble. La confiscación de los cadáveres —o, más precisamente, la negación de su existencia— buscaba cosificar a las víctimas, privando a la oposición de cualquier recurso simbólico para el duelo o la reivindicación política. El relato de «purgas» o «disputas de dinero» entre camaradas intentaba, además, culpar a las propias víctimas de su destino, presentándolas como «víctimas de sus propios métodos».
Frente a este dispositivo, la resistencia y la memoria posterior construyeron un contramensaje simbólico propio. El proyecto «19 Loicas», impulsado por el Archivo Nacional, recuperó a través de la figura de esta ave de pecho colorado la historia de las diecinueve mujeres asesinadas en la operación. Intervenciones artísticas recientes recurren a xilografías y siluetas de colores para humanizar los rostros frente a los «números y trámites» con que el régimen intentó reducirlos, optando deliberadamente por tonalidades vivas que representan una memoria viva, sostenida no solo en el dolor sino en la vigencia de los sueños y utopías de los 119.
El vínculo con la CIA y la Operación Cóndor: la Operación Colombo como ensayo general
La Operación Colombo fue uno de los tantos casos del terrorismo de Estado chileno, y un antecedente directo de la coordinación represiva que asumiría forma institucional en la Operación o Plan Cóndor. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) es identificada, junto al FBI y la Interpol, como parte del entramado de inteligencia externa que participó del montaje mediático que permitió la desaparición de los 119. En los trabajos de reconstrucción de memoria histórica —como las xilografías que recorren los rostros de las víctimas— se ha optado por incluir el timbre de la CIA junto al de la DINA y los medios fantasma, como forma de evidenciar visualmente a los organismos responsables y cómplices.
La vinculación entre Colombo y Cóndor no es meramente simbólica: Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA en Buenos Aires, articulaba en esa ciudad la planificación del montaje con la Triple A de López Rega, la misma estructura que sería central en el andamiaje de Cóndor. Colombo demostró, antes de que la alianza represiva del Cono Sur adquiriera su forma definitiva, el alcance que podía lograr una maquinaria de desinformación y terrorismo de Estado cuando los servicios de inteligencia de distintos países actuaban coordinadamente bajo la lógica común de que la «guerra antimarxista» no era un problema exclusivo de un solo territorio.
El eslabón involuntario: el asesinato de Eugenio Lira Massi y la «Operación Francia»
Uno de los episodios menos conocidos y más inquietantes vinculados al montaje es la muerte del periodista Eugenio Lira Massi, exredactor de Puro Chile (medio afín al gobierno de la Unidad Popular) y figura profundamente odiada por Pinochet, ocurrida en París en junio de 1975. Su reloj de pulsera se detuvo, según se ha reconstruido, exactamente a las 9:30 de la mañana del 8 de junio de ese año.
La revista Lea utilizó su muerte como «piedra angular» del montaje, publicando que se trataba de una «vendetta» de la izquierda para silenciarlo antes de que publicara un libro con secretos de la Unidad Popular. Investigaciones posteriores, en particular las del periodista Edwin Harrington en 1990, sostienen una hipótesis distinta: que Lira Massi habría sido asesinado por la DINA mediante gas sarín, en el marco de un operativo denominado «Operación Francia». El informe toxicológico original no reveló venenos comunes, pero la autopsia describió un color rosado en el cerebelo, hallazgo que médicos consultados asocian con insuficiencia respiratoria inducida por agentes químicos; familiares notaron, además, que la piel del periodista estaba notablemente destruida apenas tres días después de su muerte. El agente Michael Townley —de doble nacionalidad chileno-estadounidense— viajó desde Chile a París en fechas cercanas al deceso, al igual que el funcionario de seguridad Bernardo Conrads Salazar.
El investigador John Dinges ha señalado similitudes entre el método y las circunstancias de la muerte de Lira Massi y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, caso en el que también se acreditó judicialmente la intervención de la plana mayor de la DINA y el uso de violencia química.
Cuerpos calcinados y fichas falsas: los ensayos previos del montaje
Antes de las listas de julio de 1975, la DINA realizó ensayos destinados a dar veracidad al relato de las «purgas». Entre abril y julio de ese año aparecieron en Buenos Aires y sus alrededores cuerpos calcinados o quemados de supuestos chilenos, con documentos de identidad dejados deliberadamente cerca de los cadáveres para forzar una identificación falsa. Uno de los antecedentes fue el hallazgo, en abril de 1975, del cuerpo descuartizado del militante socialista David Silbermann, a quien se atribuyó falsamente una muerte a manos de un comando del MIR, cuando en realidad había sido secuestrado por la DINA en Chile.
Los familiares de los detenidos desaparecidos viajaron a Argentina para realizar las pericias correspondientes y constataron que los restos no correspondían a sus seres queridos, desmintiendo la versión oficial. La identidad real de esas personas calcinadas sigue siendo desconocida hasta hoy: fueron utilizadas como insumos de la desinformación. La periodista Mónica González ha prestado declaración ante la justicia argentina en un esfuerzo por identificarlas a partir de fotografías que el propio Arancibia Clavel conservaba en sus archivos secretos de Buenos Aires.
El montaje contó, además, con colaboración oficial argentina más allá de los grupos paramilitares, aún cuando aún no se ejecutaba el Golpe de Estado en Argentina, ocurrido en marzo de 1976. Héctor García Rey, entonces subsecretario de Seguridad Interior de Argentina y más tarde hombre de confianza de Carlos Menem, colaboró directamente con la DINA en la confección de fichas de extranjería falsas destinadas a «probar» que los 119 chilenos habían cruzado la cordillera. Los archivos secretos incautados a Arancibia Clavel revelaron, por lo demás, que la operación fue más amplia que la lista oficial: en sus papeles figuraban detenidos desaparecidos que no fueron incluidos en la nómina final de los 119, como Marcela Sepúlveda Troncoso y el ingeniero David Silbermann, lo que sugiere que la cifra fue una selección basada en el simbolismo numérico del golpe, dejando a otros en la impunidad total de los archivos secretos.
Un método de desinformación particularmente perverso fue el empleado en el caso de Miguel Ángel Acuña: tras su desaparición, la DINA utilizó bajo tortura a otro joven con el mismo nombre, detenido en Temuco, para obligarlo a firmar documentos que afirmaban haber viajado a Argentina y regresado libremente a Chile. Su madre llegó a recibir una carta oficial informando de la «liberación» de su hijo, solo para constatar en la dirección indicada que se trataba de una persona distinta: el verdadero Miguel Ángel seguía desaparecido.
La resistencia rompe el cerco: la huelga de hambre de Melinka
La respuesta más contundente al montaje no vino de la diplomacia ni de la prensa extranjera, sino de los propios prisioneros políticos. Al conocer las listas publicadas, los presos del campo de concentración de Melinka, en Puchuncaví —construido sobre uno de los centros del plan de balnearios populares del gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende—, iniciaron el 31 de julio de 1975 la primera huelga de hambre de la dictadura, motivados por una certeza directa: muchos de ellos habían compartido cautiverio con personas de la lista de los 119 en Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, por lo que sabían que estaban vivos —o habían estado vivos— en Chile, no muertos en el extranjero.
La movilización fue impulsada principalmente por militantes del MIR, con apoyo del Partido Socialista. Entre los dirigentes destacó el periodista José Carrasco Tapia, conocido como «Pepone». La acción comenzó con unos 80 presos y ascendió a entre 95 y 98 participantes. Para evitar una represión letal inmediata, los prisioneros evitaron deliberadamente el término «huelga de hambre» en su declaración, optando por la fórmula «abstinencia de ingerir alimentos», y decidieron no realizar ningún otro acto de resistencia que diera pretexto a los militares para atacarlos físicamente.
La respuesta del régimen fue una exhibición de fuerza: buses de infantes de marina rodearon el campo y un helicóptero trasladó al comandante Soto Aguilar, vicealmirante de la Marina, quien acusó a los presos de «traición a la patria» y amenazó con un alto costo por su decisión. Para desarticular la movilización, el mando militar formó a los prisioneros y les exigió dar un paso al frente individualmente para asumir responsabilidad; ante la avalancha de presos que lo hizo, liderados por Carrasco Tapia, el intento de intimidación fracasó. Los 98 que mantuvieron su postura fueron separados y encerrados en cabañas con una sola frazada, en pleno invierno.
Los huelguistas lograron sacar su declaración del campo mediante «barretines» —mensajes ocultos en objetos domésticos o ropa—, entregados a sus familiares y al Comité Pro Paz. El Comité de Cooperación para la Paz en Chile resultó decisivo: sirvió como canal vital para que la denuncia llegara a la prensa extranjera y a organismos internacionales, encomendó al abogado Hernán Montealegre viajar a Argentina y Brasil para confirmar el carácter fantasma de Lea y O’Dia, y aportó el archivo de recursos de amparo que permitió a periodistas como John Dinges comprobar que las listas del montaje eran transcripciones de esos mismos documentos judiciales. Facilitó, además, que la situación llegara al cardenal Raúl Silva Henríquez, quien realizó gestiones directas ante la Junta Militar. El asedio del Comité y la Iglesia resultó tan incómodo para el régimen que Pinochet terminó solicitando, a fines de 1975, la disolución del organismo, acusándolo de ser un instrumento de los «marxistas-leninistas» para alterar la tranquilidad pública.
El impacto de la huelga se hizo sentir incluso en la prensa oficialista. Si el 24 de julio El Mercurio había defendido tajantemente el montaje, afirmando que las víctimas fueron «exterminadas por sus propios camaradas», alrededor del 3 o 4 de agosto el mismo diario publicó una editorial pidiendo esclarecer la «versión extraña» de los supuestos ejecutados del MIR. Para los presos, ese giro fue interpretado como un triunfo político: la estrategia de criminalización de la DINA generaba dudas incluso en sectores afines a la dictadura. La huelga terminó el 8 de agosto de 1975, considerada un éxito político por haber fracturado el cerco informativo. Como represalia, cabecillas como Osvaldo Torres y Eduardo Charme fueron trasladados primero al campo de Ritoque y luego a celdas de castigo en Tres Álamos.
El episodio dejó, además, una huella institucional: fue determinante para que los familiares se agruparan con mayor fuerza, sentando las bases de lo que sería la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Y dejó también un hecho insólito en medio del horror: durante la huelga nació en el propio campo una niña, bautizada Melinka Victoria, a quien atendieron los médicos que se encontraban entre los prisioneros políticos, llevada al recinto por carabineros que sabían que allí había personal calificado.
Los rostros detrás del montaje: las 19 Loicas
Entre las 119 víctimas, 19 eran mujeres. El Archivo Nacional ha dedicado a su memoria la publicación «19 Loicas», rescatando sus biografías más allá de su condición de militantes: Muriel Dockendorff Navarrete, estudiante de Temuco y Concepción, fue locutora radial en Radio Ñielol y Radio Lautaro, difusora de la cultura mapuche y el folclore; Jacqueline Drouilly Yurich, asistente social casada con Marcelo Salinas, tenía tres meses de embarazo al momento de su detención; Mónica Llanca Iturra, funcionaria del Registro Civil, colaboraba proporcionando documentación falsa a militantes clandestinos; Bárbara Uribe Tamblay, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, fue detenida junto a su esposo Edwin van Yurick el 10 de julio de 1974; Cecilia Castro Salvadores, destacada deportista, fue detenida junto a su esposo Juan Carlos Rodríguez; Nilda Peña Solari, estudiante de Biología, también estaba embarazada al momento de su detención; Carmen Bueno Cifuentes, cineasta, fue detenida junto a su pareja, el camarógrafo Jorge Müller; María Teresa Bustillos Cereceda, estudiante de Trabajo Social, participó en el «Tren de la Salud» de la Unidad Popular, brindando atención médica gratuita en zonas rurales del sur; María Isabel Joui Petersen, María Cristina López Stewart —integrante del equipo de inteligencia del MIR—, María Inés Alvarado Borgel, Violeta López Díaz —trabajadora textil y fundadora de sindicatos—, Marta Neira Muñoz, Sonia Bustos Reyes, María Angélica Andreoli Bravo, María Elena González Inostroza —profesora y directora de escuela en Chillán—, Eugenia Martínez Hernández —obrera textil y dirigente sindical—, María Teresa Eltit Contreras y Jacqueline Binfa Contreras completan la nómina de mujeres detenidas entre mayo de 1974 y febrero de 1975, y hechas pasar por muertas en «purgas internas» mientras su rastro se perdía bajo custodia del Estado chileno.
Entre los hombres de la lista, la figura del profesor de música y concertista de piano Arturo Barría es recordada por proteger a sus alumnos en prisión y por cantar el «Ave María» de Schubert en el campo de Tres Álamos como homenaje a las prisioneras.
El caso de Bárbara Uribe alcanzó, además, un hito jurídico específico: la sentencia definitiva de la Corte Suprema estableció que fue objeto de violencia de índole sexual en diversas oportunidades durante su cautiverio, la primera vez que el máximo tribunal chileno diferenció explícitamente ese delito de la tortura general en un fallo sobre este caso. El agente Basclay Zapata, conocido como «El Troglo», fue identificado como autor de la violación; Osvaldo Romo también fue señalado como responsable de su detención y vejación. Los captores obligaron a Edwin van Yurick —también desaparecido hasta hoy— a presenciar la agresión contra su esposa; pese a haber sido gravemente herido tras la amputación de una pierna por torturas, van Yurick reaccionó escupiendo con su propia sangre a los agresores, en un gesto de resistencia frente al horror absoluto.
El aparato estatal del encubrimiento: SENDET, el Ministerio de Justicia y Colonia Dignidad
El montaje mediático no habría sido sostenible sin una arquitectura burocrática que lo respaldara desde el propio Estado. La Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), junto al Departamento Confidencial del Ministerio del Interior, llevaba los registros de las personas privadas de libertad. Su director inicial, el coronel Jorge Espinoza Ulloa, señaló que una de sus primeras medidas fue la creación de recintos «adecuados» para albergar detenidos tras el golpe. Oficialmente, la SENDET declaraba ocuparse del bienestar de los reclusos, incluso mencionando una supuesta colaboración con Caritas Chile; en los hechos, se trataba de una versión manipulada, mientras la Iglesia Católica, bajo el cardenal Silva Henríquez, mantenía una firme oposición a las violaciones de derechos humanos cometidas en esos mismos recintos. La SENDET cumplía además una función comunicacional explícita: desvirtuar ante la opinión pública nacional e internacional las denuncias de malos tratos y desapariciones. Hasta hoy se desconoce el destino final de sus archivos, lo que ha dificultado establecer con precisión el paradero de los detenidos desaparecidos.
El Ministerio de Justicia, por su parte, oficializó la negación: ante las consultas desesperadas de los familiares, respondía sistemáticamente con oficios estandarizados que afirmaban desconocer el paradero de los detenidos. Investigaciones recientes en el Archivo Nacional han detectado, sin embargo, documentos secretos y reservados en el Fondo Ministerio de Justicia que contenían información sobre víctimas de la operación, entre ellas Antonio Cabezas Quijada, Claudio Silva Peralta, Fernando Silva Camus y el propio Arturo Barría —prueba de que la negación oficial convivía, puertas adentro, con el conocimiento efectivo de los hechos.
Un tercer frente documental lo constituyen las fichas halladas en «Colonia Dignidad» —el enclave nazi alemán también conocido como «Villa Baviera»—, integradas al Fondo Sociedad Benefactora Colonia Dignidad, resguardado en el Archivo Nacional, específicamente en la Sección 1 de «Inteligencia», Fichero 21 del Kardex. Contienen registros individuales de personas detenidas y hechas desaparecer, con información vinculada a las víctimas del Caso de los 119. Familiares como Luz Encina, madre de Mauricio Jorquera, señalaron en su momento haber tenido noticia de la existencia de estas listas, aunque inicialmente no se les entregó información detallada. Testimonios de sobrevivientes confirman que Colonia Dignidad funcionó como centro de detención clandestino, donde los prisioneros permanecían vendados en sótanos.
Justicia tardía y selectiva: la condena de 2023 y los responsables que murieron impunes
Durante casi un cuarto de siglo, la Operación Colombo no tuvo investigación judicial seria. Esta solo pudo comenzar en 1998, tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, bajo la instrucción del ministro de la Corte Suprema Juan Guzmán Tapia, quien tomó una decisión procesal determinante: desacumular los 119 casos originales para investigarlos como episodios separados, en lugar de tratarlos como un solo montaje unificado. Esa fragmentación explica, en buena medida, por qué la justicia chilena terminaría abordando el «Caso de los 119» mediante decenas de fallos dispersos en el tiempo antes de llegar a una sentencia de conjunto.
El hito judicial más significativo llegó casi cincuenta años después de los hechos: el 2 de marzo de 2023, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en el llamado «Episodio Principal» de la Operación Colombo, condenando a 59 ex agentes de la DINA por la desaparición forzada de 16 víctimas —Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Albano Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Juan Carlos Rodríguez Araya, Jilberto Urbina Chamorro e Ida Vera Almarza—, en lo que se considera la condena más masiva por violaciones a los derechos humanos en la historia de Chile. Entre los sentenciados figuran nombres recurrentes de la cúpula represiva: Miguel Krassnoff Martchenko, Pedro Espinoza Bravo —segundo hombre de la DINA—, Raúl Iturriaga Neumann —jefe del Departamento Exterior del organismo— y César Manríquez Bravo.
La justicia chilena optó por abordar la Operación Colombo mayoritariamente caso a caso, lo que produjo una dispersión de fallos con penas desiguales: 15 años para la plana mayor de la DINA en el caso de María Cristina López Stewart; 13 años para Krassnoff, Espinoza e Iturriaga en el caso de María Angélica Andreoli; condenas confirmadas en 2021 contra Fernando Lauriani Maturana y Leonidas Méndez Moreno, entre otros, en el caso de Juan Carlos Perelman Ide; 10 años para los responsables del secuestro de Bárbara Uribe y Edwin van Yurick, incluyendo a Krassnoff y Nelson Paz. En contraste, el secuestro del profesor Arturo Barría fue sancionado con apenas 6 años y un día, ilustrando la persistencia de la llamada «media prescripción»: el mecanismo de prescripción gradual que, entre 2008 y 2013, afectó al 75% de las condenas por derechos humanos en Chile, permitiendo penas remitidas sin cárcel efectiva. Aunque en el tramo de fallos entre 2018 y 2020 la Corte Suprema mostró sentencias algo más contundentes y en general dejó de validar la prescripción para delitos de lesa humanidad, la exigencia de eliminarla por completo sigue siendo, para los familiares, un pilar de la lucha por la justicia penal plena.
Dos de los máximos responsables jamás pagaron por sus crímenes. Augusto Pinochet fue procesado y desaforado por el ministro Víctor Montiglio en 2005, pero terminó sobreseído por razones de salud mental y, luego, por su muerte: no pasó un solo día en la cárcel por estos hechos. Manuel Contreras, fundador y director de la DINA, falleció mientras se tramitaban varios de estos procesos. En total, catorce agentes procesados murieron durante el juicio sin recibir condena definitiva.
En el plano comunicacional, la asimetría es todavía mayor: mientras 59 agentes de la DINA han sido condenados penalmente, ningún director de diario ni periodista responsable de la difusión del montaje ha enfrentado condena en tribunales de justicia ordinaria. Las únicas sanciones fueron las éticas del Colegio de Periodistas en 2006, y Álvaro Puga —el orquestador de la campaña desde la DINA— tampoco ha enfrentado juicio penal por su rol específico en el montaje mediático, pese a estar acreditada su participación.
El fallo de 2023 como innovación doctrinaria: aparato de poder y empresa criminal conjunta
Más allá de su magnitud, la sentencia del «Episodio Principal» tiene un valor jurídico que trasciende el caso chileno, porque incorpora categorías propias del Derecho Penal Internacional para fundamentar la coautoría de decenas de agentes que jamás pusieron una mano directamente sobre las víctimas.
La Corte Suprema recurrió, en primer lugar, a la doctrina del aparato organizado de poder: en estructuras estatales o mafiosas, explica el fallo, el «hombre de atrás» —quien imparte la orden— dispone de una maquinaria jerarquizada que garantiza la ejecución del crimen a través de intermediarios plenamente conscientes de su rol, sin que la responsabilidad penal del mando dependa de su presencia física en el hecho. A esa figura se sumó la doctrina de la empresa criminal conjunta, para la cual el máximo tribunal citó jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, específicamente el caso Tadić: bajo esa lógica, no es necesaria la intervención directa en el secuestro para ser penalmente responsable, sino que basta con una colaboración funcional al plan común —hacer guardia en un centro de detención, procesar información de inteligencia— para configurar coautoría.
Sobre esa base, la Corte Suprema corrigió además a la Corte de Apelaciones de Santiago en un punto de dogmática penal con consecuencias muy concretas: mientras el tribunal de segunda instancia había absuelto a agentes por no haber «detenido» físicamente a las víctimas, la Suprema aclaró que el delito de secuestro contempla también la conducta de «encerrar» —mantener a una persona en un lugar del que no puede escapar—, lo que validó la condena de quienes custodiaban los centros de tortura sin haber participado en las detenciones iniciales.
La sentencia amplió, asimismo, el círculo de responsables más allá de los operativos tradicionales de la DINA. La condena alcanzó a personal médico de la Clínica Santa Lucía, recinto que el fallo describe como una verdadera morgue para detenidos, donde se realizaban curaciones básicas con el único fin de que los prisioneros heridos pudieran seguir siendo interrogados bajo tortura. El expediente documenta además el paso de víctimas específicas de la lista de los 119 —como Isidro Pizarro e Ida Vera— por el centro de detención conocido como «Venda Sexy» antes de su desaparición definitiva, sumando ese recinto a los ya conocidos Londres 38 y Villa Grimaldi en la geografía del horror.
No todo en el proceso de segunda instancia fue jurídicamente sólido. La Corte de Apelaciones de Santiago intentó, en un episodio calificado por analistas como una auténtica tergiversación, otorgar penas rebajadas a agentes de edad avanzada invocando garantías de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un instrumento que nada tiene que ver con los estándares aplicables a los crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema debió recordar que las obligaciones del Estado chileno frente a estos crímenes exigen penas proporcionales a su gravedad, sin privilegios etarios que licuen la responsabilidad de quienes participaron en el aparato represivo terrorista.
Ese mismo fallo deja, sin embargo, una zona de sombra que ilustra los límites del sistema judicial incluso cuando corrige sus propios errores: de los agentes procesados, 34 exagentes —muchos de ellos soldados conscriptos de baja graduación— terminaron absueltos en definitiva. La Corte de Apelaciones los había liberado de responsabilidad argumentando que solo cumplían «funciones menores», como hacer guardia en el exterior de los recintos. La Corte Suprema consideró que ese razonamiento era jurídicamente erróneo —hacer guardia, sostuvo, es precisamente una forma de cooperar en el encierro ilegal—, pero mantuvo las absoluciones por un problema estrictamente procesal: los querellantes habían interpuesto un recurso de casación «en la forma» —por falta de fundamentos— cuando debieron presentar uno «en el fondo», por error en la aplicación de la ley. La corrección doctrinaria llegó, así, demasiado tarde para alcanzar a esos responsables, en una nueva muestra de que en Chile la arquitectura procesal ha operado, una y otra vez, como un colador adicional de impunidad para el aparato de la dictadura.
Los periodistas que pagaron por buscar la verdad
Quienes intentaron desmontar la operación enfrentaron represalias que fueron desde la amenaza hasta la ejecución. John Dinges, corresponsal del Washington Post y la revista Time, tuvo que despachar su investigación desde Buenos Aires por considerar demasiado peligroso hacerlo desde Chile, y fue amenazado directamente por Álvaro Puga. El periodista británico George Roth Forgacs, que investigó el «Caso de los 119» y la postura de la Iglesia Católica, fue expulsado del país por recomendación de la División Nacional de Comunicación Social (DINACOS). José Carrasco Tapia, dirigente de la huelga de Melinka, fue ejecutado en 1986 por un comando de la CNI como represalia por el atentado a Pinochet. Mario Planet, gracias a su investigación sobre los diarios fantasma, permitió que la noticia del fraude se lanzara al mundo desde la oficina de la revista Time en Buenos Aires. Eugenio Lira Massi, como se detalló, fue la víctima involuntaria convertida en pieza central del relato oficial.
Mientras estos periodistas arriesgaban su vida, los directores de El Mercurio, La Segunda, La Tercera y Las Últimas Noticias actuaron como cómplices del montaje y recibieron, décadas después, apenas sanciones éticas.
Una exigencia que no ha prescrito: nada ni nadie está olvidado
A cincuenta y un años del montaje, las demandas de familiares y organizaciones de derechos humanos siguen vigentes en cuatro frentes: justicia penal plena, sin aplicación de la media prescripción y sin beneficios carcelarios para los condenados en recintos como Punta Peuco —con once causas que en 2020 permanecían en total impunidad sin movimiento judicial—; rectificación con igual visibilidad de titulares como el de La Segunda, junto a un reconocimiento institucional del daño causado, demanda que hoy se ventila ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; verdad sobre el paradero final de los detenidos y acceso total a archivos secretos como los de Colonia Dignidad y la SENDET; y memoria viva, a través de la incorporación de este episodio en la educación formal y de intervenciones artísticas —xilografías, siluetas de colores— que buscan devolver a los 119 su condición humana, arrebatada primero por el terror y después por el olvido institucional.
La Operación Colombo no fue un episodio de prensa amarilla ni un error de cobertura: fue una pieza de terrorismo estatal donde el Estado, sus servicios de inteligencia y una parte sustancial de la prensa oligopólica chilena se coordinaron —con el respaldo operativo de aliados regionales y el conocimiento de Washington— para convertir el crimen en coartada y a las víctimas en victimarios de sí mismas. Cincuenta y un años después, con 59 agentes condenados y ningún periodista o director de diario tras las rejas, la cuenta pendiente de la Operación Colombo sigue siendo, sobre todo, una cuenta pendiente con la verdad.
FUENTES Y VIDEOS RELACIONADOS:
Las nuevas incógnitas que deja la Operación Colombo: la fake news de la DINA de 1975, Lucía Sepúlveda. Publicado en CIPER Chile (2020).
El rol de los medios en la Operación Colombo, Mónica González. Publicado en CIPER Chile (2008)
119 personas desaparecidas y la fabricación de las noticias falsas. Vícaría de la Solidaridad.
A 50 años del montaje de la Operación Colombo: 119 causas para seguir luchando, Londres 38.
La sentencia del proceso Operación Colombo, episodio principal. El juzgamiento penal del gran montaje de la DINA. Francisco Bustos y Andrea Gattini.
Noticiero Judicial: Fallo Histórico – El gran montaje: Operación Colombo
Archivo 24 | Operación colombo: el montaje para ocultar 119 asesinatos
50 años Operación Colombo. La Utopía está vigente
Operación Colombo: memoria, prensa y negacionismo a 51 años del montaje de la dictadura. Periodista TV
Presentación: «El Primer Civil de la Dictadura. Los Archivos Secretos de Álvaro Puga»
