La matanza como método de gobierno del Estado oligárquico: un repaso a las masacres que configuraron el siglo XX chileno
Entre 1890 y 1938, el Estado chileno y sus aliados empresariales y oligárquicos resolvieron cada conflicto de clase de la misma manera: con plomo y sangre de obreros, campesinos, indígenas. Desde la estación de Zapiga hasta la artillería de La Coruña, pasando por la Escuela Santa María de Iquique y los campos de Lonquimay, la historia republicana de Chile es también la historia de una tríada —poder político, poder económico y poder militar— que decidió sistemáticamente que la vida de obreros, campesinos, comuneros mapuche y sujetos populares en general, valía menos que el orden de la propiedad y el régimen excluyente y elitario que ha caracterizado a la historia de Chile en sus más de dos siglos de vida. Aquí hacemos una revisión de los principales crímenes y episodios represivos de ese período de la mano del trabajo de historiadores como Sergio Grez, Floreal Recabarren, Eduardo Devés, Pablo Artaza y Sergio González.
Cuando se habla de «violencia política» en Chile, el sentido común instalado por la historiografía liberal tiende a saltar directamente al golpe de 1973, como si la República hubiese vivido en paz hasta entonces. Entre otros, historiadores como Sergio Grez, Floreal Recabarren, Pablo Artaza, Eduardo Devés o Sergio González han dedicado buena parte de su trabajo a desmontar esa ficción: entre 1890 y 1925, y con réplicas hasta 1938, Chile vivió lo que puede llamarse sin exageración una hiperabundancia de masacres, un ciclo represivo sostenido en el que el Estado actuó, una y otra vez, como brazo armado de la oligarquía terrateniente, salitrera y financiera. No se trató de excesos aislados ni de errores de mando: fue un patrón. Y ese patrón tiene nombre, fecha y responsables.
La «cuestión social» como guerra de clases no declarada
El periodo que Sergio Grez delimita entre 1890 y 1925 coincide con la transición desde un modo de producción de raíz colonial —relaciones serviles, castigos corporales, servidumbre de facto— hacia un capitalismo salitrero y portuario que, lejos de suavizar la explotación, la modernizó. La llamada «cuestión social» no fue un problema de pobreza que la élite descubrió con sorpresa, sino el nombre eufemístico que el orden oligárquico dio a la organización creciente de una clase obrera que empezaba a exigir lo elemental: salario en moneda de curso legal, fin de las fichas y las pulperías, seguridad en las faenas, jornada de ocho horas. Cada vez que esas demandas se articularon con fuerza suficiente para amenazar la tasa de ganancia salitrera, ganadera o portuaria, la respuesta fue la misma: la tríada de responsabilidad que Grez identifica en caso tras caso, integrada por el poder político (gobernaciones e intendencias), el poder militar o policial, y el poder económico, representado muchas veces por capitales extranjeros —británicos sobre todo— con línea directa a sus cancillerías.
Zapiga y Valparaíso, 1890: la huelga que inició el ciclo
La Huelga General de 1890, la primera de su tipo en el país, estalló en julio en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, recién incorporadas tras la Guerra del Pacífico, y se extendió después a Valparaíso y Viña del Mar. El detonante fue doble: el sistema de fichas-salario y pulperías que anulaba cualquier movilidad económica del pampino, y la devaluación del peso frente a la libra esterlina, que erosionaba salarios ya miserables. En la estación de Zapiga, unos doscientos trabajadores que intentaron incendiar las instalaciones ferroviarias fueron repelidos a balazos por el jefe de estación y por vecinos armados —civiles defendiendo intereses empresariales—, dejando al menos seis muertos. En Valparaíso la represión militar fue de otra escala: Grez ha destacado el hallazgo de un parte confidencial de la Comandancia General de Armas, conservado en los archivos del Ministerio de Guerra, que reconoce más de un centenar de muertos en una sola noche de represión. La huelga de 1890 es, además, uno de los factores que agudizó la tensión que un año después derivaría en la Guerra Civil de 1891 contra José Manuel Balmaceda —un conflicto que Grez clasifica aparte, como enfrentamiento interoligárquico, y no como masacre patronal en sentido estricto—. Lo relevante es que 1890 fijó el precedente: el Estado no sería árbitro neutral, sino parte interesada.
1903-1907: el primer ciclo de masacres obreras
Entre 1903 y 1907 se concentra lo que la historiografía social identifica como el primer ciclo de masacres obreras, cuatro episodios que se encadenan geográfica y temporalmente hasta desembocar en Iquique.
En Valparaíso, en mayo de 1903, una huelga de estibadores y trabajadores marítimos de la Compañía Sudamericana de Vapores derivó en uno de los actos de violencia empresarial directa más elocuentes del periodo: cuando un grupo de obreros intentó atacar el local del diario El Mercurio, empleados del propio periódico respondieron a tiros, matando a siete personas, episodio que la jerga popular bautizó como el «Mata 7». La represión general en la ciudad dejó decenas de muertos adicionales y cientos de heridos, mientras el incendio del edificio de la CSAV agravaba la respuesta militar en las calles. Años más tarde, el entonces ministro del Interior Rafael Sotomayor justificaría la violencia atribuyéndola a un «verdadero y grave desorden» nacido de la complacencia de la autoridad local, una lectura que invierte la responsabilidad y convierte a la víctima en culpable, operación retórica que se repetirá en cada uno de los casos siguientes.
En 1904, en la Oficina Chile, cerca de Taltal, la protesta obrera contra el sistema de fichas y pulperías fue sofocada en septiembre por fuerzas militares y policiales enviadas a nombre del «orden público» y de la protección del fisco salitrero, dejando decenas de muertos y heridos entre los pampinos que resistían el desalojo. El episodio funcionó, según Grez, como ensayo de lo que más tarde llamaría «guerra preventiva»: el Estado no buscaba negociar, sino adelantarse a que el ejemplo organizativo cundiera en otras oficinas. Fue precisamente esta cadena de masacres remotas, ocultas en el desierto, la que empujó a dirigentes anarquistas como Magno Espinoza y Luis Olea, junto a tipógrafos como Luis Emilio Recabarren, a fortalecer la prensa obrera —encabezada por El Despertar de los Trabajadores— como caja amplificadora capaz de sacar estos crímenes de la impunidad del silencio regional y conectarlos con hitos internacionales como los Mártires de Chicago.
La Semana Roja de octubre de 1905 en Santiago, originada por la «huelga de la carne», ilustra hasta qué punto la élite estaba dispuesta a armar civilmente su propio proyecto de clase: ante la incapacidad de la policía y la ausencia del grueso del ejército, entonces de maniobras en el sur, el Estado entregó fusiles y municiones a civiles de barrios acomodados, los llamados «pijes» o «futres», que salieron a la Alameda con el objetivo explícito de «matar rotos». El saldo fue de al menos doscientos muertos, en su mayoría trabajadores organizados, peones y población urbana marginal. Grez precisa un matiz importante: a diferencia de otros episodios, la Semana Roja no puede clasificarse estrictamente como masacre patronal, porque la acción de estos civiles no respondió a una orden directa de gremios o empresas, sino que brotó de forma más espontánea, canalizada por clubes sociales y ligas patrióticas. El resultado, sin embargo, fue el mismo: sangre popular derramada para sostener el orden oligárquico.
En febrero de 1906, en la Plaza Colón de Antofagasta, la tríada de responsabilidad operó con una nitidez casi de manual. El historiador Sergio Grez, retomando investigaciones de Milton Godoy, documenta cómo la compañía británica del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia ejerció un lobby agresivo sobre el Intendente de la provincia, al que consideraba peligrosamente conciliador, mientras su gerente, Harry Us, recurría a las autoridades diplomáticas británicas solicitando el envío de buques de guerra —presencia que llegó a solicitarse aunque la matanza ya se hubiese consumado—. Fue la llamada «guardia de orden» o guardia blanca, integrada por empleados superiores de la empresa, comerciantes y miembros de la élite local, la que abrió fuego contra los huelguistas en la plaza principal, junto a —o incluso antes que— las tropas regulares.
La Escuela Santa María de Iquique: la «guerra preventiva» como doctrina de Estado
El 21 de diciembre de 1907, el Estado chileno ejecutó lo que Grez describe como el ejemplo más acabado de «guerra preventiva»: una masacre decidida no en respuesta a hechos de violencia obrera, sino a lo que los huelguistas «podían llegar a hacer». Miles de pampinos habían bajado desde las oficinas salitreras de Tarapacá exigiendo el pago en moneda de curso legal a un cambio de 18 peniques, el fin de las fichas y pulperías, seguridad en las faenas y escuelas vespertinas. La Combinación Salitrera, controlada mayoritariamente por capital británico, se negó sistemáticamente a negociar bajo presión, alegando que ceder les costaría el «prestigio moral» que consideraban la única fuerza real del patrón sobre el obrero. El cónsul británico Clark y representantes de firmas como Anthony Gibbs presionaron al Foreign Office y al gobierno de Pedro Montt para imponer «un enérgico control militar», llegando a solicitar también el envío de naves de guerra. El intendente Carlos Eastman llegó a comprometer fondos estatales para cubrir parte del reajuste salarial, oferta que los salitreros rechazaron argumentando que el problema no era de dinero sino de «principios de autoridad».
Bajo esa lógica, el ministro del Interior Rafael Sotomayor sostuvo que era necesario «adelantarse a los acontecimientos», y los mandos militares describieron a los miles de trabajadores concentrados en la ciudad como un «almacén de pólvora» a punto de estallar, pese a reconocer su actitud pacífica. Fue el general Roberto Silva Renard quien, hacia las 15:45 horas del 21 de diciembre, ordenó posicionar las ametralladoras del crucero Esmeralda frente a la Escuela Santa María. La primera descarga apuntó a la azotea, donde se encontraba el Comité de Huelga, y luego a la puerta principal; el fuego de ametralladora se prolongó cerca de treinta segundos, tiempo suficiente para que las balas atravesaran cuerpos y las frágiles paredes de madera. La infantería ingresó después descargando sus armas mientras jinetes del ejército lanceaban a quienes huían hacia la plaza, y los sobrevivientes fueron arreados hacia el Hipódromo bajo nuevas amenazas de muerte.
El gobierno reconoció oficialmente 126 muertos y 135 heridos; testigos y prensa obrera elevaron la cifra a centenares o miles, y el propio Grez sostiene que, aunque la memoria popular repita a menudo la cifra de 3.000 víctimas —influida por la literatura de García Márquez sobre otros episodios latinoamericanos—, es altamente probable que el número real de muertos en la posterior Matanza de La Coruña (1925) haya sido incluso mayor que el de Iquique. La masacre, inmortalizada culturalmente en la Cantata de Santa María de Iquique, provocó un reflujo sindical prolongado que sólo comenzó a revertirse hacia 1912, y forzó a la élite a abandonar el negacionismo absoluto sobre la «cuestión social», acelerando una legislación social incipiente que funcionó, más que como reconocimiento de derechos, como nueva herramienta de contención del conflicto de clases.
Forrahue, 1913: la desposesión de tierra huilliche resuelta a tiros
El 19 de octubre de 1913, en Forrahue, a unos quince kilómetros de Osorno, el terrateniente Atanasio Burgos obtuvo una orden judicial de lanzamiento contra comunidades huilliches que ocupaban históricamente esas tierras, en el marco de una legislación que, tras la eufemísticamente llamada «Pacificación de la Araucanía», permitía a grandes propietarios inscribir predios sin acreditar posesión material previa. Ante la negativa de las familias a abandonar sus hogares, se envió a la policía dependiente del Ministerio del Interior reforzada por civiles armados —una guardia blanca más, en la misma lógica documentada por Grez para otros casos—, que abrió fuego directamente contra la construcción de madera donde se refugiaban hombres, mujeres y niños. El resultado fue de al menos quince muertos y numerosos heridos, con persecución posterior de quienes intentaban huir por los campos. Forrahue exhibe la tríada en su versión más desnuda: el poder económico del latifundista que reclama la tierra, el poder político del juez y el gobernador que autorizan el desalojo, y el brazo armado que ejecuta la matanza. Por tratarse de víctimas indígenas y del «bajo pueblo», la prensa oficial minimizó el hecho como un incidente menor de «rebelión contra la autoridad»; hoy la comunidad huilliche de Osorno lo conmemora cada año como hito de resistencia frente a una violencia estructural sobre la propiedad de la tierra que, más de un siglo después, sigue sin resolverse.
Puerto Natales, 1919: el «Martes Rojo» austral
En enero de 1919, los trabajadores de los frigoríficos de Puerto Natales y Bories —propiedad de grupos como la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, dueña de facto de la vida cotidiana en ese enclave económico patagónico— se organizaron bajo la Federación Obrera de Magallanes (FOM) para exigir aumentos salariales y la jornada de ocho horas. El 23 de enero, cuando la policía intentó arrestar a los dirigentes huelguistas en la plaza del pueblo, se produjo un enfrentamiento armado que la memoria popular bautizó como «Martes Rojo»: ante la superioridad numérica obrera, la policía debió replegarse y la ciudad quedó brevemente bajo control de la FOM. La respuesta llegó con contingentes militares enviados desde Punta Arenas, en una intervención desproporcionada que buscaba no sólo recuperar el control territorial sino dar un escarmiento al sindicalismo organizado, dejando un número indeterminado de obreros asesinados —los informes oficiales, como ocurriría después en La Coruña, tendieron a silenciar o minimizar el uso de fuerza letal—. Tras la represión, se desató una cacería de dirigentes obreros y anarquistas, procesados y sometidos a condiciones carcelarias extremas, mientras los responsables de la violencia estatal y empresarial permanecieron en absoluta impunidad.
Magallanes, 1920: las ligas patrióticas incendian la Federación Obrera
El 27 de julio de 1920, en Punta Arenas, la sede de la Federación Obrera de Magallanes fue asaltada e incendiada por las llamadas «Ligas Patrióticas», una organización civil de carácter paramilitar integrada por comerciantes, empleados de sectores acomodados y jóvenes nacionalistas vinculados a la élite local. El edificio fue rodeado por fuerzas represivas que abrieron fuego contra sus ocupantes antes de prender fuego a la estructura de madera, con un saldo que las fuentes historiográficas sitúan, según el registro consultado, entre ocho y más de veinte muertos. Grez señala que, si bien no existen pruebas documentales de una orden directa emitida por las grandes compañías ganaderas de la zona, hay consenso en que fueron sus intereses los que generaron el clima de violencia que hizo posible el ataque, ejecutado mediante la coordinación entre policía y civiles armados en un contexto de extrema polarización por la elección presidencial de 1920, que la prensa conservadora aprovechó para presentar el asalto como defensa de la soberanía frente a «elementos subversivos». El incendio no sólo cobró vidas: destruyó los archivos, la biblioteca y la imprenta de la organización obrera más potente de la Patagonia, sin que ningún responsable de las Ligas Patrióticas o de las autoridades cómplices fuera jamás condenado. En no pocos casos de este periodo, los únicos procesados terminaron siendo los propios trabajadores sobrevivientes.
El «León de Tarapacá» y su rastro de sangre
Arturo Alessandri Palma llegó al poder en 1920 con un discurso dirigido explícitamente a la «querida chusma», generando expectativas reales de justicia social en el proletariado. La distancia entre ese discurso y la práctica de gobierno se hizo evidente apenas dos meses después de asumir: el 3 de febrero de 1921, en la oficina salitrera San Gregorio, en el cantón de Aguas Blancas, la crisis del nitrato tras la Primera Guerra Mundial llevó a la administración —de capitales extranjeros— a decretar el cierre de la faena. Los obreros exigían un mes de sueldo por concepto de desahucio para poder trasladarse al centro del país; ante la negativa patronal y la resistencia obrera a abandonar la oficina, el gobierno envió un destacamento militar. La tensión derivó en disparos, murió el comandante del contingente, y la respuesta fue una represalia indiscriminada contra la multitud que dejó, según los registros históricos, alrededor de cuarenta trabajadores muertos además de varios soldados, cifra que las fuentes oficiales tendieron sistemáticamente a minimizar. San Gregorio desató una persecución contra los líderes de la Federación Obrera de Chile (FOCH) y del Partido Obrero Socialista bajo cargos de sedición, y quedó instalado en la memoria social como la primera traición del «León de Tarapacá»: la confirmación de que, más allá del discurso reformista, el Estado seguía operando bajo la misma lógica represiva.
Ese ciclo continuó en 1924, cuando la huelga en las oficinas salitreras controladas por la firma Sucesores de Granja y Cía., en Tarapacá —conocidas como «los Sucesores»—, fue reprimida militarmente en plena paradoja institucional: mientras el país vivía el «Ruido de Sables» de septiembre de ese año, con oficiales jóvenes presionando al Congreso para aprobar un paquete de leyes sociales —contrato de trabajo, seguro obrero—, esas mismas leyes no llegaron a aplicarse por la tenaz resistencia empresarial. En ese vacío legal, el gobierno envió tropas a desalojar a los huelguistas de oficinas como Puntilla y Hara, dejando un número indeterminado de muertos y heridos. Para los trabajadores de la provincia donde Alessandri había forjado su carrera política, la represión de 1924 fue sentida como una traición mayor todavía, y radicalizó a la FOCH y al recién fundado Partido Comunista, preparando el terreno para el episodio que cerraría —de la manera más sangrienta— el primer gobierno de Alessandri.
La Coruña, 1925: artillería, silencio de Estado y arqueología de la verdad
El 5 de junio de 1925, el ejército chileno atacó la oficina salitrera La Coruña con artillería pesada, disparando desde una distancia de entre 800 metros y 1,5 kilómetros contra trabajadores apenas armados con dinamita y algunos rifles viejos, incendiando viviendas con familias adentro antes de que la infantería ingresara al lugar. Las autoridades de la época justificaron la brutalidad afirmando que en la pampa había estallado una «revolución soviética». La cifra oficial reconoció 59 muertos; Sergio Grez, considerando testimonios, prensa obrera y evidencia posterior, sostiene que el número real ronda los 2.000 asesinados, incluidas mujeres y niños, lo que convierte a La Coruña —y no a Iquique— en la masacre más grande de la historia de Chile.
Lo más revelador del caso es el mecanismo de encubrimiento. Grez ha documentado que tanto los informes militares como los civiles y policiales de la época guardan un «silencio absoluto» sobre el uso de artillería: no existe, en la documentación oficial, «la menor mención» a esos disparos dirigidos contra hombres, mujeres y niños. Frente a ese vacío deliberado, la reconstrucción histórica ha debido apoyarse en fuentes alternativas —prensa obrera, panfletos, relatos de testigos y, de manera decisiva, restos arqueológicos hallados en el sitio— para confirmar materialmente lo que el Estado decidió borrar de su propia memoria escrita. Que la evidencia de una masacre de miles de personas dependa, un siglo después, de excavaciones y no de archivos oficiales, dice más sobre el carácter de ese Estado que cualquier discurso posterior sobre la Constitución de 1925 y el nuevo orden institucional que supuestamente nacía con ella.
Ranquil, 1934: el segundo Alessandri y la masacre campesina y mapuche
En Lonquimay, entonces provincia de Malleco, la Sociedad Puelma Tupper había consolidado la propiedad de casi 139.000 hectáreas tras la derogación, bajo el propio Alessandri, de decretos previos que permitían el asentamiento de colonos chilenos pobres. En 1934 la empresa inició el desalojo de unas 64 familias, expulsadas en pleno invierno a una zona bautizada por los afectados como «El Matadero». A ese malestar campesino se sumó la rebelión de trabajadores de lavaderos de oro y de la construcción de un túnel, hartos del régimen de explotación minera de la zona. Entre abril y julio de 1934, campesinos, comuneros mapuche y obreros, influenciados por militantes de la FOCH, lograron el control territorial de la zona en lo que la época calificó como un «Soviet» o «República Araucana». Ante una marcha que pretendía llegar hasta Temuco, el segundo gobierno de Alessandri envió fuertes contingentes de Carabineros —institución creada apenas cinco años antes— y efectivos militares, que el 6 de julio de 1934 perpetraron la matanza en el Fundo Ranquil, con persecución posterior de los sobrevivientes y ocultamiento sistemático del hecho por parte de medios como El Mercurio. Al no existir registros oficiales confiables, las estimaciones de víctimas —comuneros mapuche, campesinos pobres y obreros mineros— oscilan entre 500 y 1.500 muertos, con cálculos que llegan hasta 2.500. Pese a las protestas de los partidos Socialista y Comunista en el Congreso, ningún mando militar ni autoridad política enfrentó consecuencias legales.
Vale la pena una precisión que las propias fuentes exigen: hacia el final de ese mismo segundo gobierno, en 1938, ocurriría la Matanza del Seguro Obrero, en la que 59 jóvenes del Movimiento Nacional-Socialista de Chile —de extracción de clase media y acomodada— fueron asesinados tras rendirse luego de un intento de golpe de Estado. Se trata de un episodio de naturaleza distinta a las masacres obreras y campesinas aquí reseñadas, y su mención sirve sobre todo para subrayar el contraste: cuando la violencia estatal se ejerció contra un sector de la propia élite, quedó marcada históricamente como escándalo político; cuando se ejerció, década tras década, contra pampinos, huilliches, frigoríficos australes o comuneros mapuche, quedó archivada como «orden público».
La tríada que nunca cambió de nombre
Lo que emerge al recorrer Zapiga, Valparaíso, la Oficina Chile, la Semana Roja, la Plaza Colón, la Escuela Santa María, Forrahue, Puerto Natales, la Federación Obrera de Magallanes, San Gregorio, los Sucesores, La Coruña y Ranquil no es una serie de hechos aislados atribuibles a comandantes particularmente crueles, sino la operación constante de una misma tríada de responsabilidad: poder económico exigiendo mano dura para no perder su «prestigio moral» sobre el obrero; poder político dispuesto a armar civiles, enviar tropas o mirar hacia otro lado; y un brazo militar y policial entrenado para tratar cualquier demanda popular como un «almacén de pólvora» que había que desactivar antes de que estallara, aunque para ello hubiera que disparar contra quienes aún no habían cometido delito alguno. Ese fue, exactamente, el contenido de la «guerra preventiva» que Grez identifica en Iquique y que se repite, con variaciones locales, en cada uno de los episodios posteriores.
El costo de esa continuidad no fue sólo en vidas —miles, según cualquier estimación seria y no la contabilidad oficial que sistemáticamente las redujo—, sino también en memoria: archivos militares que omiten la artillería, prensa oficial que llama «revoltosos» a los asesinados, informes que borran a mujeres y niños de sus propios registros de fuego. Frente a ese negacionismo de Estado, ha sido la prensa obrera de Recabarren, Espinoza y Olea, los testimonios orales de comunidades huilliches y mapuche, y hasta los restos arqueológicos enterrados en el desierto los que han debido reconstruir lo que la oligarquía prefirió sepultar. Cien años después, la lección que dejó aquel ciclo de matanzas sigue siendo la misma que Violeta Parra resumió al describir a Alessandri como una fiera que repite su ferocidad en cada generación: el orden oligárquico chileno nunca tuvo problema en pactar leyes sociales sobre el papel, siempre que la sangre derramada antes hubiera dejado suficientemente claro quién manda.
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