«Impunidad. Una crónica sobre el SII y los dineros de la política»: Cristian Vargas ex subdirector del Servicio de Impuestos Internos retrata cómo la elite política y empresarial se protegió a sí misma
Diez años después de haber sido expulsado del Servicio de Impuestos Internos por «actuar autónomamente» contra el financiamiento ilegal de la política, Cristián Vargas rompe el silencio. En su libro «Impunidad. Una crónica sobre el SII y los dineros de la política», el abogado que encabezó la Subdirección Jurídica del organismo durante el estallido de los casos Penta y SQM describe, desde adentro, una operación deliberada y transversal —que abarcó a Hacienda, Interior, la Fiscalía y hasta el Tribunal Constitucional— para evitar que la justicia penal alcanzara a quienes financiaron sus carreras con boletas falsas. El resultado, sostiene, no fue la ausencia de delito: fue una autoamnistía de hecho, pactada entre bastidores para que el 80% de un Parlamento electo con dinero irregular no tuviera que rendir cuentas.
Cuando estallaron los casos Penta y SQM, a mediados de la década pasada, el sistema político chileno se asomó por primera vez a una verdad que hasta entonces solo circulaba como sospecha: que buena parte del financiamiento de campañas, transversal a la derecha y a lo que se llamó «socialismo democrático», se sostenía sobre boletas ideológicamente falsas y sobre un pacto tácito de impunidad entre el poder económico y el poder político. Quien estuvo dentro del aparato del Estado cuando ese pacto se activó fue Cristián Vargas, entonces subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII). Su libro es más completo que una reconstrucción periodística hecha desde afuera: es la crónica de quien intentó, desde su cargo, que esas causas llegaran a tribunales, y que terminó despedido por ello.
El descabezamiento del SII: la autonomía institucional como ficción
El primer movimiento de la maquinaria que Vargas describe fue la intervención directa del Servicio de Impuestos Internos. Cuando las investigaciones por los casos Penta y SQM comenzaron a rozar a figuras de todo el espectro político, el gobierno de Michelle Bachelet optó por lo que el autor llama el «descabezamiento» del SII: la salida forzada del director nacional, Michel Jorratt, y la del propio Vargas. En su reemplazo se instaló a autoridades como Fernando Barraza, a quien Vargas describe sin rodeos como una figura «funcional» a la estrategia de contención. Bajo la nueva conducción, el servicio adoptó la tesis de que no le correspondía perseguir delitos tributarios, sino solamente cobrar impuestos, una interpretación que Vargas califica de falacia legal construida a la medida para frenar las causas judiciales en curso.
El episodio, ocurrido en mayo de 2015, dejó una lección que Vargas repite a lo largo del libro: la autonomía legal del SII, que proviene de un decreto de la dictadura, demostró ser puramente formal y extremadamente frágil frente al Ejecutivo. En los hechos quedó «reducida a nada». Un golpe adicional a la autonomía técnica del organismo fue que los dictámenes e informes sobre interpretación de las leyes tributarias —facultad que por ley corresponde en exclusiva al director del SII— empezaron a ser revisados por el Ministerio de Hacienda antes de su emisión. En la práctica, fue el Gobierno el que pasó a decidir sobre la interpretación jurídica de la legislación tributaria.
«El país colapsaría»: la tesis del pánico político nacida en La Moneda
El argumento que sostuvo todo el andamiaje de impunidad fue transmitido a Vargas en una reunión en el Palacio de La Moneda. Un alto funcionario le advirtió que, aunque tuviera la razón jurídica, perseguir penalmente a todos los involucrados haría colapsar al país: se estimaba que el 80% del Parlamento había sido elegido con financiamiento de ese tipo. Ante ese argumento de «razón de Estado», Vargas respondió que su deber como director jurídico era denunciar los delitos detectados, y propuso una salida que consideraba más honesta: si la situación era tan grave para la estabilidad institucional, que se resolviera de cara al país mediante una ley de amnistía. La respuesta del funcionario de gobierno fue tajante: «No, es que eso no va a ocurrir». El Ejecutivo liderado por la presidenta Bachelet no estaba dispuesto a dar la cara ni a rendir cuentas ante la ciudadanía.
Lo que vino después, sostiene Vargas, fue precisamente lo que el Gobierno había rechazado hacer en forma transparente, pero por la vía de los hechos: una autoamnistía construida en las sombras a través del descabezamiento del SII, la remoción de fiscales incómodos y la autorización tácita para que las empresas involucradas regularizaran su situación tributaria por la vía administrativa, sin pisar jamás un tribunal.
Samuel Donoso y la puerta giratoria entre el Ministerio del Interior y la defensa de SQM
Uno de los episodios más elocuentes del libro es el protagonizado por el abogado Samuel Donoso, militante y figura conocida del PPD. Donoso se presentó en reuniones del Ministerio de Hacienda —acompañado por Andrea Palma, jefa de gabinete del entonces ministro Alberto Arenas— como enviado y representante del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Su labor en esas reuniones fue cuestionar formalmente las facultades del SII para presentar querellas contra SQM, algo que Vargas califica de «absolutamente improcedente» e «inaceptable» tratándose de un representante del Ejecutivo interpelando las atribuciones legales de un organismo fiscalizador. Apenas tres días después de esa gestión, el mismo Donoso reapareció públicamente como abogado defensor de SQM, la empresa que había sido objeto de sus cuestionamientos como emisario de gobierno.
Vargas conecta ese episodio con un dato adicional: Peñailillo estaba, en sus palabras, «indignado» con el actuar del SII, en parte porque las pesquisas habían revelado boletas emitidas por él mismo a la empresa Asesoría y Negocios (AyN), de Giorgio Martelli. AyN operaba como una sociedad puente que recibía fondos de una filial de SQM y los derivaba al financiamiento de la precampaña de Michelle Bachelet y de la Nueva Mayoría. Peñailillo, entonces, no solo presionaba desde su cargo: tenía un interés personal directo en que la contabilidad de SQM no llegara a manos de la Fiscalía.
El pendrive escondido y el plan para bloquear a los fiscales
Uno de los hallazgos más graves que documenta Vargas es el destino de un pendrive que la propia SQM entregó voluntariamente al SII, con su contabilidad completa. Ese dispositivo, que contenía antecedentes que Vargas califica de fundamentales para determinar si existían delitos tributarios, fue escondido de la Subdirección Jurídica —la unidad que él encabezaba y que debía analizarlo para fundar querellas— y derivado a otra división del servicio.
Detrás de esa maniobra, según reconstruye Vargas, existía un diseño más amplio ideado desde el Ministerio del Interior: que el SII se adelantara a la Fiscalía en la obtención de la contabilidad de SQM, la retuviera y generara con ello una controversia de facultades entre ambos organismos. Esa disputa legal, de haberse judicializado, habría llegado al Tribunal Constitucional, donde —según le informaron a Vargas en su momento, aunque aclara que no le consta personalmente— la estrategia ya estaría conversada con integrantes del tribunal, mencionando específicamente al entonces ministro Carlos Carmona. El objetivo final de toda la operación era ganar tiempo para que las empresas involucradas pudieran regularizar sus declaraciones de impuestos antes de que la vía penal avanzara.
Jorge Abbott y la neutralización del Ministerio Público
La estrategia de contención no se agotó en el SII: se extendió también a la Fiscalía. Vargas relata que se removió de los casos a los fiscales que mostraban voluntad real de investigar, como Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y que en su lugar se instaló a Jorge Abbott como Fiscal Nacional, a quien el autor describe como una figura «funcional» instalada específicamente para garantizar que las investigaciones se detuvieran. Bajo su gestión, sostiene Vargas, la Fiscalía dejó de ser un organismo independiente y pasó a ser una pieza más del engranaje que permitió construir la autoamnistía.
El libro menciona además un episodio inédito: un fiscal —cuya identidad Vargas no pudo confirmar con certeza, aunque sospecha que se trataba de Alberto Ayala— habría acudido directamente a La Moneda para «acusar» al SII ante el propio Peñailillo por la presentación de querellas que incomodaban al poder político, una conducta que Vargas denuncia como una filtración impropia de información bajo reserva. La denuncia sobre esa irregularidad fue investigada por el fiscal Manuel Guerra, pero no llegó a ninguna parte y terminó sobreseída, en lo que Vargas describe como una actuación «vergonzosa» que confirmó el fracaso del Ministerio Público en cumplir su rol real de investigación. El autor apunta también a un problema estructural: el sistema de nombramiento del Fiscal Nacional por parte del Senado deja al cargo supeditado a los intereses de la clase política, algo que ya se había evidenciado antes con Sabas Chahuán y que se profundizó con Abbott.
El mecanismo técnico: cómo funcionaban las boletas ideológicamente falsas
El libro dedica una parte sustancial a explicar, con precisión técnica, el engranaje que permitió el fraude. El proceso comenzaba cuando políticos o candidatos acudían a grandes empresas a «pasar el platillo» en busca de financiamiento para campañas presidenciales, parlamentarias o para el funcionamiento de sus partidos. En lugar de registrar ese aporte como una donación —sujeta a límites legales—, las partes acordaban disfrazarlo como el pago de una asesoría o un servicio profesional. Se les llama boletas «ideológicamente falsas» porque el documento tributario es legal en su forma, pero falso en su contenido: el servicio descrito nunca se prestó y la operación económica que declara no existió jamás.
Para emitir esos documentos se recurría con frecuencia a terceros: parientes, amigos o asesores de los propios políticos. Vargas cita el caso de Carolina de la Cerda, quien emitió boletas a Penta y SQM a petición de su cuñado, el entonces subsecretario Pablo Wagner, por servicios que ella misma reconoció nunca haber prestado. También se utilizaban sociedades «pantalla», como la ya mencionada AyN de Giorgio Martelli, que servía de puente entre el dinero de las empresas y el financiamiento de campañas.
El mecanismo generaba un beneficio doble: el político recibía fondos «negros» eludiendo los controles de financiamiento electoral, y la empresa, al registrar esas boletas como «gasto necesario para producir la renta», disminuía artificialmente su utilidad tributable y pagaba menos Impuesto de Primera Categoría del que le correspondía. En algunos casos, el mecanismo se usaba también para aumentar el crédito fiscal del IVA o para obtener devoluciones indebidas por parte del fisco. Vargas no matiza el juicio: lo llama derechamente «fraude tributario» y «robo al país», y sostiene que este financiamiento transformó a buena parte de la clase política en agentes de intereses privados, facilitando una captura del Estado por parte de los grandes grupos económicos.
El PPD, Carolina Tohá y las «trenzas» con SQM
Entre los actores políticos señalados por Vargas, el PPD ocupa un lugar central. El partido, junto a sectores de la Democracia Cristiana y del auto denominado «socialismo democrático», utilizó el mecanismo de boletas falsas para obtener recursos de SQM, la empresa controlada por Julio Ponce Lerou que, según el autor, «toca el corazón del sistema» por financiar de manera transversal a políticos de todos los sectores. Investigaciones periodísticas citadas en el libro hablan de «las trenzas» entre el dinero de SQM y el financiamiento del PPD bajo la presidencia de Carolina Tohá, quien dirigía el partido mientras se desarrollaba ese esquema.
El caso de Rodrigo Peñailillo vuelve a aparecer aquí como pieza clave: el entonces ministro del Interior emitió boletas a AyN, la sociedad de Martelli que recibía fondos de una filial de SQM para canalizarlos hacia la precampaña de Bachelet. Samuel Donoso, militante del PPD, encarnó el conflicto de interés al actuar primero como emisario del Ministerio del Interior para presionar al SII y, tres días después, como abogado de la empresa querellada. Vargas concluye que la querella vinculada a este esquema terminó archivada, y que ni Peñailillo ni el resto de los involucrados enfrentaron sanción alguna, en contraste con lo ocurrido en el caso Penta, donde sí hubo condena judicial —vía procedimiento abreviado— para sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y donde también fueron sancionados, como casos aislados, el exsenador Jovino Novoa y el exsenador Jaime Orpis.
Enrique Correa, el arquitecto en las sombras
Vargas identifica a Enrique Correa como uno de los diseñadores centrales de la estrategia de impunidad. Correa cumplía un doble rol que el autor describe como decisivo: integraba el comité de crisis del Grupo Penta —el holding de Délano y Lavín donde se originó la primera gran investigación— mientras simultáneamente asesoraba al gobierno de la época sobre cómo manejar institucionalmente esos mismos casos. Según reconstruye Vargas, fue Correa quien ideó el diseño para detener las investigaciones y evitar que el SII presentara querellas contra los políticos involucrados, un plan que derivó directamente en el descabezamiento del organismo y en la instalación de autoridades «funcionales» a esa estrategia.
La responsabilidad de Bachelet y la Nueva Mayoría
El libro no elude nombrar la responsabilidad política al más alto nivel. Vargas sostiene que el gobierno de Michelle Bachelet ejecutó una «flagrante intervención política» en el SII, con el objetivo de detener investigaciones que afectaban a políticos de su propio sector. La operación tuvo como principal motor al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Peñailillo, figura de máxima confianza de la Presidenta, y descansó en la tesis del «colapso del país» transmitida en La Moneda. Para Vargas, la responsabilidad de Bachelet radica en haber liderado un gobierno que priorizó la estabilidad del sistema político y la protección de sus propios personeros por sobre el principio de igualdad ante la ley, instrumentalizando para ello tanto al SII como al Ministerio Público.
Las empresas invisibles: bancos, retail y sanitarias que nunca llegaron a tribunales
El relato de Cristián Vargas es contundente en pruebas e indicios: Penta y SQM no fueron casos aislados, sino la punta visible de un fenómeno mucho más amplio. Vargas cita el testimonio judicial de Patricio Contese, exgerente general de SQM, quien declaró ante tribunales que existían al menos otras 45 grandes empresas en el país que incurrieron en las mismas prácticas de financiamiento irregular, sin haber sido nunca perseguidas penalmente. El autor identifica a los sectores involucrados —bancos, la industria del retail y empresas de tarifas reguladas, como las sanitarias— pero aclara que no puede aportar nombres propios, porque esa información le fue ocultada deliberadamente mientras encabezaba la Subdirección Jurídica. Solicitó en reiteradas ocasiones, tanto al Director de Grandes Contribuyentes como al propio director nacional Michel Jorratt, la lista de empresas que estaban rectificando sus declaraciones de impuestos, y esa información le fue sistemáticamente negada.
El mecanismo que permitió esta impunidad masiva fue simple: al no tener acceso a la contabilidad que debía analizar —como ocurrió con el pendrive de SQM—, la Subdirección Jurídica no pudo fundar querellas a tiempo, mientras se autorizaba a las empresas a «rectificar» sus declaraciones y pagar impuestos y multas por la vía administrativa, cerrando así el conflicto con el fisco sin exponerse jamás a un proceso penal. Vargas concluye que el país nunca conocerá la identidad completa de esas 45 empresas, porque el poder político y las propias jefaturas del SII operaron activamente para «tapar» la investigación.
Las consecuencias personales: expulsión, aislamiento y amenazas
El costo de oponerse a esta maquinaria lo pagó el propio Vargas. En 2015, tras veinte años de trayectoria en el SII, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, encomendó al director subrogante que le pidiera la renuncia, bajo el argumento de que había «actuado autónomamente» en la persecución de los delitos tributarios, una autonomía que, según narra el propio funcionario que lo despidió, resultaba «intolerable» para el gobierno de turno. Antes de su salida, Vargas sufrió lo que describe como un «cerco» institucional, con facultades que se le retiraban progresivamente, y recibió advertencias personales fuera del ámbito laboral: en un café, un conocido le dijo que había «pisado callos muy fuertes» y que el poder político manejaba un «dossier» en su contra.
El aislamiento no vino solo del Ejecutivo: Vargas relata que ni siquiera los gremios de funcionarios lo respaldaron, y menciona específicamente al dirigente comunista Carlos Insunza como una de las voces más agresivas en pedir su despido. Expulsado del sector público, Vargas se trasladó al ejercicio privado del derecho tributario, donde continúa hasta hoy como abogado y académico. Una década después de los hechos, decidió escribir sus memorias para dejar testimonio de lo que vivió desde dentro del aparato del Estado.
El costo fiscal y social del fraude: un robo al país con nombre y cifra
Vargas también cuantifica las operaciones fraudulentas. En el denominado «Mega fraude», el perjuicio fiscal superó los 240.000 millones de pesos, una cifra que el autor compara con la posibilidad de construir varios hospitales en el país. Ese perjuicio se compone tanto de impuestos dejados de pagar mediante el aumento artificial de gastos contables como de devoluciones indebidas de IVA obtenidas mediante exportaciones fraudulentas, un mecanismo que Vargas considera incluso peor que la simple evasión, porque implica extraer dinero que el Estado ya tenía en sus arcas.
El autor sitúa este fraude dentro de un escenario más amplio sobre la regresividad del sistema tributario chileno, citando un estudio del Ministerio de Hacienda según el cual el 0,01% más rico del país paga efectivamente un 11,31% de sus ingresos en impuestos, mientras los sectores más pobres tributan un 16%. La impunidad de los casos de financiamiento ilegal, sostiene, no hizo más que profundizar esa brecha.
La crítica técnica: tasas corporativas, laberinto legal y «sesgo anti-empresa»
Además de la denuncia política, Vargas —desde su formación como experto en derecho tributario— dedica una parte del libro a criticar la arquitectura fiscal surgida de la reforma tributaria, que instaló cuatro regímenes distintos de tributación, entre ellos el de renta atribuida y el parcialmente integrado. Considera que esa multiplicidad de regímenes constituye un «laberinto legal» que eleva los costos de cumplimiento y obliga a los contribuyentes a gastar en asesoría especializada solo para entender sus propias obligaciones.
Sobre las tasas del Impuesto de Primera Categoría —fijadas en 25% o 27% según el régimen—, Vargas las considera altas en comparación internacional: el promedio de los países de la OCDE ronda el 24%, y mientras en esos países el impuesto corporativo representa cerca del 10% de la recaudación total, en Chile supera el 20%, una situación que el autor califica de «anormalidad». A esto suma lo que llama una falta de «equidad horizontal»: un empresario puede terminar pagando una tasa efectiva de 44,45%, casi diez puntos más que el 35% que tributa como máximo un trabajador de altas rentas, pese a tratarse de personas con capacidades financieras similares. Vargas critica además que el sistema castigue el uso de capital propio y premie el endeudamiento bancario, ya que los intereses de los créditos son deducibles como gasto mientras que la reinversión de utilidades no recibe ningún beneficio equivalente —un diseño que, sostiene, desincentiva el ahorro, la inversión y, en consecuencia, el crecimiento y el empleo.
La continuidad de Fernando Barraza a Hernán Frigolet
El libro no cierra el capítulo en 2015. Vargas es especialmente crítico con la gestión de Fernando Barraza, a quien describe como el director «funcional» que institucionalizó la política de no presentar querellas criminales y cerrar los casos por la vía administrativa, enviando con ello un mensaje claro a los funcionarios: perseguir a los poderosos trae consecuencias negativas. Sobre la dirección más reciente, encabezada por Hernán Frigolet, Vargas sostiene que ante el estallido del «caso audios» —el escándalo protagonizado por Luis Hermosilla— la respuesta institucional fue «tibia» y orientada a bajarle el perfil a la gravedad de los hechos, en lo que el autor describe como una continuidad con la lógica de Barraza más que una ruptura con ella.
Las propuestas de Vargas: transparencia en vez de negociación entre bastidores
Frente al diagnóstico, el libro no se queda solo en la denuncia. Vargas propone, en primer lugar, que si la clase política consideraba que perseguir penalmente a todos los involucrados iba a «colapsar» al país, la decisión correcta era hacerlo de cara a la ciudadanía mediante una ley de amnistía formal, en la que los responsables admitieran los hechos y explicaran por qué era necesario amnistiarlos, en lugar de construir una autoamnistía encubierta mediante el bloqueo silencioso de las instituciones.
En el plano institucional, plantea dotar al SII de una autonomía legal real, que no dependa de la voluntad del gobierno de turno ni del Ministerio de Hacienda, acompañada de un fortalecimiento del control externo por parte de la Contraloría General de la República. Propone también revisar el mecanismo de designación del director nacional, hoy de exclusiva confianza presidencial, explorando alternativas como un sistema de dirección colegiada. A nivel técnico, aboga por incorporar inteligencia de datos para controlar preventivamente a funcionarios con facultades discrecionales —como los directores regionales o de grandes contribuyentes—, por concentrar la fiscalización en los «elefantes» (los grandes contribuyentes) en lugar de dispersarla en las «hormiguitas», y por flexibilizar el secreto bancario para que el SII y la Fiscalía puedan seguir la ruta del dinero en investigaciones de corrupción y lavado de activos.
Una lección que la clase política no quiso aprender
Las conclusiones que Vargas extrae de toda esta experiencia son, ante todo, una advertencia sobre la naturaleza de clase de la justicia chilena. Sostiene que los casos de financiamiento ilegal demostraron la existencia de una «justicia benevolente» para quienes tienen poder político y económico, frente a una ley que se aplica con todo su rigor al resto de los ciudadanos. El «descabezamiento» institucional, dice, probó que la autonomía de organismos como el SII es precaria y fácilmente vulnerable por el Ejecutivo cada vez que una investigación «toca el corazón del sistema». Y a propósito de escándalos más recientes, como el caso Hermosilla, identifica una «lumpenización» de la élite económica y política, donde el soborno a funcionarios públicos se normaliza como un medio legítimo para obtener resultados.
La lección final que deja el libro es, quizás, la más incómoda para quienes gobernaron entonces: la tesis del «colapso del país», esgrimida en La Moneda para justificar el silencio, era una falacia. La verdad y la transparencia, sostiene Vargas, nunca hacen colapsar a una democracia; lo que la debilita es el ocultamiento, porque solo posterga una fractura social mayor. El poder político chileno, transversalmente, prefirió esa segunda opción: pactar en privado la impunidad de quienes financiaron su llegada al poder, antes que rendir cuentas frente al país que decía representar.
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