Impunidad a 264 km/h: Pablo José Izquierdo Reyes y la historia de un clan que construyó su fortuna sobre el genocidio, la dictadura, la corrupción y la impunidad
Un heredero de la familia Izquierdo Menéndez es detenido a 264 km/h en una autopista santiaguina, formalizado, y dejado en libertad con firma mensual mientras una jueza prohíbe revelar su nombre. El episodio no es una anécdota policial: es una síntesis de varias generaciones de oligarquía chilena. Detrás del BMW M2 hay un clan que comenzó pagando libras esterlinas por indígenas asesinados en la Patagonia, participó en el magnicidio del general Schneider, encubrió una masacre de trabajadores durante la dictadura, compró la ley de pesca que necesitaba, intoxicó a sus obreros con plomo durante dos décadas y acumula hoy un imperio que abarca desde las telecomunicaciones hasta el papel higiénico. La impunidad no es un accidente en esta historia, es uno de los hilos fundamentales que unen la historia del poder oligárquico y capitalista en Chile.
El domingo a 264 km/h y el poder de ciertos apellidos
Los hechos son precisos. El domingo 21 de junio de 2026, un hombre de 38 años, fue detenido en la autopista Costanera Norte, en el sector de Vitacura, conduciendo un BMW modelo M2 a 264 kilómetros por hora. El límite permitido en esa vía es de 100 km/h. La Fiscalía Oriente lo formalizó al día siguiente por conducción temeraria y solicitó arresto domiciliario total, argumentando el riesgo que la conducta del imputado representaba para terceros y su propio historial de infracciones graves.
La jueza Ximena Rivera Salinas, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó la petición. Pablo José Izquierdo Reyes quedó en libertad con firma mensual y arraigo nacional. La misma magistrada dictó además una resolución para prohibir que se revelara públicamente la identidad del imputado o cualquier antecedente que permitiera identificarlo. La prohibición no prosperó: fuentes periodísticas lo identificaron de inmediato como integrante de la familia Izquierdo Menéndez, uno de los grupos empresariales poderosos del país.
No es la primera vez que Pablo José Izquierdo Reyes tiene problemas con la justicia. Registra una condena de 2009 por conducir en estado de ebriedad y antecedentes relacionados con la ley de drogas. Es, en ese sentido, un perfil conocido de la crónica policial chilena: el heredero de fortuna con reincidencia en infracciones graves que el sistema judicial trata con una benevolencia sistemática que sería impensable para cualquier ciudadano sin su apellido y redes de influencia y poder.
Izquierdo Reyes está vinculado a una red de sociedades familiares: Agrícola Chaco Ltda., Huingan S.A., Inversiones El Manzano Ltda., Comercial Marchigüe S.A., Inversiones Rapel SpA e Inmobiliaria Estoril S.A., entre otras. Su familia participa en la propiedad de Almendral S.A., el holding que controla Entel, la mayor empresa de telecomunicaciones del país. Lo que el incidente ilumina no es la conducta de un individuo. Es la anatomía de una oligarquía que ha sobrevivido a todas las turbulencias del siglo XX y del XXI sin que ninguno de sus miembros haya cumplido jamás una condena efectiva por ninguno de los crímenes documentados que se les atribuyen.
El origen en el genocidio: José Menéndez, el «Rey de la Patagonia» y la libra esterlina por indígena muerto
La historia de los Izquierdo Menéndez no comienza en las oficinas del Edificio Atlantis en el barrio El Golf de Santiago. Comienza en la Patagonia, a fines del siglo XIX, y está regada de sangre del pueblo Selk’nam.
José Menéndez Menéndez (1814-1918) llegó de Asturias a la zona austral de Chile en 1875. En pocas décadas construyó el mayor poder económico del extremo sur del continente, basado en la industria de la lana de oveja. El problema era que los territorios que necesitaba para sus estancias estaban habitados: el pueblo Selk’nam ocupaba la Tierra del Fuego desde tiempos inmemoriales. La solución que Menéndez aplicó fue el exterminio sistemático y remunerado. Pagaba una libra esterlina por cada Selk’nam asesinado.
El ejecutor material de esa política fue su capataz y mano derecha, el escocés Alexander McLennan, apodado «El Chancho Colorado». McLennan lideraba patrullas armadas que operaban con método: una carta de 1898 firmada por James Robbins describe cómo esas cuadrillas asaltaban campamentos Selk’nam durante la noche, capturando o matando a decenas de personas en cuestión de minutos. McLennan amasó una considerable fortuna personal cobrando la tarifa establecida por Menéndez por cada indígena muerto. Fue una pieza clave en la construcción de su «emprendimiento» económico: sin el exterminio de los Selk’nam, no había territorios para las ovejas; sin las ovejas, no había lana; sin la lana, no había riqueza y acumulación capitalista. Es lo que Marx decribió con tanta agudeza como «acumulación capitalista originaria», basada en el exterminio, el saqueo, y todo tipo de violencia. Similar rol cumplió, para citar a otro pesonaje afín, el rumano judío askenazí Julius Popper —o Julio Popper— (1857-1893) asentado en Argentina con su muy geopolítico proyecto de «Atlanta».
En el lado chileno, sobre ese exterminio sin frenos, José Menéndez edificó su negocio en 1893, la alianza matrimonial con Mauricio Braun formalizó la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, con sede en Punta Arenas, y consolidó a la familia como el poder económico dominante del extremo austral. Al momento de su muerte en 1918, Menéndez controlaba un millón de cabezas de ganado, más de 25 sucursales bancarias y mercantiles de su Sociedad Importadora Exportadora de la Patagonia S.A., y una flota de medio centenar de barcos a vapor bajo la naviera «Menéndez Behety».
La operación de blanqueo histórico no tardó en comenzar. El historiador Armando Braun Menéndez —nieto del patriarca— escribió en sus libros que la muerte de los Selk’nam se debía a sus «pobres hábitos alimenticios», no a ninguna acción deliberada de sus antepasados. Décadas después, en 1975, durante la dictadura militar, el propio Armando Braun Menéndez y su primo Enrique Campos Menéndez —asesor cultural de Augusto Pinochet, nieto también de José Menéndez— convencieron al dictador de cambiar el nombre de la calle Valdivia en Punta Arenas por el de «José Menéndez». La rehabilitación del genocida quedó inscrita en la ciudad que él mismo había dominado.
El vínculo de la familia Izquierdo Menéndez con la dictadura de Pinochet no fue de mera convivencia oportunista. Fue de participación directa en los crímenes que la hicieron posible, de aprovechamiento sistemático de los beneficios que otorgó, y de impunidad garantizada por el propio dictador.
El asesinato del general Schneider y el indulto personal de Pinochet
En octubre de 1970, Diego y Julio Izquierdo Menéndez participaron en el atentado, ejecutado el el 22 de octubre en el marco de numerosas acciones conspirativas, que costó la vida al general René Schneider Chereu, comandante en jefe del Ejército de Chile. El crimen fue diseñado por grupos de la extrema derecha junto a operadores de la CIA estadounidense para desestabilizar el escenario político y evitar la proclamación del presidente Salvador Allende Gossens, quien habá triunfado como primera mayoría en las elecciones de 4 de septiembre. Schneider había mostrado lealtad a la vigencia constitucional y el respeto por las decisiones democráticas y la proclamación de Allende por el Congreso Nacional como primera mayoría, como había sucedido en toda la vigencia de la Constitución de 1925. Diego Izquierdo fue, según testimonios en el proceso judicial, uno de los que disparó a quemarropa contra el militar cuando su vehículo fue acorralado. Tras el ataque, los hermanos se refugiaron en la Parroquia El Bosque bajo la protección del sacerdote Fernando Karadima —cuyo propio historial criminal quedaría expuesto décadas más tarde— y luego huyeron a Argentina.
Regresaron a Chile después del golpe de septiembre de 1973. Augusto Pinochet los indultó. La Ley de Amnistía de 1978 completó la operación. Diego y Julio Izquierdo Menéndez nunca cumplieron condena por haber asesinado al comandante en jefe del Ejército chileno. Diego continuó su vida como agricultor del Maule. En un muy elocuente episodio mediático, la prensa corporativa lo celebró públicamente por participar en el Rally Dakar 2011, a sus 65 años, apodado «el Viejito Pascuero» por la prensa deportiva, que omitió sus antecedentes judiciales entre paréntesis o a lo más los expuso sin mayores detalles.
Roberto Izquierdo, la masacre de Laja y la instrucción de silencio
En septiembre de 1973, Roberto Izquierdo Menéndez se desempeñaba como gerente general de Forestal Mininco, filial de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) del Grupo Matte, junto al Grupo Angelini, Grupo Luksic o del yerno del dictador Julio Ponce Lerou, de los más grandes y poderosos en la era neoliberal inaugurada por la dictadura de Pinochet y luego continuada por los gobiernos de la Concertación. En esos mismos días posteriores al Golpe de Estado, unidades de carabineros detuvieron, torturaron, ejecutaron y enterraron ilegalmente a 19 trabajadores y dirigentes sindicales de la propia empresa y de Ferrocarriles del Estado. Los cuerpos fueron depositados en el Fundo San Juan, predio de explotación forestal propiedad de Forestal Mininco, la empresa que Roberto Izquierdo gerenciaba. Permanecieron allí durante seis años, mientras la empresa continuaba sus operaciones forestales sobre esa misma tierra.
La investigación judicial estableció una cadena de responsabilidades que involucra directamente a la estructura empresarial. La CMPC facilitó vehículos propios para trasladar a los prisioneros hasta el sitio donde serían ejecutados. El teniente Alberto Juan Fernández Michell, quien comandó la patrulla ejecutora, residía en una de las casas ubicadas dentro del predio de la compañía. Se ha señalado además que, antes del golpe, equipos de inteligencia militar operaron dentro de las instalaciones de la papelera para confeccionar las listas de personas que debían ser detenidas —es decir, que la empresa fue utilizada como base logística de la represión dictatorial propia de un terrorismo de Estado, antes incluso de que esta comenzara. El comandante del regimiento de Los Ángeles que dio la orden de detener a los trabajadores, Alfredo Rehren Pulido, terminó empleado años después en la planta de la CMPC en Puente Alto.
Según el testimonio judicial de Guillermo Reyes, jefe de área de Forestal Mininco en esa época, este se comunicó telefónicamente con Roberto Izquierdo para informarle que había sido interrogado por carabineros sobre el hallazgo de cuerpos enterrados ilegalmente en los campos de la compañía. La respuesta de su jefe fue que «se quedara tranquilo y callado». Los familiares de las 19 víctimas han sostenido históricamente que la gerencia de la empresa estuvo al tanto desde el primer momento de lo que ocurrió en sus predios.
Roberto Izquierdo compareció ante el ministro en visita Carlos Aldana décadas después de los hechos. No recibió condena en el fallo dictado en el caso. Mantuvo en los años siguientes una postura pública desafiante frente a otras investigaciones judiciales que lo involucraban, instando a las autoridades a investigar lo que quisieran al considerar que las acusaciones carecían de seriedad.
Enrique Campos Menéndez: el ideólogo del régimen
La participación de la familia en la arquitectura intelectual y cultural de la dictadura se dio en especial por medio de Enrique Campos Menéndez, nieto del patriarca José Menéndez y pariente cercano de la rama Izquierdo, fue el principal asesor cultural de Augusto Pinochet durante toda la dictadura. Había sido diputado por el Partido Liberal entre 1949 y 1957, pero su salto a la primera línea política fue tras el golpe de septiembre de 1973: Participó junto a Jaime Guzmán en la redacción de los «Principios del Gobierno Militar», el documento que estableció las bases doctrinarias del régimen, y en los numerosos bandos militares con los que se inició el régimen dictatorial que duraría 17 años. Un nacionalista e hispanista, admirador de los fascistas Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, impulsó las reformas curriculares del sistema educativo y fue responsable de los dispositivos simbólicos con que el régimen construyó su imagen pública. Fue nombrado «asesor cultural» de la Junta Militar, con el objetivo de crear una política cultural que, desde una visión conservadora y nacionalista, fomentase la disciplina en las escuelas, los símbolos patrios y las figuras de Diego Portales y Bernardo O’Higgins. Es decir, el ideólogo de la pretensión de transformación cultural que buscaba Pinochet para Chile. En 1986 la dictadura lo premió con el Premio Nacional de Literatura, relegando a la candidatura de José Donoso. Fue, en síntesis, el intelectual orgánico de una dictadura que protegió y enriqueció a su familia.
El enriquecimiento bajo Pinochet: 84,8% del patrimonio expropiado, devuelto
En el plano económico, el golpe de Estado fue para los Izquierdo Menéndez —y para los grandes grupos económicos chilenos en general— la mayor operación de redistribución de riqueza hacia arriba que registra la historia del país. El régimen militar implementó a partir de noviembre de 1973 una política sistemática de devolución de empresas que habían sido expropiadas, intervenidas o integradas al Área de Propiedad Social durante el gobierno de la Unidad Popular. Según registros académicos sobre el proceso como por ejemplo del economista Hugo Fazio, los grandes conglomerados recuperaron el 84,8% del patrimonio que les había sido expropiado o intervenido.
Los Izquierdo Menéndez recuperaron prácticamente la totalidad de las unidades que controlaban en 1970: las pesqueras Indo y Pesquera Iquique, la maderera Cholguán, la conservera Copihue, la Compañía Interoceánica de Navegación. Las condiciones del entorno —apertura comercial, reorientación hacia las exportaciones no tradicionales, tipo de cambio favorable y acceso a financiamiento en un mercado sin competencia organizada— permitieron que sobre esa base recuperada se construyera rápidamente un nuevo ciclo de acumulación.
En la segunda ronda de privatizaciones, entre 1985 y 1989, la familia consolidó nuevas posiciones: Fernando Izquierdo Menéndez participó en Puerto Ventanas, y el grupo se insertó en el holding Almendral S.A. —que controla Entel— a través de sociedades como Inversiones Los Peumos S.A., en alianza con los Matte. Roberto Izquierdo Menéndez asumió la presidencia de ASIPES —Asociación de Industriales Pesqueros— y de la Sociedad Nacional de Pesca —SONAPESCA—, y fue consejero de la SOFOFA —Sociedad de Fomento Fabril—, posicionándose en los espacios gremiales desde donde se diseñarían las regulaciones del sector pesquero durante los siguientes treinta años.
El imperio empresarial: de los mares australes a las telecomunicaciones
Los Izquierdo Menéndez son hoy un conglomerado diversificado que opera en siete sectores de la economía chilena. Sus activos principales son los siguientes.
En el sector pesquero, que constituye el núcleo histórico del grupo, operan a través de Alimentos Marinos —Alimar—, empresa con siete décadas de trayectoria presidida actualmente por Vicente Izquierdo Menéndez; del holding Marfood, conformado por la alianza de Alimar con la empresa noruega Foodcorp —vinculada a la familia Mogster—, que controla entre el 18,82% y el 22,9% de la cuota nacional de captura de jurel; de la Sociedad Pesquera San Antonio (Sopesa), una de las firmas más antiguas del rubro; y de Yadrán S.A., compañía salmonera en cuyo directorio participa Roberto Izquierdo Menéndez.
En el sector forestal y papelero, controlan Forestal y Papelera Concepción (FPC), propietaria de las marcas de papel higiénico y servilletas Swan y Mi Hogar, comercializadas en la cadena Unimarc desde 2015, y participan en Comasa, productora de papel tissue para el mercado premium de exportación.
En telecomunicaciones, la familia participa en la propiedad de Almendral S.A., el holding que controla Entel, donde el Grupo Matte posee el 32,07% de la propiedad y Roberto Izquierdo ejerce como director. En energía e infraestructura, Fernando Izquierdo Menéndez mantiene participación en Puerto Ventanas, y el grupo tiene intereses directivos en Petroquim S.A. en el sector petroquímico. En construcción, son dueños de la constructora Bravo, Izquierdo y Fuenzalida. En química, mantienen intereses en Pinturas Ceresita. En medios de comunicación, Roberto Izquierdo Menéndez ejerce la vicepresidencia del Diario Financiero. Y en minería, controlan Andacollo de Inversiones Limitada, sociedad a través de la cual operan la Planta de Recuperación de Plomo Los Alcones en la Región de O’Higgins.
Los once hermanos Izquierdo Menéndez articulan este conjunto a través de una red de sociedades de inversión que incluye Agrícola Chaco Ltda., Huingan S.A., Inversiones El Manzano Ltda., Comercial Marchigüe S.A. e Inmobiliaria Estoril S.A., entre otras.
El grupo comparte raíces con dos ramas colaterales del clan Menéndez que operan desde el mismo Edificio Atlantis, en el exclusivo barrio El Golf de Santiago, inmueble que las tres ramas construyeron en conjunto con el Grupo Penta, conocido por su escándalo de corrupción política y empresarial, evasión tributaria y financiamiento ilegal de actividades político-partidistas y campañas. Los Lecaros Menéndez —Sergio y Fernando— controlan el holding Duncan Fox, que incluye Alifrut S.A. con las marcas Minuto Verde y La Cabaña (la mayor empresa de vegetales y frutas congeladas del país), la representación de Holiday Inn en Chile y Argentina bajo Talbot Hotels, la pesquera Coloso S.A. compartida con el Grupo Angelini en Corpesca, y desarrollos inmobiliarios de lujo en La Dehesa y en Buenos Aires bajo la firma Ayres. Los Menéndez Ross —Felipe y Ricardo, la rama más hermética del clan— mantuvieron hasta 2014 una participación del 17% en Ultrapetrol, transnacional de transporte marino industrial, y operan en el mercado inmobiliario argentino a través de Inversiones Los Andes. Hasta 1995, todas estas inversiones estaban concentradas en una sola entidad, SIPSA S.A. La escisión separó los activos, no los apellidos.
La Ley de Pesca: cuando la corrupción se convierte en marco regulatorio
La participación de los Izquierdo Menéndez en la tramitación de la Ley de Pesca de 2013 —conocida como Ley Angelini-Longueira por los actores que la protagonizaron— constituye uno de los casos más documentados de captura regulatoria en la historia reciente de Chile: la conversión de la corrupción política en norma jurídica permanente.
La ley otorgó a un grupo reducido de empresas industriales —las llamadas «siete familias»— entre el 85% y el 100% de las cuotas de captura de la gran industria pesquera, en asignaciones de largo plazo que sus beneficiarios consideran derechos adquiridos inamovibles. El mecanismo de acceso a esa normativa estuvo mediado, según la investigación judicial posterior, por pagos irregulares a parlamentarios canalizados a través de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), agrupación gremial de la que Alimar forma parte y que Roberto Izquierdo Menéndez presidió.
Roberto Izquierdo Menéndez fue investigado por pagos ilegales a políticos durante la tramitación de la ley. Como resultado directo de esas indagaciones, Alimar tuvo que rectificar sus declaraciones de impuestos de los años 2010, 2011 y 2012. La investigación judicial estableció que ASIPES ejerció lo que los propios registros del proceso describen como una «marca personal» sobre parlamentarios durante la discusión del proyecto. La Fiscalía Nacional Económica mantuvo además indagaciones contra Alimar por presunta colusión y abuso de posición dominante en el mercado pesquero. La Corte de Apelaciones de Concepción falló en contra de la empresa en una querella interpuesta por FETRAPES, la federación de trabajadores pesqueros, por simulación de contrato.
El resultado neto de todo ese proceso —la corrupción parlamentaria, la presión gremial, los pagos investigados y no sancionados— es que Alimar, a través de Marfood y su alianza con los noruegos de Mogster, controla hoy casi una cuarta parte de la cuota nacional de captura de jurel. Y cuando el gobierno actual intenta modificar esa distribución para incorporar al sector artesanal, Vicente Izquierdo Menéndez, actual presidente de Alimar, responde que es una «ley populista», que las licitaciones constituyen «una especie de expropiación», que se generarán «problemas jurídicos graves y demandas», y que se paralizarán inversiones por US$ 25 millones. Los artesanales, argumenta, «no tienen la capacidad» para pescar jurel. La cuota que se compró con pagos a parlamentarios se defiende ahora como derecho natural.
La relación de los Izquierdo con los Matte en este terreno ilustra las múltiples capas que puede tener una alianza oligárquica. Roberto Izquierdo gerenciaba Forestal Mininco cuando ocurrió la masacre de Laja en los predios de esa empresa; décadas después, ambos grupos comparten propiedad en Almendral-Entel y se sientan juntos en su directorio. En el mercado papelero compiten directamente: Forestal y Papelera Concepción de los Izquierdo ingresó al rubro en competencia con la CMPC de los Matte. Cuando se reveló el caso de la «colusión del confort» —la concertación de precios entre CMPC y PISA que durante años encareció artificialmente el papel higiénico de los chilenos—, los Izquierdo lanzaron con ironía deliberada su marca «5 Ilusión», aludiendo al escándalo de su competidor. El dedo apuntando a la colusión ajena, la mano propia en los pagos a parlamentarios para asegurar cuotas.
La planta de plomo Los Alcones: dos décadas intoxicando trabajadores en la Región de O’Higgins
Si la Ley de Pesca ilustra la captura del Estado como herramienta de enriquecimiento, la Planta de Recuperación de Plomo Los Alcones, en Marchigüe (costa de la Región de O`Higgins), ilustra algo más elemental: el precio que los trabajadores pagan para que los Izquierdo Menéndez no incurran en los costos de operar legalmente.
La sociedad Andacollo de Inversiones Limitada, controlada por Gonzalo Izquierdo Menéndez, opera Los Alcones en la Región de O’Higgins. En 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos graves: la planta funcionaba como fundición de baterías de plomo en desuso sin contar con ninguno de los permisos legales necesarios. La infracción específica consistía en operar producción, almacenamiento, tratamiento y eliminación final de sustancias tóxicas y residuos peligrosos sin Resolución de Calificación Ambiental.
El patrón de engaño sistemático a las autoridades es lo que hace del caso algo más que una infracción administrativa. En las Declaraciones de Impacto Ambiental presentadas en 2013 y 2014, la empresa describió la planta como «un proyecto en construcción», a pesar de que la instalación llevaba operando más de 20 años en ese momento. La misma DIA declaró una capacidad de producción de 154 toneladas de plomo mensuales; en 2015, en una consulta de pertinencia ante otra autoridad, la empresa reconoció que la producción real era de 1.860 toneladas mensuales —doce veces la cifra declarada. Gonzalo Izquierdo aseguró reiteradamente ante las autoridades que el proyecto no generaba riesgos para la salud de los trabajadores ni de la población circundante.
Las fiscalizaciones en terreno desmintieron esas afirmaciones con datos biológicos contundentes. Trabajadores de la planta presentaban niveles de plomo en sangre que alcanzaban los 251,2 microgramos por cada 100 mililitros. El límite de tolerancia biológica se estima en 20 microgramos por cada 100 mililitros. Los trabajadores estaban siendo intoxicados con doce veces y media el umbral de riesgo. La Seremi de Salud prohibió el funcionamiento de tres hornos de fundición en 2019 tras constatar la contaminación. Gonzalo Izquierdo Menéndez fue formalizado por lesiones graves —las intoxicaciones de sus trabajadores—, falso testimonio ante autoridades ambientales y manejo de residuos peligrosos sin autorización.
El caso Los Alcones no es solo un problema ambiental. Es la misma lógica que atraviesa toda la historia del grupo: los costos de operar —en este caso, los costos de cumplir con la ley ambiental y proteger la salud de los trabajadores— son transferidos hacia abajo, hacia quienes no tienen el poder de resistir y menos aún de decidir y aprovecharse de la riqueza generada. La ganancia queda arriba.
Las ilegalidades y los delitos como patrón oligárquico: un patrón, no una suma de accidentes o hechos puntuales
El grupo familiar opera en la Región de O’Higgins a través de la faena minera Mantos de la Luna, cerca de Tocopilla, a través de la empresa Ingepromin bajo un sistema de multirut. Trabajadores de esa faena han llevado a cabo huelgas prolongadas denunciando abusos y exigiendo mejoras salariales. Las huelgas afectan la producción; las denuncias no alcanzan a generar condenas.
Roberto Izquierdo Menéndez fue investigado por su participación en los hechos de Laja y San Rosendo. No fue condenado. Fue investigado por pagos ilegales a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca. No fue condenado. Gonzalo Izquierdo Menéndez fue formalizado por intoxicar a sus trabajadores con plomo durante dos décadas mientras mentía sistemáticamente a las autoridades ambientales. El proceso sigue. Diego Izquierdo Menéndez participó en el asesinato del general Schneider. Fue indultado por Pinochet. Nunca cumplió condena.
Roberto Izquierdo Menéndez, cuando fue consultado en el contexto de las investigaciones pesqueras, instó a las autoridades a investigar lo que quisieran, considerando que las acusaciones carecían de seriedad. Es la postura natural de quien lleva décadas siendo investigado sin ser condenado: la confianza en que el sistema, finalmente, siempre termina mirando hacia otro lado.
José Menéndez murió en 1918 con un millón de cabezas de ganado y medio centenar de barcos. Sus herederos controlan hoy Entel, Alimar, Swan, Mi Hogar, Minuto Verde, Holiday Inn, Corpesca y Puerto Ventanas, entre decenas de otras empresas. El capital inicial fue una libra esterlina por indígena asesinado. El retorno acumulado en cuatro generaciones es incalculable.
El episodio de la conducción a 264 killómetros por hora se inscribe con perfecta coherencia en la tradición familiar, la expresión más banal de un patrón que opera en todos los registros de su vida pública: la convicción, sostenida por décadas de experiencia confirmada, de que las normas que rigen para el resto de la sociedad no aplican con igual intensidad a quienes pertenecen a los círculos y familias más poderosas.
