Colombia bajo fraude electoral: las pruebas que sustentan la acusación contra el resultado que dio ganador a Abelardo de la Espriella
Unos 75.000 testigos digitales, armados con Python e «inteligencia artificial», logró encontrar lo que la Registraduría electoral colombiana paso por alto: formularios E14 sin huella digital, censos electorales que superan el 100% de la población y un patrón matemático de votación que es prácticamente imposible que se pueda producir espontáneamente. Mientras el Consejo de Estado estudia la demanda de nulidad presentada, el país ya se gobierna bajo la presidencia de un abogado de extrema derecha que se consagra a «restaurar» la Constitución de 1886, alineado sin matices con los gobiermos de Washington y Tel Aviv, y que se sitúa en la línea de presidencias del estilo de Javier Milei, Jair Bolsonaro o José Antonio Kast. Las oligarquías, extremas derechas e intereses imperiales ensayan otra arremetida anti popular con el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia. Frente a ello, unas izquierdas y un movimiento popular que tiene una presencia y fuerza significativa y mayor que el de buena parte de la historia colombiana, país con un largo historial de violencia armada oligárquica, conflicto armado y narcotráfico, y que ha sido fundamental base de operaciones del imperialismo estadounidense en la región.
El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de Colombia no ante el Congreso, sino en una ceremonia en la Universidad Santiago de Cali, con una diferencia oficial de apenas 247.000 votos (0,95 puntos porcentuales) sobre Iván Cepeda. Ese mismo día, el expresidente Gustavo Petro y una red ciudadana de decenas de miles de voluntarios sostenían que esa cifra era el resultado de un fraude electoral algorítmico sistemático, ejecutado mediante la eliminación deliberada de protocolos de seguridad digital y la intervención de un software gestionado por contratistas privados en desacato a una orden judicial. La demanda de nulidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral fue admitida el 26 de julio por el Consejo de Estado y sigue en curso, mientras de la Espriella gobierna bajo lo que sus opositores llaman, sin eufemismos, una imposición.
El candado que desapareció: la pieza técnica central de la denuncia
La prueba que los expertos citados por Gustavo Petro describen como «reina» es la desaparición del código hash en los formularios E14 publicados en formato PDF. El hash funciona como una huella dactilar única de cualquier archivo digital: si se modifica un solo dato, el código cambia por completo, lo que permite detectar cualquier alteración posterior. Al retirar ese candado, los formularios quedaron completamente modificables sin que el sistema pudiera registrar la violación de su integridad. A esa ausencia se sumó un hallazgo aún más contundente: el 99,9% de los más de 122.000 formularios E14 carecía de metadatos, es decir, de la información oculta que revela quién creó cada archivo, en qué fecha, con qué programa y desde qué equipo. Sin metadatos, resulta imposible determinar si un documento se generó realmente en la mesa de votación o en un centro de procesamiento externo. La prueba de que esa ausencia no fue un accidente técnico llegó por comparación: dentro del universo de registros bajo custodia de los llamados claveros —funcionarios responsables de las llaves de las arcas triclaves—, los investigadores hallaron 42 formularios que sí conservaban sus metadatos, confirmando que los escáneres oficiales normalmente los generan y que su ausencia masiva en el resto del sistema solo pudo deberse a un proceso deliberado de eliminación por parte del software electoral.
A esto se sumó un cambio en la propia estructura de los formularios. En las elecciones de 2022, el E14 se subía como una sola imagen que incluía tanto los votos como las firmas de los jurados. En 2026, el documento apareció dividido en páginas separadas, con los datos de votación por un lado y las firmas por otro, una fragmentación que —según los expertos consultados por los demandantes— permitió usar inteligencia artificial y lenguaje Python para recombinar firmas reales de jurados con cifras de votación alteradas, de forma masiva y sin dejar rastro visible para un ojo humano. Se detectaron además sellos de «confidencial» en documentos que por ley son públicos —lo que sugiere el uso de escáneres ajenos a los protocolos oficiales—, así como páginas que se publicaron inicialmente en blanco con la leyenda «página no digitalizada» y que, al comparar sus códigos hash en distintos momentos, resultaron republicadas más tarde con información nueva de votación. En total, los investigadores identificaron 1.521 documentos que cambiaron después de su publicación inicial.
El «Test de Rachas»: lo que muestra la estadística sobre el fraude
La pieza que sustenta la acusación de manipulación algorítmica es el llamado Test de Rachas, un método estadístico que sirve para determinar si un comportamiento responde al azar o a un patrón predeterminado. Organizaciones civiles como Testigos Digitales y el Frente Digital, apoyadas en modelos de inteligencia artificial y en Python, cruzaron los datos oficiales —que la Registraduría no publicó en formatos procesables como Excel— con bases de datos aportadas por los partidos, y aplicaron ese test a los 14.438 puestos de votación del país. El hallazgo: en 1.350 de esos puestos, que concentran cerca de siete millones de votos, la votación aparecía organizada en bloques matemáticamente perfectos. En puestos con veinte mesas, por ejemplo, de la mesa 1 a la 10 ganaba sistemáticamente Abelardo de la Espriella y de la 11 a la 20 ganaba Iván Cepeda, un ordenamiento que además crecía siempre en pares —dos, cuatro, seis u ocho bloques— y en el que, en el 97% de los casos, el primer bloque favorecía invariablemente al candidato de derecha.
La probabilidad de que ese patrón se produzca de forma natural por puro azar, según el cálculo estadístico presentado por los demandantes, es de apenas 80 u 82 puestos en todo el país. Encontrarlo en 1.350 —diecisiete veces más de lo esperable— llevó a los investigadores a concluir que la probabilidad de que se tratara de una coincidencia orgánica era, en sus palabras, de «cero absoluto», y que solo un software o algoritmo predeterminado pudo haber organizado los resultados según una fórmula matemática impuesta sobre la votación real de la ciudadanía.
A esa evidencia se sumó el hallazgo de 14.437 mesas con votaciones muy por encima del promedio nacional —que ronda los 208 votos por mesa—. En esas mesas «sobrevotadas», con 280, 300 o más votos registrados, Abelardo de la Espriella obtenía una ventaja del 64%, frente al 44% que lograba en el resto de las mesas del país. El volumen de votos concentrado en ese grupo específico de mesas atípicas fue, según el análisis, lo que terminó de definir la diferencia final a favor del candidato ganador.
Un censo que supera a la población: pueblos «sin niños» y 95 municipios con resultados imposibles
La tercera pata de la denuncia recae sobre el propio censo electoral. Cinco días antes de las elecciones, el padrón se incrementó en 885.000 ciudadanos: el 26 de mayo de 2026, dos modificaciones técnicas registradas a la 1:20 p.m. y a las 7:20 p.m. elevaron el censo de 41,4 a 42,3 millones de personas, mientras se sumaron simultáneamente de 41,4 a 42,3 millones de personas850.000 cédulas nuevas apenas dos días antes de la primera vuelta. En paralelo, los puestos de votación pasaron de 13.742 a 14.438 y las mesas, de 120.000 a 122.000, ajustes de infraestructura hechos a último momento para acomodar ese padrón inflado.
El resultado es estadísticamente imposible en 95 municipios, donde el número de votantes habilitados supera el 100% de la población total proyectada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para 2025. En Puerto Santander, Norte de Santander, el caso más extremo, se registraron 21.000 votantes para una población de apenas 9.000 habitantes: un 224% de censo sobre población real. Le siguen Ragonbalia (154%), Durania (141%) y Santiago (139%), todos en el mismo departamento, además de casos similares en Boyacá —donde el 30% de sus municipios supera el 100% del censo—, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima, Antioquia y Caquetá. Dado que los menores de 18 años representan, según el DANE, el 20,8% de la población colombiana, ningún municipio debería tener un censo electoral superior al 80% de sus habitantes; sin embargo, se hallaron 150 municipios por encima del 95% y 256 por encima del 90%, lo que los investigadores describen como «pueblos sin niños», donde prácticamente toda la población figura habilitada para votar.
Estas anomalías no son nuevas: se remontan a un conflicto institucional de 2021, cuando el entonces registrador Alex Vega cuestionó públicamente las cifras del DANE, sosteniendo que la población real de Colombia era de 55 millones y no de 50 millones como calculaba el organismo estadístico. Esa disputa dejó un margen de tres millones de personas entre el censo poblacional y el electoral que, según el análisis presentado ante el Consejo de Estado, explica que en 2026 el padrón alcanzara los 42 millones de votantes pese a que las proyecciones demográficas solo habilitaban a unos 39 millones de adultos.
El impacto de esta manipulación en el resultado final se calcula con precisión: en los 95 municipios con censo superior al 100%, Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja de 92.744 votos; si se suman los municipios con censos superiores al 85%, esa ventaja regional asciende a 570.000 votos. Como la diferencia nacional final fue de apenas 72.000 a 74.000 votos, los investigadores concluyen que, de descontarse el «inflado» censal en municipios pequeños y periféricos, el resultado habría favorecido a Iván Cepeda.
El voto en el exterior y el pretexto del Mundial
Otro bloque de votos señalado como irregular es el de los colombianos residentes fuera del país. Durante el escrutinio no se realizó conteo físico de las urnas provenientes del exterior —las autoridades se limitaron a validar los documentos digitales sin contrastarlos con el papel—, y los formularios E14 del exterior están ausentes de las plataformas oficiales pese a que la Registraduría reportó el 100% de las mesas como procesadas. Se denunció además que los jurados en los consulados no eran, como exige la ley, residentes colombianos en esas ciudades, sino personas trasladadas directamente desde Colombia, un hecho que los demandantes dicen haber comprobado mediante registros migratorios.
Dado que la jornada electoral en el exterior se extiende por siete días, la ausencia de controles habría permitido que una misma persona votara varias veces, hasta siete, una por día. A esa fragilidad se sumó el uso del Mundial de fútbol como pretexto de movilidad masiva: colombianos que viajaron como turistas por el torneo, con cédulas inscritas en el censo interno y no en el exterior, habrían sido autorizados a votar en los consulados pese a que la normativa exige residencia formal en la jurisdicción consular correspondiente. Este público, mayoritariamente de las capas más acomodadas de la sociedad colombiana, tenía una clara inclinación a favor de Abelardo de la Espriella. El resultado combinado de estas irregularidades fue un incremento «atípico» y sin precedentes en la historia electoral del país de aproximadamente 170.000 votos en el exterior, un bloque adicional que, sumado a las anomalías del censo interno y al patrón algorítmico detectado en las mesas, habría terminado de garantizar la victoria del candidato de derecha.
Los hermanos Bautista y la «caja negra» de Thomas Greg & Sons
Detrás del entramado técnico hay una estructura empresarial concreta. El software electoral y el sistema de preconteo en las elecciones de 2026 estuvieron en manos de los llamados hermanos Bautista, contratistas privados vinculados a Thomas Greg & Sons —la empresa matriz de ASD, la firma encargada del preconteo que se difunde en los boletines de televisión aunque sus resultados no sean legalmente vinculantes—. Gustavo Petro sostuvo que esa gestión privada desconoce abiertamente una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ordenó que el software de escrutinios fuera propiedad del Estado y estuviera bajo su control directo, precisamente para garantizar trazabilidad desde la mesa de votación. Esa misma sentencia se dictó a raíz de un fraude comprobado en 2014 que le costó tres curules al partido MIRA, un antecedente que los demandantes citan ahora como prueba de que el problema estructural del sistema electoral colombiano no fue resuelto y se repitió, agravado, en 2026.
El resultado de mantener el software en manos privadas, según los demandantes, fue que operó como una «caja negra» sin auditoría experta ni ciudadana de su código fuente. La concentración de datos en un mismo grupo privado —que además controla, vía Thomas Greg & Sons, la licitación de pasaportes— alimentó la denuncia de que dejar la identificación de ciudadanos y el conteo de votos en manos de terceros convierte al sistema electoral en un negocio que compromete la soberanía nacional.
Esa gestión privada permitió, según se denunció, un fenómeno bautizado como «inversión de la realidad»: mientras los datos reales que llegaban primero de las grandes ciudades —en torno al 80% u 88% del electorado— daban ganador a Iván Cepeda por más de 500.000 votos, los boletines de la Registraduría, entregados por el software de los hermanos Bautista bajo el sello oficial, mostraron desde el primer momento una ventaja de Abelardo de la Espriella, en un orden de aparición que no correspondía al flujo real de las mesas procesadas y que se completó recién con la llegada tardía de los datos de pueblos pequeños y del exterior. Esa proyección temprana, sostienen los demandantes, condicionó a la opinión pública para aceptar como un hecho consumado una victoria que la evidencia estadística contradice.
Israel, Miami y los «cuatro mosqueteros»: la trama internacional
La demanda no se limita al territorio nacional. Se denuncia el uso de software israelí diseñado específicamente para la manipulación de procesos electorales, señalando a Colombia como el quinto caso consecutivo detectado en el mundo con este tipo de tecnología, vinculada explícitamente al sionismo internacional y a la figura de Benjamin Netanyahu. Del lado estadounidense, se sostiene que la operación fue coordinada directamente desde Miami por el Secretario de Estado Marco Rubio, en articulación con Abelardo de la Espriella y con los llamados «cuatro mosqueteros tecnológicos» o GAFA (Google, Amazon, Facenook -Meta- y Apple) que acompañan a Donald Trump, un grupo señalado como responsable de la intervención tecnológica directa sobre el sistema de la Registraduría, facilitada precisamente porque el conteo de votos está en manos de una empresa privada y no del Estado colombiano. Se menciona también la participación de agencias de inteligencia estadounidenses en esta coordinación, y se cita la declaración de un presidente de ese país que habría admitido públicamente que, sin esa ayuda externa, el candidato ganador no habría obtenido la victoria.
Los denunciantes del fraude electoral enmarcan esta intervención dentro de lo que describen como una «guerra global» o «guerra total» liderada por Rubio y Trump contra los gobiernos y movimientos de izquierda de la región, en la que la tecnología y los algoritmos —calificados en las fuentes como «armas de destrucción matemática»— se convierten en instrumento de rediseño político de países enteros para asegurar gobiernos afines a Washington y a Tel Aviv.
Testigos Digitales y NICA: la ciencia de datos como respuesta ciudadana
Frente a esta arquitectura, la principal herramienta de contrapeso fue también tecnológica. La red Testigos Digitales congregó a entre 70.000 y 75.000 ciudadanos —jóvenes, familias, programadores, estadísticos, ingenieros de sistemas y abogados— que se repartieron el monitoreo de una a cinco mesas cada uno y que, mediante inteligencia artificial y Python, procesaron los más de 122.000 formularios E14 publicados por la Registraduría. Fue esa red, autofinanciada y nacida espontáneamente de la sociedad ante la falta de respuesta institucional a los derechos de petición sobre seguridad del sistema, la que detectó los 1.350 puestos con patrón de bloques, la ausencia sistemática de hashes y metadatos, y los 1.521 documentos modificados después del cierre de las urnas. Su trabajo técnico terminó siendo la base probatoria de la demanda de nulidad electoral presentada ante el Consejo de Estado.
Un segundo instrumento de inteligencia artificial, denominado NICA y utilizado por la veeduría Entorno Electoral 2026 —conformada por el Instituto de Ciencia Política y la Fundación Colombia 2050—, se especializó en inteligencia social: analizó miles de millones de conversaciones digitales, depuradas de bots, para documentar la presión de grupos armados ilegales sobre el electorado en zonas rurales. El informe de esa veeduría, titulado Libertad electoral bajo presión de grupos armados ilegales, identificó presión directa en 667 puestos de votación, afectando alrededor de 400.000 votos, y acuñó el concepto de «obediencia anticipatoria» para explicar por qué la jornada electoral transcurrió en aparente calma: los grupos armados no necesitaron mostrar armas el día de los comicios porque ya habían condicionado semanas antes a las comunidades mediante reuniones, carnetizaciones y amenazas a líderes sociales, e incluso revisando teléfonos celulares en zonas como Cauca y Arauca para impedir que se documentara la coacción.
La Registraduría responde, el litigio continúa
Frente a este cúmulo de denuncias, la Registraduría emitió un boletín citando una auditoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL), que concluyó que la segunda vuelta contó con condiciones técnicas apropiadas y no halló rastros de manipulación sistemática. Los demandantes solicitaron además suspender la investidura presidencial del 7 de agosto hasta resolver las dudas técnicas, medida cautelar que la justicia no concedió, lo que permitió que de la Espriella asumiera el cargo mientras el litigio de fondo sigue abierto. Expertos citados en el proceso advierten que la verificación técnica y jurídica podría tomar meses o incluso años, en un escenario que evoca antecedentes como el llamado «proceso 8.000» —histórico escándalo político y judicial en Colombia desatado en 1994, tras descubrirse que la campaña presidencial del entonces ganador Ernesto Samper recibió millones de dólares procedentes del Cartel de Cali—, donde el cuestionamiento judicial y el ejercicio efectivo del gobierno avanzaron en paralelo.
Ante esa incertidumbre, la oposición articuló dos frentes de resistencia. Iván Cepeda, reconocido por los sectores del Pacto Histórico como el ganador legítimo de la elección, asumió la jefatura de la oposición en el Congreso y respalda la propuesta de un «gabinete en la sombra» —inspirado en el modelo parlamentario inglés y sugerido por analistas como León Valencia y dirigentes como Gustavo Bolívar— para que ministros alternativos vigilen contrato por contrato, decisión por decisión, la gestión de cada cartera oficial mediante derechos de petición y control técnico permanente. Gustavo Petro, por su parte, asumió la dirección del bloque Pacto Histórico y la convocatoria del «poder popular» en las calles, llegando a proponer la creación de «guardias libertadoras» para defender la vigencia de la Constitución de 1991 frente a lo que califica como una presidencia de facto, una propuesta que algunos sectores políticos y analistas describen como riesgosa por su potencial de incentivar el levantamiento de sectores civiles armados o semiorganizados y de deteriorar aún más el monopolio estatal del uso de la fuerza en un país mal acostumbrado a la violencia política sobretodo de las derechas y oligarquías. Cepeda, cabe señalar, marcó distancia pública de la presión de grupos armados que en el Guaviare reclamaban el voto en su favor, declarando sin ambigüedades que no la aceptaba.
El «Arca de Noé»: el perfil regresivo del presidente entrante
Más allá de la disputa sobre la legitimidad del resultado, el proyecto de gobierno que efectivamente asumió el poder revela con claridad hacia dónde apunta. Abelardo de la Espriella bautizó su propuesta política como «Arca de Noé», un proyecto de «regeneración» nacional inspirado en las estructuras del Antiguo Testamento que aspira a devolver a Colombia a los principios de la Constitución de 1886, derogando de hecho el espíritu laico y relativamente progresista de la Constitución de 1991 para consagrar nuevamente el país a los «valores cristianos» y la educación religiosa. Su primer consejo de ministros se realizó como un retiro espiritual, y entre sus nombramientos destaca el de una exfiscal que es además pastora de una iglesia evangélica, designada ministra de Educación, un gesto que sus críticos leen como un paso hacia la confesionalización y privatización de la enseñanza pública.
En el terreno económico, de la Espriella anunció la meta de reducir el tamaño del Estado en un 40%, en un programa que la propia prensa compara abiertamente con el modelo de Javier Milei: desaparición de subsidios, apertura radical al mercado, regreso del fracking para la explotación de hidrocarburos y suspensión de la reforma agraria, con el objetivo declarado de revertir las políticas sociales del gobierno de Petro. Al mismo tiempo prometió elevar el bono pensional a 400.000 pesos, una medida que sus propios críticos califican de financieramente inviable al faltar los 15 billones de pesos necesarios para sostenerla. En materia de seguridad, su gobierno anunció que replicará el modelo de Nayib Bukele, incluida la construcción de mega-cárceles, mientras Petro denuncia que buscará decretar el estado de conmoción interior para gobernar por decreto-ley y desmantelar por esa vía las reformas sociales vigentes.
El nuevo gobierno arrancó, además, con gestos protocolares que subrayan su orientación. De la Espriella no se posesionó ante el Congreso —un desaire institucional al que se sumó el revés judicial que le impuso la Corte Constitucional al negarle la posibilidad de posesionarse antes ante las Fuerzas Armadas— y trasladó la sede de su gobierno a Barranquilla, donde ordenó construir una estructura que imita la Casa Blanca estadounidense, mientras se anuncia que la Cancillería será «conducida desde los Estados Unidos». Su primer acto oficial como presidente fue otorgar un doctorado honoris causa en economía a Javier Milei, gesto que sintetiza la intención de consolidar un bloque regional de derecha «libertaria» y reaccionaria.
Su política exterior completa el cuadro: alineamiento total con Washington y con el «imperialismo sionista», vínculos declarados con el senador Marco Rubio y con el entorno tecnológico de Trump, y una diplomacia conectada con iglesias evangélicas protestantes internacionales de diseño estadounidense. Todo ello en ruptura frontal con la agenda de Gustavo Petro, que había priorizado en los foros internacionales la denuncia del sionismo y la solidaridad con el pueblo palestino.
Ese es el gobierno que hoy administra Colombia bajo el férreo poder y control de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, mientras el Consejo de Estado examina con resultados probablemente poco prontos, mesa por mesa y puesto por puesto, si detrás de su victoria hubo votantes reales o solo la fórmula matemática de un algoritmo diseñado para que ganara.
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