La impunidad otra vez: Corte de Apelaciones sobresee a imputados por muerte de Aníbal Villarroel aplicando la Ley Naín-Retamal impulsada y promulgada por gobierno de Boric

Una vez más, se consolida la impunidad frente a las masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado en el contexto de las movilizaciones de la Revuelta 2019-2020: La resolución de la Quinta Sala Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel sobreseyó a los imputados por el asesinato de Aníbal Villaroel, fundamentando su decisión en la aplicación retroactiva de la normativa impulsada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric, revocando lo determinado previamente por el Tribunal de Garantía.

Aníbal Villarroel Rojas tenía 26 años cuando falleció esa noche por el impacto de bala. Era trabajador administrativo en una empresa corredora de seguros, padre de una niña, y conocido en La Victoria por su participación en organizaciones sociales, grupos de hip-hop y la confección de murales en la población. Esa noche estaba junto a su amigo Bastián Salamanca, de 24 años, en la intersección de Avenida Departamental con Eugenio Matte (comuna de Pedro Aguirre Cerda), participando de las manifestaciones del primer aniversario de la revuelta social del 18 de octubre de 2019.

A pesar de la acreditación de la autoría de Carabineros de los disparos de esa noche, la Corte de Apelaciones de San Miguel decretó este lunes el sobreseimiento total y definitivo de todos los imputados en la causa relativa a la muerte de Aníbal Villarroel y las lesiones sufridas por Bastián Salamanca, hechos ocurridos el 18 de octubre del año 2020 en la Población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Santiago.

El fallo se sustenta en la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal, normativa que fue impulsada y promulgada en el año 2023 bajo el gobierno de Gabriel Boric. Mediante esta resolución, la sala revocó la decisión del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, que en diciembre de 2025 había rechazado el sobreseimiento, teniendo por acreditada con peritajes de la PDI de la autoría del teniente de Carabineros Joaquín Muñoz del disparo que mató a Aníbal Villaroel.

Pero en esta segunda instancia, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el tribunal aplicó el “principio pro reo” y la Ley Naín Retamal que establece una legítima defensa privilegiada a favor de Carabineros, permitiendo que el teniente Joaquín Muñoz, y junto con él, el ex director general de Carabineros Mario Rozas, el ex ministro Víctor Pérez y el ex intendente Luis Felipe Guevara, queden libres de cargos por la muerte de Aníbal Villaroel.

El impacto de la legislación promulgada bajo el gobierno de Boric

El fallo cobra especial relevancia al destacar que la Ley Naín-Retamal, impulsada y promulgada en el gobierno de Gabriel Boric, establece una presunción legal de legítima defensa para las Fuerzas de Orden cuando cumplen funciones de orden público. Con este marco jurídico, la Corte de Apelaciones de San Miguel determinó que la carga de la prueba se traslada a los querellantes, quienes no habrían logrado desvirtuar dicha presunción.

Para fundamentar el sobreseimiento del teniente Joaquín Muñoz, el tribunal valoró peritajes balísticos que indicaron que los disparos fueron dirigidos hacia sectores desde donde provenían ataques contra el personal policial. Al descartarse que el carabinero actuara con dolo contra una persona específica, la eximente de responsabilidad se extendió al resto de las autoridades involucradas en la cadena de mando y gestión política del momento de los hechos: el ex director general de Carabineros Mario Rozas, el ex ministro Víctor Pérez y el ex intendente Luis Felipe Guevara.

Reacciones y acciones internacionales

El Ministerio Público (la Fiscalía) se plegó a la solicitud de sobreseimiento de las defensas, mientras que los querellantes manifestaron su rechazo absoluto. Los abogados de las víctimas, entre ellas la familia del fallecido administrativo y trabajador social Aníbal Villarroel, y abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), anunciaron que interpondrán un Recurso de Queja ante la Corte Suprema, además de evaluar otras acciones legales.

De no prosperar las instancias nacionales, los representantes legales señalan que evaluarán acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, argumentando que la aplicación de esta ley, tal como ha ocurrido en este proceso, podría derivar en impunidad para casos de violencia policial.

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