Milei pierde por ahora la venta de tierras a extranjeros, pero el Senado aprueba parte de su «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» que recorta la soberanía del Estado argentino
El oficialismo argentino debió retirar los capítulos de extranjerización de tierras y de flexibilización post-incendios para conseguir los 37 votos que le dieron media sanción a su Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero el Senado le convalidó lo esencial: un régimen de expropiaciones «maniatado» por el concepto de lucro cesante que vuelve inexpropiable cualquier recurso estratégico, y una batería de desalojos exprés que deja a inquilinos, ocupantes y hasta fábricas recuperadas a merced del mercado. La votación se realizó en medio de una intensa movilización popular en los alrededores del Congreso Nacional argentino, con una brutal represión de la policía bajo órdenes del gobierno mileísta. Detrás del debate, la disputa de fondo: quién se queda con el litio, las tierras raras, el agua dulce, la Patagonia, y las tierras del octavo territorio más grande del planeta
El Senado argentino le dio media sanción, el 7 de agosto, por 37 votos contra 33, a la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto llega ahora a la Cámara de Diputados reducido a apenas un 30% de su versión original, después de que el oficialismo se viera obligado a desprenderse de los dos capítulos más regresivos: la derogación de los límites a la extranjerización de tierras rurales y la flexibilización del uso del suelo en zonas incendiadas. El festejo libertario, sin embargo, no es exagerado para quien mire el texto completo: lo que sobrevivió al Senado alcanza para reconfigurar a favor de la propiedad privada —y en particular de los grandes capitales, nacionales y extranjeros— la relación entre el Estado y el territorio argentino.
Lo que Milei no consiguió: la sociedad frenó la venta del país
El capítulo más resistido del proyecto pretendía derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% de la superficie rural del país en manos extranjeras —aplicado de forma acumulativa a nivel nacional, provincial y municipal—, un sub-límite del 30% para que ninguna nacionalidad concentre una porción desproporcionada de ese cupo, un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la llamada zona núcleo y la prohibición explícita de vender a extranjeros cuerpos de agua permanentes y tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera, estas últimas protegidas desde un decreto-ley de 1944 ratificado por el Congreso en 1947. El gobierno ya había intentado eliminar esa ley por decreto: el DNU 70/2023 la declaró formalmente abrogada en su artículo 154, pero la ofensiva quedó trabada en los tribunales, lo que obligó al oficialismo a buscar ahora la misma derogación por la vía legislativa.
No lo logró. Durante la negociación en el Senado, el bloque «libertario» llegó a estudiar una fórmula intermedia que elevaba el límite extranjero del 15% al 25%, pero terminó retirando también esa alternativa para reunir los votos necesarios. El artículo 9 de la ley —el que fija el sub-límite del 30% por nacionalidad— permanece intacto, igual que la prohibición de vender tierras de frontera y cuerpos de agua a capitales foráneos.
El desenlace tuvo, además, un componente simbólico que la prensa regional e internacional no dejó de subrayar. Medios como la agencia alemana DW, el diario uruguayo La Diaria y teleSUR coincidieron en describir cómo el clima generado por el partido de fútbol de la selección argentina contra Inglaterra —en el que los jugadores desplegaron una bandera reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas— dejó al oficialismo en «fuera de juego» político. La pregunta que ningún senador pudo responder en sus provincias fue tan simple como corrosiva: cómo sostener que las Malvinas son argentinas mientras se habilitaba la venta irrestricta de tierra continental a capitales extranjeros. Varios legisladores, incluidos aliados del oficialismo, retiraron su apoyo al capítulo argumentando que no podrían enfrentar a sus vecinos si votaban a favor de «regalar» el territorio nacional el mismo día que se conmemoraba la guerra de 1982. En las movilizaciones contra la ley participaron veteranos de la Guerra de Malvinas, que calificaron el proyecto de «injusticia» y «vergüenza» por contradecir la memoria de quienes defendieron la tierra con las armas.
El otro capítulo retirado buscaba eliminar las restricciones vigentes que impiden cambiar el uso del suelo de tierras incendiadas —bosques, humedales, pastizales y tierras agropecuarias— durante 30 años, y hasta 60 en el caso de bosques nativos como los patagónicos. Esa protección, contemplada en la Ley de Manejo del Fuego, busca desincentivar los incendios intencionales provocados para «limpiar» terrenos y destinarlos de inmediato a la siembra de soja o a emprendimientos inmobiliarios. La oposición señaló sin rodeos que derogar esos plazos equivalía a incentivar por ley la quema deliberada de bosques nativos y humedales, entre ellos los del Paraná, donde 36 departamentos ya superan el límite legal de extranjerización según el Observatorio de Tierras. El Plan Nacional de Manejo del Fuego, que no depende del presupuesto general sino de una alícuota cobrada en las pólizas de seguros, arrastra además un recorte de casi el 90% en los fondos que efectivamente llegan a combatir incendios, mientras el gobierno reemplazó la estructura de emergencias por una nueva agencia inspirada en la FEMA —Agencia Federal para el Manejo de Emergencias—estadounidense cuyo debut operativo fue señalado como deficiente tras incidentes trágicos con su propio equipamiento.
Lo que sí pasó: un Estado «maniatado» para expropiar y regular la propiedad
Retirados los capítulos territorialmente más sensibles, lo que obtuvo media sanción refuerza de manera considerable la posición jurídica del propietario frente al Estado. El corazón de la reforma es la modificación de la Ley 21.499 de Expropiaciones, que introduce el concepto de lucro cesante: el Estado ya no pagaría solamente el valor objetivo del bien expropiado, sino también la ganancia proyectada que el propietario dejaría de percibir a futuro. Si se expropia un edificio donde funciona un centro comercial, la indemnización deberá incluir lo que ese comercio dejaría de recaudar. Si se trata de un yacimiento de petróleo, minerales o tierras raras, el propietario puede alegar que él mismo habría realizado la extracción, lo que dispara la indemnización a cifras que el fisco no puede costear. El resultado práctico es que territorios con recursos estratégicos se vuelven virtualmente inexpropiables: el lucro cesante, pensado originalmente para reparar actos ilícitos, se aplica aquí a un acto lícito del Estado —la expropiación por utilidad pública—, un mecanismo diseñado para beneficiar a los grandes propietarios y desalentar cualquier intervención estatal.
A esa traba se suma la llamada regla del pago íntegro: el Estado no puede tomar posesión del bien ni transferir su dominio hasta haber cancelado la totalidad de la indemnización, lucro cesante incluido. La combinación —tasación inflada más pago previo obligatorio— equivale, en los hechos, a un veto patrimonial sobre buena parte de la obra pública futura. Entre los proyectos que se identifican como directamente amenazados figura el Gasoducto Néstor Kirchner, que no habría podido construirse bajo estas reglas, junto con sus extensiones pendientes hacia el resto del país; rutas, puentes y escuelas; un eventual megaplan de vivienda para paliar el déficit habitacional; represas y proyectos mineros estratégicos; parques industriales como el de Puerto Libertad, en Misiones, donde una forestal privada concentra el 80% de la tierra y el propio municipio debe pedirle permiso para cualquier desarrollo comunitario; y expropiaciones en zonas de alta rentabilidad como Vaca Muerta, donde el Estado debería pagar indemnizaciones astronómicas por el petróleo que el privado dejaría de extraer. También el desarrollo del CAREM —la Central Argentina de Elementos Modulares, tecnología nuclear propia del país— quedaría comprometido si el Estado necesitara recuperar terrenos en manos de inversores privados o extranjeros.
El segundo pilar aprobado modifica el Libro Cuarto, Capítulo 7, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para convertir los desalojos en juicios sumarísimos, el trámite más breve que contempla el código, con plazos que las propias fuentes oficialistas cifran en apenas diez días. La reforma elimina la prueba testimonial para acreditar pagos o acuerdos extracontractuales —solo valdrá la prueba documental—, habilita los desalojos en días y horarios inhábiles, convierte el uso de la fuerza pública en regla general y no en último recurso, y le quita al juez la responsabilidad de garantizar el destino de menores o personas vulnerables presentes en el inmueble, que quedarán en la vereda a la espera de una asistencia de las secretarías de familia locales hoy en crisis presupuestaria. La reforma se aplica a la falta de pago, al vencimiento de contratos y a la ocupación de viviendas o campos, e introduce además la figura del «tercero afectado»: un vecino, un municipio o el propio Estado podrán reclamar el desalojo de un ocupante alegando perjuicio, sin que medie necesariamente el reclamo del dueño. Un capítulo aparte golpea a las fábricas recuperadas: si el Estado no completó el pago íntegro y definitivo de una expropiación a su favor, la nueva normativa habilita a la justicia a proceder igualmente con el desalojo de los trabajadores, lo que pone en riesgo a cooperativas de todo el país que hoy operan bajo protección legal.
El único capítulo señalado como consensuado —la digitalización y unificación de los registros nacionales de propiedad— completa un texto que, en la lectura del propio Senado, refuerza «considerablemente» la posición del propietario privado sin tocar el artículo 17 de la Constitución, que ya reconoce la inviolabilidad de la propiedad desde 1853. Lo que efectivamente se discute no es ese principio, sino cuánto puede seguir limitándolo el Estado mediante expropiación, regulación, desalojo, protección ambiental y régimen de tierras. La respuesta que da esta media sanción es: bastante menos que hasta ahora.
El Banco Central que Caputo quiere «atarle las manos» a los gobiernos que vengan
Paralelamente al debate territorial, el gobierno impulsa una reforma profunda de la Carta Orgánica del Banco Central que prohibiría por ley el financiamiento al Tesoro Nacional y reduciría el mandato de la entidad a un objetivo único: la estabilidad y fortaleza de la moneda, eliminando cualquier función vinculada al empleo o al desarrollo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió sin ambages que el propósito de la reforma es limitar la capacidad de maniobra de futuros gobiernos con una visión económica heterodoxa, obligándolos por ley a sostener el mismo esquema de ultraortodoxia financiera que aplica la actual gestión.
El economista Carlos Heller cuestionó la premisa oficial de que la inflación es un fenómeno puramente monetario, y sostuvo que si los índices bajan bajo este modelo no es por éxito técnico sino por el ajuste brutal y la recesión que pulverizan el consumo y el poder adquisitivo de la población. La reforma busca, en rigor, retrotraer al Banco Central al esquema de la Convertibilidad de los años noventa diseñada por Domingo Cavallo, un modelo que terminó en el colapso de 2001. Mientras el oficialismo pregona la autonomía de la entidad, su presidente, Santiago Bausili, aparece de forma sistemática en conferencias de prensa sentado junto a Caputo, una imagen que la oposición lee como la confirmación de una subordinación política que la reforma pretende, paradójicamente, blindar hacia el futuro.
Quién se queda con la tierra: magnates, potencias y paraísos fiscales
El debate legislativo destapó, más que ocultarlo, el mapa de los intereses que compiten por el territorio argentino. Estados Unidos encabeza la lista de posesiones extranjeras con 2,7 millones de hectáreas —una superficie comparable a la provincia de Tucumán—, en un contexto en que el gobierno de Milei ha subordinado buena parte de su política exterior a Washington, buscando alinearse con Donald Trump y con el propio Comando Sur, que ha manifestado interés en establecer presencia militar o de control en zonas estratégicas. Italia y España ocupan el segundo y tercer lugar del ranking, con el grupo Benetton controlando más de un millón de hectáreas en la Patagonia, continuando un proceso de extranjerización iniciado en los años noventa del que el británico sionista Joe Lewis —propietario de tierras que rodean el Lago Escondido— es otro de los símbolos. Capitales de China, por su parte, operan bajo la modalidad de concesiones mineras y de riego, con más de 1,2 millones de hectáreas en provincias como Salta, un esquema que el gobierno busca limitar para favorecer al capital norteamericano, mientras sectores oficialistas y de derecha denuncian sin sustento que una base de exploración espacial argentina en Neuquén operaría bajo control chino cuando en realidad responde a fines científicos y bajo jurisdicción nacional.
A esa disputa geopolítica se suma un actor menos visible pero no menos decisivo: el capitalismo tecnológico que ve en la Patagonia el escenario ideal para su expansión. El empresario de PayPal y Palantir Peter Thiel es una de las figuras más influyentes y peligrosas del proceso, tanto por su patrimonio en Barrio Parque como por sus reuniones con altos funcionarios del gobierno: su interés combina la inteligencia artificial con el acceso al clima frío y al agua dulce necesarios para refrigerar centros de datos, y reproduce en la región el mismo modelo de «ciudades privadas» que financió en Honduras, donde las corporaciones aspiran a gobernar territorios por encima de las democracias.
Elon Musk aparece señalado por su interés en el litio, mientras que empresas de inteligencia artificial en general persiguen el acceso a las tierras raras —minerales estratégicos para semiconductores y sistemas de defensa—, un recurso que documentos de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos identifican explícitamente como prioridad regional junto al cobre. Israel completa el cuadro de alianzas privilegiadas del gobierno argentino, aun cuando la propia desregulación que impulsa Milei resulta más laxa que la que aplica el gobierno de Benjamin Netanyahu para proteger sus propias tierras de la propiedad extranjera. Fondos de inversión como BlackRock, capaces de adquirir tierra mediante estructuras de «pools» sin quedar registrados directamente como capital extranjero, y paraísos fiscales como Luxemburgo —con 160.000 hectáreas— y Liechtenstein —con 66.000—, cifras del todo desproporcionadas respecto del tamaño de esos territorios, completan un cuadro que sugiere triangulaciones destinadas a ocultar el origen real del capital.
Litio, tierras raras, glaciares: la soberanía en las cuerdas
Aunque el capítulo de extranjerización fue retirado, la amenaza sobre los recursos estratégicos argentinos no ha desaparecido: queda reformulada, entre otras, bajo la lógica de la fórmula del lucro cesante. Si el Estado quisiera recuperar en el futuro una tierra donde se descubren tierras raras o litio, debería pagar además de su valor la ganancia que el propietario dejaría de percibir por su extracción, lo que vuelve esos territorios inexpropiables en la práctica. A esto se añade una brecha tecnológica real: Argentina no cuenta hoy con la capacidad de extraer y procesar tierras raras de manera autónoma, lo que abre la puerta a que termine «entregando el espacio» a capitales extranjeros sin ejercer jamás una soberanía funcional sobre el recurso. Combinado con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones —que permite a las empresas extraer minerales y remitir ganancias al exterior sin obligación de reinversión—, el resultado es lo que observatorios universitarios describen como un «combo» del saqueo.
Los glaciares y las zonas periglaciares —reservas de agua dulce sin equivalente en el mundo— entran en el mismo circuito: una reciente modificación a la Ley de Glaciares redefinió qué se considera zona glaciar y periglaciar, y esa redefinición, combinada con el intento de eliminar los topes de la Ley de Tierras, facilitaría la extranjerización de la Cordillera de los Andes, donde se concentran buena parte de los departamentos que ya superan el 15% de tierra en manos extranjeras. El canciller Pablo Quirno llegó a declarar en entrevistas que si un extranjero quisiera comprar una provincia entera, eso sería «beneficioso para Argentina», una frase que resume con precisión involuntaria la lógica que atraviesa todo el proyecto.
El río Paraná y su hidrovía —vía de comercio exterior y reserva de humedales imprescindible para la vida productiva de Misiones, Corrientes y Formosa— concentra buena parte de estos riesgos: ya opera, en gran medida, bajo control de empresas extranjeras, en un contraste que las propias fuentes remarcan frente al Mississippi estadounidense, donde no se permite que embarcaciones extranjeras operen la vía navegable interior. La eventual eliminación de las zonas de seguridad de frontera —derogando el decreto-ley de 1944— habría abierto además la posibilidad de que un mismo propietario controlara tierras a ambos lados de un límite internacional, con el consiguiente riesgo de pérdida de control estatal sobre esos pasos y una eventual facilitación del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, delitos que en experiencias regionales similares escalaron de una incidencia del 5% al 50% cuando el Estado perdió el control efectivo de sus fronteras.
La política exterior como subordinación
Este realineamiento territorial y financiero corre en paralelo a un giro geopolítico explícito. La relación con Brasil atraviesa su peor momento después de que Milei insultara al presidente Lula da Silva en su visita a Brasil para participar del lanzamiento de la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro, lo que derivó en el retiro del embajador brasileño y generó preocupación incluso dentro de sectores empresariales, dado que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina. El Fondo Monetario Internacional continúa operando como un actor de presión constante sobre el presupuesto —que el gobierno deberá presentar para septiembre de 2026 con nuevos recortes previstos para sostener el equilibrio fiscal—, mientras la política exterior se reorienta con nitidez hacia Washington y hacia los intereses de sus grandes capitales privados.
El resultado de este agosto de 2026 no es, entonces, una derrota del proyecto auto denominado como «libertario» sino un relativo repliegue táctico. Milei perdió la batalla más visible —la venta directa del territorio— frente a un sentimiento de soberanía que su aparato político y mediático no pudo desactivar, pero conservó intacto el instrumento que le permite blindar por la vía patrimonial lo que no pudo entregar por la vía legal: un Estado que ya no podrá expropiar sin pagar antes la fortuna que sus futuros dueños sueñan con extraerle a la tierra argentina, el octavo país más extenso del planeta.
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