La mano izquierda del capital: el análisis de Fernando Leiva Letelier sobre un progresismo que administra, legitima y profundiza el capitalismo neoliberal en Chile
En «La mano izquierda del capital. Neoliberalismo y la izquierda chilena, 1988-2026» (Ediciones Ceibo), el economista Fernando Leiva Letelier reconstruye, con nombres, cifras y mecanismos institucionales precisos, cuatro décadas en las que la izquierda chilena —desde la Concertación hasta el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista— dejó de prometer ser la sepulturera del modelo heredado de la dictadura para convertirse en su arquitecta, su administradora y, en última instancia, su salvadora. El libro no se limita a la denuncia genérica: documenta la puerta giratoria entre el Estado y los directorios del gran capital, desmonta el «ordoliberalismo enchulado» que ha gobernado bajo estética «feminista» y «ecologista», y cierra con una propuesta de ruptura para una izquierda que, según el autor, lleva demasiado tiempo administrando el orden capitalista neoliberal en lugar de disputarlo y construir una alternativa a él.
De sepulturero a arquitecto: la tesis central
El punto de partida de Leiva Letelier es una constatación histórica. La izquierda chilena que emergió de la resistencia a la dictadura se presentó a sí misma, durante años, como la fuerza llamada a desmontar el modelo impuesto por los Chicago Boys entre 1973 y 1990. El libro sostiene que ocurrió exactamente lo contrario: esa misma izquierda terminó operando como la «mano izquierda del capital», un actor que administra, legitima y renueva el neoliberalismo precisamente en los momentos en que este atraviesa sus crisis más profundas. Leiva es cuidadoso en señalar que no describe una simple gestión pasiva de la herencia dictatorial, sino un papel creativo y generativo: esta izquierda no se limitó a no desmantelar el modelo, sino que diseñó activamente nuevos mecanismos para expandirlo hacia esferas de la vida social que antes permanecían fuera del alcance directo del mercado.
Esa función, sostiene el autor, no puede explicarse sólo como una traición coyuntural de determinados dirigentes ni como el resultado de presiones externas irresistibles. Es, ante todo, el producto de una elaboración política propia: una racionalidad y una legitimidad institucional que la derecha dogmática —la de Renovación Nacional y la UDI, heredera directa del régimen militar— jamás habría podido construir por sí sola. Sin la intervención de esta izquierda institucionalizada, concluye Leiva, el neoliberalismo chileno no habría sobrevivido a sus propias contradicciones estructurales.
El ordoliberalismo alemán y su versión «enchulada»
Para explicar la ideología que sostiene esta función, Leiva introduce un concepto que atraviesa todo el libro: el «ordoliberalismo enchulado». Su punto de partida es una distinción dentro del propio pensamiento neoliberal. El neoliberalismo de los Chicago Boys que Chile conoció bajo Pinochet respondía a una lógica de laissez-faire heredera y profundizadora del liberalismo clásico: mercado desregulado, Estado mínimo, intervención estatal reducida al mínimo indispensable. El ordoliberalismo alemán, en cambio, es una variante distinta: sostiene que el mercado no puede sostenerse a sí mismo, sino que requiere un Estado fuerte capaz de crear y garantizar un orden competitivo —lo que la tradición alemana llama Ordnung— junto con estabilidad institucional, responsabilidad fiscal y cohesión social, de modo que capitalismo y democracia puedan funcionar de manera armónica.
Lo que hicieron tanto los sectores de izquierda al interior de la Concertación como la Nueva Mayoría —principalmente el Partido Socialista— y el Frente Amplio, según Leiva, fue tomar esa matriz ordoliberal alemana —ajena por completo a la tradición socialista o marxista— y con ello corregir el modelo neoliberal impuesto por los «Chicago Boys» y la dictadura. En particular, en los últimos años, a ese cuerpo de ideas se le ha «inyectado» o «enchulado» con elementos del feminismo liberal, ecologismo ligero y políticas identitarias. El resultado es un discurso modernizador y socialmente sensible que dota al modelo neoliberal de una estética progresista sin alterar un ápice sus fundamentos. Leiva lo resume con una fórmula que se repite en el libro: un «progresismo sin proyecto estratégico», pro-capitalista en su esencia, cuya función no consiste en transformar radicalmente el sistema sino en administrar el orden existente para producir una mayor integración social.
Los siete pilares del ordoliberalismo enchulado
El autor identifica siete conceptos que estructuran esta ideología híbrida y que, sostiene, son compartidos por las distintas corrientes del Frente Amplio y por el propio gobierno de Gabriel Boric.
El primero es el Orden: una prioridad absoluta otorgada a la estabilidad institucional y a los acuerdos alcanzados entre las cúpulas políticas, por encima de cualquier presión proveniente de la movilización callejera. El segundo es la Libre Competencia: una fe prácticamente irrestricta en los mercados transnacionales como motor del desarrollo del país. El tercero es el Rol del Estado, entendido como un actor activo que corrige fallas de mercado y genera cohesión social, pero al que le está vedado alterar las reglas fundamentales del capitalismo o las relaciones de propiedad existentes. El cuarto es la Tercera Vía, la búsqueda de un punto intermedio entre el neoliberalismo puro y el socialismo tradicional. El quinto es la Ordnungspolitik, la política de orden propiamente alemana: una obsesión por la responsabilidad fiscal, el equilibrio macroeconómico y el respeto estricto a los marcos regulatorios que permiten funcionar al mercado. El sexto es la Vitalpolitik, la política vital, que en lugar de garantizar derechos sociales desmercantilizados promueve la formación de individuos responsables, emprendedores, capaces de gestionarse a sí mismos dentro de la lógica del mercado. Y el séptimo es el Miedo a la Plebe: una desconfianza estructural hacia la movilización social autónoma y popular, que se traduce en el uso sistemático de etiquetas como «populismo» u «octubrismo» para deslegitimar la protesta callejera.
En conjunto, sostiene Leiva, estos siete pilares permiten que la izquierda actúe como la mano izquierda del capital, aportando la racionalidad y la legitimidad que el modelo neoliberal necesita para sobrevivir a sus crisis y expandir la mercantilización de la vida social bajo una estética renovada.
Derechos sociales mercantilizados: la arquitectura de la subvención a la demanda privada
El libro dedica buena parte de su desarrollo a mostrar cómo, en lugar de desmercantilizar derechos básicos como la educación, la salud o las pensiones, la izquierda institucional diseñó un sistema alternativo: derechos sociales garantizados en el papel, pero mercantilizados y financiarizados en la práctica, donde el Estado no provee directamente sino que subvenciona la demanda privada. El ciudadano, en este esquema, accede a sus derechos únicamente a través del mercado, a menudo mediante el endeudamiento, mientras el aparato estatal transfiere recursos públicos hacia grandes conglomerados y bancos.
El CAE: la financiarización de la vida estudiantil
El ejemplo que Leiva califica como la manifestación «más nefasta» de esta lógica es el Crédito con Aval del Estado, el CAE. El mecanismo transfiere millones de dólares del presupuesto público a la banca privada para que esta otorgue créditos a los estudiantes, quienes terminan pagando su educación superior durante décadas. El resultado, según el autor, es doble: por un lado, el fortalecimiento del sistema universitario privado y las ganancias de sus controladores; por otro, el debilitamiento sistemático de la educación pública, que no recibe un financiamiento equivalente.
Leiva no se detiene en la dimensión económica del CAE: lo analiza también como una tecnología política de disciplinamiento. El endeudamiento masivo de los estudiantes y sus familias, sostiene, no es un efecto colateral indeseado sino un mecanismo que «amarra» a los sujetos al sistema durante años, limitando su capacidad de protesta y forzándolos a modular su comportamiento según las exigencias del mercado financiero, ya que deben priorizar su integración al mercado laboral para poder cumplir con sus compromisos crediticios. El autor llama a este proceso «financiarización de la vida»: la conversión de un derecho —la educación— en un activo financiero que ata la existencia del sujeto a los flujos del capital transnacional. El caso de Pilar Armanet, militante del PPD, ilustra para Leiva el conflicto de interés inherente al sistema: Armanet diseñó el CAE desde el gobierno y, tiempo después, se convirtió en ejecutiva del Laureate Group, el consorcio internacional dueño de varias universidades privadas directamente beneficiadas por los fondos de ese crédito.
El Plan AUGE: subsidiando a la salud privada con presupuesto público
El mismo patrón de mercantilización aparece en salud a través del Plan AUGE, que garantiza el acceso a determinadas prestaciones siempre que el ciudadano recurra a un proveedor privado subsidiado por el Estado. Leiva denuncia que se han trasladado «millones y millones de dólares» desde el presupuesto del Ministerio de Salud directamente hacia clínicas privadas, en una transferencia que debilita de manera sistemática al sistema público mientras asegura las ganancias de los grandes conglomerados que controlan la salud privada. El vínculo entre diseño de política y beneficio privado vuelve a aparecer aquí con el caso de Álvaro Erazo, militante socialista y exministro de Salud en el gobierno de Michelle Bachelet (años 2008-2010), quien tras dejar su cargo público pasó a integrar el directorio de Banmédica, una de las principales Isapres del país.
Las AFP: el ahorro obligatorio como capital de inversión
En el sistema previsional, Leiva describe un mecanismo equivalente: en lugar de construir un sistema de seguridad social solidario, el Estado obliga a los ciudadanos a recurrir a proveedores privados —las AFP— que operan bajo una lógica estrictamente financiera. Los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos son utilizados como capital de inversión que fortalece al gran capital transnacional y bancario, integrando el ahorro de la población a los flujos financieros globales en lugar de garantizar la vejez como un derecho colectivo. El autor es particularmente crítico con el gobierno de Gabriel Boric en este punto: pese a su retórica transformadora, la reforma de pensiones que impulsó consolidó y amplió el sistema de AFP, beneficiando directamente a los grupos económicos que las controlan, en una medida que —no por casualidad, subraya Leiva— fue celebrada por la derecha empresarial.
La conversión sociológica: anatomía de la puerta giratoria
Uno de los aportes más concretos del libro es la reconstrucción sistemática de lo que Leiva denomina «conversión sociológica»: el tránsito, sin fricciones, de dirigentes de la izquierda institucional desde cargos de alta responsabilidad en el servicio público hacia los directorios de los grandes conglomerados económicos que ellos mismos ayudaron a regular, financiar o expandir. El autor sostiene que esta relación no es meramente ideológica, sino material: fusiona directamente los intereses de la élite política de la Concertación, la Nueva Mayoría y más recientemente, el Frente Amplio, con los del gran capital transnacional y bancario, y constata que esta práctica se ha consolidado a lo largo de los últimos 36 años.
Los casos que documenta el libro exceden la anécdota. Pilar Armanet diseñó el CAE y luego se convirtió en ejecutiva del Laureate Group. Álvaro Erazo fue ministro de Salud y después integró el directorio de Banmédica. Jaime Estévez, del Partido Socialista, otorgó desde la presidencia del Banco Estado un préstamo al Grupo Luksic para que este adquiriera el Banco de Chile, y poco después fue nombrado miembro del directorio de esa misma entidad bancaria por el propio grupo económico beneficiado. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, además, ministros a cargo de reformas centrales como Nicolás Eyzaguirre y Alberto Arenas provenían directamente de los directorios de empresas vinculadas al Grupo Luksic, lo que garantizó, según Leiva, que ni siquiera las políticas presentadas como transformadoras alteraran la acumulación de capital transnacional.
Cuando el gran empresariado descubrió a la centroizquierda
El libro sitúa un cambio en la actitud del pinochetismo empresarial hacia la «centroizquierda», es decir los sectores del ala más a la izquierda de la Concertación. El mismo empresariado que había apoyado históricamente el golpe militar y financiado sistemáticamente a la derecha se convirtió en el principal financista de las campañas presidenciales de la centroizquierda —comenzando por la candidatura de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría— y de sus centros de estudio. Leiva no interpreta este financiamiento como un gesto pragmático aislado, sino como una estrategia del capital para comprar la racionalidad y la legitimidad institucional que la derecha, por sí sola, no podía garantizar. Los centros de pensamiento de la izquierda institucionalizada, financiados por este mismo empresariado, funcionan como los laboratorios donde se elabora el relato «enchulado»: allí se toma la matriz ordoliberal alemana y se la engalana con feminismo liberal, ecologismo ligero y políticas identitarias, produciendo el discurso que dota al capitalismo de la estética progresista necesaria para sobrevivir a sus crisis de legitimidad.
La troika de control: participación hegemónica, FOSIS y comisiones presidenciales
Leiva describe una «troika» de control integrada por el sector privado, el Estado y actores de la sociedad civil, que coordina lo que el autor llama «participación hegemónica»: tecnologías políticas que, bajo una apariencia de inclusión, no buscan otorgar poder real a las bases sino lograr el consentimiento voluntario de la ciudadanía y modular sus comportamientos para estabilizar el sistema. Esta troika aprovecha las redes de confianza y capital social existentes en los territorios para complementar la sujeción que ya ejercen el mercado y el lugar de trabajo, permitiendo un control social más sofisticado y menos visible que la represión directa.
Instituciones como el FOSIS —el Fondo de Solidaridad e Inversión Social— y las comisiones asesoras presidenciales son, para Leiva, ejemplos concretos de esta arquitectura: no herramientas de transformación real, sino «artes de domesticación» diseñadas para modular el comportamiento de los sectores populares y desarticular la movilización contrahegemónica. A través de programas que introducen nociones como «capital social», «etnicidad» o lo «socioemocional», estos dispositivos producen lo que el autor denomina subjetividades contrainsurgentes: una ciudadanía sumisa, adaptada a la lógica del capital en lugar de cuestionarla.
La Vitalpolitik: la deuda como tecnología de disciplinamiento
La Vitalpolitik, uno de los siete pilares del ordoliberalismo enchulado, explica para Leiva cómo el modelo disciplina a los sujetos sin recurrir necesariamente a la coacción abierta. En lugar de garantizar derechos desmercantilizados, promueve la formación de individuos responsables, emprendedores, capaces de gestionarse a sí mismos dentro del mercado. El CAE vuelve a funcionar aquí como el caso más claro: la deuda estudiantil ancla a los sujetos por décadas, limita su capacidad de protesta y los obliga a priorizar el cumplimiento de sus compromisos financieros por sobre cualquier horizonte de cuestionamiento del orden existente. Leiva sostiene que esta financiarización de la vida cotidiana no es un efecto secundario indeseado de la política pública, sino su propósito estructural: producir sujetos cuya supervivencia dependa directamente del éxito de la acumulación de capital transnacional, mientras el ropaje de «Estado de derechos sociales» que legitima estas políticas asegura el consentimiento de una población que cree estar accediendo a una conquista social.
El miedo a la plebe: del Acuerdo por la Paz a la militarización del Wallmapu
El «miedo a la plebe» —la desconfianza estructural hacia la movilización popular autónoma— tiene, según Leiva, expresiones concretas y documentables. La más emblemática es el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución», firmado en noviembre de 2019 y suscrito, entre otros, por el propio Gabriel Boric. El pacto canalizó la energía de la revuelta popular hacia la institucionalidad, priorizando la estabilidad del sistema y los acuerdos alcanzados entre cúpulas políticas por sobre las demandas de la calle. Leiva sostiene que este episodio prefiguró el estilo de gobierno que el Frente Amplio aplicaría después, entre 2022 y 2026: una «opción preferencial» por la desarticulación de los movimientos sociales, populares, indígenas y territoriales, orientada a asegurar la recuperación de la tasa de ganancia del capital. El autor vincula directamente ese acuerdo con el «cretinismo parlamentario» que critica a lo largo del libro: el desplazamiento del eje de la política desde los lugares donde efectivamente se desarrolla la vida cotidiana hacia los centros de poder institucional.
La militarización del Wallmapu es otro caso que el libro documenta con particular dureza. La prórroga sistemática del Estado de Excepción en la «Macrozona Sur», sostenida durante más de tres años bajo el gobierno de Boric, tendría como fin último proteger los intereses de las empresas forestales y reprimir la protesta social mapuche, en contradicción abierta con la retórica inicial de diálogo del oficialismo. A esto se suma la crítica de Leiva a la desarticulación del movimiento sindical: las burocracias ligadas al Partido Comunista, al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana habrían sacrificado su autonomía por «migajas» del Estado, privilegiando negociaciones cupulares con la Sofofa por sobre la democracia interna y la movilización combativa de las bases sindicales.
El balance del gobierno de Boric: litio, permisología, seguridad y trabajo
El libro dedica un análisis extenso a la gestión 2022-2026, y el balance que traza Leiva es severo en cada uno de sus frentes.
En materia de bienes o recursos naturales, el acuerdo entre Codelco y SQM es calificado de «entreguista» y «cortoplacista»: sin mediar licitación pública, entrega el control del litio al grupo Ponce Lerou —al que el autor describe como «heredero de la dictadura»— hasta el año 2060. Leiva interpreta esta política como una sumisión al capital transnacional, presentada discursivamente bajo el ropaje de una defensa del interés nacional, y como evidencia de que no hubo ruptura alguna con el patrón extractivista y rentista del modelo chileno.
Ese mismo patrón se extiende al terreno ambiental bajo la forma del eco-extractivismo: un discurso ecologista que, lejos de romper con la matriz extractivista, la institucionaliza y la expande. Las medidas contra la «permisología» —es decir las medidas orientadas a agilizar y reducir los tiempos de evaluación ambiental de los megaproyectos mineros— debilita en la práctica la capacidad de las comunidades para oponerse o regular los proyectos extractivos, imponiendo la racionalidad técnica y económica por sobre la defensa territorial y medioambiental. La promoción del hidrógeno verde es leída por Leiva en la misma clave: otra política que «endiosa» el papel de las empresas transnacionales como agentes privilegiados del progreso y la modernidad.
En seguridad, la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato, es citada por Leiva para sostener que el gobierno «se vistió con las ropas» de los movimientos feministas y ecologistas para terminar impulsando una agenda de seguridad propia de la derecha más reaccionaria, utilizando la crisis de seguridad como excusa para implementar políticas represivas que antes eran criticadas por los mismos sectores que hoy gobiernan. Se configura así un escenario de un «Chile represivo», caracterizado por un «estado policial» que prioriza la gobernabilidad cupular por sobre la democratización real.
En el plano laboral, la Ley de 40 Horas —presentada como un avance social— incluye, según el autor, mecanismos de flexibilización que benefician principalmente al empleador, reforzando la figura del trabajador como «auto-emprendedor» responsable de su propia adaptabilidad a las variaciones de la demanda. Y el Sistema de Cuidados es descrito como más simbólico que transformador, dada la ausencia de un financiamiento robusto que permita desmercantilizar efectivamente esa labor, lo que mantiene a las mujeres y a las familias como responsables individuales de la reproducción social.
El Partido Comunista: la izquierda histórica dentro de la mano izquierda del capital
El libro no exime al Partido Comunista de esta caracterización. Leiva lo sitúa como la «izquierda histórica» dentro del engranaje que administra y legitima el neoliberalismo, señalando su participación oficial en la Nueva Mayoría de Michelle Bachelet —un gobierno cuyos ministros clave, recuerda el autor, provenían de los directorios del Grupo Luksic— y su responsabilidad, junto al PS y la DC, en la cooptación de la dirigencia sindical. Con todo, Leiva traza diferencias sociológicas concretas entre el PC y el Frente Amplio. Mientras este último concentra un alto porcentaje de sus militantes en comunas de altos ingresos de la Región Metropolitana, en el Partido Comunista esa cifra es mucho menor. Esa distancia de clase explicaría, según el autor, por qué el Frente Amplio tiende hacia una política centrada en el Estado, lo discursivo y las redes sociales —lo que Leiva describe como la «sobrevaloración del meme»— mientras el PC, pese a estar igualmente integrado a la institucionalidad, mantiene una base sociológica distinta y una conexión diferente con los sectores populares.
Hacia una izquierda de ruptura: la alternativa que propone Leiva
El libro no se detiene en el diagnóstico. Leiva plantea, como horizonte, la construcción de una izquierda genuina y de ruptura que recupere un proyecto histórico estratégico, articulado en torno a cinco ejes.
El primero es la construcción de un proyecto estratégico nuevo, capaz de ser simultáneamente anticapitalista y antiimperialista, radicalmente democrático y ecofeminista, adaptado a las condiciones del capitalismo digitalizado y financierizado del presente. El segundo es la superación del «cretinismo parlamentario»: desplazar el eje del quehacer político desde los centros de poder —el Parlamento, el Estado— hacia los lugares donde se desarrolla y recrea la vida cotidiana, ligando indisolublemente la representación institucional a la acción política en la base social y en las organizaciones territoriales. El tercero es la descolonización epistemológica: abandonar las concepciones coloniales y eurocéntricas que citan casi exclusivamente a pensadores como Habermas, y rescatar en cambio la tradición del pensamiento crítico latinoamericano e indígena, con referencias explícitas a René Zavaleta Mercado, Enrique Dussel, Katya Colmenares y Verónica Gago, entre otros y otras. El cuarto eje es la politización de la vida cotidiana y de lo colectivo, frente a la Vitalpolitik que promueve individuos emprendedores: Leiva llama a recuperar la experiencia de la acción y el trabajo común por encima del individualismo digital, y a perder el «miedo a la plebe» politizando el descontento popular en lugar de temerle. El quinto y último eje es la ruptura del binarismo Estado-mercado: abandonar la idea simplista de que el Estado es intrínsecamente opuesto al capital, para comprender en cambio cómo el sistema actual utiliza precisamente al Estado para fortalecerlo, y diseñar así políticas que apunten a una desmercantilización real de derechos básicos como la salud, la educación y las pensiones.
En síntesis, la alternativa que propone Leiva Letelier es una revolución cultural interna de la izquierda: una que devuelva el protagonismo a la base social organizada y construya un proyecto de sociedad que no se limite a «endulzar» el capitalismo, sino que busque superarlo desde las necesidades concretas de la vida diaria. La «mano izquierda del capital» no administra el neoliberalismo chileno a su pesar. Lo diseña, lo financia, lo enchula y, cuando es necesario, lo defiende con el aparato represivo del Estado, todo bajo un discurso que promete justamente lo contrario.
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