¿Qué pasó y está pasando en Ceuta? la oleada de 60 mil personas que el Reino de Marruecos impulsó para presionar a España y reforzar su ofensiva geopolítica junto a los regimenes de Israel y EEUU
El derrumbe fronterizo del 30 y 31 de julio fue más que un evento espontáneo provocado por la desesperación y falta de expectatias de mejoría para los miles de jóvenes marroquíes que participaron de la abrupta entrada a Ceuta: fue la ejecución de un plan de Estado con el que la monarquía alauita, blindada por Washington y Tel Aviv, convirtió a esos miles de jóvenes en munición de una guerra híbrida cuyo objetivo final no es sólo Ceuta, sino que más allá de ella, el control sobre el Estrecho de Gibraltar, los eventuales acuerdos de Argelia con España, y la continuidad del despojo colonial de Marruecos en el Sáhara Occidental, sus fosfatos.
Entre la noche del 30 de julio y la tarde del 31, entre 50.000 y 60.000 personas —en su enorme mayoría hombres jóvenes marroquíes, aunque también familias y menores— cruzaron a nado, a pie por el espigón del Tarajal o saltando la valla hacia Ceuta, uno de los enclaves españoles en África. La cifra, confirmada por medios locales e internacionales, duplicó de un día para otro la población de la ciudad autónoma, de apenas 84.000 habitantes. La Guardia Civil continuaba durante el fin de semana rastreando el mar en busca de cuerpos: al menos 57 personas murieron ahogadas, cifra que otros recuentos, como el citado por el medio irlandés The Journal, eleva a 67 decesos.
Una oleada migratoria que no pudo ser espontánea
Movilizar a decenas de miles de personas desde el interior de Marruecos —evitando deliberadamente al Rif, la región más proespañola y más enfrentada al Palacio Real marroquí— hasta las inmediaciones de la frontera, en cuestión de horas no puede ser algo espontáneo, y obedece más a una logística de Estado. Testimonios e imágenes difundidas muestran camiones de carga conducidos o escoltados por la policía marroquí, coordinando el momento exacto de llegada. La gendarmería marroquí, no reprimió el paso: abrió las puertas de las vallas. Los jóvenes trasladados desconocían las corrientes marinas de la zona y muchos nadaban con menores envueltos en bolsas de plástico para mantenerlos a flote, factores que explican en parte la mortandad en estos sucesos. Mientras tanto, la policía marroquí montaba, para las cámaras, la coreografía de un supuesto intento de contención: cierres aparentes de terminales de autobuses y trenes. Ningún cuerpo de seguridad reprime en serio lo que su propio Estado ha decidido provocar.
El resultado inmediato en Ceuta fue el que cabía esperar de una ciudad desbordada de la noche a la mañana: saqueos en mercados, robos, una sensación de inseguridad que llevó a ciudadanos españoles a salir a las calles a enfrentarse con los recién llegados, y a las Unidades de Intervención Policial a cargar contra esos mismos vecinos que protestaban por la falta de respuesta institucional.
La sentencia que abrió la puerta
El detonante jurídico de la avalancha fue la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España del 8 de julio, que estableció que quien cruza la frontera a nado no puede ser expulsado mediante la figura del «rechazo en frontera». Al entrar por agua, la persona se considera ya dentro de territorio español, lo que obliga a tramitar el procedimiento ordinario de la Ley de Extranjería —con abogado de oficio incluido y un coste administrativo estimado en 5.000 euros por expediente— en lugar de aplicar la devolución inmediata que sí opera en otros puntos, como el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sergio Márquez, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Melilla, lo resumió sin rodeos: la sentencia deja a los agentes «sin cobertura legal». La resolución se difundió por redes sociales como un mapa de ruta: miles de jóvenes marroquíes supieron, gracias a ese fallo, que el sistema jurídico español les ofrecía meses de permanencia mientras se resolvían sus expedientes. El gobierno marroquí desde Rabat aprovechó grieta legal: simplemente calculó el momento de empujar a la multitud a través de ella.
Como respuesta a esa «espoleta» judicial, ya se discuten nuevas barreras físicas que impidirían estos movimientos de movilidad humana: prolongar los espigones del Tarajal y de Benzú, instalar boyas en el mar para que la interceptación ocurra antes de que el migrante supere un obstáculo físico y así cambiar su estatus legal de entrada. Mientras tanto, se señala como agravante la retirada previa de las concertinas de las vallas, que dejó a las fuerzas de seguridad sin un instrumento de contención que en algún momento sí existió. Analistas estadounidenses, por su parte, han llegado a sugerir —desde una perspectiva abiertamente hostil a la soberanía española— que Marruecos debería directamente usar excavadoras para remover los obstáculos que quedan.
El verdadero objeto de la disputa no es Ceuta: es el Sáhara Occidental
Ceuta y Melilla son valiosas por su posición en el Estrecho, uno de los principales «puntos de estrangulamiento» de vías marítimas en el planeta, pero carecen de recursos naturales propios. El Sáhara Occidental, en cambio, es un territorio de expolio: alberga aproximadamente el 75% de las reservas mundiales de fosfatos —mineral esencial para la fabricación de fertilizantes agrícolas y presente en cualquier producto industrial que genere espuma—, uno de los bancos de pesca más ricos del planeta, yacimientos de oro y petróleo de fácil extracción. Empresas de Israel y el Reino Unido realizan ya prospecciones de hidrocarburos y minerales en aguas saharauis, una actividad que constituye, en los términos del derecho internacional, una violación flagrante: se trata de un territorio en proceso de descolonización pendiente ante la ONU, cuyos recursos no pueden ser explotados por la potencia ocupante ni por terceros mientras no se resuelva su estatus. Si el Sáhara fuera un desierto vacío, ni Washington ni Tel Aviv tendrían interés alguno en blindar la ocupación marroquí. La riqueza mineral del territorio es, literalmente, la maldición del pueblo saharaui.
Sobre esa base material se erige el proyecto ideológico del «Gran Marruecos» —también llamado Plan Marruecos 2030—, una doctrina de Estado que no se limita al Sáhara: reclama formalmente Ceuta y Melilla, las Islas Canarias y su Zona Económica Exclusiva, la totalidad de Mauritania y partes de Argelia y Malí. A diferencia de la generalidad de los Estados, la Constitución marroquí no fija fronteras definitivas ante la ONU: consagra al rey como «garante de las verdaderas fronteras», una fórmula jurídica que institucionaliza el expansionismo como principio de gobierno, no como excepción. Sectores más extremos del nacionalismo marroquí extienden incluso esa reivindicación hasta el antiguo Al-Ándalus.
El giro que hizo posible este escenario ocurrió en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez rompió unilateralmente 47 años de política de Estado y aceptó, mediante una carta al rey Mohamed VI, el plan de «autonomía» marroquí para el Sáhara como la propuesta «más seria, creíble y realista». El anuncio lo hizo primero el Palacio Real de Rabat, controlando el relato de su propia victoria diplomática antes de que el Ejecutivo español diera explicaciones a su Parlamento, que nunca fue consultado. España creyó que, cediendo en el Sáhara, garantizaría a perpetuidad su soberanía sobre Ceuta y Melilla. Marruecos, cuatro años después, ha demostrado que puede reabrir el «grifo migratorio» cuando quiera.
Pegasus: el chantaje que precedió a la rendición diplomática
Ese giro no ocurrió en el vacío. Entre mayo y junio de 2021, coincidiendo con una crisis migratoria previa en Ceuta —la de los 8.000 cruces documentados aquel año—, los teléfonos de Pedro Sánchez, de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron infectados con el software espía israelí Pegasus. Del terminal del presidente se sustrajeron 2,57 gigabytes de datos en una primera intrusión y 130 megabytes en una segunda; hubo también un intento contra el ministro de Agricultura, Luis Planas. Investigaciones y testimonios de antiguos agentes de inteligencia atribuyen la operación a los servicios secretos marroquíes (DGST), que habrían usado servidores propios y empresas intermediarias para ocultar el contrato con NSO Group, la firma israelí propietaria del software. El caso se enmarca en una ofensiva mayor: cerca de 200 teléfonos de autoridades y activistas españoles fueron objeto de espionaje, además de terminales en Francia, incluido el del propio Emmanuel Macron.
La secuencia de los hechos es elocuente: el espionaje precedió al cese, en julio de 2021, de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sustituida por José Manuel Albares con el encargo explícito de recomponer la relación con Rabat. Menos de un año después llegó el giro sobre el Sáhara. Marruecos ha emprendido, entretanto, acciones legales contra periodistas españoles —el caso de Ignacio Cembrero es el más conocido— por señalar públicamente su responsabilidad en el espionaje. La lectura que se impone no requiere demasiada imaginación: un Estado que hackea al presidente de otro Estado y que, meses después, obtiene de ese mismo presidente la mayor concesión diplomática en casi medio siglo, no necesita que nadie le explique la relación entre ambos hechos.
Washington y Tel Aviv: los verdaderos arquitectos de la jugada
Detrás de Rabat opera una estructura que diversos análisis del conflicto describen como «anglosionista»: la alianza entre Estados Unidos e Israel que arma, financia y legitima a la monarquía marroquí a cambio de convertirla en su policía geopolítica en el norte de África. El mecanismo diplomático que hizo posible este reordenamiento fueron los Acuerdos de Abraham: en diciembre de 2020, la administración de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Israel. Tel Aviv completó el gesto en julio de 2023, reconociendo formalmente esa misma soberanía. Como monumento a esa alianza, Marruecos ha bautizado como «Presidente Donald Trump» una autopista de 1.000 kilómetros que atraviesa el territorio saharaui —construida, en los hechos, sobre tierra robada al pueblo saharaui— y que ya se conoce también, en su tramo Tiznit-Dajla, con el mismo nombre presidencial.
El estatus de Marruecos como aliado principal Extra-OTAN, concedido por Washington en 2004, se ha traducido en cifras concretas: entre 2020 y 2024, Estados Unidos suministró el 64% de las importaciones marroquíes de grandes sistemas de armas, incluyendo los sistemas de misiles HIMARS y cazas F-16, integrados en una lógica de interoperabilidad con el Africom. Marruecos es hoy el socio principal del ejercicio «African Lion», el mayor despliegue militar estadounidense en el continente.
Ese respaldo se traduce también en un plano más incómodo para Madrid: la deslegitimación abierta de la soberanía española. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un informe presupuestario que describe a Ceuta y Melilla como «ciudades administradas por España situadas en territorio marroquí», instando al Departamento de Estado a promover negociaciones entre Madrid y Rabat sobre el estatus jurídico de ambas ciudades. Mario Díaz-Balart, presidente de una subcomisión de seguridad nacional en el Congreso, ha declarado públicamente que Ceuta y Melilla no pertenecen geográficamente a España sino a Marruecos; el senador Marco Rubio ha respaldado con sus propios informes esa misma reclamación. Michael Rubin, analista vinculado a círculos del Pentágono, sostiene que la OTAN no respondería ante un ataque contra Ceuta o Melilla porque ambas ciudades están en África, fuera del área de aplicación automática del Tratado de Washington —y ha llegado a sugerir que Marruecos organice una nueva «Marcha Verde» con excavadoras para forzar la descolonización de las ciudades autónomas. Donald Trump, según los análisis recogidos, amenazó a España en una cumbre de la OTAN evocando la pérdida de territorios como Cuba o Filipinas en 1898, en referencia a la política exterior «díscola» del Gobierno de Sánchez.
La paradoja es, además, física: la base militar estadounidense de Rota permanece «tranquilamente asentada» en suelo español mientras el mismo país que la aloja cuestiona en sus documentos oficiales la integridad territorial de quien la hospeda. El precedente histórico no es menor: durante la crisis del islote de Perejil, la inteligencia estadounidense filtró desde la base del Copero información sobre los movimientos de las tropas españolas hacia las fuerzas marroquíes, obligando al mando español a ocultar sus propios despliegues a su «aliado» transatlántico para poder completar la operación.
Israel: el castigo por Palestina
La intervención israelí tiene, según los análisis del caso, un motivo político concreto: castigar al Gobierno de Pedro Sánchez por su reconocimiento del Estado palestino y por sus críticas a la ofensiva genocida en Gaza. Israel habría solicitado a Marruecos, ya desde diciembre de 2025, ejecutar un acto de presión masiva como el ocurrido en Ceuta; en enero de 2026 ambos países firmaron un plan conjunto de acción militar que profundizó la cooperación en inteligencia y tecnología. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha acusado formalmente a España de mantener «enclaves coloniales» en África, alineándose sin matices con la narrativa marroquí.
El Estrecho de Gibraltar es, en ese cálculo, la pieza que cierra el círculo. España ha rechazado que buques con carga militar destinada a Israel atraquen o se abastezcan en sus puertos; Marruecos, en cambio, permite ese tránsito sin fricciones, lo que convierte el control de la orilla sur del Estrecho en una prioridad de primer orden para Tel Aviv. Si Ceuta cayera bajo administración marroquí, la alianza anglosajona controlaría ambas orillas del paso —junto al Peñón de Gibraltar, bajo soberanía británica—, dominando una ruta por la que transita el 15% del comercio mundial, sin necesidad de depender de un aliado que Washington y Tel Aviv consideran, en sus propios términos, «poco fiel».
El factor Argelia: el castigo por el gas
Si hay un hecho que explica el momento exacto de la avalancha, es la visita de Pedro Sánchez a Argel, a finales de julio, para blindar el suministro de gas español a través del gasoducto Medgaz y compensar la pérdida del 20% del gas ruso que Bruselas obligará a dejar de importar. Argelia se ha convertido en 2026 en el primer proveedor de gas de España, con cerca de un 34% de las importaciones. El propio Ministerio de Exteriores español negó cualquier vínculo entre ese viaje y la crisis migratoria, insistiendo en que la relación con Rabat «atraviesa uno de sus mejores momentos». La coincidencia temporal, sin embargo, resulta difícil de sostener como casualidad: el flujo hacia Ceuta se disparó a partir del anuncio de la visita, aproximadamente el 15 de julio, y se duplicó mientras Sánchez permanecía en suelo argelino.
Argelia es el gran valedor internacional del Frente Polisario y de la causa saharaui, la posición política más antagónica posible a las pretensiones de Rabat. El acercamiento español —después de que Sánchez hubiera respaldado en 2022 el plan de autonomía marroquí— fue leído por el Palacio Real como una traición a los acuerdos previos. La respuesta no llegó por la vía diplomática: llegó en forma de decenas de miles de jóvenes cruzando el Tarajal. El cierre del espacio aéreo argelino a los vuelos civiles y militares marroquíes, decretado en 2022 tras la invitación de Rabat al ministro de Defensa israelí a su frontera con Argelia, es el otro capítulo de este pulso: dado que Argelia es el país más extenso de África y el noveno del mundo, la prohibición obliga a Marruecos a desvíos costosos por Mauritania, Malí o Níger, un mensaje de disuasión tanto para Rabat como para su aliado israelí.
La respuesta de un Estado que pide perdón mientras es atacado
El Gobierno español calificó lo ocurrido como «un ataque y una violación de la integridad territorial de España» y desplegó al Ejército y a la Guardia Civil para restablecer el orden. Pero, pese a la evidencia de coordinación estatal, la autoría se atribuyó oficialmente a «las mafias», evitando en todo momento señalar directamente al régimen de Mohamed VI. La contradicción llegó a su punto más incómodo cuando, poco después de denunciar el ataque, el propio presidente agradeció la «cooperación» de Marruecos. Mientras la crisis estaba en pleno desarrollo, varios ministros —Grande-Marlaska, Luis Planas, Elma Saiz— y la propia presidenta del PSOE, Cristina Narbona, asistían a la recepción del «Día del Trono» en la embajada marroquí en Madrid.
Esa dualidad no es nueva. Existe, según los análisis recogidos, una red de exdirigentes socialistas —Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono, Miguel Ángel Moratinos— que durante más de dos décadas ha cultivado vínculos personales y patrimoniales con Marruecos, incluidas propiedades y negocios en el reino, y que ha operado como una auténtica «quinta columna» dentro de las instituciones españolas, allanando el terreno para que el Ejecutivo actual asumiera las tesis de Rabat sobre el Sáhara. A esa red se suma el papel de Begoña Gómez, esposa del presidente, quien dirigió entre 2018 y 2021 el IE Africa Center, con colaboraciones directas con la Asociación para el Progreso de la Dirección en Marruecos (APD Maroc) y una relación de amistad con Miriam Bensalah-Chaqroun, una de las empresarias más influyentes del reino y vicepresidenta de esa misma asociación. Las cuentas auditadas del centro reflejan un gasto de cientos de miles de euros en salarios y actividades durante 2019 y 2021, justo los años de mayor tensión bilateral. Nada de esto necesita interpretarse como delito para funcionar como lo que es: un canal de interlocución no oficial con la élite económica marroquí, en paralelo a la política exterior formal del Estado.
El servicio de inteligencia marroquí (DGED) opera también a través de organizaciones «pantalla»: informes reservados del CNI (Centro Nacional de Inteligencia español) citados en los análisis del caso señalan al Movimiento Saharaui por la Paz como una fachada de los servicios secretos de Rabat para fabricar un clima de opinión favorable en la prensa española, mientras el régimen financia con tecnología a influencers afines y bloquea algorítmicamente a las voces republicanas o críticas.
El narcotráfico y las redes sociales, armas de la misma guerra
El narcotráfico se suma a este repertorio como una herramienta más de desgaste institucional: genera inseguridad, alimenta la corrupción y satura, junto al flujo migratorio, la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad españolas, proyectando la imagen de un Estado incapaz de controlar sus fronteras. Las redes sociales, por su parte, funcionaron durante la crisis como un engranaje logístico —difundiendo horarios y rutas para cruzar sin ser devuelto— y como campo de batalla narrativo, con una ofensiva digital simultánea que exigía el desalojo de Ceuta y Melilla presentándolas como «enclaves coloniales». Puertas adentro de Marruecos, esas mismas plataformas son terreno de vigilancia y represión: comentarios críticos con el monarca o el régimen en Facebook o YouTube pueden costar hasta cuatro años de cárcel.
Una oposición política española que confunde firmeza con servilismo selectivo
El espectro político español ofrece, ante esta crisis, un cuadro de contradicciones difícil de superar. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de indulgencia y exige el refuerzo del control fronterizo —Feijóo ha prometido desclasificar los documentos reservados sobre el acuerdo con las autoridades saharauis si llega a Moncloa—, pero guarda un silencio cómodo frente a Estados Unidos e Israel, pese a que instituciones de ambos países cuestionan abiertamente la españolidad de Ceuta y Melilla. Vox exige la militarización total de la frontera y denuncia el «Gran Marruecos», pero arrastra una contradicción todavía más flagrante: su identidad como partido está construida sobre el apoyo explícito a Benjamín Netanyahu y su gobierno encabezado por «Likud» —Santiago Abascal se reunió con él en Jerusalén en mayo de 2024, prometiéndole revocar el reconocimiento español del Estado palestino si Vox llegara al Gobierno— y sobre su alineamiento con el ala más pro-Israel del Partido Republicano estadounidense, con apariciones junto a Marco Rubio, Ted Cruz y Donald Trump Jr. Vox jamás ha exigido a Netanyahu que reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla, ni ha respondido a las declaraciones de Danny Danon sobre «enclaves coloniales». Un partido que se presenta como el más firme defensor de la soberanía nacional resulta, en la práctica, aliado incondicional de las mismas potencias que la erosionan.
Desde el otro lado del escenario político, sectores vinculados a Sumar y Podemos leen lo ocurrido como una instrumentalización política de la miseria humana por parte de potencias neoimperiales para desestabilizar a España, en un momento de manifiesta pérdida de influencia de esas mismas fuerzas a la izquierda del PSOE.
Lo que proponen los saharauis y los republicanos marroquíes
Frente a este entramado de intereses estatales, existen otras voces. El Movimiento Progresista Marroquí, liderado por Dris Brunning, denuncia que la monarquía ha «psicologizado» a su propia población para mantenerla apegada al Sáhara Occidental, ocultando que ese apego no responde a un sentimiento nacional espontáneo sino al interés de controlar los fosfatos y demás recursos del territorio. El movimiento reivindica el fin de las políticas imperialistas y extractivistas, la inversión real en salud y educación —frente al gasto faraónico en proyectos como el Mundial de Fútbol 2030—, la libertad de expresión frente a la persecución de la disidencia en redes sociales, y el reconocimiento de la lucha del pueblo saharaui, obligado a vivir en los asentamientos de Tinduf por el asedio de Rabat. Su horizonte político es el fin de la monarquía y el establecimiento de una república democrática que deje de actuar, en sus propias palabras, como «perrito faldero» del anglosionismo en el norte de África.
Para los propios activistas saharauis, la creación de una República Saharaui independiente funcionaría como un dique de contención frente al expansionismo marroquí, un resultado que además beneficiaría objetivamente a España al limitar por ley las fronteras del Estado marroquí. El apoyo argelino a esa causa —frente al Marruecos convertido en enclave del anglosionismo— es la consecuencia política de la trayectoria histórica anticolonialista de Argelia.
El futuro: Canarias en el horizonte
Los escenarios que se dibujan hacia adelante son complejos tanto para el pueblo saharaui y para Argelia, como para la soberanía española. El Plan Marruecos 2030 contempla nuevas «invasiones pacíficas» para forzar la descolonización de Ceuta y Melilla, y el cambio demográfico —vía nacionalizaciones masivas y evolución poblacional— podría hacer el resto sin necesidad de conflicto militar directo. Tras el Sáhara y las ciudades autónomas, el siguiente objetivo señalado por los análisis del conflicto son las Islas Canarias y su Zona Económica Exclusiva. La construcción de una futura base militar en Dajla, pensada para proteger las prospecciones israelí-británicas de hidrocarburos y proyectar la fuerza marroquí hacia las aguas canarias, es el anticipo material de ese objetivo. Washington, mientras tanto, sigue apostando por que Marruecos sustituya definitivamente a España como «garante de la puerta del Mediterráneo» y policía geopolítico del norte de África, en una tendencia reforzada por las políticas desplegadas por Donald Trump.
Con todos estos antecedentes, la conclusión es que los recientes sucesos en Ceuta son algo más que una oleada migratoria, y en ellos la acción del Estado marroquí ha sido determinante. Mientras Madrid siga tratando el expansionismo del régimen monárquico de Marruecos como un problema de gestión fronteriza y no como lo que es —un proyecto de Estado respaldado por la arquitectura imperial de Washington y Tel Aviv—, España seguirá pagando, en cuerpos ahogados en el Tarajal, la factura de una soberanía que ya decidió negociar en marzo de 2022 y que ahora descubre, demasiado tarde, que no hay entrega parcial posible frente a quien ha convertido la migración en un arma de presión y guerra híbrida encubierta. En el camino, decenas de personas de ciudadanía marroquí han perdido la vida, aumentando una vez más el largo listado de violaciones a derechos humanos del régimen hoy encabezado por Mohamed VI.
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