El Mundial del Caos y la Corrupción: cómo Trump, la FIFA y el capital transnacional convirtieron la Copa 2026 en un dispositivo geopolítico, de control migratorio, despojo y lucro sin límites
El Mundial 2026, repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, ya no necesita máscaras: la FIFA se arrodilló ante la Casa Blanca, transformó el torneo en la edición más cara de la historia y convirtió ciudades enteras en zonas de excepción donde la policía migratoria, el Servicio Secreto y los muros de contención urbana funcionan como parte del operativo deportivo. Bajo el barniz de la «fiesta de la unión mundial», el torneo ha exhibido sin pudor la arquitectura del poder estadounidense, la codicia corporativa de la FIFA y el despojo de los barrios populares que rodean los estadios.
La FIFA, de rodillas ante Trump
Desde el arranque, el organismo que dirige Gianni Infantino dejó en evidencia que su pretendida neutralidad es una ficción funcional a los intereses de Washington. A fines de 2025, la FIFA entregó a Donald Trump un «premio por la paz», un gesto que comentaristas calificaron de cínico considerando que la administración estadounidense mantenía simultáneamente operaciones militares contra Venezuela, Colombia e Irán y, por supuesto, sostenía sin fisuras el genocidio israelí en Gaza y Líbano. La contradicción es flagrante: la misma FIFA que suspendió con celeridad a Rusia por la guerra en Ucrania no ha movido un dedo contra Estados Unidos ni contra Israel por sus respectivas campañas militares, evidenciando que sus sanciones no responden a principios sino a la geografía del poder de las potencias occidentales.
Esa misma sumisión se trasladó al terreno jurídico. La organización de la FIFA ha exigido a los tres países anfitriones la aprobación de leyes especiales que rigen durante el torneo, otorgándole exenciones de impuestos, facilidades aduaneras y migratorias, e inmunidad financiera: mientras la población paga impuestos por el consumo más básico, la FIFA y sus socios acumulan miles de millones sin contribuir un centavo al erario de los países que los reciben. En México, esta cesión de soberanía llegó a su punto más descarnado cuando un juez falló, en una disputa por el uso de los palcos del Estadio Azteca, que el reglamento de la FIFA está por encima de la ley contractual mexicana desde mayo de 2026.
La «Copa de la Codicia»: el Mundial más caro de la historia
Los números no dejan lugar a interpretaciones ambiguas. Las entradas para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey arrancan en 10.000 dólares y llegan hasta los 33.000 en las zonas más exclusivas, una cifra que empequeñece los 1.600 dólares que costaba el boleto más caro en Qatar 2022 o los 475 dólares de la final de 1994, la última vez que Estados Unidos organizó el torneo. La FIFA proyecta ingresos de entre 11.000 y 13.000 millones de dólares para esta edición —4.200 millones solo por derechos de televisión y 2.200 millones por patrocinios—, superando ampliamente los 7.500 millones que obtuvo en Qatar, pese a que la inversión en infraestructura es muchísimo menor: 12.000 millones de dólares repartidos entre los tres países anfitriones, contra los 300.000 millones que Qatar tuvo que desembolsar para construir sus estadios desde cero. El negocio, en otras palabras, es mucho más rentable y mucho más barato de montar.
Dentro de los recintos, la política de «sede limpia» prohíbe el comercio local y obliga al consumo exclusivo de los patrocinadores: una botella de agua de 600 ml cuesta hasta 100 pesos, un refresco 149 y una cerveza 300, mientras se prohíbe el ingreso con botellas propias bajo el pretexto de la «seguridad». Los bares y restaurantes que quieran transmitir los partidos —incluso por televisión abierta— deben pagar licencias comerciales de entre 5.000 y 23.000 pesos por cada televisor, lo que puede sumar hasta 230.000 pesos para un local mediano, golpeando directamente a los negocios familiares. El resultado es un torneo del que la clase trabajadora, «el grueso de la afición» según se reconoce en los propios materiales, queda excluida por diseño.
Omar Artán: el árbitro vetado que se convirtió en símbolo
El caso más emblemático de la discriminación geopolítica que atraviesa este Mundial es el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artán, elegido el mejor árbitro de África en 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y árbitro FIFA desde 2018, que iba a convertirse en el primer somalí en pitar un partido mundialista. Al llegar al aeropuerto de Miami en un vuelo procedente de Estambul, fue retenido durante entre 11 y 12 horas en una celda, interrogado sobre supuestos vínculos con la «jihad islámica» y finalmente devuelto a Turquía, pese a contar con lo que él mismo creía era un visado de trabajo válido y con el respaldo formal de la FIFA. Otras versiones del mismo episodio precisan que Artán viajaba incluso con un pasaporte diplomático y que, a pesar de ello, se le negó el ingreso, mientras la propia FIFA confirmaba que no podría arbitrar en el torneo. Somalia figuraba en una lista de países con prohibición de viaje impuesta por Washington, y los discursos previos de Trump que calificaban a los somalíes como «delincuentes» terminaron pesando más que los acuerdos firmados entre la FIFA y el gobierno estadounidense en 2018.
Frente a esta humillación, un portavoz de la FIFA se limitó a declarar que el organismo «no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión», dejando al árbitro completamente desprotegido frente a las autoridades de un país que decidió tratarlo como sospechoso de terrorismo por el simple hecho de ser somalí.
La respuesta llegó desde Mogadiscio. Artán fue recibido como un héroe nacional por más de 60.000 personas en el estadio de la capital somalí, dio una vuelta olímpica cargado en hombros y pidió a los jóvenes somalíes no perder la esperanza, recordándoles que «esa bandera es nuestra». En las tribunas se registraron imágenes de manifestantes pisoteando la bandera estadounidense, transformando lo que fue un acto de discriminación migratoria en una reivindicación de soberanía y dignidad nacional frente a la prepotencia de Washington. Posteriormente, la Unión Europea —en un gesto que contrasta con el trato recibido en Estados Unidos— lo invitó a arbitrar la final de una Supercopa europea.
Un «régimen de excepción migratoria» para el sur global
El caso de Artán no fue un hecho aislado, sino la expresión más visible de un patrón sistemático que afectó por igual a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados de selecciones. El delantero estrella de Irak, Aymén Hussein, fue interrogado durante siete horas por la policía migratoria al ingresar a Estados Unidos, mientras que el fotógrafo de la delegación, Talal Sala, fue retenido durante diez horas y finalmente deportado. La selección de Senegal fue obligada a bajar directamente a la pista de aterrizaje en San Antonio para someterse a cacheos personales y revisión de maletas a la intemperie —en algunos casos, miembros del personal fueron incluso obligados a quitarse los zapatos para registros exhaustivos que generaron acusaciones explícitas de racismo—, y el equipo de Uzbekistán fue interceptado en Nueva York por agentes que utilizaron perros detectores de bombas para registrar sus bolsos al bajar del autobús, imágenes que se volvieron virales en los medios internacionales. Incluso una selección europea como Suecia tuvo problemas para hacer ingresar a un jugador nacionalizado de origen camerunés, lo que evidencia que el filtro no es solo geopolítico sino abiertamente racial.
La selección de Sudáfrica también pagó el costo de esta política: parte de su delegación no recibió las visas a tiempo, lo que obligó al equipo a llegar a Estados Unidos mucho más tarde de lo planeado. El futbolista suizo Breel Embolo, por su parte, vio su visado puesto bajo revisión y solo pudo reunirse con su selección días después del inicio de la concentración, un caso que demuestra que ni siquiera los jugadores de selecciones europeas quedan completamente al margen del aparato de control migratorio estadounidense cuando su origen o trayectoria personal despierta sospechas.
A los aficionados marroquíes se les ha negado sistemáticamente la visa, incluyendo a personas que ya habían asistido a varios mundiales anteriores, mientras que a los hinchas del Congo se les prohibió la entrada por una alerta de Ébola, invalidando entradas que ya habían sido pagadas, sin que se registre ningún proceso de reembolso coordinado por la FIFA para estos casos. El filtro tampoco respetó los mecanismos de excepción habituales: varios aficionados escoceses, pese a ser elegibles para ingresar a Estados Unidos sin visa bajo el sistema ESTA —Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje—, vieron revocadas sus autorizaciones de viaje apenas días antes de la partida, y un número considerable de hinchas que ya habían comprado boletos y reservado alojamiento se encontraron con sus solicitudes de visa rechazadas, lo que les significó pérdidas financieras directas.
El caso más severo, sin embargo, sigue siendo el de Irán. A la delegación se le negó por completo el derecho a alojarse y entrenar en territorio estadounidense: el equipo debe concentrarse en Tijuana, México, y solo puede cruzar la frontera para disputar sus partidos, regresando de inmediato a suelo mexicano. Antes incluso de llegar al torneo, la selección iraní debió pasar días enteros resolviendo trámites de visa en el consulado estadounidense en Turquía, proceso del cual salieron quince miembros de la delegación —entre entrenadores y personal de apoyo— directamente excluidos por la negativa de Washington a otorgarles autorización de ingreso. Los jugadores que recientemente completaron su servicio militar fueron declarados «objetivos de alta vigilancia» y son escoltados en todo momento —desde su salida de México hasta el interior de los estadios— por agentes del Servicio Secreto estadounidense, identificables por sus dispositivos de comunicación, en un despliegue que analistas comparan abiertamente con operativos antiterroristas. La FIFA, además, revocó a la federación iraní el 8% de las entradas que reglamentariamente le corresponden a cada selección participante, y se ha presionado a la delegación para que no porte un «pin dorado» que conmemora a niños fallecidos por bombardeos, en un intento explícito de despolitizar la presencia iraní en el torneo.
El despliegue del Servicio Secreto sobre los futbolistas iraníes —descrito por analistas como el «brazo ejecutor» de las tensiones entre Washington y Teherán— ha sido leído como la prueba más clara de que la logística deportiva de este Mundial se ha subordinado por completo a la lógica de la frontera y la seguridad nacional estadounidense.
El idioma como frontera: la FIFA y la exclusión del español
La discriminación también operó en el terreno simbólico del lenguaje. La FIFA prohibió a los periodistas formular preguntas en español a los jugadores de Brasil, Marruecos y Países Bajos, vetando así a figuras como Achraf Hakimi, Vinícius Júnior y Frenkie de Jong, a pesar de que el castellano es la segunda lengua materna más hablada del planeta, por encima del inglés. El organismo autorizó únicamente francés, árabe, portugués e inglés como idiomas de prensa, una decisión que afectó tanto a la prensa hispanohablante como al propio Vinícius —que habla español pero no inglés— y que sorprendió incluso al capitán marroquí, formado futbolísticamente en España. La justificación de la FIFA, que apeló a un supuesto idioma «puente» en inglés, resulta insostenible frente al hecho de que tanto los jugadores brasileños como los marroquíes manejan el español con mayor fluidez que el inglés.
La medida no pasó inadvertida para figuras del propio mundo futbolístico. El histórico delantero francés Thierry Henry calificó la situación como carente de todo sentido, comparándola con organizar una carrera de Fórmula 1 y prohibir que los autos usen sus motores: si los jugadores entendían las preguntas y los periodistas hablaban uno de los idiomas más extendidos del planeta, el idioma se convirtió en «el problema» únicamente por decisión de la FIFA. Henry señaló la contradicción evidente entre el discurso institucional de Gianni Infantino —que en cada video promocional apela a la inclusión, la diversidad y un fútbol «para todos»— y una medida que, en un Mundial coorganizado por un país de habla hispana, le dice a periodistas mexicanos, españoles, argentinos o colombianos que no pueden usar su propio idioma aunque los futbolistas los entiendan perfectamente. Para Henry, la FIFA buscaba «una celebración de la diversidad» y terminó regalándole a la opinión pública una controversia que no dejará de discutirse.
En paralelo, análisis sobre el clima político estadounidense advierten sobre el riesgo real de que aficionados sean interceptados por agentes migratorios o de seguridad por el simple hecho de «hablar español», de tener rasgos que el poder estadounidense ha decidido asociar con el «enemigo interno», o de portar acentos del sur del continente.
México: muros, mallas verdes y la «limpieza social» del Mundial
Si Estados Unidos convirtió el torneo en un dispositivo de control migratorio, México lo transformó en un mecanismo de despojo urbano. En Monterrey, el gobierno de Samuel García levantó muros de concreto y mallas cicloneras con cinta verde frente a colonias como Nueva San Rafael y El Caracol, ocultando viviendas de lámina y madera a la vista de los turistas que circulan desde el aeropuerto hacia los estadios. En lugar de mejorar las condiciones de vida de esas comunidades, el gobierno optó por colocar lonas de bienvenida en coreano y sueco sobre las fachadas de las zonas más empobrecidas, «embelleciendo» el recorrido turístico sin tocar la pobreza real que esconde.
En la Ciudad de México, el operativo «Última Milla» impuso un cerco de 1,6 kilómetros alrededor del Estadio Azteca que afecta directamente a los vecinos de Santa Úrsula Coapa, Santo Domingo y El Ajusco, quienes deben mostrar identificaciones oficiales o códigos QR para entrar a sus propias calles y casas. Cuerpos policiales han instruido a estos residentes a «no salir de sus casas» durante los días de partido, una instrucción que convierte la seguridad del evento en un confinamiento de facto para la población local. Mientras tanto, el Estadio Azteca consume cantidades ingentes de agua extraída de los pozos artesianos de Coyoacán para sus servicios y mantenimiento, en abierto contraste con la escasez histórica que sufren colonias vecinas como Santa Úrsula Cuapa y los Pedregales de Santo Domingo.
El despojo no se limita a lo simbólico. En la colonia Llave de Oro, en Monterrey, el cabildo aprobó la demolición de 61 viviendas para «mejoras viales» vinculadas al Mundial, iniciada en mayo de 2026 bajo cláusulas de confidencialidad y a pesar de que varios propietarios se negaron a vender. En paralelo, la especulación inmobiliaria impulsada por la llegada masiva de turistas y por plataformas digitales ha llevado las rentas en zonas aledañas al Azteca de los 8.000 pesos mensuales hasta los 17.000 o incluso 25.000 pesos, expulsando a los residentes originales de sus propios barrios. A esto se suma la exclusión económica de los comerciantes locales —incluidos los tradicionales vendedores de nieve—, que tienen prohibido operar dentro del perímetro de seguridad mientras los food trucks de patrocinadores transnacionales gozan de exclusividad de venta.
FIFAgate: la corrupción que sostiene el negocio
Nada de esto puede entenderse sin el FIFAgate, el escándalo de corrupción que explica tanto la adjudicación de los derechos de transmisión como la actual estructura de poder del torneo. Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo de Televisa —socio histórico de la FIFA en México— se vio obligado a pedir licencia de su cargo a fines de 2024 mientras su empresa permanece bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que indaga si Televisa pagó al menos 15 millones de dólares en sobornos a Julio Grondona, exvicepresidente de la FIFA, para asegurar los derechos de transmisión de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030. En 2023, la propia Televisa pagó 95 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva de inversionistas relacionada con estos hechos, sin admitir culpa.
La conexión no es solo financiera sino también jurídica: Oyamani, la filial de Televisa que opera el Estadio Azteca, fue la beneficiaria directa del fallo judicial que puso el reglamento de la FIFA por encima del derecho contractual mexicano en la disputa por los palcos. La misma empresa que presuntamente compró su relación con la FIFA mediante sobornos es hoy la que impone las reglas del organismo internacional sobre los ciudadanos mexicanos. A pesar de los cambios de liderazgo tras la caída de Joseph Blatter, la FIFA continúa operando bajo la misma opacidad estructural, priorizando las ganancias de socios como Televisa y los intereses geopolíticos de Washington por encima de cualquier otra consideración.
A esta arquitectura de negocios oscuros se suma la explotación de voluntarios sin remuneración que sostienen la logística de un evento que genera ganancias multimillonarias para un puñado de directivos, y el crecimiento desbocado de las apuestas deportivas online, una industria de miles de millones de dólares que utiliza inteligencia artificial para fomentar la adicción, incluso entre menores de edad.
La guerra entra a la cancha: el agua como arma
El telón de fondo geopolítico del torneo no se limita a las fronteras de los estadios. En el marco de las tensiones militares entre Estados Unidos e Irán durante las fechas del Mundial, se reportó el bombardeo de una planta potabilizadora de agua que abastecía a entre 30.000 y 40.000 familias iraníes, un ataque que analistas calificaron directamente como un crimen de guerra que utiliza el acceso al agua como arma de presión política. El contraste no podría ser más obsceno: mientras el Estadio Azteca despilfarra agua para regar su césped y mantener sus baños, Washington bombardea la infraestructura hídrica de un país cuya selección, mientras tanto, juega bajo vigilancia del Servicio Secreto en territorio estadounidense.
Incidentes, abucheos y un himno equivocado
Los primeros días del torneo estuvieron además marcados por una serie de episodios que ilustran el clima general de improvisación y desprecio que rodea al evento. Durante un partido inaugural de Honduras, en lugar del himno nacional se reprodujo la canción «El Bombón Asesino», un error interpretado como una muestra más de la prepotencia y la grosería de una organización que opera bajo la sombra de Trump.
La plataforma de transmisión Vix sufrió una caída masiva apenas comenzado el torneo, y el empresario Ricardo Salinas Pliego fue abucheado por el público en un Estadio Azteca que, pese a toda la expectativa mediática, no lució completamente lleno. En las cercanías de la concentración de la selección de Inglaterra se reportó además un tiroteo, en un contexto de seguridad que dista mucho de la imagen de «fiesta mundial» que pretende vender la organización.
El «Mundial Social»: la resistencia desde abajo
Frente a este modelo de exclusión y negocio, distintos movimientos sociales mexicanos han impulsado el llamado «Mundial Social», una iniciativa que busca recuperar el fútbol como espacio de identidad popular y lucha colectiva. En la Ciudad de México se instalaron 18 sedes públicas —entre ellas Plaza Garibaldi, el Parque de la Bombilla y distintas Utopías— para que la población pueda ver los partidos de forma gratuita, devolviendo la fiesta futbolera a las plazas. En paralelo, se han organizado «cascaritas» —partidos informales de protesta— en espacios como el Paseo de la Reforma o frente a los estadios, como forma de denunciar los abusos de la FIFA, el despojo de vivienda y la gentrificación, reivindicando que el balón «no se mancha» y pertenece a la gente, no a las corporaciones.
La llamada «Contrainauguración» articuló a la Asamblea Antimundialista, a colectivos de madres buscadoras y al magisterio de la CNTE —que realizó bloqueos en avenidas como Reforma e Insurgentes— para visibilizar demandas históricas, como la desaparición forzada y los derechos laborales, que el relato oficial del Mundial pretende sepultar bajo la narrativa de la «unión mundial». En Monterrey, el colectivo FUNDENL (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos) protestó específicamente porque se colocaron macetas decorativas para ocultar las fotografías de personas desaparecidas en una plaza pública, en otro gesto más de «maquillaje» que prioriza la imagen turística sobre las heridas abiertas del país.
El fútbol como territorio en disputa
El propio entrenador alemán Jürgen Klopp expuso con crudeza la captura del juego por parte de los intereses televisivos al criticar las pausas de hidratación, que describió como una herramienta que convierte al fútbol en «la música de fondo de un espectáculo publicitario» y que transforma cada partido en una serie de represas construidas para que pasen los comerciales, al servicio de quienes él identificó como «ejecutivos en oficinas con aire acondicionado».
Con todo, las propias fuentes consultadas insisten en que el fútbol conserva una dimensión que ni la FIFA ni Trump pueden expropiar del todo: la de ser una herramienta de cohesión popular, memoria histórica y reivindicación de soberanía, como demostró el recibimiento a Omar Artán en Mogadiscio. El origen mismo del torneo, impulsado por Jules Rimet desde la doctrina social de la Iglesia para fomentar la fraternidad entre los pueblos, contrasta hoy con una FIFA convertida en una corporación con más miembros que la ONU, capaz de subordinar leyes nacionales, acaparar agua, vetar árbitros y blindar a Washington de cualquier escrutinio. Existen además experiencias alternativas —como los clubes argentinos organizados como sociedades de socios, o los mundiales «libres de capitalismo e imperialismo» en los que participan selecciones de pueblos no reconocidos por la ONU, como Kurdistán u Osetia del Sur— que demuestran que otro fútbol, ajeno a la lógica de la «Copa de la Codicia», sigue siendo posible.
Lo que el Mundial 2026 deja en evidencia, en definitiva, es que ni el deporte ni la fiesta popular están exentos de la lógica imperial, capitalista y mercantil que rige el resto del mundo: la FIFA se arrodilló ante Trump, Estados Unidos convirtió el torneo en un dispositivo de control fronterizo contra el sur global, y México pagó la cuenta con la soberanía de sus barrios populares. La pelota, el juego, la cultura popular del fútbol, sin embargo, sigue siendo de los pueblos, y de eso, precisamente, es de lo que el poder tiene miedo.
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