La realidad que no cabe en la cuenta pública. Por Valeria Policroni
Por: Valeria Policroni. Enfermera y activista politica.
Vivir en un país donde la realidad de millones de personas no se refleja en el lenguaje de las leyes ni en los programas políticos es convivir diariamente con una profunda desconexión entre quienes toman decisiones y quienes deben enfrentar sus consecuencias. Cuando el sentido común deja de estar presente en la construcción de políticas públicas, la desigualdad deja de ser una cifra y se transforma en una experiencia cotidiana.
Chile ha sido durante décadas presentado como un ejemplo de estabilidad económica en América Latina. Sin embargo, detrás de los indicadores macroeconómicos existe una realidad que miles de familias conocen de cerca: listas de espera interminables en salud, dificultades crecientes para acceder a una vivienda y pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad.
Durante 2026, el debate sobre el gasto público ha estado marcado por importantes ajustes presupuestarios. Entre los sectores afectados se encuentran áreas sensibles como salud y programas sociales.
La preocupación no es menor. En mayo de este año, alcaldes, gremios de la salud y el Colegio Médico alertaron sobre recortes superiores a los 413 mil millones de pesos en recursos asociados al sistema sanitario, particularmente en hospitales públicos y atención primaria, agudizando la crisis historica y golpeando a la clase trabajadora.
La realidad habitacional no ofrece mayor tranquilidad. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos para las familias chilenas. Mientras los precios de compra y arriendo continúan aumentando, diversos sectores políticos cuestionaron la reducción de aproximadamente 30 mil subsidios habitacionales contemplados en la discusión presupuestaria, advirtiendo que esto podría dificultar aún más el acceso a una vivienda para sectores vulnerables y de clase media.
La situación de las personas mayores refleja otra de las grandes contradicciones del modelo de desarrollo chileno. Quienes dedicaron décadas de trabajo al crecimiento económico del país enfrentan hoy jubilaciones insuficientes y crecientes dificultades para costear medicamentos, alimentación y vivienda. Investigaciones recientes revelaron propuestas de reducción de recursos para distintos programas destinados a adultos mayores, incluyendo apoyos habitacionales, residencias protegidas y beneficios sociales que alcanzan a cientos de miles de personas.
La desigualdad social en Chile no es una consigna ideológica ni una exageración discursiva. Es una realidad que se manifiesta cuando una familia debe esperar meses por una atención médica, cuando una persona trabaja toda su vida y no logra una vejez digna, o cuando acceder a una vivienda parece una meta cada vez más lejana. Es una desigualdad que tiene rostro, territorio y consecuencias concretas.
Por eso resulta preocupante que muchas veces el debate político se reduzca exclusivamente a balances fiscales o indicadores económicos, sin considerar cómo esas decisiones impactan en la vida cotidiana de las personas. La responsabilidad fiscal es importante, pero no puede convertirse en una excusa para debilitar derechos sociales esenciales.
El poder político no debería ser un espacio para proteger privilegios ni administrar la desigualdad. Debería ser una herramienta para garantizar condiciones mínimas de dignidad y justicia social para toda la población. Gobernar no consiste únicamente en cuadrar cifras; consiste también en comprender las necesidades reales de quienes sostienen día a día este país con su trabajo.
Porque la desigualdad no solo se observa. También se siente. Se siente cuando la salud se vuelve un privilegio, cuando la vivienda se transforma en una mercancía inaccesible y cuando la vejez llega acompañada de incertidumbre. Y mientras esa realidad siga existiendo, seguir hablando de justicia social no será una consigna: será una necesidad democrática.
Por: Valeria Policroni. Enfermera y activista politica.
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