El Plan de Seguridad que la Derecha Encontró Hecho

Las declaraciones del recién asumido ministro de Seguridad, Martín Arrau, han encendido las alarmas en el debate político, pero, sobre todo, han dejado al desnudo una realidad incómoda. Al señalar que adoptará como Plan de Seguridad el conjunto de medidas y el marco jurídico heredado de la administración de Gabriel Boric, Arrau no solo intenta salir del paso tras el reciente cambio de gabinete —que forzó la salida de Trinidad Steinert evidenciando la falta de una hoja de ruta propia—, sino que plantea una interrogante de fondo: ¿Por qué la derecha considera que el arsenal legislativo del gobierno anterior es más que suficiente?

Para entender este fenómeno, es imperativo hacer memoria y revisar el contundente catálogo de leyes que fueron impulsadas, patrocinadas o viabilizadas por el Ejecutivo durante el periodo supuestamente «progresista». Un compendio que modificó la columna vertebral del sistema penal chileno:

El legado legislativo: El catastro de las reformas

• Ley Naín-Retamal (Ley 21.560): El pilar de la denominada «legítima defensa privilegiada» para Carabineros, PDI y Gendarmería. Esta norma invierte la carga procesal al presumir legalmente que el uso de armas de servicio está justificado al repeler agresiones. El uniformado ya no enfrenta la investigación inicial como imputado, sino como testigo o víctima, blindándolo ante suspensiones preventivas y elevando sustancialmente las penas por ofensas a las policías.
• Ley de Infraestructura Crítica (Ley 21.542): Una reforma que otorgó al Presidente la facultad inmediata de desplegar a las Fuerzas Armadas para el control fronterizo y el resguardo de recintos públicos vitales, obviando la necesidad y el costo político de decretar los Estados de Excepción Constitucional tradicionales.
• Nueva Ley Antiterrorista (Ley 21.732): El desmantelamiento de la vieja norma de los 80 para dar paso a un modelo penal enfocado en la «asociación terrorista». Hoy el Estado puede encarcelar a los miembros de una célula por el solo hecho de organizarse, mucho antes de que ejecuten un atentado material, sumando herramientas de inteligencia avanzada y protección opaca de testigos y jueces.
• Ley contra el Crimen Organizado (Ley 21.577): Una redefinición de la asociación ilícita que normalizó técnicas especiales de investigación criminal —antes de excepción— como las interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos y entregas vigiladas para cualquier banda estructurada.
• Ministerio de Seguridad Pública y Fiscalía Supraterritorial (Leyes 21.730 y 21.644): La consagración institucional del control. Por un lado, una cartera técnica con dedicación exclusiva sobre las policías y la inteligencia nacional; por el otro, el quiebre de las fronteras regionales del Ministerio Público para crear una fiscalía nacional de alta complejidad.
• Nuevos Tipos Penales y Control Carcelario (Leyes 21.548, 21.557, 21.571 y 21.494): El endurecimiento de las condiciones materiales de la delincuencia mediante la enajenación temprana de bienes en narcotráfico, penas severas de cárcel efectiva para el secuestro y el sicariato, y la tipificación penal del ingreso de celulares a los recintos penitenciarios.
• Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595): La contracara que limitó los beneficios de penas sustitutivas en libertad para los crímenes corporativos de gran envergadura.

Tras analizar este despliegue normativo, la confesión del ministro Arrau adquiere sentido de manera inmediata: el actual gobierno no necesita diseñar herramientas para implementar políticas de control de shock, porque estas ya fueron redactadas y promulgadas.

La paradoja es total. La derecha política se ha encontrado con una estructura de seguridad pública diseñada a la medida de los lineamientos clásicos de su propio sector. Bajo la gestión de Gabriel Boric, el eje conceptual de la justicia penal en Chile giró drásticamente, desplazando el enfoque garantista tradicional de la izquierda hacia un sistema volcado por completo al control, la rigidez punitiva y la protección cerrada a las fuerzas de orden.

Este escenario le permite a la administración actual desplegar sus políticas de orden público con un resguardo legal inédito. La persecución de manifestaciones, la aplicación selectiva de la nueva ley antiterrorista o el blindaje judicial a Carabineros ante denuncias de abuso de poder ya no requieren de un debate legislativo complejo; las herramientas están disponibles en el escritorio del ministro.

El reclamo ciudadano y de la oposición por la falta de un plan original es plenamente válido, considerando que la seguridad fue la promesa matriz e intransigente de la última campaña presidencial. Sin embargo, el revuelo político olvida la razón de fondo: la derecha no tiene la urgencia de inventar una estrategia nueva por la sencilla razón de que el trabajo sucio ya se lo encontró hecho