Bolivia: el gobierno de Rodrigo Paz se vacía de legitimidad y la movilización popular cerca La Paz y se vuelca a las calles exigiendo su renuncia
Campesinos y compesinas del altiplano y centro de Bolivia, mineros, maestros rurales, transportistas, comunidades territoriales han unificado sus demandas en una sola consigna: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En apenas seis meses de gobierno, el mandatario destruyó el capital político con el que llegó al poder: prometió no ir al FMI y negocia un crédito de 3.300 millones de dólares con ese organismo; prometió no tocar los subsidios a los hidrocarburos y los levantó al mes de asumir; prometió no privatizar y emitió un decreto que abría esa puerta sin pasar por el Parlamento. Para sostener un programa que la calle rechaza masivamente, desplegó al ejército en las rutas sin declarar estado de excepción —algo ilegal según la propia legislación boliviana— y recibe aviones del gobierno de Milei que las organizaciones sociales denuncian cargados no solo de alimentos sino de material represivo. Bolivia vive su peor crisis económica en cuatro décadas, con una inflación del 14% anual, ciudades cercadas y un movimiento popular que invoca la memoria de la Guerra del Gas de 2003 para advertir al gobierno que los presidentes que reprimen al pueblo en Bolivia terminan cayendo.
Bolivia vive una de las crisis políticas más vertiginosas de su historia reciente, y eso en un país que ostenta el récord mundial de golpes de Estado no es poca cosa. En apenas seis meses de gestión, el presidente Rodrigo Paz ha transitado del triunfo electoral al colapso de su legitimidad a una velocidad que no tiene precedentes modernos en el país. La politóloga, analista y ex presidenta del Senado Adriana Salvatierra lo describe con precisión: el gobierno fue vaciado de legitimidad en tiempo récord, y ese vaciamiento no fue accidental —fue el resultado lógico de un mandatario que ganó prometiendo una cosa y gobernó haciendo exactamente la contraria.
El proceso no admite lecturas parciales. Para entender por qué Bolivia arde hoy —con La Paz cercada, el ejército en las rutas sin decreto de excepción, aviones argentinos aterrizando con carga no del todo declarada y un vicepresidente proclamándose sucesor desde un punto de bloqueo—, hay que regresar al origen: una elección que no resolvió el conflicto político de fondo porque a su principal actor, el ex presidente Evo Morales y el movimiento popular que ha encabezado por años, le impidieron participar.
Una elección amputada y un voto defensivo que se convirtió en traición
La inhabilitación de la candidatura de Evo Morales es, para Adriana Salvatierra, la raíz estructural de toda la crisis posterior. Más del 20% de la población boliviana quedó sin representación real en las urnas. No había un candidato del campo popular. Las únicas opciones reales eran la derecha —Rodrigo Paz— y la ultraderecha de Jorge «Tuto» Quiroga, quien prometía abiertamente ajuste severo, privatizaciones masivas y desmantelamiento del Estado. Ante ese escenario, millones de bolivianos que no comulgaban ideológicamente con Paz le dieron su voto como escudo: para evitar lo peor: la derecha más extrema y neoliberal.
Ese voto no fue una adhesión. Fue un préstamo condicionado que Paz cobró y no devolvió. Y cuando comenzó a aplicar el programa de su rival —acercamiento al FMI, decreto de apertura a privatizaciones, levantamiento de subsidios— la respuesta popular no se hizo esperar. El contrato social electoral, como lo denomina Salvatierra, quedó roto antes de cumplirse el primer semestre de gobierno.
Los números electorales posteriores son demoledores. En las elecciones subnacionales, el oficialismo ganó apenas 39 de las 335 alcaldías del país: un 12% del territorio. En seis de los nueve departamentos, el voto nulo superó a los candidatos del gobierno, varios de los cuales no alcanzaron el 5% de los sufragios. En La Paz, el oficialismo obtuvo la gobernación únicamente mediante maniobras que forzaron el retiro de competidores, lo que generó protestas sociales inmediatas. El mapa político del país había cambiado de color en cuestión de meses.
El Decreto 5503: el «decretazo» que quiso cambiar Bolivia sin pasar por el Parlamento
Una de las primeras y más graves señales de alarma fue el Decreto Supremo 5503. El texto establecía «transformaciones estructurales para la economía» boliviana: en la práctica, abría la puerta a la privatización de sectores estratégicos —incluido el litio— y a la desregulación del mercado interno, todo mediante decreto supremo, esquivando el debate legislativo y el mandato popular.
El Decreto 5503 es el equivalente boliviano del DNU 70/2023 de Javier Milei en Argentina. La misma lógica de imponer por decreto lo que no resistiría un debate democrático, la misma vocación de desmantelar el Estado como corrector de las asimetrías del mercado. Los sectores sociales lo denominaron «decretazo» y salieron a las calles. La Central Obrera Boliviana (COB), el movimiento campesino y los gremiales confluyeron en una movilización que forzó al gobierno a abrogarlo. Fue la primera victoria del movimiento popular —y la primera derrota del gobierno— en este ciclo de conflicto.
Pero la abrogación no apaciguó el malestar, porque el decreto era síntoma, no causa. El problema de fondo era que Rodrigo Paz gobierna por «decretazos», intentando aplicar reformas estructurales sin consenso, sin legislativo y sin base social. Los sectores movilizados rechazaron esa forma de ejercer el poder como ilegítima en sí misma, independientemente del contenido de cada norma.
El FMI detrás del escritorio presidencial: 3.300 millones de razones para la desconfianza
Durante la campaña electoral, Rodrigo Paz fue explícito: no recurriría al Fondo Monetario Internacional. La promesa no era un detalle menor en Bolivia, donde el recuerdo de las recetas del FMI —privatizaciones de los años 90, ajustes que empobrecieron a generaciones enteras— está inscrito en la memoria colectiva de las clases populares. Votar contra Quiroga era, entre otras cosas, votar contra el FMI.
A pocos meses de asumir, el gobierno tiene encaminado un crédito de 3.300 millones de dólares con ese organismo. La indignación que esto genera en los sectores que le dieron el triunfo es difícil de exagerar.
El FMI no solo está detrás del crédito, sino detrás de la represión. El organismo condiciona su apoyo financiero a la capacidad del gobierno para imponer orden y garantizar la aplicación de las medidas económicas pactadas. Cada operativo conjunto del ejército y la policía para despejar rutas bloqueadas tiene, en esta lectura, una dimensión más amplia que la meramente policial: es la demostración ante el Fondo de que el gobierno puede sostener el programa de ajuste aunque la calle diga lo contrario. Los sectores populares movilizados sintetizan esa percepción en una frase: Paz es un títere de Washington que ejecuta órdenes para privatizar recursos estratégicos y someter al pueblo boliviano.
La gasolina que destruyó motores y encendió la rebelión
Entre los múltiples factores que han alimentado la crisis, el escándalo de la llamada «gasolina trucha» es quizás el más brutal en términos de impacto directo sobre la vida cotidiana de la gente común. Un informe elaborado por la universidad pública boliviana determinó que el combustible autorizado y distribuido por el gobierno contenía ocho veces más «goma» —una sustancia que deteriora los sistemas de inyección— de lo que permiten los estándares internacionales. El resultado fue devastador para el parque automotor nacional: miles de motores dañados, miles de denuncias ciudadanas y un costo de reparación que ningún trabajador informal puede absorber fácilmente.
Para un vehículo familiar pequeño, la limpieza de inyectores y cámaras cuesta entre 500 y 700 dólares. Para los mototaxistas —que dependen de su moto como única herramienta de trabajo y sostén económico— el gasto llegó a entre 200 y 300 dólares, y en muchos casos debían repetir el procedimiento dos veces al mes para poder seguir operando. Quienes pudieron aguantar trasladaron el costo a los pasajes, que en algunos casos se duplicaron, golpeando a su vez a maestros rurales y trabajadores que deben desplazarse diariamente. Quienes no pudieron, simplemente dejaron de circular.
El sector transporte, que históricamente había centrado sus demandas en reivindicaciones sectoriales propias, se incorporó a los bloqueos de rutas con una rabia que ya no distingue entre lo gremial y lo político. La percepción generalizada —articulada por los propios transportistas en declaraciones públicas— fue que el gobierno los había «abusado»: subió el precio del combustible quitando subsidios y al mismo tiempo distribuyó un combustible que destruía los vehículos. Un caldo de cultivo que, sumado a la inflación y el desabastecimiento, terminó de fracturar el vínculo entre el gobierno y los sectores populares que lo habían sostenido.
Inflación del 14%, el huevo al doble y la carne a 11 dólares el kilo
Bolivia atraviesa su peor momento económico en cuatro décadas. La inflación interanual registrada en abril alcanzó el 14%. El precio del huevo —alimento básico de la dieta popular— pasó de 1 a 2 bolivianos. El kilo de carne superó los 11 dólares en La Paz, una diferencia marcada respecto de los 8 dólares que cuesta en Santa Cruz, ciudad productora. Los bloqueos de carretera que mantienen cercadas las ciudades del altiplano han agravado la escasez de carne y pollo, generando una espiral en la que la protesta agudiza la crisis y la crisis alimenta la protesta.
Los gremiales —pequeños comerciantes del sector informal que mueven gran parte de la economía popular boliviana— denuncian que la devaluación de la moneda y la parálisis del mercado los han quebrado. Según sus propios dirigentes, muchos no tienen ganancias desde hace semanas. En sus declaraciones públicas afirman que se han sumado a la marcha nacional porque el modelo económico del gobierno los ha dejado sin futuro.
La COB, los campesinos, los maestros y la «causa única»
La Central Obrera Boliviana es el eje articulador ideológico de la movilización. Ha llamado a los trabajadores a defender los recursos naturales y a rechazar las medidas económicas del gobierno, y ha actuado como la cabeza de una coalición inédita en amplitud. A su lado, el movimiento campesino del altiplano es el brazo ejecutor de los bloqueos: la Federación Tupac Katari, que agrupa a las 20 provincias de La Paz, mantiene el cerco sobre la sede de gobierno y ha documentado y denunciado públicamente la represión con balines y gases sobre sus bases.
Desde Potosí, organizaciones campesinas y populares emprendieron la llamada «Marcha por la Vida» —caminando cientos de kilómetros hacia La Paz— para sumarse a la presión sobre el gobierno. Los maestros rurales se trasladaron masivamente desde las provincias exigiendo nivelación salarial, pero también repudiando el encarecimiento generalizado de la vida. Los mineros asalariados del Estado se mantienen en la línea de la COB. El gobierno intentó dividir al sector minero ofreciendo precios de combustible subvencionados a los cooperativistas para aislarlos de la protesta general, pero el efecto ha sido limitado.
Lo que Salvatierra señala como el fenómeno político más relevante de esta coyuntura es la transición de una agenda fragmentada a una causa única. Cada sector llegó a las calles con sus propias demandas: salarios para los maestros, rechazo a una ley de tierras que los campesinos temían que abriría paso a embargos de propiedades pequeñas, subsidios para los transportistas. Pero la respuesta represiva del gobierno —los operativos conjuntos del ejército y la policía, los muertos, los detenidos— ha funcionado como un soldador político: ha unificado a todos esos sectores en la exigencia de que Rodrigo Paz abandone el poder.
El ejército en las calles sin estado de excepción: operativos ilegales y muertos
La respuesta gubernamental a los bloqueos se ha centrado en los llamados «operativos conjuntos» entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bautizados oficialmente por el Estado como «Corredor Humanitario». Las intervenciones se inician durante la madrugada —alrededor de las 2:00 AM— para sorprender a los manifestantes en los puntos de bloqueo. Se utilizan gases lacrimógenos, balines y violencia directa. El saldo documentado por las organizaciones sociales y autoridades campesinas es de cuatro fallecidos, más de 50 detenidos y numerosos heridos.
Respecto de la legalidad de estos operativos, es notoria su inconstitucionalidad e ilegalidad. Según el artículo 20 de la ley de estados de excepción, las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en conflictos internos bajo dos condiciones: que la Policía haya sido rebasada en su capacidad operativa y que exista una declaratoria previa y formal de estado de excepción. Ninguna de las dos condiciones se ha cumplido. El presidente Paz no ha declarado estado de excepción —probablemente porque sabe el costo político que eso tendría— pero igualmente desplegó al ejército en las calles. Para los sectores movilizados, cada uno de esos operativos es un acto represivo sin amparo legal.
El resultado práctico ha sido, además, contraproducente desde la propia lógica gubernamental. Una vez que las fuerzas de seguridad despejan un punto de bloqueo y se retiran, los campesinos y vecinos regresan a instalarlo casi de inmediato. Y cada operativo, en lugar de disuadir, ha «levantado más a la gente», según el testimonio de dirigentes sociales de El Alto y las provincias. Los efectivos policiales recibieron, coincidiendo con el inicio de las intervenciones más severas, un bono extraordinario de 3.000 bolivianos. Los sectores movilizados hacen llamados directos a los soldados y policías para que no repriman a su propia clase.
Los aviones de Milei: ¿pollo para La Paz o gases para el ejército boliviano?
Para mitigar el desabastecimiento generado por el cerco a las ciudades del altiplano, el gobierno de Javier Milei envió dos aviones Hércules C-130 a Bolivia. La versión oficial argentina y boliviana sostiene que las aeronaves transportan ayuda humanitaria: específicamente alimentos como carne y pollo. El gobierno de Milei también expresó solidaridad formal con Paz mediante comunicaciones oficiales y suscribió junto a otros ejecutivos de derecha de la región un documento que llama al cese de las movilizaciones y responsabiliza a los manifestantes por la crisis.
Las organizaciones sociales bolivianas y sectores de la oposición denuncian que bajo la fachada humanitaria, los aviones argentinos estarían trasladando material antidisturbios —gases lacrimógenos, municiones de goma— para sostener la capacidad operativa de las fuerzas represivas bolivianas. Los dirigentes que formulan estas denuncias traen a colación un precedente preciso: en 2019, el gobierno de Mauricio Macri fue acusado —y hay causas abiertas en la justicia argentina hasta hoy— de enviar ilegalmente material represivo para sostener al gobierno de facto de Jeanine Áñez, que en Sencata y Sacaba masacró a decenas de personas. La denuncia es que el gobierno de Milei está repitiendo ese patrón, con la diferencia de que esta vez la cobertura es más elaborada.
Para los sectores movilizados en Bolivia, la intervención argentina no es un hecho aislado: es la manifestación de una red de gobiernos de derecha regional que actúan coordinadamente para sostener a administraciones que han perdido legitimidad interna pero sirven a los intereses del capital transnacional y las instituciones financieras internacionales.
El vicepresidente que se proclamó presidente desde un bloqueo
La fractura no es solo entre el gobierno y la calle. Es también interna al propio ejecutivo. Edmund «Mat» Lara Montaño, vicepresidente de la República y figura que había sido clave para atraer el voto popular al binomio —gracias a su trayectoria como ex policía que denunció corrupción interna—, se ha distanciado públicamente del presidente con una virulencia que no tiene precedentes en la historia reciente del país.
Lara le envió una carta pública a Rodrigo Paz en la que lo califica de «cobarde», cuestiona su manejo de los conflictos sociales y critica la represión ejercida contra los sectores movilizados. Pero el vicepresidente no se limitó a la crítica epistolar: se trasladó físicamente a un punto de bloqueo y se proclamó presidente en ejercicio, argumentando que le correspondería la sucesión constitucional ante una eventual renuncia de Paz.
Lara no es una alternativa legítima. No tiene bancada propia en el legislativo. No obtuvo representación delegada exitosa en las elecciones subnacionales. Su legitimidad también fue arrastrada por el derrumbe del gobierno del que forma parte. Y su comportamiento errático —incluyendo escándalos en redes sociales— ha deteriorado aún más su imagen. Lo que hace Lara, según la analista, es intentar salvar su propio capital político posicionándose como opositor interno antes de que el barco se hunda del todo, pero sin tener los recursos políticos para conducir nada de lo que vendría después.
Evo en el Chapare, el campo popular atomizado y el riesgo del vacío de poder
Evo Morales permanece en el Chapare —su territorio político histórico— bajo amenaza de detención. Su inhabilitación para competir en las elecciones presidenciales fue el punto de partida de toda esta crisis, pero su capacidad de conducción nacional directa está severamente limitada por su situación judicial y por las divisiones internas que dejó su enfrentamiento con el expresidente Luis Arce. Ante los juicios en su contra y pruebas que muestran que está bajo amenaza de alguna operación de detención o secuestro, el movimiento campesino ha tomado la pista del Aeropuerto Internacional de Chimoré, para evitar cualquier acción que ponga en riesgo al ex presidente Morales, líder histórico y presente del movimiento campesino de Cochabamba.
Esa fragmentación del campo popular es, hoy, el principal obstáculo para que la sublevación social se traduzca en una salida política ordenada. Las bases están unificadas en la exigencia de renuncia. Pero no hay una figura única que pueda aglutinar la energía de la movilización y conducirla hacia una transición estable. El escenario que algunos analistas denominan «que se vayan todos» —evocando la crisis argentina de 2001— está presente como amenaza: un vacío de poder en el que la derecha, los militares o los separatistas de Santa Cruz podrían intentar imponer su propia salida.
Branco Marinkovic, dirigente del empresariado cruceño, ya ha declarado públicamente que determinadas leyes nacionales no se aplicarán en Santa Cruz, un llamado velado al separatismo de la llamada Media Luna que evoca el conflicto regional de 2008. Y sectores de ultraderecha y grupos evangélicos exigen abiertamente una intervención directa de las Fuerzas Armadas y la declaración de estado de excepción.
Los escenarios que se abren
Bolivia ha caído presidentes antes. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada fue expulsado del poder por una movilización popular que comenzó exactamente igual que esta: bloqueos del altiplano, cerco a La Paz, represión militar y una escalada de muertos que terminó por hacer insostenible la permanencia del mandatario. Los manifestantes de hoy lo saben, y lo invocan.
Si Paz renuncia antes de cumplir la mitad de su mandato —lleva apenas seis meses, y la mitad del período constitucional es dos años y medio— la normativa boliviana obliga a convocar nuevas elecciones. Esa sería, en principio, la salida más ordenada. Pero requeriría que el campo popular logre superar su atomización para presentar una candidatura que represente genuinamente a los sectores hoy en las calles.
El escenario de unificación total del campo popular es el que más teme el gobierno: si los sectores aymaras de La Paz y los quechuas de Cochabamba articulan un bloqueo conjunto y sostenido, los analistas estiman que el gobierno podría caer en cuestión de días. La división histórica entre esas dos naciones originarias es lo que hasta ahora ha impedido que esa fuerza se exprese en toda su magnitud.
Lo que sí es claro, a estas alturas, es que el gobierno de Rodrigo Paz ha perdido la capacidad real de gobernar. Reprime sin estado de excepción porque no puede declararlo. Negocia con el FMI porque no tiene otra hoja de ruta económica. Recibe aviones de Milei porque no puede abastecer sus ciudades. Y enfrenta a un vicepresidente que lo llama cobarde desde un bloqueo de carretera.
Bolivia está en un punto de inflexión. Y la memoria de Senkata, de Sacaba, de la Guerra del Gas de 2003, de la Guerra del Agua del 2001, está presente sobre cada decisión que se toma en el palacio Quemado y sobre cada piedra que se coloca en las rutas del altiplano.
FUENTES Y VIDEOS RELACIONADOS:
NOTAS RELACIONADAS:
Notas sobre la tragedia política boliviana. Por Atilio Borón, tras el resultado de las Elecciones Generales 2025 en Bolivia
Siguen apareciendo pruebas del contrabando de material represivo de Gobierno de Macri para el Golpe de Estado en Bolivia
Claves para entender la Bolivia actual. Historia, Proceso Constituyente, y la Constitución del Estado Plurinacional de 2009
