La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galant: Elementos para comprender los alcances y situación jurídica sobre el Genocidio contra Palestina
El 20 de mayo de este año, el Fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó que este tribunal emitiera órdenes de arresto contra las altas dirigencias israelíes Benjamin Netanyahu (Primer Ministro) y Yoav Gallant (Ministro de Defensa hasta este 5 de noviembre), y contra tres altos cargos de Hamás: Mohammed Diab Ibrahim al Masri, Ismail Haniya (asesinado en Teherán el 31 de julio), y Yahya Sinwar (muerto en combate o ejecutado extrajudicialmente en Gaza el 16 de octubre). Este jueves 21 de noviembre, el tribunal accedió y emitió estas órdenes de arresto. Presentamos aquí algunos elementos para comprender los alcances de esta medida y la situación jurídica actualizada acerca del Genocidio que perpreta el ente israelí en los Territorios Palestinos ocupados.
¿Qué es la Corte Penal Internacional y qué países integran el tribunal?
La Corte Penal Internacional fue establecida con la firma del tratado conocido como «Estatuto de Roma» en 1998, y entró en funcionamiento en el 2002. Su creación es producto tanto de la presión y trabajo conjunto de un significativo número de gobiernos, como de organizaciones de derechos humanos y de diverso tipo que venían por décadas proponiendo un tratado internacional y un tribunal permanente que se hiciera cargo de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión, y que con ello superase el modelo de los tribunales penales internacionales creados exclusivamente para un caso, como los que por esos años se había creado con ocasión de las guerras en la ex Yugoslavia, y en Ruanda.
Se trata de un tribunal que tiene algunas reglas para asegurar una integración relativamente equilibrada por regiones del mundo, pero lo cierto es que, en una situación similar a los órganos de la Organización de Naciones Unidas (la Corte Penal Internacional no es órgano ONU a diferencia de la Corte Internacional de Justicia), tiene de todos modos un control no declarado por parte de las potencias del polo occidental, que son quienes en una gran proporción lo financian.
Las grandes potencias ante la Corte Penal Internacional: Estados Unidos, Federación Rusa, y República Popular China
Ninguna de las tres grandes potencias militares y políticas del mundo actual son parte de la Corte Penal Internacioal. En el caso de Estados Unidos, tiene una tirante relación con el tribunal, a pesar de ser una instancia con control político y económico de parte del polo occidental. A semanas de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y el comienzo del funcionamiento de la Corte Penal Internacional (el 1 de julio de 2002), en mayo de 2002 el Gobierno de Estados Unidos de George Bush W. retiró formalmente su firma del Estatuto de Roma, abandonando la Corte Penal Internacional antes incluso que el Congreso estadounidense lo hubiese ratificado.
La razón para el retiro de Estados Unidos estuvo vinculada a las acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Afganistán, con ocasión de la invasión y guerra que el gobierno de Estados Unidos desató en el país asiático bajo la justificación de perseguir a los autores de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en especial, a Obama Bin Laden y la organización Al Qaeda, apuntados con una débil prueba como culpables de los hechos.
No sólo eso. El Gobierno de George Bush impulsó una ley, la «Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense», para proteger a sus ciudadanos de posibles investigaciones y juicios de la Corte Penal Internacional, la que además adoptaba medidas contra los integrantes del tribunal. Estas medidas se han ido acrecentando con el tiempo: más recientemente, en juinio de 2020, el Gobierno de Donald Trump impuso severas sanciones a los integrantes y funcionarios del tribunal mediante una Orden Ejecutiva, acompañada de duras declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, como la del entonces Secretario de Estado Mike Pompeo, quien dijo que Estados Unidos no sería «amenazado por una ´corte canguro´ (un tribunal que ignora los estándares reconocidos de la ley o la justicia)», o del Fiscal General William Barr que declaró que «potencias extranjeras como Rusia están manipulando a la CPI en pos de su propia agenda».
Por su parte, en noviembre de 2016, el Gobierno de la Federación Rusa, que también había firmado el tratado sin ratificarlo, hizo efectivo el retiro del tratado de parte del país euroasiático, con críticas a su falta de imparcialidad, sesgo colonialista y pro occidental, y poca efectividad cuando se trata de crímenes cometidos por las potencias. En relación al conflicto con Ucrania, la Corte Penal Internacional había iniciado una investigación preliminar por los hechos iniciados en el 2014 con el violento cambio de régimen o Golpe de Estado. Una vez establecido el nuevo Gobierno de Petro Poroshenko, y ya desatada la Guerra en el Donbass, este procedimiento de la CPI se mantuvo abierto y se amplió tras el inicio de la intervención directa de la Federación Rusa, invasión u operación militar especial comenada en febrero de 2022. Allí unos 40 países del campo occidental y algunos más adicionales (entre ellos, el de Chile), apoyan las acusaciones ucranianas contra Rusia.
La CPI emitió rápidamente órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada para los Derechos del Niño de Rusia, María Lvova-Belova, acusándolos de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia, un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma. Luego se ha ampliado a otros personeros más del mando político y militar ruso y a otros hechos, emitiéndose órdenes de arresto contra Sergei Shoigu (Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia desde 2024) y Valery Gerasimov (jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia), Viktor Sokolov, excomandante de la Flota rusa del Mar Negro, y Sergey Kobylash, comandante de la aviación de largo alcance de las Fuerzas armadas rusas.
En el caso de la República Popular China, nunca fue parte del tratado, al igual que un alto número de países asiáticos, entre otros la populosa y poderosa India, o el caso de Irán que aunque firmó el Estatuto de Roma, no lo ha ratificado (es decir no ha culminado su incorporación).
La investigación contra Israel por sus crímenes de lesa humanidad y Genocidio contra Palestina
La situación de la ocupación israelí en territorios de Palestina es una cuestión estrechamente vinculada con la historia del sistema de la Organización de Naciones Unidas. Entre las primeras y más cruciales medidas adoptadas por la organización creada tras el fin de la «Segunda Guerra Mundial», estuvo precisamente el Plan de Partición de Palestina y el otorgamiento de esos territorios anteriormente bajo el Mandato Británico y antes del Sultanato Turco Otomano, al con ello creado Estado de Israel. La anómala situación se continuó y consolidó en décadas de ocupación, desplazamiento masivo de palestinos, crímenes de diverso tipo y un creciente régimen de apartheid avalado por las grandes potencias, especialmente las occidentales. La paradoja: mientras se le dio un casi inmediato reconocimiento internacional al Estado de Israel, no sucedió lo mismo con Palestina.
Se sucedieron así décadas en las que se aprobaron una abundante serie de resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se condenaba el actuar de Israel y defendía el derecho de autodeterminación y derechos colectivos del pueblo de Palestina. Incluso el Consejo de Seguridad ha aprobado en ciertas ocasiones, a pesar del derecho de veto que tienen los 5 miembros permanentes, resoluciones que de una u otra manera reconocían los crímenes y delitos internacionales cometidos por el Estado israelí. Pero las propuestas de resoluciones de carácter vinculante que están en manos del Consejo de Seguridad, son hasta hoy bloqueadas fundamentalmente por el Gobierno de Estados Unidos, que en esto actúa como pleno representante de las poderosas redes de poder del sionismo y el ente sionista.
En el 2012, Palestina obtuvo el estatus de «Estado observador no miembro» en el sistema de Naciones Unidas, y en el 2015 se incorpora a la Corte Penal Internacional (CPI). Casi de inmediato, presenta la solicitud del inicio de investigación de los crímenes cometidos por Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, como se denomina oficialmente a Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza.
La Fiscalía de la CPI, bajo la entonces fiscal Fatou Bensouda, inició un «examen preliminar» en 2015, y en diciembre de 2019 declaró que había «bases razonables» para las acusaciones planteadas por el Estado de Palestina. En marzo de 2021 la Fiscalía de la CPI anunció la apertura de una investigación formal sobre la situación en Palestina, abarcando desde el 13 de junio de 2014 en adelante.
Y con los sucesos que se desatan a partir del 7 de octubre de 2023, un gran número de abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos, y también unos 40 países, han apoyado la investigación acerca de la situación en Palestina en la Corte Penal Internacional, que persigue responsabilidades penales individuales), a la vez que, en paralelo, se sigue también el juicio contra el Estado de Israel en el marco de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve conflictos entre Estados y en este caso, con ocasión de la violación de un tratado, la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de 1948.
Implicancias y efectos de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional
En teoría, las órdenes de arresto debiesen producir el efecto de que Netanyahu y Gallant (y también Mohammed Deif de Hamás) fueran arrestados en caso que decidan ingresar a alguno de los países que son parte de la Corte Penal Internacional (ver mapa de más arriba), entre los cuales se encuentran, por lo pronto, todos los países de Europa (menos Rusia), y países fuertemente alineados con el polo de países considerados como «occidentales», esto es, países como Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Es decir, buena parte de los principales sustentos y aliados de Israel.
Esto es sin duda un problema no menor, y en muchos de estos países hay una fuerte tensión por la actitud a tomar ante la emisión de estas órdenes de arresto, poco usuales para un tribunal que hasta ahora se ha ceñido en alta medida a los designios geopolíticos de las potencias occidentales, que son por cierto los que financian a la CPI.
Es el caso de Alemania, donde desde el Gobierno que encabeza Olaf Scholz ya se ha sugerido que no se cumplirá con estas órdenes de arresto, en concordancia con la sostenida línea de apoyo alemán hacia el ente sionista. Otros gobiernos europeos sí han dicho que lo harán, como el de Países Bajos o el de Suiza. Pero muchos gobiernos, entre ellos el del Reino Unido, Italia, o Austria, han señalado de diversas formas que aunque apoyan la actividad de la Corte Penal Internacional, se debe conversar acerca de cómo cumplir con esta resolución considerada como altamente compleja.
Por su parte, desde el Gobierno de Estados Unidos, Joe Biden ha afirmado que esta medida es «vergonzosa», manteniéndose en línea con el férreo apoyo y sustento que le da el imperio estadounidense al enclave israelí con el que en la práctica forman una unidad indisoluble hasta ahora. Es más, su gobierno nuevamente ha vuelto a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU hace días una nueva propuesta de resolución que ordene un cese al fuego duradero en Gaza.
Y desde Israel, Benjamin Netanyahu ha respondido de la manera acostumbrada: acusando a la Corte Penal Internacional de «antisemita» y calificando las órdenes de arresto como una «medida antisemita» y apuntó contra el tribunal como «enemigo de la humanidad».
Por las circunstancias señaladas, se trata de una situación inédita en la que seguramente habrán nuevos tensionamientos en los países que sustentan a Israel como una especie de enlave de intereses occidentales en el Levante, «Medio Oriente» o Asia Occidental.
Notas relacionadas:
