A 3 años de la proclamación del «gobierno encargado» de Juan Guaidó y la operación de Cúcuta. Un resumen y notas sobre su trayectoria hasta hoy
El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se proclamó como «presidente encargado» en la plaza «Juan Pablo II» del barrio caraqueño de Chacaíto, uno de los barrios de los sectores acomodados de la capital venezolana. Escogía una fecha cargada de simbolismo en Venezuela: en 1958, una sublevación había puesto fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y la fecha quedaría inmortalizada en la memoria popular, además de dar nombre a uno de los barrios populares más emblemáticos y notoriamente inclinados hacia el Chavismo. Vinieron, rápidamente, los apoyos del gobierno de Estados Unidos y de todos sus «vagones de cola» geopolíticos, desde los gobiernos de la Unión Europea e integrantes de la OTAN, los gobiernos de derechas en América Latina, y del Secretario General de la OEA Luis Almagro. Pero la cadena de sucesos desencadenados desde entonces, fueron mostrando muy claramente que más que un «apoyo», era una iniciativa directamente digitada desde Washington, y donde Guaidó y su grupo funcionaban más como operadores y mandatarios de la conducción estadounidense.
Anunció allí Guaidó, para las semanas venideras, la conocida operación supuestamente «humanitaria» con la que desde la ciudad colombiana de Cúcuta se intentaba generar un hito de mayor desestabilización a los conocidos en la historia reciente, que ya había estado cargada a estos eventos, desde el Golpe de Estado de abril del 2002, hasta la operación con drones de agosto del 2018, que aunque primero fue catalogado como «autoatentado» por varias dirigencias opositoras y medios de comunicación privada, luego fue expresamente reconocida como un ataque real y con participación protagónica estadounidense incluso por la CNN. Eso, sólo para citar sólo 2 casos referenciales. Una acción digitada por el gobierno estadounidense y concertada con el gobierno de extrema derecha de Colombia encabezada por Iván Duque (el «delfín» del lisa y llanamente criminal Álvaro Uribe Vélez), y otros mandatarios regionales (el chileno Sebastián Piñera, el paraguayo Mario Abdó). En esas mismas semanas, el gobierno estadounidense nombra a Elliot Abrams como encargado del asunto venezolano, un viejo referente de operaciones de intervención imperial y asociado y condenado por actos de injerencismo, vínculos con el Narcotráfico y otras acciones ilegales en la década de 1980s.
El descalabro y fracaso de la operación fue total. Días antes de ejecutarse, las principales instituciones humanitarias internacionales como la Cruz Roja Internacional y Cáritas Venezuela rechazan participar en la acción y le negó el carácter de «asistencia humanitaria», por fallar sus características esenciales de neutralidad, independencia y cooperación, o en otras palabras, señalando el carácter político y militar de ésta. Se aprecian movimientos de tropas en el lado colombiano, y aviones de la Fuerza Aérea estadounidense con algún movimiento de tropas y pertrechos. En la misma operación, la Cruz Roja denuncia la utilización fraudulenta de sus símbolos en estas acciones donde no participa. Salvo unos pocos cientos de militares concurrieron al llamado a sumarse a la acción, los «guarimberos» no lograron desbordar el control de la frontera de la policía bolivariana.
Mientras tanto, en esas mismas horas, Freddy Superlano, un diputado de «Voluntad Popular» y del entorno de Guaidó resultó hospitalizado y su primo falleció por sobredosis de drogas tras un vergonzoso episodio «de rumba» nocturna. Entre tanto, la quema de un par de camiones en el Puente fronterizo le permitió a la prensa privada internacional, por un par de semanas, repetir incesantemente un relato falso de la situación, pero finalmente tuvo que reconocer que los camiones fueron quemados por las mismas bombas molotovs que los guarimberos lanzaban hacia las filas de la policía venezolana. The New York Times tardó 14 días en reconocer lo que era obvio y evidente desde el mismo día, y así fue informado por medios populares y alternativos que lo denunciamos desde el mismo 21 de febrero.
Por otra parte, en lo relativo al concierto «Venezuela Aid Live», desde ese mismo momento comenzaron a mostrarse sus verdaderas características: Un evento financiado por el multimillonario británico Richard Branson, con artistas referenciales de la industria del espectáculo «hispano-estadounidense» que llegaron a dar destempladas declaraciones, como las de un Miguel Bosé desbocado lanzando improperios machistas contra Michelle Bachelet, o un Carlos Vives con repetida práctica de sacar banderas del Estado de Israel, o un Puma Rodríguez insinuando apoyos a golpe de estado e intervención externa. Entretanto, el chavismo organiza su propio concierto transmitido por teleSUR, y también una masiva concentración en uno de los puentes fronterizos con Brasil. Pero si el gobierno de Iván Duque (delfín del «uribismo» colombiano) se juega con todo en la operación, el gobierno de Bolsonaro en Brasil mira con mayor distancia.
Más tarde, a un par de meses de la operación, incluso la prensa y opinadores públicos de la oposición, ya estaban denunciando el que los fondos recolectados en el concierto «Venezuela Aid Live» fueron simplemente robados por el «gobierno» de Guaidó. Se sucedieron numerosos escándalos de corrupción del «gobierno encargado», que progresivamente le fueron quitando apoyos entre los sectores venezolanos opositores. Los enormes bienes y activos que los gobiernos de países alineados con esta estrategia de asedio y agresión económica y geopolítica pusieron en manos del grupo de Guaidó, su partido «Voluntad Popular», Leopoldo López, Julio Borges y compañía, fueron perdiéndose en el transcurso de los meses. Citgo, la filial en Estados Unidos de la empresa petrolera nacional PDVSA es puesta en manos de un directorio designado por Guaidó y objeto de bloqueo en Estados Unidos, donde un juez del Estado de Delaware llega a autorizar la venta de sus acciones, y la segunda empresa estatal venezolana en el exterior, la agroquímica «Monómeros» en Colombia, tuvo que ser invervenida por las autoridades colombianas por su desastrosa administración y probable robo de sus ganancias y su envío a paraísos fiscales como Panamá.
Tras la operación de Cúcuta, en abril de 2019, una nueva intentona de Golpe de Estado es encabezada por el propio Juan Guaidó en compañía de Leopoldo López, fundador y líder de «Voluntad Popular» y quien había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria tras su estadía en la cárcel por los criminales sucesos de «La Salida» en el 2014, responsable de al menos 48 muertos, entre ellos la chilena chavista Giselle Rubilar. En esta ocasión, la operación fracasa en el mismo día, y Leopoldo López se recluye en la Embajada de España y luego viaja a Madrid, donde permanece hasta hoy en un «exilio dorado» criticado y denunciado por venezolanos opositores. Entre otros oscuros manejos, la madre de López aparece entre las benficiadas por suculentos contratos con Monómeros, por servicios cuya existencia real no consta en ninguna parte. Pero el asedio internacional continuaba, incluyendo posiciones de actores que supuestamente debiesen tener una mayor apertura a entender las complejidades de la situación venezolana. En esos tiempos, un muy sesgado informe de la Alto Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue rechazado por el gobierno venezolano y numerosas organizaciones venezolanas por su notoria parcialidad y la omisión de hechos centrales en la trama de enfrentamientos y violencias en el país.
Al siguiente año, 2020, Guaidó y su entorno participan en la contratación de un grupo paramilitar mercenario que tras entrenamiento en Colombia, intenta penetrar en territorio venezolano para hacer operaciones de desestabilización, incluyendo, de manera grotesca en el propio contrato todo un listado de acciones que llegan hasta el magnicidio del presidente Maduro. La operación fracasa: un grupo es enfrentado y reducido al llegar a la costa cercana a la capital Caracas, en la localidad de Macuto. Luego, al otro día, el segundo grupo es neutralizado por la alerta inmediata de pobladores de la caleta de pescadores de la localidad Chuao, donde intentaban penetrar a tierra venezolana. Un grupo de venezolanos y dos ex militares estadounidenses son detenidos.
En medio de esta sucesión de hechos, de agresiones ecónomicas y geopolíticas, las urgencias sociales y económicas se disparan, y con ello la migración, siguiendo la tendencia que se aprecia en otros países también, en México, Centroamérica, Colombia, Brasil, para mencionar otros casos. Pero el caso venezolano cobra importancia particular, puesto que se muestra como supuesta prueba de derrota de la experiencia venezolana. Sin embargo, y aún con las dificultades adicionales impuestas por la pandemia en las que Venezuela ha tenido un desempeño notoriamente mejor de lo que se pudiera esperar dadas sus circunstancias, la economía venezolana parece mejorar en los últimos tiempos.
Y por otra parte, el descalabro del «gobierno interino» de Guaidó, López y compañía, es total: Desprestigiado en las propias filas de la oposición, y con una parte de las organizaciones políticas opositoras separando aguas y regresando a la disputa política y electoral, participando en las recientes Elecciones Regionales y Municipales, donde si bien fue derrotada en la mayor parte de los estados, logró quedarse con 4 de los 23 gobiernos regionales, y 120 de las 334 alcaldías, resultados que les hubieran sido mejores si es que hubieran presentado listas unitarias, y no al menos 2, como ocurrió en la mayor parte de los territorios electorales. La narrativa de una supuesta inexistencia de condiciones de competencia electoral justa se cayeron de par en par, con la observación de cientos de observadores electorales internacionales, incluyendo el Informe de la Misión Electoral de la Unión Europea. La comunidad europea, ya a inicios del 2021, había retirado su apoyo al «gobierno interino», y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había reconocida las credenciales del gobierno de Maduro en una demanda interpuesta contra las Medidas Coercitivas Unilaterales impuestas por la UE contra la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se dio un contundente triunfo del gobierno chavista con la votación de 177 gobiernos de países a favor del reconocimiento pleno del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la organización, quedando sólo 16 gobiernos, encabezados por los de Estados Unidos, Reino Unido, y Colombia, y secundado por gobiernos como el de Sebastián Piñera.
Todo esto, en el marco de un afianzamiento de los vínculos del gobierno de Venezuela con los de Rusia y China, y con una nueva avanzada de los progresismos e izquierdas latinoamericanas, lo que augura un importante nuevo aire e impulso para la referencial experiencia bolivariana y chavista.
Como último suceso, el intento de presentación de firmas para la activación de un proceso de Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, fracasó estrepitosamente, reuniendo solo la firma de 42 mil 241 personas, lo que representa el 1,01% de la población, cuando lo requerido por la Constitución de 1999, redactada por la Asamblea Constituyente de amplia mayoría Chavista, es el 20% del padrón electoral habilitado.
