Masacre en Río de Janeiro: entre el negocio del crimen y la necropolítica estatal impulsada por el gobernador bolsonarista Claudio Castro

Una megaoperación policial en las favelas de Río de Janeiro derivó en una masacre que dejó más de 130 víctimas fatales, la masacre en operación policial más letal en la historia de Brasil, desnudando la compleja trama que entrelaza el poder de las facciones criminales, las milicias y los cálculos políticos de la ultraderecha brasileña. Los análisis sitúan al Comando Vermelho (CV) en el centro de la acción, pero no como único protagonista de un conflicto donde la diversificación criminal y los intereses electorales convierten a la población favelada en la víctima de esta masiva violación de derechos humanos. ás allá del combate al narcotráfico, la motivación central de la masacre fue política. El gobernador de Río, Claudio Castro, afiliado al sector bolsonarista, habría orquestado la operación sin notificar al gobierno federal de Lula. La estrategia responde a una “demagogia punitiva”: buscar una noticia de impacto para proyectarse como “el héroe” y capitalizar votos para su reelección.

El escenario del horror

La incursión policial se desplegó en las favelas de Peña y Alemão, en la zona norte de Río. Con aproximadamente 2.500 efectivos, la acción oficialmente buscaba desarticular al CV, una de las organizaciones criminales más longevas y poderosas de Brasil. Sin embargo, el resultado fue una “chacina”: la cifra de muertos, que escaló de 30 a más de 130, incluía a cuatro policías, junto con 81 detenidos.

La evidencia apunta a ejecuciones sumarias, con cuerpos hallados acribillados en “el mato”, lejos de cualquier enfrentamiento legítimo. Este despliegue de violencia estatal recayó, una vez más, sobre el“Río de Janeiro pobre, el Río de Janeiro negro, mientras la vida en los barrios turísticos del sur transcurría con total normalidad.

Las causas: Pólvora electoral y disputa territorial

Más allá del combate al narcotráfico, la motivación central de la masacre fue política. El gobernador de Río, Claudio Castro, afiliado al sector bolsonarista, habría orquestado la operación sin notificar al gobierno federal de Lula. La estrategia responde a una “demagogia punitiva”: buscar una noticia de impacto para proyectarse como “el héroe” y capitalizar votos para su reelección. Esta lógica se enmarca en una práctica de necropolítica, la política de la muerte, donde el exterminio de la población negra y marginalizada se vuelve un instrumento de gobierno.

El conflicto de facciones proporciona el telón de fondo. La pugna territorial involucra al Comando Vermelho, bandas menores y, crucialmente, a las milicias. Estos grupos paramilitares, formados por expoliciales y exmilitares, mantienen una “enorme interconexión” con el poder público. El propio partido del gobernador (PL) tiene vínculos estrechos con este fenómeno, evidenciando una simbiosis entre política, fuerza pública y crimen organizado.

Los efectos: Caos, impunidad y la disputa por el poder

El saldo humanitario y social fue desolador. Pese a que el gobernador bolsonarista Castro catalogó la operación como un “éxito”, esta solo generó caos y terror en las favelas, consolidando a sus habitantes como “carne de cañón” de una guerra ajena.

Políticamente, la acción exacerbó la tensión entre el gobierno estatal y el federal, llevando al presidente Lula a amenazar con intervenir. Así, el evento intensifica la lucha de poder de cara a las elecciones, donde la derecha y las milicias buscan afianzarse. La masacre fue acompañada de una campaña de desinformación, con fake news que intentaban justificar el caos y la destrucción y muerte provocada, señalando, por ejemplo, la infiltración de narcos en la zona sur.

En definitiva, la masacre puede leerse como un guion teatral violento: el gobernador como director, los 2.500 policías como actores y un electorado conservador como público objetivo. Los ciudadanos pobres y negros de las favelas fueron, una vez más, los forzados a desempeñar el papel de víctimas sacrificiales en este espectáculo de poder.

VIDEOS SOBRE EL TEMA:

Masacre en Rio de Janeiro, programa de Data Urgente del periodista argentino Sebastián Salgado en conversación con el analista brasilero Beto Almeida

Marga Olivera, economista y docente de la Universidad Federal de Río en entrevista con Radio con Vos (Argentina):

La declaración de organizaciones de derechos humanos de Brasil

La masacre del 28 de octubre por la noche, en los complejos de favelas de Alemão y Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro, forma parte de una larga y trágica historia de asesinatos cometidos por las fuerzas policiales del estado, disfrazados de política pública. Hasta el momento, ya son 64 [*Nota: 130 más tarde confirmadas] las personas que han sido asesinadas en un solo operativo, el más mortífero en la historia de Río de Janeiro.

La masiva pérdida de vidas reitera el patrón de letalidad que caracteriza al gobierno de Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, responsable de cuatro de las cinco operaciones más mortíferas de la historia. Supera sus propios récords, establecidos en Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022). Lo que el gobernador Cláudio Castro calificó hoy como el mayor operativo en la historia de Río de Janeiro es, en realidad, una masacre perpetrada por el Estado brasileño.

Durante los casi 40 años de vigencia de la Constitución Federal, lo que vimos en las favelas de Río de Janeiro fue la consolidación de una política de seguridad basada en el uso de la fuerza y ​​la muerte, disfrazada de “guerra” o “resistencia al crimen”. Se trata de un enfoque selectivo, dirigido contra las poblaciones negras y empobrecidas, que hace de la  sangre su instrumento de control y dominación.

No hay en esta política elementos que reduzcan eficazmente el poder de las facciones criminales en los territorios. Al contrario, estas acciones profundizan la inseguridad y el miedo, siembran el pánico, perturban la vida cotidiana de miles de familias, impiden que los niños asistan a la escuela e imponen el terror como expresión del poder estatal. La muerte no puede considerarse una política pública.

Este ciclo de violencia no es accidental: se deriva de una estrategia deliberada que prioriza la confrontación armada sobre cualquier compromiso con la vida y el Estado de derecho. Durante su discurso, el gobernador intentó culpar a la Demanda por Incumplimiento del Precepto Fundamental n.º 635 —la decisión del Supremo Tribunal Federal que establece reglas y límites para las operaciones policiales en las favelas— y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron para implementarla, por la letalidad del operativo. Con ello, ataca el control de la actividad policial, una función constitucionalmente asignada al Ministerio Público, y busca deslegitimar la labor de las organizaciones que luchan por el derecho a la vida en las favelas.

Castro también actuó políticamente para socavar la decisión del Supremo Tribunal Federal, con el objetivo de liberar a las fuerzas de seguridad de obligaciones legales como la planificación previa y la protección de vidas. Al mismo tiempo, mantuvo la lógica de recompensar la letalidad al sancionar, en la nueva Ley Orgánica de la Policía Civil, una bonificación por “valentía”, una disposición que reemplaza la antigua “bonificación Far West”, vetada tras una condena social generalizada. Al recompensar la confrontación y la muerte, el gobierno fomenta una mentalidad de guerra y transforma a las comunidades en campos de batalla, donde los residentes son tratados como “enemigos internos”.

El Manual sobre el Empleo de la Fuerza y ​​de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), establece los principios fundamentales que deben guiar toda actuación policial: legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y responsabilidad. Los operativos realizados por el Estado de Río de Janeiro violan de manera flagrante todos estos parámetros, convirtiendo el uso ilegítimo de la fuerza letal en una práctica sistemática.

Brasil y el estado de Río de Janeiro han sido advertidos reiteradamente por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el carácter racista y discriminatorio de la política de “guerra contra las drogas”, que define quién vive y muere en favelas y barrios periféricos. El estado de Río de Janeiro acumula dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —por las masacres de Acari (1990) y Nova Brasília (1994 y 1995)— y continúa reproduciendo el mismo patrón de violencia. En los últimos diez años (2014-2024), 5.421 jóvenes menores de 29 años fueron asesinados en intervenciones policiales, según el Instituto de Seguridad Pública.

Desde la década de 1990, sucesivos gobiernos han ignorado las propuestas de seguridad pública centradas en la prevención, la reducción de la violencia y el fortalecimiento de los derechos. La inversión sigue centrada en la confrontación, con resultados trágicos y recurrentes: más muertes, más dolor y falta de seguridad.

Lo que presenciamos hoy es el colapso de cualquier compromiso con la legalidad y los derechos humanos: el Estado sustituye la seguridad pública basada en derechos, por acciones militares a gran escala. Con el pretexto de la “guerra contra las drogas”, se instaura un estado de inseguridad permanente que afecta a la población negra y pobre de las favelas. No hay justificación para que una política estatal, supuestamente destinada a proteger a la sociedad, siga rigiéndose por el derramamiento de sangre. La seguridad pública debe garantizar los derechos, no violarlos. Los habitantes de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz, y esto es innegociable.

Río de Janeiro (RJ), 28 de octubre de 2025.

Anistia Internacional Brasil
Justiça Global
Centro de Estudos de Segurança e Cidadania — CESeC
Conectas Direitos Humanos
Centro pela Justiça e o Direito Internacional — CEJIL
Instituto Papo Reto do Complexo do Alemão
Movimentos
Redes da Maré
Instituto de Estudos da Religião — ISER
Observatório de Favelas
Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (NAJUP) Luiza Mahin
Movimento Unidos dos Camelôs
Grupo Tortura Nunca Mais — RJ
Fórum Popular de Segurança Pública do Rio de Janeiro
CIDADES – Núcleo de Pesquisa Urbana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Defensores de Direitos Humanos — DDH
Iniciativa Direito Memória e Justiça Racial
Frente Estadual pelo Desencarceramento — RJ
Instituto Terra Trabalho e Cidadania — ITTC
Associação de Amigos/as e Familiares de Pessoas Presas e Internos/as da Fundação Casa — Amparar
Gabinete Assessoria Jurídica Organizações Populares — GAJOP
Instituto Sou da Paz
Rede Justiça Criminal
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional — FASE RJ
Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares — RENAP RJ
Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência
Casa Fluminense
Plataforma Justa
Núcleo de Estudos e Pesquisa Guerreiro Ramos – Negra-UFF
Comissão Arns
Educafro
Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades — CEERT
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
CDH Sapopemba
Coalizão pela Socioeducação
Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social — CENDHEC
Criola
Associação Brasileira de Imprensa — ABI
Decodifica
Rede Liberdades
Terra de Direitos
Pastoral Carcerária Nacional
Instituto de Defesa do Direito de Defesa — IDDD
IDEAS — Assessoria Popular
Centro de Integração na Serra da Misericórdia — CEM
Movimento do Ministério Público Democrático — MPD
Instituto Marielle Franco
Aliança Nacional LGBTI+
Associação Brasileira de Famílias Homotrasnafetiva – ABRAFH
Grupo Dignidade
Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual (IBDSEX)
Centro Paranaense de Cidadania (CEPAC)
Gay Latino
Plan International Brasil
Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos — FADDH
Transparência Internacional – Brasil
Fundação Tide Setúbal
Inesc instituto de estudos socioeconômicos
Instituto Democracia em Xeque
Rede A Ponte
Brazil Office Alliance
Kurytiba Metropol
Escola da Democracia
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec)
Oxfam Brasil
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais — IBCCRIM
Rede Conhecimento Social
Laboratório de Políticas Públicas e Internet — LAPIN
O Joio e O Trigo
Instituto Alziras
Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito
Instituto Foz
Movimento Mães em Luto da Zona Leste
Movimento Mães de Cárcere
Grupo de pesquisa Violências de Estado e reparações: interdisciplinaridades e interseccionalidades na perspectiva de raça gênero, classe e território
Centro de Direitos Humanos de Sapopemba Pablo Gonzáles Olalla — CDHS
Anjos do Gueto
Cedeca Sapopemba
Agenda Nacional pelo Desencarceramento
Coletivo Vozes de Mãe
Movipece
Delibera Brasil
Transparência Eleitoral Brasil
Observatório do Trauma Psicopolitico — USP/UNIFESP
Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória do Instituto de Estudos Avançados da Usp
Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política do Instituto de Psicologia da Usp
Grupo de pesquisa “Violências de Estado e reparações: interdisciplinariedades e interseccionalidades na perspectiva de raça gênero, classe e território”
NCAF-SGD – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Crianças, Adolescentes, Famílias e Sistema de Garantia de Direitos. PPGSS-PUCSP
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aprofundamento Marxista — NEAM/PPGSS-PUCSP
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ANDI — Comunicação e Direitos
Instituto Physis — Cultura & Ambiente
Frente Estadual pelo desencarceramento Ceará
Frente Estadual pelo Desencarceramento do Piauí
Rádio Novelo
Instituto Pro Bono
Frente Estadual pelo Desencarceramento Paraná
Clínica de Direitos Humanos da Unifesp
Projeto Reparações do Caaf/Unifesp
Comitê Defend Democracy in Brasil- Nova York-Estados Unidos
A Frente Estadual pelo desencarceramento da Bahia
Coletivo de Familiares de Pessoas Privadas da Liberdade — Bahia
Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro
Rede de Comunidades e Movimentos Contra Violência
Rede Nacional de Mães e Familiares de Vitimas do Terrorismo do Estado
Movimento Candelária Nunca Mais
Frente Estadual pelo Desencarceramento de Santa Catarina
Fórum Popular de Segurança Pública /Ceará
Movimento Mães do Curió
Rede de Mulheres Negras do Ceará
Instituto Negra do Ceará
US Network Defend Democracy- USNDB
Coletivo – RJ Memória , Verdade, Justiça e Reparação
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales — ProDESC/México
INREDH — Ecuador
Centro de Estudios Legales y Sociales — CELS
Artigo 19 Brasil
Artigo 19 América do Sul
Derechos Digitales
WOLA — Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
Fundación Cristosal
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos — Perú EQUIDAD
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay — Codehupy
Consorcio Oaxaca
Greenpeace Brasil
The Intercept
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad — Dejusticia
Frente Distrital pelo Desencarceramento – DF
Rede Nacional de Pesquisa em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes
Aliança Brasil Office
Rede pela Soberania
Vote Nelas Nacional
Observatório Social de Mato Grosso
Instituto Procomum
Instituto Cidade Democrática
Instituto GENi- Gênero e Interseccionalidades

*Para el mediodía del 29 de octubre, ese número se duplicó y son más de 130 las personas asesinadas.