Colombia decide entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en crucial Segunda Vuelta Presidencial para el país y toda nuestra América
El conteo del 31 de mayo dejó al candidato ultraderechista Abeardo de la Espriella con el 43,7% de los votos y al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda con el 40,9% —la mayor votación histórica de la izquierda colombiana en una primera vuelta—, en una elección atravesada por fundadas denuncias de fraude, una operación de guerra cognitiva digital cada vez más presente en la región y la injerencia abierta de la administración Trump. El 21 de junio definirá si Colombia profundiza su transición social en sentido de igualdad, justicia social y soberanía, o instala en su gobierno a un nuevo integrante de la restauración conservadora y la Doctrina Monroe en tiempos de Trump contra Nuestra América.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia produjo un resultado que los grandes medios del país se apresuraron a celebrar como una victoria definitiva antes de que se hubiera contado un solo voto con carácter vinculante. Según el preconteo del 31 de mayo, Abelardo de la Espriella —el abogado de paramilitares, narcotraficantes y estafadores convertido en figura de la ultraderecha colombiana— obtuvo el 43,7% de los sufragios, equivalente a 10,2 millones de votos. Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico y sucesor natural del proyecto político de Gustavo Petro, alcanzó el 40,9%: 9,6 millones de votos, la mayor votación que la izquierda colombiana ha logrado jamás en una primera vuelta presidencial. Esta última cifra fue enterrada por la «gran prensa». La candidata oficial del uribismo, Paloma Valencia, se hundió hasta el 6,9%, y Álvaro Uribe Vélez, sin tiempo que perder, movilizó de inmediato sus bases hacia De la Espriella bajo la premisa declarada de «bloquear» a la candidatura de la izquierda y el progresismo.
Lo que el establishment mediático colombiano presentó como un fenómeno espontáneo y popular es, en rigor, la culminación de una operación coordinada entre las oligarquías financieras locales, la maquinaria de la extrema derecha internacional y la doctrina estratégica de la administración Trump para el continente. Comprender la naturaleza de esa operación es la condición para comprender lo que está en juego el 21 de junio.
El «outsider» que es hijo de magistrado, tiene pasaporte estadounidense y defendió a los paramilitares de Uribe
Abelardo de la Espriella se apoda a sí mismo «El Tigre» y ha invertido una parte sustancial de su campaña en construir la imagen de un «rebelde» ajeno al sistema, un «outsider» y «hombre del pueblo» enfrentado a la casta política tradicional. La realidad es la opuesta a esta falsa imagen que ha logrado proyectar gracias al aparataje mediático que le acompaña: Es hijo de un magistrado, posee la nacionalidad estadounidense, reside buena parte del tiempo entre Miami y Florencia, ostenta la marca de ropa de lujo «De la Espriella Style», cuya imagen cultiva meticulosamente en redes sociales junto a jets privados y relojes de lujo, una estética de opulencia calcada de Donald Trump, al que claramente aspira a emular.
Antes de la política, hizo su fortuna como abogado de las figuras más comprometidas del crimen organizado y el paramilitarismo colombiano. Entre sus clientes más notorios figuran David Murcia Guzmán —el cerebro de la pirámide fraudulenta DMG—, Alex Saab —el empresario venezolano investigado por lavado de activos—, y los paramilitares que se desmovilizaron en San José de Ralito bajo el gobierno de Uribe, cuya defensa lideró personalmente. También se le conoce por haber señalado entre risas en al menos dos programas de televisión que de joven se entretenía poniendo explosivos a gatos. No es una anécdota menor: revela el perfil de un hombre que sus propios rivales políticos, incluyendo la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, no han dudado en calificar de «homofóbico, misógino y golpeador».
A pesar de todo esto, decenas de titulares de medios cómplices a su campaña como El Mundo, France 24 e Infobae lo presentaron como «un outsider disruptivo que llega a sacudir el sistema». El mecanismo no es nuevo. Es el mismo patrón que instaló a Trump, a Bukele y a Milei: una elite transnacional disfrazada de salvador nacionalista. Su propia ciudadanía estadounidense —que convive sin aparente contradicción con su retórica patriótica— es la mejor síntesis de la impostura.
La carta única de las oligarquías: el mapa del poder detrás de De la Espriella
La candidatura de De la Espriella no se financia ni se sostiene en el vacío. Detrás hay una arquitectura de poder perfectamente identificable. Los grupos Gilinski —propietarios de la revista Semana y de El Heraldo—, Sarmiento Angulo —dueños de El Tiempo, controlados por el mayor banquero del país— y Santo Domingo —propietarios de Caracol TV, Blu Radio y El Espectador— tienen intereses directos y concretos en que el próximo gobierno colombiano no realice reformas financieras, no suba los impuestos al gran capital y no toque los contratos del Estado. Su cobertura electoral ha sido absolutamente coherente con esos intereses: construcción sistemática del mito del «outsider», etiquetado de Cepeda como «comunista» y «narcochavista» en Infobae y El Colombiano, guerra de encuestas en la recta final —donde las encuestadoras vinculadas a RCN y Semana invirtieron los números para instalar el relato de un «empate técnico»— y, tras la primera vuelta, publicación simultánea en Semana de columnas que proclamaban el triunfo de la democracia y la derrota del progresismo, pese a que ambos candidatos pasaron a la segunda ronda. Se ha utulizado el recurso de mostrar el salón de Cepeda vacío para proyectar una imagen de fracaso, al mismo tiempo que se silencia que había obtenido la mayor votación histórica de la izquierda en una primera vuelta.
A los grupos mediáticos se suman los grandes terratenientes y ganaderos, históricamente ligados al uribismo y al paramilitarismo, para quienes las propuestas de De la Espriella —»mano dura», oposición frontal a la reforma agraria de Petro— son exactamente lo que necesitan. Y, cerrando el círculo, el propio Álvaro Uribe, cuyo partido se hundió con Valencia pero que no tardó ni 24 horas en ordenar el trasvase de sus votos hacia De la Espriella. El candidato que se presenta como el gran rebelde es, en la práctica, el instrumento de todas las fuerzas que han gobernado Colombia desde el establecimiento del paramilitarismo como política de Estado.
Un programa de gobierno para la restauración: megacárceles, bombardeos y el fin de la Paz Total
El programa de gobierno de De la Espriella traduce con coherencia brutal ese mapa de intereses. En materia de seguridad, propone construir diez macrocárceles al estilo Bukele; iniciar de inmediato el bombardeo de campamentos narcoterroristas; retomar la fumigación de cultivos de coca con el apoyo de aviones estadounidenses; militarizar el país; flexibilizar el porte de armas para los ciudadanos; y dar carpetazo definitivo al proyecto de Paz Total de Petro, optando por una «lucha sin cuartel» que sustituye cualquier posibilidad de negociación por la confrontación permanente.
En política exterior, las propuestas son igualmente reveladoras de quién manda: trasladar la embajada colombiana a Jerusalén y establecer cooperación militar incondicional con el gobierno de Netanyahu —en el momento en que ese gobierno perpetra un genocidio documentado contra el pueblo palestino—; integrar a Colombia en el «Escudo de las Américas», la doctrina de Trump 2.0 para centralizar el mando militar e inteligente de la región; y, no menos importante, pedir intervención militar extranjera en Venezuela, abandonando cualquier pretensión de soberanía diplomática. De la Espriella es, en este sentido, algo más que un candidato de la derecha colombiana: es hoy por hoy el principal activo del proyecto de reordenamiento hemisférico de Washington en la región andina.
La injerencia como política declarada: el «Escudo de las Américas» llega a Colombia
El proceso electoral colombiano no puede leerse de manera aislada. Se inserta directamente en la doctrina hemisférica de la administración Trump —que en Nuestra América ha transitado ya desde las sanciones económicas y el lawfare hacia formas más abiertas de intervención— y en la que Colombia ocupa un lugar estratégico.
El senador estadounidense Berny Moreno actuó como operador político in situ durante toda la campaña, facilitando alianzas entre fuerzas de la derecha y cuestionando la legitimidad del sistema electoral colombiano antes de que se emitiera un solo voto —un procedimiento que en el vocabulario de la diplomacia tradicional se denominaría injerencia pero que la prensa occidental reserva para describir las actuaciones de los países que Washington señala como adversarios—. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa intervino mediante una performance de extorsión diplomática sin disimulo: condicionó el levantamiento de aranceles y la firma de acuerdos energéticos a una victoria de De la Espriella. Y De la Espriella, en tanto, no solo no rechazó ese respaldo sino que se alineó explícitamente con él, validando la intervención militar en Venezuela ocurrida el 3 de enero y comprometiendo a Colombia en el esquema de subordinación militar regional de Washington.
La pregunta que ningún medio oligárquico colombiano se hace es la más obvia: ¿qué tipo de soberanía puede ejercer un presidente con pasaporte estadounidense que ha prometido poner la política exterior de su país al servicio de los intereses de Washington e Israel?
Guerra cognitiva: los bots, la inteligencia artificial y la privatización de la democracia
La campaña de De la Espriella fue, en paralelo a todo lo anterior, un sofisticado laboratorio de guerra cognitiva electoral. La operación se construyó sobre una premisa que sus estrategas identificaron correctamente: el electorado contemporáneo consume información de manera fragmentada y emocional, en el scroll de las redes, y ese modo de consumo es susceptible de ser intervenido con precisión industrial.
Sobre esa premisa se levantó una arquitectura de desinformación de escala transnacional. Se documentó la creación de videos falsos generados con inteligencia artificial para acusar a Cepeda de delitos inexistentes. Se fabricaron imágenes que presentaban a De la Espriella junto a Benjamín Mileikowsky alias Netanyahu para proyectar una imagen de respaldo y prestigio global. Se activaron miles de cuentas automatizadas operadas desde India, África y Japón —entre ellas, cuentas durmientes creadas en 2011 que originalmente difundían contenido en japonés o pornografía africana y que fueron reactivadas abruptamente para amplificar narrativas difamatorias contra Cepeda—. Encuestas digitales de origen opaco y datos de casas de apuestas sin validez real fueron utilizados para invertir la percepción de los números electorales en la recta final e instalar el relato de un «empate técnico» donde la ventaja del Pacto Histórico era clara.
A esto se suma el uso sistemático del aparato judicial como mecanismo de hostigamiento a la prensa crítica: De la Espriella abrió más de cien procesos por calumnia contra periodistas que cubrían su candidatura de manera adversa. La persecución legal no busca ganar en los tribunales —los procesos se archivan en su mayoría— sino agotar económica y psicológicamente a los comunicadores independientes. Es la replicación exacta del método Trump.
La integridad del propio proceso de escrutinio está además bajo cuestionamiento documentado. La firma privada Thomas Greg & Sons —vinculada a los hermanos Bautista— controla el software del preconteo sin auditorías externas robustas, lo que el Pacto Histórico ha caracterizado como una «privatización de la democracia». A ello se agrega una discrepancia de 885.000 cédulas adicionales en el padrón electoral —cifra que supera el margen de victoria de De la Espriella en el preconteo, estimado en 667.000 votos— que podrían corresponder a ciudadanos fallecidos o a miembros de la Fuerza Pública inhabilitados para votar. Se identificaron además mesas de votación con comportamientos estadísticos erráticos, donde el apoyo histórico al progresismo colapsó inexplicablemente en beneficio de la ultraderecha. El Pacto Histórico ha condicionado el reconocimiento de los resultados al escrutinio oficial vinculante.
Reseña a la trayectoria de Iván Cepeda
La candidatura de Iván Cepeda no se entiende sin su historia personal, que es también la historia de la violencia política colombiana en su forma más concentrada. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica —el movimiento político surgido de los acuerdos de paz con las FARC en los años ochenta— asesinado en 1994 por una alianza documentada entre paramilitares y agentes del Estado. El genocidio de la UP, en el que fueron exterminados miles de militantes, dirigentes y candidatos a lo largo de más de una década, es el crimen político más grande de la historia colombiana reciente. Iván Cepeda lo vivió desde adentro, perdió a su padre en él, y dedicó su carrera política a investigarlo, documentarlo y llevar a sus responsables ante la justicia.
Filósofo formado en el bloque socialista —estudió en Bulgaria y Checoslovaquia—, políglota, investigador de la parapolítica y los vínculos entre el Estado colombiano y el paramilitarismo, Cepeda construyó su trayectoria sin tacha de corrupción en un sistema político donde la corrupción es moneda corriente. Su victoria jurídica más resonante es también la más reveladora de su posición en el tablero político colombiano: fue el responsable directo de que Álvaro Uribe Vélez terminara con detención domiciliaria. Lo que comenzó como una acusación de Uribe contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos concluyó con la justicia determinando que era el propio expresidente quien compraba testigos para desacreditarlo. El hombre que ahora apoya a De la Espriella como «única carta» para bloquear al progresismo fue puesto en arresto domiciliario por el candidato al que ese mismo progresismo presenta hoy como su opción presidencial.
Cepeda también fue quien documentó ante la justicia la formación de grupos paramilitares —entre ellos el conocido como «Los 12 Apóstoles»— en fincas vinculadas a la familia Uribe, y quien durante años denunció los «falsos positivos»: las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate durante el gobierno uribista, uno de los crímenes de Estado más graves del continente en las últimas décadas.
El contraste con De la Espriella no podría ser más nítido ni más deliberado. Donde De la Espriella hizo su fortuna defendiendo a los perpetradores —narcotraficantes, paramilitares, el abogado de los hombres de Mancuso en San José de Ralito—, Cepeda construyó la suya representando a las víctimas de esos mismos perpetradores. Son las dos caras de un mismo conflicto histórico, y el 21 de junio los colombianos elegirán cuál de esas dos trayectorias ocupa la presidencia.
El programa de Cepeda: reforma agraria, Paz Total y continuidad del proyecto Petro
El programa de gobierno de Iván Cepeda es la continuidad y profundización de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, presentadas por la gran prensa como un fracaso y silenciadas en sus logros concretos. El gobierno de Petro entregó ya 800.000 hectáreas en el marco de la reforma agraria, en un país donde el 1% de la población posee el 80% de la tierra —una de las concentraciones de propiedad más extremas del planeta—. Duplicó el salario mínimo. Redujo el desempleo a sus mínimas históricas. Implementó mejoras en los recargos nocturnos y la estabilidad laboral. Avanzó en la reforma previsional para garantizar jubilaciones dignas en los sectores más vulnerables. Ninguna de estas cifras apareció con la misma frecuencia con que Semana construyó el relato del «fracaso» del petrismo.
Cepeda propone continuar y profundizar esa agenda: completar la reforma agraria, consolidar los logros laborales —la continuidad del alza del salario mínimo, el pago reforzado de las horas extras, y cifras bajas de desempleo—, fortalecer la cobertura de salud y educación, reforma previsional, y mantener el proyecto de Paz Total —los diálogos con grupos insurgentes para resolver el conflicto armado de manera definitiva— frente a la propuesta de De la Espriella de sustituirlo por bombardeos y megacárceles. En política exterior, Cepeda defiende una postura soberana, con perfil propio, que incluye la condena a las agresiones imperiales y la defensa de los derechos humanos a escala global —lo que en el contexto actual implica, entre otras cosas, no trasladar la embajada a Jerusalén ni subordinar la política de defensa nacional al «Escudo de las Américas».
La matemática política de la segunda vuelta y los 21 millones que no votaron
El desplome de Paloma Valencia no significa la desaparición del uribismo sino su mutación hacia una estética más agresiva, digitalmente espectacularizada y abiertamente fascistizante. Uribe ya cerró filas con De la Espriella. Sin embargo, la transferencia aritmética de esos 1,6 millones de votos no es automática ni garantizada: la fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, calificó públicamente a De la Espriella de «homofóbico, misógino y golpeador». La fractura en el centro-derecha es real, y en una elección con márgenes tan ajustados puede ser decisiva.
El desafío estratégico central del Pacto Histórico es, sin embargo, de otra escala: los 21 millones de ciudadanos que no participaron en la primera vuelta representan el 44% del censo electoral. Son el campo de disputa real de la segunda vuelta. La activación del voto joven y de las mujeres urbanas —sectores para los que el historial de misoginia documentado de De la Espriella es un factor de rechazo— es la vía principal. A eso se suma la tarea de romper el cerco informativo de los grandes conglomerados para comunicar los logros concretos de la gestión Petro que la prensa oligárquica ha elegido sistemáticamente invisibilizar.
La «Democracia Spotify» que De la Espriella ha intentado instalar —consumo rápido, emocional, fragmentado, diseñado para el scroll— enfrenta la resistencia de sectores institucionales que comprenden lo que significaría para la estabilidad del Estado colombiano un gobierno abiertamente comprometido con el desmontaje de la Constitución de 1991, la subordinación militar a Washington y la alianza incondicional con un gobierno israelí acusado de genocidio.
Colombia ha vivido ya lo que significa el paramilitarismo en el poder. Lo vivió en los años de Uribe, en los falsos positivos, en el genocidio de la Unión Patriótica, en las masacres que los abogados de De la Espriella fueron a defender a San José de Ralito. Iván Cepeda lo sabe de un modo que ningún otro candidato puede invocar con esa legitimidad: lo vivió en carne propia, con el asesinato de su padre. La elección del 21 de junio no es un balotaje entre dos proyectos políticos equivalentes que el electorado colombiano sopesa con ecuanimidad. Es la disputa entre una Colombia que ensaya su transición social con todas sus contradicciones y una restauración oligárquica tutelada por Washington que, de imponerse, no tendrá ningún escrúpulo en desmantelar todo lo construido.
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