Paro Nacional y revuelta social en Colombia continúan tras retiro de Reforma Tributaria y también la grave y masiva violación a Derechos Humanos
El día domingo, el gobierno de Iván Duque hizo retiro del proyecto de Reforma Tributaria que detonó la multitudinaria movilización popular. Ayer, hubo cambio en el Ministro de Economía, siendo reemplazado Alberto Carrasquilla por Juan Manuel Restrepo. Cambios cosméticos al lado de la gravísima crisis social, política e institucional en curso.
La movilización popular ha continuado con niveles de masividad e intensidad inéditas en la historia reciente colombiana, y el retiro de la Reforma Tributaria de Duque no logró desbaratarla, más aún, con la cruenta y militarizada represión ordenada por el gobierno y ejecutada por las policías y fuerzas militares.
Aquí, compartimos el comunicado actualizado por la organización «Defendamos la Paz»:
¡URGENTE COLOMBIA!
4 de Mayo 2021
Defendamos la Paz Internacional (DLPI), organización internacional por la paz en Colombia, denuncia ante la comunidad internacional que:
● El Presidente Iván Duque ha ordenado la militarización de las ciudades colombianas tras las masivas protestas de la población en contra de la
reforma tributaria y dada la grave situación social, económica y de salud del país;
● Las violaciones de Derechos Humanos en contra de la población por parte de la policía han sido una constante desde el 28 de abril pasado, día en que inició el Paro Nacional;
● La situación de Derechos Humanos en Colombia es crítica, no hay garantías para la vida, la integridad ni el respeto a ejercer libremente el derecho a la protesta y a la movilización social.
Como defensores y defensoras del proceso de construcción de la PAZ en Colombia, expresamos nuestra profunda preocupación ante los graves acontecimientos que vive el país cuando, en uso del legítimo del derecho a la protesta, la ciudadanía se ha movilizado a lo largo y ancho del territorio nacional en rechazo a la reforma tributaria impuesta por el gobierno del presidente Duque, y finalmente retirada gracias a la enérgica protesta social que hasta el momento ha dejado un saldo lamentable en vidas humanas y graves violaciones contra los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado.
Participantes en las marchas, defensores de derechos humanos, congresistas y concejales de la oposición han denunciado la presencia de agitadores ajenos a las movilizaciones, ante la indiferencia de las autoridades. Así como también la agresión por parte de la fuerza pública contra las y los marchantes; allanamientos a unidades multifamiliares con uso de gases lacrimógenos; detenciones arbitrarias e irregulares; disparos contra la población civil desarmada; violación sexual a mujeres perpetradas por agentes de la fuerza pública; la presencia de policía con uniformes sin nombres ni distintivos, la militarización de las ciudades por orden del gobierno nacional pasando por encima del mandato de los alcaldes locales, entre otros muchos graves excesos de violencia estatal.
Organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, medios alternativos de comunicación, sindicatos, gremios de trabajadores, campesinos, transportadores, movimientos afro, de mujeres e indigenistas se encuentran luchando en las calles y han utilizado las redes sociales para visibilizar sus denuncias sobre el excesivo uso de la fuerza pública. En el momento se desconoce con precisión el número exacto de muertos y heridos, pues las cifras ofrecidas por las organizaciones difieren de las dadas por el gobierno. Por su parte la organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios, 503 detenciones (en su mayoría arbitrarias), 10 casos de violencia sexual de Policías contra mujeres, 42 casos de abusos contra defensores de DD.HH., 208 heridos y 18 manifestantes con lesiones oculares.
En la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, donde se han reportado las acciones más violentas, se estiman más de 30 desaparecidos y al menos diez asesinatos. Y las cifras siguen minuto a minuto aumentando.
Estas cifras revelan la grave violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública de Colombia, principalmente la violación al derecho fundamental a la vida, en el marco además de la violación al legítimo derecho a la movilización social ante la gravedad de la situación social, económica y de salud de millones de colombianos, así como de las injustas medidas fiscales impuestas de forma inconsulta por el gobierno nacional y retiradas el día 2 de mayo ante la presión ciudadana.
El presidente Iván Duque ha dado la orden de militarizar las ciudades, utilizando la figura de “asistencia militar a alcaldes y gobernadores”, aduciendo un alto riesgo para la ciudadanía. Con un discurso demagógico acerca de la necesidad de proteger a la población, Iván Duque pretendía imponer la reforma tributaria a sangre y fuego, por encima de la protesta del pueblo.
En respuesta a los excesos de la violencia por parte de las fuerzas estatales contra la población civil, y teniendo en cuenta que la militarización de las ciudades atenta contra la democracia de nuestro país, las y los colombianos en el exterior nos sumamos a las legítimas exigencias del pueblo colombiano:
● Garantía a la vida, a las libertades democráticas, a la movilización y a la protesta social.
● Desmilitarización inmediata de las ciudades. Cese inmediato de la represión, de la violencia estatal, de las masacres.
● Judicialización de los agentes estatales responsables.
● Desmonte del ESMAD. Cese inmediato del uso desmedido de la fuerza pública.
● Retiro del proyecto de ley 010 de salud, fortalecimiento de una vacunación masiva en el territorio nacional y reactivación inmediata del envío de vacunas contra el COVID al Valle del Cauca.
● Renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual para la población más necesitada.
● Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).
● Cese inmediato de la violencia y de las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito, de las aspersiones aéreas con glifosato, y aplicación integral de lo acordado en el Acuerdo de Paz en este sentido.
● Garantías de protección para la vida de los líderes, lideresas sociales y firmantes de la paz.
● Implementación de los acuerdos de paz.
Pedimos a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos así como a parlamentarias y parlamentarios demócratas, a los organismos internacionales, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a los medios de comunicación internacional, que se pronuncien a favor de la defensa de la democracia y de la paz en Colombia. Consideramos urgente la instalación inmediata de un equipo de veeduría y un continuo acompañamiento internacional.
Saludos solidarios,
Defendamos la Paz Internacional
Contacto: comunicacioninternacionaldlp@gmail.com
@DefendamosLaPazInternacional
