Joe Biden anuncia una desclasificación parcial de archivos sobre los eventos del 11 de Septiembre de 2001 ante presión de organizaciones de víctimas y por la Verdad del 11-S
Tras años de investigaciones y de organización para conseguir verdad y justicia en torno a los sucesos del 11 de septiembre de 2001, los movimientos de familiares y víctimas lograron en la pasada campaña presidencial, que el actual presidente Joe Biden, se comprometiera a la desclasificación de parte de los archivos secretos relativos a las causas, operaciones, y explicaciones sobre ese crucial día de la historia reciente mundial.
Con ya varios meses de asumido el cargo el 20 de enero de este año, el Gobierno de Biden ha estado recibiendo las solicitudes y presión de parte de las organizaciones de víctimas y por la verdad acerca del «September Eleven», llegando a ser, hace algunas semanas, interpelado a no concurrir al acto de conmemoración por los 20 años de «11-S» del 2001, en caso de no cumplir con sus promesas de campaña en el sentido de dar curso a la desclasificación de al menos una parte de los archivos secretos del gobierno estadounidense relativos a los extraños hechos, sus autorías y demás partícipes y responsables. Es en ese contexto que ocurre este anuncio de Biden (Ver «Estados Unidos desclasificará documentos sobre los atentados del 11-S», France 24), que aparenta ceder en un asunto que hasta este momento ha sido abordado con total secretismo por parte del gobierno estadounidense en las presidencias de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.
En particular, las organizaciones de familiares y víctimas de los hechos, han señalado que hay abundantes indicios de que los archivos comprueban la participación de autoridades y oligarcas de Arabia Saudí, estrecho aliado de la elite estadounidense, cuestión que demostraría una de las tantas objeciones y críticas que se le han formulado a la explicación oficial del Pentágono y las agencias gubernamentales de Estados Unidos acerca de la autoría y el carácter del ataque, donde también aparecen muy serias dudas por la eventual participación de agentes estadounidenses, e incluso autoridades.
Entre otros tantos elementos, en especial, es muy controvertida la caída del WTC7, el tercer edificio que cae 7 horas después de las Torres Gemelas (WTC1 y WTC2). A esta torre no le impactó avión alguno, y estando a una distancia considerable de la torre norte WTC2 (a unos 100 metros), se desplomó sin resistencia, prácticamente en caída libre. Se trata de un edificio de 174 pisos de altura, donde funcionaban varias agencias e instituciones financieras y gubernamentales, y que es hasta este momento, el tercer edificio en desplomarse de esa forma similar a una demolición programada, tras, precisamente, las torres 1 y 2 del complejo World Trade Center de Nueva York.
Las preguntas abiertas y objeciones a la explicación oficial están muy lejos de ser sólo una teoría de «conspiracionistas». Entre quienes las han formulado no sólo están víctimas y familiares de víctimas y testigos presenciales de la cadena de hechos ocurridos en Nueva York ese martes 11 de septiembre, si no también hay abundante documentación audiovisual que acompaña las sospechas, entre ellas, los numerosos reportes de «explosiones» («explosions») y bombas («bombs») de parte de personas que están saliendo de las torres o intentando ser parte de las operaciones de rescate desde ellas.
Y además, la forma en la que caen las tres torres, levanta dudas y objeciones de parte de numerosos investigadores, arquitectos e ingenieros, por la rapidez en casi «caída libre» con la que caen tanto las Torres Gemelas, como, con mayor razón (habida cuenta que no sufrió ningún impacto), la torre WTC7.
Volviendo al anuncio gubernamental acerca de la eventual desclasificación de parte de los archivos, que, según se comenta, daría pie a la corroboración de la participación del régimen gobernante en Arabia Saudita en los eventos, resulta congruente con las acusaciones sobre parcialidad y de extrema incompletitud que se han formulado contra los informes públicos del Gobierno de Estados Unidos sobre los eventos, y lo inverosímil de buena parte del relato oficial.
El Gobierno de Joe Biden, sabiendo lo delicado del asunto, que está relacionado además con las grandes decisiones bélicas y geopolíticas tomadas por el Estado de Estados Unidos, no ha detallado el tamaño de la desclasificación de archivos, pero ha ordenado al Fiscal General Merrick B. Garland a que en el plazo de 6 meses lleve a cabo una desclasificación parcial. En parte, el anuncio, reailzado ayer, le permite salir al paso de la interpelación realizada por las organizaciones de familiares y víctimas relativa a la presencia de la máxima autoridad estadounidense en el acto de conmemoración a los 20 años de los hechos, pero vuelve a poner un plazo para la entrega de información que hasta ahora ha sido sistemáticamente ocultada.
