Fiscalía de Chile informa de amplia impunidad y no conclusión de investigaciones en las más de 10 mil casos de delitos de violencia institucional en marco de la revuelta social

Ante una solicitud de información ingresada por la organización «Acción Cívica contra la Corrupción», la Fiscalía de Chile ha informado de un nuevo detalle actualizado de las denuncias por violencia institucional en el marco del estallido y revuelta social entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. La organización calificó como «deplorable» la enorme cantidad de casos cerrados, que en una proporción muy alta se deben a «Salidas No Judiciales», en especial los denominados como «archivos provisionales» y «decisiones de no perseverar», asuntos en los que la Fiscalía decide no continuar con las investigaciones sin que lleguen nunca a juicio. «Es una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad. ¿Dónde está la justicia para las víctimas?», señala la organización en una justa inquietud a más de 5 años ya de estos hechos que amplios sectores de la sociedad chilena e internacional consideraron como una gravísima crisis de violaciones a derechos humanos por parte del Estado de Chile ante las manifestaciones sociales y protestas de esos meses.
«Deplorable que el 90,9% de los 10.142 casos de violencia institucional entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 estén cerrados, y que de las relaciones concluidas, un 69,3% tengan «Salida No Judicial». Es una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad. ¿Dónde está la justicia para las víctimas?«, así comentó organización «Acción Cívica contra la Corrupción» la información entregada por el Ministerio Público en respuesta a una solicitud de información tramitada por medio de la Ley de Transparencia, en la que se consultó por el estado actual de avance en las investigaciones acerca de la violencia institucional en el marco del estallido o revuelta social de 2019-2020.
El informe del Ministerio Público
En la respuesta de la Fiscalía se señala: «puedo informarle que la Unidad Especializada en Derechos Humanos de esta Fiscalía Nacional cuenta con una base de datos de 10.142 casos ingresados por delitos de violencia institucional, cuyos hechos corresponden al período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, en el contexto de las manifestaciones sociales y resguardo del orden público».
El informe prosigue: «Este consolidado de información, está compuesto por dos bases de datos:
a) Una base inicial de 8.508 casos recopilados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos (entre octubre del 2019 hasta mediados de 2020);
b) Una base construida a partir de la revisión de 2.208 casos adicionales que ingresaron a la Unidad el 2021 por parte de las fiscalías regionales. La revisión, efectuada durante el 2023, dio cuenta que, de esta base, 1.634 casos efectivamente constituyen denuncias de violencia institucional en el marco del estallido social.»
Más adelante se informa: «De acuerdo con la información actualizada al 31 de diciembre del 2024, existen 10.142 causas ingresadas por violencia institucional, cuyos hechos corresponden al período entre el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020 en el contexto del estallido social. De dichos casos, la mayoría están terminados (90,9%) y un 9% se encuentra con estado vigente a la fecha de la extracción de los datos.

En relación con el total de delitos asociados a cada una de las «relaciones» (una relación es la suma de un delito y un imputado, número mayor al de casos pues en muchas ocasiones se agrupan varias «relaciones» en una misma causa), el informe señala: «se contabilizan 10.540 delitos, de los cuales los «Apremios Ilegítimos» y los «Abusos contra particulares Art. 255, concentran el 91,8% de total de delitos registrados.

En cuanto a los imputados ingresados, un 90% corresponde a imputados desconocidos y el 10% restante son imputados conocidos. Al contabilizar por documento de identidad (RUT) estos últimos alcanzan las 724 personas, y de ellas, un 36% ha sido formalizado. Es decir, en un gran mayoría de casos, no hay individualizado a ningún imputado.
En cuanto a las víctimas, el informe da el siguiente detalle por sexo y tramos de edad:

En relación a la finalización de los casos, la información entregada por la Fiscalía señala que los 10.142 casos identificados (con la identificación de RUC) contienen 13.371 relaciones registradas en el Servicio de Atención a Fiscales, SAF. Del total de estas relaciones registradas en el SAF, el 89% de ellas (11.897 están concluidas, el 10,8% está vigente (1446) y el 0,2% (28) de las relaciones está suspendida.
De las relaciones concluidas, un 26,2% (3.186) se encuentran agrupadas, es decir estos hechos están asociados a otra causa existente.
Del total de relaciones concluidas o suspendidas (11.925) un 3,4% de ellas presentan una «Salida Judicial», y un 69,3% presentan una «Salida No Judicial».

Por último, concluye el informe de la Fiscalía, en cuanto a las sentencias por casos, el registro de jurisprudencia que realiza la Unidad Especializada en Derechos Humanos se enfoca en los delitos de tortura, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradanes, y vejaciones injustas. Sin perjuicio de lo anterior, se identificaron algunas sentencias condenatorias por los delitos de homicidio, cuasidelito de homocidio, cuasidelito de lesiones, violencias innecesarias, y detenciones ilegales o arbitrarias.
Hasta el 28 de febrero de 2025, la Fiscalía de Chile registra un total de 76 sentencias. De esas 76 sentencias, 55 son condenatorias, y 21 absolutarias.