Fiscalía intenta cerrar caso de baleo por la espalda y por costado a Maximiliano Rodríguez y Tomás Pérez, víctimas de «gatillo fácil» de carabinero amparado en «Ley Naín Retamal»

El 20 de julio del 2023 un teniente de Carabineros dio muerte a Maximiliano Rodríguez y Tomás Pérez, de 18 y 16 años respectivamente, cuando ambos caminaban juntos por el paso a nivel de calle Balmaceda, sobre el Río Mapocho a la altura de la calle Manuel Rodríguez, en el límite entre las comunas de Santiago y de Independencia y la población Juan Antonio Ríos, barrio de los dos jóvenes adolescentes.
Se trata de uno de los tantos casos en que la llamada «Ley Naín Retamal» ha producido el efecto de propender a una utilización arbitraria de las armas de fuego y garantizar la aplicación de una «legítima defensa» privilegiada para los funcionarios policiales.
El informe pericial del Servicio Médico Legal ha confirmado hace 3 semanas que los impactos de bala fueron por la espalda (en el caso de Maximiliano), y por el costado del cuerpo, en el caso de Tomás, confirmando lo que familias, amigos y compañeros de los dos jóvenes y su defensa jurídica han sostenido en el juicio: se trata de un homicidio de parte del teniente de Carabineros en el que no había en caso alguno la posible existencia de una «legítima defensa» del funcionario policial.
Se trata de dos jóvenes que, como tantos jóvenes de los sectores populares de nuestro país y tantos países más, habían crecido en contextos de graves abandonos sociales y precariedades.
Como lo atestigua una nota de fines del año pasado, «Criminalización de la pobreza en el Chile actual: LA MUERTE DE MAXI Y TOMÁS» (Kaos en la Red), «Maximiliano Rodríguez Rozas, de solo 18 años, al otro día comenzaba un nuevo trabajo. Se había cortado el pelo y había terminado su tratamiento por consumo de drogas en Tali Takum. Asistía al preuniversitario “Yoshua Osorio” y su madre había pagado la PAES para el acceso de él a la Universidad. Ese día el joven estuvo desde temprano reparando las goteras del techo y en la tarde cuidando a su hermano menor, que era lo que hacía cuando su madre salía a trabajar.
Tomás Pérez Villegas tenía 16 años, estaba en el primer año de Enseñanza Media en el Liceo José Manuel Balmaceda de Independencia, y al otro día iba a ingresar a un centro de tratamiento por consumo problemático de drogas. Lo habían derivado desde la Fundación Vida Compartida (programa PEC Morense). Su madre, sus educadores y el mismo Tomás, solicitaban ese tratamiento desde hacía años.»
Un documental realizado por el medio «La Izquierda Diario» de julio de este año, relata en detalle el caso y la red de organización social tejida a partir de él.
Este lunes, la abogada y familiares de las víctimas de este caso realizaron un punto de prensa en las afueras del Palacio de Tribunales con motivo de responder públicamente a la solicitud de la Fiscalía en el sentido de «no perseverar» en el procedimiento, es decir, dejarlo terminar sin juicio y en completa impunidad.
Se trata de un caso en que han habido un sinnúmero de irregularidades, partiendo por la investigación inicial del suceso ocurrido en la frontera de las comunas de Santiago e Independencia.
Como relata la abogada Matilde Alvear en la nota antes reseñada: “El relato del carabinero se tomó como el oficial, pero no se ha corroborado de ninguna manera que sea verídico. Hay fotos del sitio del suceso en la carpeta investigativa donde se ve a los chicos muertos y abajo aparece: “sujeto autor de robo”. O sea, los imputan sin diligencias previas. No hay cámaras en el punto en que ellos se encontraron con el carabinero, no hay testigos. No hay autopsia de Maximiliano, solo autopsia de Tomás, pero es muy básica: no se dice la trayectoria de los proyectiles, y no es lo mismo que le hayan disparado de frente o de espalda. Solo dice “causa de muerte: ‘herida torácica por bala’. Sin embargo, lo mínimo es tener esos elementos para hacer una afirmación que impute a las víctimas. Junto con eso, al inicio nos costó mucho dar con la causa, no aparecía online y eso es extraño”.
Por todo esto, y con el objeto de visibilizar este grave crimen y evitar que se cierre sin juicio, se ha convocado a una manifestación este VIERNES 11 de Octubre a las 10 am en las afueras de la Fiscalía en el Palacio de Justicia, Metro Rondizzoni.