Hasta el New York Times lo reconoce: Trump ordena ejecuciones extrajudiciales frente a costas de Colombia y Venezuela violentando la legalidad internacional
Incluso en el propio Estados Unidos surgen voces críticas hacia las operaciones militares desplegadas por el gobierno de Donald Trump en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela y Colombia. En una nota publicada el pasado viernes 24 de octubre con el título «El peligro de una Casa Blanca que hace alarde de su indiferencia hacia la ley«, el NYT (medio con estrechos lazos en el aparato imperial estadounidense y alineado con el Partido Demócrata) informa lo que vienen denunciando los gobiernos de Venezuela y Colombia: que el gobierno de Donald Trump ha desatado una operación ilegal al autorizar operativos militares que resultaron en la muerte de al menos 43 personas en aguas del Caribe y el Océano Pacífico. La justificación: su presunta vinculación con el narcotráfico. La nota del New York Times se queja: el gobierno de Trump ni siquiera presta atención a las objeciones sobre la legalidad de estas acciones, y ha creado un blindaje jurídico a las acciones del Presidente Trump haciendo de sus decisiones algo incontrovertible.
Incluso el «New York Times» lo señala en una nota publicada el pasado viernes con título «El peligro de una Casa Blanca que hace alarde de su indiferencia hacia la ley»: Los ataques ordenados por el gobierno de Trump al aparato militar estadounidense, que incluyen el uso de fuerza letal contra embarcaciones, han sido condenados por expertos en derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales ilegales, y el gobierno estadounidense no ha presentado una argumentación jurídica que respalde legalmente estos asesinatos e incluso hace alarde de ello.
Reconoce abiertamente la nota firmada por Charlie Savage: «En tiempos de paz, atacar a civiles —incluso a presuntos delincuentes— que no representan una amenaza de violencia inminente se considera asesinato. En un conflicto armado, es un crimen de guerra. El derecho internacional aceptado por el ejército estadounidense lo establece, al igual que las leyes estadounidenses. Al afirmar que puede ordenar al ejército matar a personas sospechosas de tráfico de drogas como si fueran soldados enemigos en un campo de batalla, Trump está difuminando la línea entre hacer cumplir la ley y declarar la guerra.»
La «doctrina Trump»: de presidente a juez y verdugo
A diferencia de administraciones anteriores, señala la nota del NYT, que elaboraban extensos memorandos legales para justificar operaciones controvertidas –como los ataques con drones de Obama–, la Casa Blanca actual se limita a afirmar que existe un «conflicto armado» con los cárteles, equiparando el tráfico de drogas con un acto de guerra. Sin embargo, no existe una base jurídica internacional que sustente esta equiparación.
«Es la consolidación de una peligrosa doctrina de impunidad presidencial«, señaló un analista regional. «Trump actúa como fiscal, juez y verdugo, sin presentar pruebas ni respetar el debido proceso, y lo hace además en aguas de países soberanos», señala una fuente sin identificar en la nota del NYT.
Un doble discurso con graves consecuencias para la región
La estrategia de Trump no solo es legalmente cuestionable, sino que también revela un enfoque selectivo y geopolíticamente conveniente:
El problema declarado versus el blanco elegido: Trump ha intentado justificar estas operaciones bélicas en las muertes generadas en Estados Unidos a causa de las drogas. Sin embargo, la gran mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos son causadas por el fentanilo, producido principalmente en México. Sin embargo, estos ataques se concentran en el Pacífico y Caribe sudamericanos, zonas de producción y tránsito de cocaína.
La Soberanía y Paz vulneradas: Los operativos se realizan en aguas internacionales pero frente a costas de países latinoamericanos, afectando la seguridad y la estabilidad regional sin una coordinación transparente con los gobiernos locales. Esto implica una clara violación a los principios de cooperación y de no agresión entre gobiernos y Estados, y una amenaza militar que además está acompañada de declaraciones y acciones de Trump que avalan las operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.
La militarización que agrava el problema: Se abandona el trabajo de inteligencia e interdicción policial y judicial –que sí permite judicializar a los culpables– por una lógica de militarización que ha demostrado su fracaso en las últimas décadas.
Un precedente peligroso y un mensaje claro
La nota del NYT reconoce la plausibilidad de las críticas que desde hace décadas se han formulado a las políticas de «guerra contra las drogas» en nuestra América. Y agrega: Esta política no solo es ineficaz para resolver el problema de las drogas, sino que establece un precedente de alta peligrosidad, que el gobierno de EE. UU. se puede auto-otorgar el derecho de asesinar sumariamente a personas en el extranjero, basándose en sospechas y sin presentar si quiera pruebas de ello ante un tribunal o al público en general.
Para América Latina, esto representa una escalada alarmante en la política de seguridad impulsada desde Washington, que prioriza la espectacularidad y la fuerza bruta sobre la cooperación, el respeto a la soberanía y las soluciones de fondo a un problema complejo y transnacional.
La retórica de «combate al narcoterrorismo» sirve así para justificar una expansión aún mayor del poder ejecutivo estadounidense con efectos extra territoriales y una violación flagrante de los derechos humanos y de la legalidad internacional, teniendo a la región una vez más como campo de prueba.
Fuente: The Peril of a White House That Flaunts Its Indifference to the Law, NYT, Charlie Savage, autor sobre seguridad nacional y política legal para The New York Times.
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