El incendio en las bodegas de Kayser en Renca y sus cinco muertes sin respuesta: los hechos no esclarecidos, un sitio del suceso sin resguardo, peritajes no realizados, y la lucha por verdad, justicia y memoria
A siete años del incendio de las bodegas de la textil Kayser, ocurrido el 20 de octubre de 2019 en Renca, la Fiscalía Centro Norte prepara el cierre de la causa a partir de un informe de 500 páginas de la PDI, que descarta la intervención de agentes del Estado y desarma dos testimonios falsos que circularon durante años. Esa conclusión no borra lo que una Comisión Investigadora de la Cámara aprobó por unanimidad: abandono del sitio del suceso, un segundo incendio, autopsias sin Protocolo de Minnesota, cadenas de custodia rotas, evidencias desestimadas y víctimas estigmatizadas como “saqueadores”. Sin embargo, a pesar de todas las irregularidades detectadas, ninguna responsabilidad civil, penal, administrativa o política ha sido ejercida hasta hoy, e incluso el fiscal a cargo, José Morales, fue propuesto en noviembre de 2022 como Fiscal Nacional por parte del entonces presidente Gabriel Boric. En octubre de 2025 un informe de la Policía de Investigaciones intentó enterrar las muy fundadas sospechas sobre el caso, pero la causa penal y la demanda por indemnización por falta de servicio por el Estado siguen su curso hasta hoy. Las familias, que debieron convertirse en sus propios investigadores, constituyeron en enero de 2026 la Corporación Verdad y Justicia del Caso Kayser y exigen Verdad, Justicia, y un sitio de memoria en el lugar de la tragedia.
El domingo 20 de octubre de 2019, dos días después del estallido social que dio inicio a la revuelta popular del 2019-2020, Chile estaba bajo Estado de Emergencia, con toque de queda y militares en las calles. Ese día se produjo un masivo saqueo y un incendio en las bodegas de la empresa textil Kayser, ubicadas en Renca. Una vez controlado el fuego por Bomberos, se hallaron en el altillo del segundo piso los cuerpos calcinados de cinco hombres: Yoshua Osorio Arias, de 17 años, estudiante de enseñanza media; Andrés Felipe Ponce Ponce, de 38; Manuel Jesús Muga Cardemil, de 59; Julián Marcelo Pérez Sánchez, de 51; y Luis Antonio Salas Martínez, de 47.
Desde esa noche, el Ministerio Público y Carabineros sostuvieron que habían muerto por asfixia e intoxicación por gases tóxicos durante el saqueo. El año pasado, cuando se cumplían seis años después de los hechos, esa tesis fue repetida en el informe que la PDI entregó a la Fiscalía. Lo que la historia posterior del caso muestra es el modo en que se llegó a ella: con prejuicios de clase desde el primer parte policial, con un sitio del suceso abandonado y sin resguardo, con autopsias rutinarias donde correspondía un estándar internacional de investigación de muertes potencialmente ilícitas, y con familias que recibieron burlas, amenazas y “llamadas equivocadas” mientras buscaban a sus deudos.
Cinco trabajadores que el Estado catalogó de “saqueadores” antes de identificarlos
Los partes policiales y las intervenciones del Ministerio Público calificaron a las víctimas de “saqueadores” o “delincuentes” en las primeras horas, antes de las pericias de identificación. El fiscal a cargo declaró públicamente que los cuerpos no presentaban lesiones balísticas, con lo que fijó desde el comienzo una hipótesis de accidente sin intervención de terceros. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el caso acreditó después que ese sesgo condicionó el sesgo de la investigación y que se omitieron antecedentes básicos sobre quiénes eran las personas fallecidas.
Manuel Muga era jardinero de un colegio de Renca. Padecía hipertensión, diabetes insulinodependiente, artrosis y artritis severa, y su movilidad estaba seriamente limitada. Cerca de las 15:00 horas salió de su casa a comprar una torta de cumpleaños para su yerno, con un “voy y vuelvo” que su esposa, María Teresa Román, y su hija recuerdan hasta hoy. Las revisiones periciales de su tarjeta de transporte público confirmaron que no registró pasajes, lo que vuelve improbable que haya recorrido a pie la distancia hasta la bodega. Las familias recalcan, además, que le era físicamente imposible subir por sus propios medios al altillo del segundo piso.
Andrés Ponce, trabajador de 38 años y padre de una niña de 13, salió de su casa dejando su teléfono celular y sus documentos de identificación, tras avisar que volvería de inmediato. Según testimonios citados en la investigación parlamentaria, habría entrado a las bodegas para buscar y sacar del lugar al menor Yoshua Osorio. Su madre, Alejandra Ponce, lo resumió ante la prensa: “Mi hijo trabajaba desde los 17 años. Me duele tanto que hayan dicho que era ladrón. Era una persona de 38 años que salió de la casa diciéndole a la abuela que volvería altiro”.
Yoshua, de 17 años, no tenía antecedentes de participación en actos vandálicos ni registros policiales. Su madre, Solange Arias, relató que cerca de las 15:00 horas el joven se acercó a mirar lo que ocurría en la fábrica junto a su cuñado y a Julián Pérez, y que minutos después se perdió su rastro. Esa misma tarde Solange acudió al lugar y fue amenazada por militares y carabineros para que se retirara, en virtud del Estado de Emergencia. Julián Pérez, comerciante peruano de la feria de Renca, conocía a la familia de Yoshua. Su familia en Perú enfrentó el proceso de repatriación exigiendo saber quién filtró el video de los cuerpos y quién inició el fuego.
Solange Arias dijo a los medios: “Por ser pobres nosotros tuvimos que aguantar que nos discriminaran como delincuentes… Mi hijo no merecía morir así. Nosotros somos gente trabajadora, gente pobre pero honrada”. El trato institucional que recibieron las familias confirma esa percepción. Cuando la hija de Manuel Muga acudió a la Séptima Comisaría de Renca a interponer una denuncia por presunta desgracia, el carabinero que la atendió le preguntó si su padre “no se habrá ido con otra mujer”. En el Servicio Médico Legal, cuando la hija de Andrés Ponce llegó a realizarse las pruebas de ADN, un funcionario preguntó a viva voz: “¿Ustedes vienen por el muerto?”. El municipio, encabezado por el alcalde Claudio Castro —por entonces militante DC, renunciará al partido a fines de ese mes—, adoptó en primera instancia una postura alineada con la tesis oficial que catalogaba a los fallecidos como partícipes de saqueos, y sólo más tarde abrió un diálogo con los deudos.
Las múltiples irregularidades en la fijación, levantamiento, y resguardo inmediato del sitio del suceso
El procesamiento del sitio del suceso la noche del 20 de octubre estuvo marcado por una duplicidad que el informe consolidado de la causa consigna con detalle. En el lugar estaba el Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en la doble calidad de voluntario de Bomberos, participando en el control del fuego, y de persecutor penal, dictando las primeras instrucciones investigativas. Esa superposición de roles dejó una zona gris sobre el origen de las órdenes y sobre la independencia pericial desde las primeras horas.
Las labores de fijación y levantamiento del sitio del suceso a cargo de Carabineros se extendieron cinco horas, entre las 22:00 del 20 de octubre y las 03:00 del 21. Los especialistas de Labocar y OS9 no hicieron una fijación planimétrica adecuada ni confeccionaron croquis exhaustivos. Terminado el trabajo, el personal policial se retiró sin cerrar el perímetro ni disponer custodia oficial.
Durante ese mismo operativo, un funcionario de Carabineros, David Moreno, grabó con su teléfono particular los cuerpos humeantes de las cinco víctimas y emitió comentarios peyorativos y degradantes que los catalogaban de “saqueadores”. El video circuló por grupos de WhatsApp y se viralizó en redes sociales. La institución le aplicó la sanción administrativa más leve, dos días de arresto, y el funcionario fue formalizado por delitos contra la privacidad recién en marzo de 2023. La grabación fijó ante la opinión pública el relato oficial antes de que se realizara una sola autopsia.
Un sitio del suceso abierto durante semanas, evidencias que no se levantaron y un segundo incendio
Tras el retiro de los cuerpos, ni Carabineros ni la Fiscalía dispusieron cierre perimetral ni resguardo del recinto, en abierta contravención del artículo 83 del Código Procesal Penal, que obliga a las policías a aislar la escena de un delito para evitar la contaminación o destrucción de evidencias. La bodega quedó abierta y abandonada. Entraron vecinos, recolectores de chatarra, periodistas y familiares de las víctimas.
El 8 de noviembre de 2019, casi tres semanas después de la tragedia, la periodista Paola Dragnic ingresó junto a familiares de las víctimas y encontró restos biológicos y prendas adheridas al piso, en sectores distintos de aquellos donde habían aparecido los cuerpos. Entre los hallazgos había un trozo de pantalón con cinturón, un llavero atribuido a Manuel Muga, un cargador y bidones con restos de acelerante en el primer piso. A través de una abogada, la familia llamó al fiscal José Morales para pedir el levantamiento oficial de las pruebas. El fiscal lo rechazó y calificó las evidencias de “no relevantes”, con el argumento de que Labocar y OS9 de Carabineros ya habían cerrado su informe de la escena. Los familiares debieron llevar las prendas por su cuenta a la Séptima Comisaría de Renca, a las 4:00 de la madrugada, para dejar una constancia escrita.
El 12 de noviembre de 2019, pocos días después de ese hallazgo, se produjo un segundo incendio en la bodega abandonada, que consumió la estructura remanente y las posibles evidencias que aún contenía. El siniestro ocurrió días antes de una inspección con perros adiestrados de la SEBV de Carabineros programada por el propio fiscal Morales, que no pudo ejecutarse de forma adecuada por el peligro de derrumbe que dejó este segundo incendio.
El destino de las cámaras de seguridad completa el cuadro. La bodega contaba con numerosas cámaras externas e internas, y la Fiscalía no aseguró de inmediato los equipos de grabación (DVR). El guardia de seguridad declaró en tres ocasiones que la tarde del 20 de octubre acompañó a ejecutivos de Kayser a extraer los discos duros con las grabaciones y se los entregó a la gerencia. La representación legal de la empresa sostuvo ante Carabineros y el Ministerio Público que los DVR habían sido robados o consumidos por el fuego. La Fiscalía tardó meses en despachar órdenes para investigar esa contradicción.
Tampoco se profundizó, según constató la Comisión Investigadora, en el cobro del seguro comercial de Kayser, por un monto superior a los 3.000 millones de pesos. Reportajes de investigación revelaron además intercambios de cartas y correos entre el fiscal Morales y Paula Abugattás, abogada e hija del dueño de la empresa. En ellos, Morales le confirmó formalmente que las diligencias en terreno estaban “finalizadas”, lo que dio a Kayser luz verde para la limpieza, la demolición del recinto y la tramitación del seguro. Tras el hallazgo de la bala calibre .22 en una de las víctimas, el mismo fiscal solicitó voluntariamente un rifle de ese calibre propiedad de Edward Abugattás, dueño de Kayser. Los peritajes comparativos no se concluyeron ni se aclararon oportunamente.
Las familias recibieron el consejo de no querellarse y una causa sin formalizados
A fines de octubre de 2019, en reuniones con los familiares, los fiscales Morales y Armendáriz les sugirieron no interponer querellas criminales, con el argumento de que las causas de muerte por incendio ya estaban acreditadas. Los familiares se querellaron igualmente, representados por las abogadas Alejandra Arriaza y Florence Sussmontes, y más tarde también por el abogado Matías Soto. Las querellas denunciaron homicidio calificado y obstrucción a la investigación, y acusaron inactividad procesal, retraso injustificado en el despacho de órdenes a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y desatención de las evidencias levantadas por los propios deudos.
Los plazos hablan por sí solos. El Ministerio Público tardó un año, cinco meses y catorce días en traspasar la orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu) de la PDI, lo que ocurrió en abril de 2021. En un preinforme entregado a la Fiscalía, la propia policía civil dejó constancia del “desorden” en los tomos de la carpeta investigativa y de la escasez de información reunida durante los primeros meses. Entre 2021 y 2022 la causa permaneció desformalizada.
La Fiscalía entregó además información contradictoria. En 2021 informó por escrito al Congreso y al INDH que “no existían antecedentes de impactos balísticos” en los cadáveres, aunque en la carpeta constaba la extracción de un proyectil en el pie de Luis Salas y la detección de objetos metálicos en Andrés Ponce. El plano y el registro planimétrico y fotográfico del levantamiento de los cuerpos, que vinculaba la posición exacta de cada víctima en la bodega, se mantuvo en una carpeta separada. Los abogados querellantes y los peritos de las familias no lo recibieron durante más de tres años, hasta marzo de 2023, y el documento se exhibió por primera vez en la propia Comisión Investigadora.
Autopsias de rutina para muertes que exigían el Protocolo de Minnesota
El Servicio Médico Legal concluyó de manera uniforme que las cinco personas murieron por asfixia e intoxicación por gases tóxicos. Para ello practicó autopsias bajo procedimientos estándar, y no bajo el Protocolo de Minnesota, el estándar internacional obligatorio para muertes potencialmente ilícitas o acaecidas en contexto de custodia o de excepción constitucional. El Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF) denunció en su metaperitaje que las necropsias se realizaron bajo la clasificación de NN, sin identificación científica previa. Agregó que los peritos de confianza de las familias no pudieron presenciarlas, que no existían croquis ni fotografías periciales del levantamiento de los cadáveres, que no se hicieron análisis químicos sistemáticos de acelerantes en las prendas y que la cadena de custodia se rompió de manera generalizada.
El 6 de enero de 2020 el ECHAF entregó su análisis de las autopsias originarias y planteó, para cada víctima, hipótesis alternativas de lesiones previas o simultáneas a la muerte:
En Luis Salas constató un proyectil calibre .22 alojado en el metatarso del pie izquierdo, asociado a una herida reciente que limitaba su desplazamiento, además de fracturas costales, un hematoma subdural y una fractura de clavícula y de cuatro metatarsos de carácter perimortem, que no son atribuibles al fuego ni al proyectil y que sugieren, a juicio de los peritos, la acción violenta de terceros. Existe además una contradicción técnica: el SML afirmó que la bala no presentaba deformación, y Labocar de Carabineros sostuvo lo contrario.
En Andrés Ponce detectó en las placas radiológicas un objeto radiopaco de morfología cilíndrica en la zona del húmero del brazo derecho, que el SML no describió, y un hematoma subdural. El médico legista Germán Tapia lo atribuyó al calor. Ante los cuestionamientos, el SML argumentó por oficio que se trató de una “transcripción errónea” y que la lesión era en realidad un hematoma extradural o epidural en “panal de abejas”, propio de la exposición al fuego. El ECHAF sostiene que las colecciones subdurales derivan de traumatismos o impactos violentos en vida y no de la acción térmica.
En Yoshua Osorio analizó tres orificios en la parrilla costal posterior, en las costillas 10ª y 11ª. La autopsia los describió con “astillamiento externo y pérdida de segmentos” en la cara interna pleural, y los catalogó genéricamente como “soluciones de continuidad” causadas por el calor. El ECHAF señala que esa descripción es técnicamente compatible con un evento de energía contundente o con el paso de un proyectil de arma de fuego, y critica que no se realizara un diagnóstico diferencial. Cuestionó asimismo la falta de profundización en las fracturas conminutas de cráneo y el hematoma epidural.
En Manuel Muga identificó anomalías en la carbonización parcial de las costillas, traumatismos óseos con fractura en el codo, lesiones en extremidades y hematomas craneales sin explicar.
En Julián Pérez observó que todas las extremidades estaban flectadas salvo una, lo que sugiere que el cuerpo no estuvo expuesto a una fuente de calor uniforme y plantea la hipótesis de atrapamiento físico, elementos de sujeción o intervención previa de terceros.
El médico forense Luis Ravanal examinó los antecedentes tanatológicos tempranos y concentró sus críticas en la autopsia de Yoshua Osorio. Denunció que el SML no midió el diámetro de los tres orificios, no describió sus bordes con rigor ni tomó muestras de tejido óseo y muscular adyacente para análisis histológico. Sostuvo que, sin esas mediciones y muestras, resulta científicamente infundado afirmar que las perforaciones eran “explosiones de vapor por calor” antes de descartar pericialmente el impacto de proyectiles.
Bernardo Morales, exjefe del Departamento de Tanatología del SML, analizó los protocolos de autopsia a petición de investigaciones periodísticas e instancias parlamentarias y se refirió a la posición de los cuerpos. Los cadáveres yacían extendidos, boca arriba o boca abajo. La reacción fisiológica y neuromuscular natural de un individuo consciente ante el fuego y el humo es la flexión de las extremidades, la postura fetal o “de boxeador”, para proteger rostro y tórax. Al cruzar esa posición relajada con los proyectiles de Luis Salas y los hematomas craneales de Andrés Ponce y Manuel Muga, concluyó que las víctimas estaban inconscientes o imposibilitadas físicamente de desplazarse cuando el incendio comenzó a consumir el recinto.
Los errores del SML alcanzaron también la relación con las familias. Los deudos denunciaron un “desorden total” en la identificación. El SML los contactó repetidas veces para citarlos a reconocer cuerpos o para notificarles falsos positivos de ADN, respecto de personas ya identificadas o sepultadas. Lamadre de Andrés Ponce, relató haber recibido tres llamadas contradictorias: en una le informaron de un resultado de ADN perteneciente a otra persona, y en otra la citaron a reconocer un cuerpo que ya había sepultado días antes.
Las exhumaciones de 2023 repitieron los vicios que debían corregir
Tras más de tres años de solicitudes de las familias y a partir de sugerencias de la Bridehu, el Ministerio Público autorizó en enero de 2023 la exhumación de Yoshua Osorio y Andrés Ponce, que se realizaron el 1 y el 2 de febrero, respectivamente. En noviembre de 2022 la Policía de Investigaciones había concluido, en un reporte preliminar, que las soluciones de continuidad en el tórax de Yoshua correspondían a lesiones o quemaduras post mortem, y había sugerido las exhumaciones. La diligencia debía reevaluar los tres orificios costales de Yoshua y esclarecer si los objetos metálicos de Andrés Ponce eran fragmentos balísticos o escombros del incendio. La exhumación de Luis Salas, a quien se le había extraído una bala del pie, no fue solicitada.
El procedimiento mostró nuevas irregularidades, que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados incorporó. En marzo de 2023 el médico legista Germán Tapia abrió la bolsa del cadáver de Andrés Ponce y rompió los sellos sin autorización, sin registro audiovisual y sin presencia de los familiares. El SML justificó el hecho como una “confusión de lectura en el número de identificación”. Se constató, además, que los cuerpos habían sido sepultados en sus ataúdes dentro de bolsas de basura, lo que la Comisión calificó de transgresión a la dignidad de las personas y de factor de degradación de la evidencia textil y biológica.
El Juzgado de Garantía había autorizado la participación del ECHAF como equipo pericial de confianza de las familias. La Fiscalía Nacional se negó a financiar sus honorarios, de unos 12 millones de pesos, alegando falta de presupuesto, y el Ministerio Público cuestionó además su imparcialidad por haber elaborado críticas previas al SML. Las nuevas autopsias de mayo de 2023 (protocolos N° 315/2023 y N° 313/2023) se realizaron solo con peritos estatales del SML y de la PDI, y un perito externo como veedor.
El SML concluyó en sus informes radiológicos que las imágenes metálicas del cuerpo de Andrés Ponce no tenían morfología ni densidad balística y las atribuyó a escombros adheridos a la piel por el calor. Las familias mantuvieron sus dudas, dado el sesgo investigativo previo y la ausencia de contraperitajes antropológicos independientes. Según el informe consolidado de la causa, la querellante Alejandra Arriaza había solicitado la exhumación para revisar elementos radiopacos detectados en la zona del brazo, no periciados en la primera autopsia. Al efectuarse la segunda autopsia, previo ingreso del cadáver a la sala de peritajes con los sellos y la cadena de custodia rotos, el elemento observado en las radiografías anteriores había desaparecido del cuerpo. El SML instruyó un sumario administrativo interno, que concluyó sin identificar responsables ni aplicar sanciones.
El informe del Congreso acreditó negligencias graves del Estado
La Comisión Especial Investigadora (CEI-12), creada en agosto de 2022 y presidida por el diputado Andrés Giordano, aprobó por unanimidad su informe final el 31 de julio de 2023. La Sala de la Cámara lo ratificó en noviembre de ese año con 85 votos a favor de los 155 diputados y diputadas en total. El documento contó con el respaldo transversal de parlamentarios desde el Frente Amplio y el Partido Comunista hasta la UDI y el Partido Republicano. Concluyó que existieron graves negligencias, omisiones y falta de debida diligencia del Servicio Médico Legal, Carabineros y el Ministerio Público, y el incumplimiento de los deberes de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad.
Entre las fallas acreditadas figuran el deficiente resguardo del sitio del suceso, que derivó en un segundo incendio, y la inobservancia del Protocolo de Minnesota. El informe constató también errores técnicos en los informes tanatológicos del SML, el descarte arbitrario de los peritos independientes de las familias por falta de presupuesto, y las omisiones y los informes contradictorios del Ministerio Público sobre los hallazgos balísticos. Se sumaron la ruptura reiterada de la cadena de custodia, la entrega de los restos en bolsas sin protocolos de trato digno, la criminalización anticipada de las víctimas y la omisión de antecedentes como la discapacidad motriz de Manuel Muga o el hecho de que Andrés Ponce ingresó a buscar a un menor. La Comisión cuestionó, además, la falta de profundización en el cobro del seguro y en el destino de los DVR, y la apertura de un sumario administrativo por el SML apenas dos días después de recibir la citación del Congreso.
La diputada Marta González relevó en las conclusiones el trasfondo de esa actuación: los órganos del Estado evidenciaron un patrón en el que la protección de la propiedad privada de la empresa prevaleció sobre la tutela del derecho a la vida y la dignidad de víctimas pertenecientes a sectores vulnerables.
La Cámara aprobó cuatro recomendaciones. La primera es legislar para que el Protocolo de Minnesota se aplique de manera obligatoria en el SML y en los órganos persecutores ante muertes ocurridas en estados de excepción constitucional. La segunda es propender a un memorial y espacio de memoria en los terrenos de la exbodega, coordinando con el Serviu y la municipalidad dentro de los proyectos habitacionales previstos. La tercera es impulsar reformas que fortalezcan los derechos de las víctimas de delitos graves y creen un organismo público de asesoría jurídica especializada. La cuarta es exigir celeridad en los procesos penales pendientes y en las investigaciones disciplinarias internas del SML y de las fuerzas policiales.
Las familias recurrieron también a la vía de demanda civil. El 4 de octubre de 2023, los abogados Matías Soto y Alejandra Arriaza interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio contra el Fisco de Chile. La demanda invoca la vulneración de la igualdad ante la ley y el debido proceso, consagrados en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución y en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acusa al Ministerio Público de violar el principio de objetividad y el deber de persecución penal eficaz, al fijar hipótesis apresuradas y omitir líneas de investigación clave, y alega una denegación de justicia por la inacción prolongada frente a otras causas. Enumera como agravios la incertidumbre mantenida durante años, el deficiente resguardo del sitio, el trato denigrante con sesgo de clase y la cadena de errores del SML, y busca la reparación integral de las familias con independencia de la marcha de las causas penales.
El informe de 500 páginas de la PDI desmontó dos testimonios falsos y dejó en pie las fallas del Estado
El 17 de octubre de 2025, a seis años del siniestro, la Fiscalía Centro Norte recibió un informe pericial de la PDI de más de 500 páginas y anunció un próximo cierre de la investigación. El documento concluyó que el incendio fue de origen accidental y descartó la intervención directa de agentes del Estado o de terceros en el origen del fuego y en las muertes. La PDI reveló, además, dos testimonios falsos que habían circulado en redes sociales y que, según el propio informe, alimentaron las dudas durante años.
El primero corresponde a Aarón Pacheco Hernández, de 29 años, quien confesó haber inventado el audio MP4 conocido como “relato bombero”, de más de un minuto de duración, difundido por WhatsApp y luego viralizado por redes sociales. En él afirmaba que el día de los hechos estaba en la feria “comprando calcetines” y que no salió por miedo a un toque de queda “como en el año 73”. Pacheco mintió además a la madre de Yoshua Osorio, a quien aseguró haber visto a su hijo vivo antes de morir y que los cuerpos registraban disparos en pecho y cabeza. Su motivación, según el informe, fue una venganza personal contra integrantes de la 21ª Compañía de Bomberos de Renca, que lo habían rechazado y discriminado en su postulación.
El segundo es Gustavo Brito López, quien declaró en 2023. Publicó en Instagram una acusación contra un carabinero por haber incendiado las bodegas Kayser y la tienda Líder, y sostuvo en declaraciones que efectivos de la PDI y Carabineros habían torturado, golpeado y quemado vivas a las víctimas. Reconoció que actuó por la rabia acumulada tras haber sido golpeado con una luma policial durante las manifestaciones del estallido social.
La reacción política siguió líneas previsibles. El diputado Jorge Alessandri (del partido derechista UDI) declaró que los hallazgos demostraban la falsedad de los relatos sobre disparos y torturas en la fábrica, y emplazó a los dirigentes de izquierda a pedir disculpas por haber respaldado versiones que acusaban a Carabineros y Bomberos. El diputado Andrés Giordano (FA), expresidente de la Comisión Investigadora, precisó que la desacreditación de los falsos testigos no elimina las omisiones estatales acreditadas por la Cámara, y que siguen vigentes las responsabilidades administrativas y políticas por la falta de resguardo del sitio, la pérdida de evidencias, los errores del SML y la estigmatización de las familias.
La abogada Alejandra Arriaza desmintió que la causa estuviese pronta a cerrarse. Acusó una “filtración parcial y tendenciosa” del informe por parte del Ministerio Público, en vísperas del sexto aniversario, con el fin de desinformar a la opinión pública y desviar la atención de las faltas de servicio de las instituciones, y ratificó que la investigación penal y sus diversas aristas continúan vigentes. Solange Arias fue categórica: “No fue un accidente, fue manipulado… esta noticia nos hizo despertar con más fuerza para seguir luchando codo a codo”.
El orden de los hechos importa. Durante seis años, la Fiscalía, el SML y las policías no entregaron a las familias una explicación científica y verificable de cómo se originó el incendio ni de cómo murieron sus seres queridos. Ese vacío de información, sostenido por un sitio del suceso abandonado y peritajes que nadie quiso contrastar, es el terreno en el que prosperaron versiones inventadas por rencor personal. La PDI pudo desmontarlas. Las lesiones documentadas por el ECHAF, la bala calibre .22 en el pie de Luis Salas, la fractura perimortem de la clavícula y los metatarsos, el objeto radiopaco que desapareció del cuerpo de Andrés Ponce y los hematomas craneales siguen sin una explicación verosímil e independiente. Que esas hipótesis nacieran de peritos y no de redes sociales lo dice el propio historial del caso: el ECHAF las formuló en enero de 2020, y la PDI misma sugirió las exhumaciones en noviembre de 2022.
De la organización familiar a la Corporación Verdad y Justicia
En diciembre de 2025 se publicó el libro de poesía Desde la poesía: libro revisa el caso quemados en la bodega de Kayser, de la periodista Francisca Palma Arriagada, escrito tras cuatro años de investigación y creación literaria dedicada a las cinco víctimas.
El 6 de enero de 2026, en dependencias de la Municipalidad de Renca, familiares y organizaciones territoriales constituyeron la Corporación Verdad y Justicia del Caso Kayser. La preside Alejandra Ponce, madre de Andrés Ponce, y la vicepresidenta es María Teresa Román, viuda de Manuel Muga. Cuenta con el respaldo de la senadora Fabiola Campillai, el diputado Andrés Giordano, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), el Grupo Memoria Renca de Pie, el Colectivo Fotográfico de Renca, la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos y la junta de vecinos de la villa aledaña La Hacienda. Sus objetivos son exigir verdad, justicia y reparación integral para las cinco familias, coordinar acciones legales permanentes contra la impunidad y preservar la memoria con educación en derechos humanos.
El eje de esa agenda es el predio de la exbodega, ubicado en Miraflores 8770, comuna de Renca. Los terrenos pasaron a dominio del Estado a través del SERVIU, para la construcción de un complejo de departamentos y viviendas sociales. Las familias, la corporación, el SERVIU, la municipalidad y la entidad patrocinante del proyecto mantienen conversaciones para destinar y resguardar una fracción del terreno a un Centro Cultural y de Memoria, con espacios deportivos, áreas verdes y salas comunitarias para talleres dirigidos a jóvenes y vecinos de Renca. Sería el primer centro de este tipo constituido en democracia en la comuna, orientado a la educación en derechos humanos y al combate al negacionismo. Además, familiares y abogados ingresaron una solicitud ante el Consejo de Monumentos Nacionales para declarar la exbodega Sitio de Memoria. De concretarse, sería el primer sitio de memoria en Chile por vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en democracia, es decir, posteriores a la dictadura militar. La recomendación unánime de la Cámara de Diputadas y Diputados respalda expresamente ese objetivo.
La organización comunitaria incluye el Preuniversitario Popular Yoshua Osorio, y la participación en la Mesa de Derechos Humanos por la Vida Digna.
Una causa abierta contra la prisa por cerrarla
La investigación penal, como ha confirmado la abogada querellante Alejandra Arriaza en entrevista reciente, sigue vigente. La demanda civil contra el Fisco también. Arriaza estima que había más de mil personas en las inmediaciones el 20 de octubre de 2019 y ha pedido fotos, grabaciones o testimonios que aporten a la investigación. Agrega que el ingreso a la propiedad y el saqueo ya están prescritos, y que la investigación busca esclarecer los homicidios e incendios.
La Comisión Investigadora en el Congreso estableció que los organismos del Estado fallaron en lo más elemental: aislar una escena, custodiar una evidencia, aplicar un protocolo internacional y tratar con dignidad a cinco familias de trabajadores pobres. Si embargo, ninguna responsabilidad política o administrativa ha sido perseguida efectivamente. De hecho, el entonces presidente Gabriel Boric propuso al fiscal José Morales como Fiscal Nacional, propuesta que fue rechazada por el Senado a fines de noviembre de 2022. Cinco personas murieron en una bodega de Renca, y la verdad sobre cómo ocurrió sigue sin ser establecida por quienes tenían el deber de hacerlo. A siete años, la demanda por verdad y justicia en este y otros casos de violencia estatal en el marco del estallido social y revuelta popular sigue y seguirá vigente.
FUENTES Y VIDEOS RELACIONADOS:
A seis años del incendio de Kayser: familias y organizaciones levantan la Corporación Verdad y Justicia para enfrentar la impunidad, Radio Juan Gómez Millas, 9 de enero de 2026.
A seis años del estallido social: revelan falsos testigos tras cierre de investigación por incendio en bodegas Kayser, Nelson Quiroz, ADN Radio, 17 de octubre de 2025.
Caso Kayser: A 6 años del incendio durante estallido social crean la Corporación Verdad y Justicia, Cristian Neira, El Desconcierto, 7 de enero de 2026.
Caso Kayser: sin imputados a media década del hallazgo de cinco personas calcinadas en bodegas de Renca, Diego Ortiz, Interferencia, 20 de octubed de 2024.
¿Qué ocurrió en el caso de las bodegas Kayser?: Las dudas que persisten tras informe de la Cámara de Diputados, Radio Universidad de Chile, Fernanda Araneda, 6 de agosto de 2023.
A un año del incendio en la bodega Kayser: Familia de Yoshua Osorio mantiene dudas sobre causa de su muerte, Sofía Concha, Amy Franklin y Carla Padilla, PuroPeriodismo, 18 de octubre e 2020.
Caso Kayser: «Necesitamos que la gente entreguen testimonio»: Alejandra Arriaza, abogada de DDHH.
NOTAS RELACIONADAS:
Quién quemó el Metro, los intramarchas, y las preguntas abiertas sobre la violencia y la acción e infiltración de agentes estatales en el estallido social y revuelta popular de 2019-2020 en Chile
