¿Codelco al borde del precipicio? Cómo el directorio de Máximo Pacheco Matte y el gobierno de Boric facilitaron la crisis que hoy Kast usa para abrir la puerta a la privatización
La estatal cuprífera más grande del mundo cierra el ciclo de Gabriel Boric con una deuda récord de 26.328 millones de dólares, un fraude contable que infló artificialmente la producción para pagar bonos millonarios y un directorio salpicado por vínculos con el lobby minero transnacional. Ninguno de estos hechos es casual ni corresponde a una simple sucesión de errores técnicos: son el resultado de una gestión, la de Máximo Pacheco Matte, que privilegió sistemáticamente los acuerdos con el capital privado por sobre el patrimonio público, y que ahora, con Bernardo Fontaine al mando del directorio y José Antonio Kast en La Moneda, corre el riesgo de convertirse en la coartada perfecta para desmantelar la propiedad estatal de la cuprífera, continuando el camino de privatización del cobre iniciado por la dictadura y profundizado bajo los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría, y los gobiernos de Sebastián Piñera y su último eslabón bajo el mandato de Gabriel Boric.
Cuando en marzo de 2026 la producción de cobre de Codelco se desplomó un 41% interanual, el país descubrió que detrás de las cifras «récord» que la administración de Máximo Pacheco había exhibido durante meses existía una operación de maquillaje contable. Pero ese fraude —hoy investigado por el Ministerio Público— no es más que la punta visible de un iceberg financiero e institucional que la propia auditoría forense encargada por el nuevo directorio, encabezado por Bernardo Fontaine, dice que ha comenzado a destapar. La pregunta que hoy recorre el Congreso, encabezada por el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, no es solo quién es responsable de haber llevado a la principal empresa del país a una deuda de 26.328 millones de dólares, sino también qué uso se le dará a esa crisis en el nuevo escenario político abierto por la llegada de José Antonio Kast al gobierno.
Una deuda que no nació de la mala suerte: la Ley Reservada del Cobre y el drenaje sistemático de recursos
La cifra que domina el debate público —26.328 millones de dólares de deuda bruta al cierre de 2025, un 50% más que los 17.594 millones registrados en 2021— tiene un origen que rara vez se explicita en la prensa hegemónica: la Ley Reservada del Cobre (Ley 13.196), que durante décadas obligó a Codelco a transferir el 10% de sus ventas brutas al exterior directamente a las Fuerzas Armadas, con independencia absoluta de si la empresa generaba utilidades o atravesaba años de precios deprimidos. A diferencia de un tributo sobre las ganancias, este mecanismo operaba sobre los ingresos brutos, drenando el flujo de caja de la estatal incluso en los peores ciclos del mercado y forzándola a recurrir sistemáticamente al endeudamiento externo para sostener sus proyectos estructurales.
Entre 1999 y 2024, Codelco transfirió por esta vía 24.931 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, una cifra que, por sí sola, supera la deuda financiera total de la empresa al cierre de 2024 (23.226 millones de dólares). Si se suman los 11.329 millones de dólares en intereses generados por la deuda adicional que la empresa debió contraer para compensar ese drenaje, y los 781 millones de dólares de sobrecosto financiero derivados del deterioro de su clasificación de riesgo crediticio ante agencias como Moody’s, S&P o Fitch, el costo total acumulado de la Ley Reservada en veinticinco años asciende a 37.041 millones de dólares. Los propios análisis financieros son categóricos: de no haber existido esta carga, la deuda actual de Codelco rondaría los 5.000 millones de dólares, no los más de 23.000 millones que hoy exhibe.
La ley fue formalmente derogada en 2019 mediante la Ley 21.174, pero se estableció un período de transición de doce años —hasta 2031— durante el cual la estatal debe seguir realizando el mismo pago, con la única diferencia de que ahora los fondos van al Fisco y no directamente a las cuentas reservadas castrenses. Se trata de lo que se ha descrito como «el militar en la habitación» de CODELCO: un gasto masivo que durante décadas operó al margen de todo control presupuestario y democrático —sin debate parlamentario, sin rendición de cuentas pública, sin criterios fiscalizables— y que ha sido sistemáticamente invisibilizado en el debate sobre el endeudamiento de la cuprífera.
El fraude de las toneladas: cómo se fabricó el cumplimiento de metas para pagar bonos millonarios
Sobre esa base estructural de fragilidad financiera se montó, durante la gestión de Pacheco, un segundo escándalo que terminó de detonar la crisis: la sobreestimación de 26.875 toneladas de cobre fino —cerca del 2% de la producción anual de la empresa— mediante una reclasificación contable que registró como «producto terminado» materiales que técnicamente eran «productos en proceso», como los óxidos de Chuquicamata y el arsenito de calcio de Ministro Hales, que aún requerían tratamiento metalúrgico para ser vendibles.
El hallazgo no provino de los mecanismos regulares de fiscalización, sino de una denuncia anónima ingresada al canal ético el 3 de marzo de 2026, dirigida al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), presidido entonces por Tamara Agnic. La investigación, cerrada el 20 de mayo de 2026, confirmó que las cifras de producción de diciembre de 2025 —y de todo ese ejercicio— estaban infladas. La anomalía terminó de emerger cuando, agotado el inventario reclasificado, la producción real se desplomó: una contracción interanual del 41% en marzo de 2026 que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ya venía advirtiendo desde febrero de ese año, sin que la fiscalización gubernamental reaccionara con la premura que la gravedad del caso ameritaba.
La maniobra no fue inocua: al hacer aparecer como cumplidas metas de producción que en los hechos nunca se alcanzaron, gatilló el pago de 14,3 millones de dólares en bonos variables a 6.322 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la Casa Matriz. Analistas del propio sistema de control de gestión atribuyen el fraude a una asimetría estructural en el diseño de los incentivos: al definir las metas en unidades que admitían reclasificación contable discrecional y atar los bonos a esas cifras, el sistema generó un sesgo predecible hacia la manipulación en los meses de cierre de ejercicio. Codelco ha exigido la devolución retroactiva de la totalidad de esos fondos, lo que ha abierto un conflicto laboral con sindicatos que se niegan a restituir dineros por un error —o fraude— que consideran de responsabilidad exclusivamente ejecutiva. El gerente de Presupuesto y Control de Gestión, César Márquez Márquez, fue despedido de inmediato, y los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público. El actual ministro de Economía y Minería del gobierno de José Antonio Kast, Daniel Mas, calificó el episodio como «una falla grave en los controles» de la empresa, a la vez que los medios de prensa de las derechas —dominantes en el oligopólico escenario mediático chileno— utilizaron este nuevo tema para volver a instalar la idea de algún mecanismo de privatización de la minera estatal cuprífera chilena.
Financiar al Estado con deuda: el verdadero costo del pacto entre Boric y Pacheco
Más allá de esta anomalía o eventual fraude puntual, la auditoría forense ordenada por el nuevo directorio reveló algo aún más estructural: entre 2022 y 2025, Codelco entregó al Fisco aportes por 7.039 millones de dólares que no provinieron de excedentes operativos reales, sino que fueron financiados con nueva deuda. En ese mismo período, mientras el endeudamiento de la estatal aumentó en 8.734 millones de dólares, las utilidades acumuladas apenas alcanzaron los 626 millones de dólares —una cifra catorce veces menor al incremento de los pasivos—. Dicho de otro modo: el Fisco bajo el período del gobierno de Gabriel Boric recibió recursos fiscales inmediatos a costa de comprometer el patrimonio futuro de la principal empresa del país, en un período en que el precio del cobre fue un 30% superior al del cuatrienio anterior.
El deterioro operacional agrava el cuadro. La producción promedio anual entre 2022 y 2025 cayó un 16% respecto al período previo, mientras los gastos operativos subieron un 42% y el costo de producir cada tonelada de cobre se encareció un 81% frente al promedio de 2018-2021. Solo en 2025, Codelco debió desembolsar más de 1.000 millones de dólares únicamente para pagar intereses de su deuda acumulada —una cifra que superó las utilidades del ejercicio— y el flujo de caja operacional se redujo en más de 4.000 millones de dólares pese al favorable escenario de precios. Esta pérdida de eficiencia productiva, según se documenta, es lo que permitió a la minera privada con sede en Australia, BHP, arrebatarle a Codelco el liderazgo mundial en producción de cobre.
De la banca de inversión al directorio de la estatal: quién es Máximo Pacheco y a quién ha beneficiado
La trayectoria de Máximo Pacheco Matte no es la de un tecnócrata neutral llegado por casualidad a la conducción de la cuprífera. Su vínculo con Codelco se remonta a 1990-1994, cuando ejerció como vicepresidente ejecutivo de operaciones, y se prolonga hasta su reciente paso como presidente del directorio entre 2022 y 2026, bajo el gobierno de Gabriel Boric, quien lo designó personalmente para el cargo. Entre ambos períodos, Pacheco construyó una carrera estrechamente asociada al gran empresariado, condición que —lejos de ser un antecedente irrelevante— explica el patrón que caracterizó su segunda gestión al mando de la estatal: la de haber operado como el principal articulador de acuerdos que entregaron la explotación de recursos soberanos a consorcios transnacionales.
Bajo su conducción se cerró la extensión del contrato con SQM —controlada por la familia de Julio Ponce Lerou, el yerno de Augusto Pinochet Ugarte— para la explotación del Salar de Atacama hasta 2060, negociada personalmente por Pacheco y calificada como una entrega sin licitación de por medio. También se concretó la integración de los yacimientos de la división Andina con la transnacional anglosudafricana Anglo American, en lo que sus críticos describen como un salvavidas para las inversiones de esa minera en Chile, y se impulsó la explotación compartida del Salar de Maricunga con Rio Tinto.
A esa política de alianzas con el capital privado, Pacheco sumó un estilo de gestión que sus detractores en el Congreso definen como «opacas», amparado en la Ley de Gobierno Corporativo de 2009, que asimila a Codelco a una sociedad anónima privada para efectos de reserva de información. Se negó reiteradamente a entregar al Congreso los montos pagados a la consultora internacional Morgan Stanley por la asesoría financiera del acuerdo del litio, invocando cláusulas de confidencialidad, pese a que existe la sospecha de que la propia consultora tenía incentivos económicos directos para que el pacto se concretara —lo que habría sesgado sus recomendaciones técnicas—. De un acta de 43 páginas de la sesión de Corfo que entregó a Codelco el mandato para negociar con SQM, 33 páginas fueron entregadas totalmente tachadas cuando se solicitaron por vía de la Ley de Transparencia (Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública). Parlamentarios de diversos sectores denunciaron además que Pacheco y el Ministerio de Minería ejercieron presiones directas —mensajes y gestiones de lobby— para que diputados retiraran sus firmas y evitar así la constitución de una comisión investigadora sobre el acuerdo con SQM, al tiempo que insistía en ser el único interlocutor de la estatal ante el Congreso, impidiendo que gerentes técnicos o el propio presidente ejecutivo entregaran antecedentes de forma independiente.
El salar regalado: los números de un acuerdo que subsidia a la familia Ponce Lerou
El acuerdo con SQM merece un análisis propio, porque condensa buena parte de las contradicciones de la gestión de Pacheco y del gobierno que lo respaldó. Analistas han estimado que el pacto implica una enorme pérdida para el tesoro público, que algunos calculan del orden de los 10.199 millones de dólares, de los cuales unos 5.200 millones corresponden a un subsidio directo a la empresa de la familia Ponce Lerou: bajo el contrato vigente desde 2018, SQM estaba obligada a devolver a costo cero sus pertenencias mineras e infraestructura industrial en 2030, pero el nuevo acuerdo le permite seguir operando treinta años más. A ello se suma el costo de no haber optado por la operación directa del acuífero o por una licitación competitiva, estimado en 4.000 millones de dólares adicionales.
La comparación internacional con otras operaciones relacionadas agrava el juicio: la empresa china Tianqi pagó 4.000 millones de dólares solo por el 20% de las acciones de SQM, y Rio Tinto desembolsó 6.700 millones de dólares por un yacimiento de litio en Argentina que producirá apenas la mitad de lo que contempla el Salar de Atacama. Expertos geólogos citados en las investigaciones sobre la materia cuestionan por qué Codelco cedió el 50% de la propiedad de lo que consideran el mejor yacimiento de litio del mundo, cuando debería haber retenido el 100% o, al menos, el 80%. El control accionario del 50,01% que Codelco mantendría es descrito además como «frágil», ya que la venta de una sola acción por parte de un futuro gobierno devolvería el control total a la empresa privada.
Pacheco promovió el acuerdo basándose en una proyección del precio del litio de entre 20.000 y 25.000 dólares la tonelada, con la que se prometían ingresos fiscales anuales cercanos a los 2.500 millones de dólares. La misma consultora que la administración invocó como respaldo técnico, Morgan Stanley, proyecta ahora que el precio se mantendrá por debajo de los 15.000 dólares —específicamente entre 11.000 y 12.750 dólares— hasta el final de la década, debido a un superávit global de oferta. La diferencia, cercana al 30% respecto de lo prometido, pone en entredicho la rentabilidad fiscal con que se justificó públicamente el pacto.
El acuerdo obliga además a Codelco a vender el 100% de su producción de potasio a SQM, lo que ha generado alertas en gremios agrícolas ante un virtual monopolio: los productores chilenos ya pagan por el potasio nacional un precio de 610 dólares por tonelada, muy superior al valor de exportación de 353 dólares, y las pérdidas anuales estimadas para el sector agrícola rondan los 30 millones de dólares. En el plano ambiental, persiste el riesgo de fractura del núcleo del acuífero por sobreexplotación —el método de evaporación consume medio millón de litros de agua por cada tonelada de carbonato de litio producida— y el acuerdo no garantiza el salto tecnológico hacia métodos de extracción directa, cuya implementación queda a discreción de SQM.
Comunidades indígenas lickanantay, como la de Coyo, han presentado recursos de protección alegando que el proceso de Consulta Indígena fue apresurado, restringido por acuerdos de confidencialidad y ajeno a la discusión sobre el uso de agua y salmuera. Algunos juristas sostienen incluso que el acuerdo es inconstitucional, al tratarse de un mineral reservado al Estado sin que mediara licitación o decreto que habilitara esta forma de asociación directa —motivo por el cual la Contraloría General de la República mantiene la facultad de revisar la totalidad de los contratos involucrados, pese a la resistencia de la administración de Pacheco a someterse a ese control.
Alejandra Wood y la «privatización por dentro»: la red de CESCO en el corazón del Estado
El directorio que acompañó a Pacheco no es un dato menor en esta historia. Su integrante Alejandra Wood, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la gestión estratégica y comunicacional del sector minero privado y fue directora ejecutiva del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), organización que las propias fuentes consultadas identifican directamente como una agencia de lobby financiada por las grandes transnacionales mineras —entre ellas Anglo American, Minera Collahuasi, BHP y la propia SQM, patrocinadoras de instancias como la CESCO Week—.
Su nombramiento como directora fue calificado de «inaudito» por la forma en que se produjo: mientras se impidió asumir el cargo a la ingeniera Pamela Chávez —pese a contar con doctorado y postdoctorado— por poseer un título universitario de solo 8 semestres, Wood fue aceptada bajo la misma condición de duración de carrera, con una licenciatura en Historia. El doble estándar no ha pasado inadvertido: se trata, denuncian sus críticos, de un criterio arbitrario diseñado para favorecer perfiles alineados con el cabildeo transnacional por sobre la competencia técnica. Wood está además casada con Mauro Valdés, abogado con extensa trayectoria en mineras privadas —BHP Billiton, Consejo Minero— y actualmente procesado por fraude financiero en el caso Sartor AGF; ambos trabajaron juntos en BHP Billiton. En el ejercicio de su cargo, Wood ha planteado públicamente la necesidad de dejar de ver a Codelco como una «vaca lechera» al servicio del Estado, ha promovido la difusión de los índices del Fraser Institute —un think tank canadiense que promueve la liberalización de mercados y que sus críticos consideran arbitrario en su valoración de la baja tributación por sobre los derechos humanos y ambientales— y ha votado a favor tanto del acuerdo con SQM como de la integración de activos de Codelco Andina con Anglo American.
El caso de Wood no es aislado, sino parte de un patrón. CESCO ha impulsado desde los años noventa la entrega de yacimientos de reserva de Codelco a mineras transnacionales, se opone al aumento del royalty bajo el lenguaje de la «prudencia» fiscal y promueve marcos institucionales que durante años permitieron que numerosas mineras extranjeras no pagaran impuestos en Chile. Su estrategia de incidencia no se limita al ámbito ministerial: Emilio Castillo, director y tesorero de CESCO, integra el directorio de Cochilco; Osvaldo Urzúa, también miembro de CESCO, es director de ENAMI; y Willy Kracht pasó de dirigir CESCO a ocupar la subsecretaría de Minería. La organización ha propuesto, además, aumentar la presencia de gerentes provenientes de mineras privadas en los directorios de Codelco y ENAMI. El resultado, sostienen los críticos de esta arquitectura, es una «privatización por dentro»: no la venta formal de activos estatales, sino la colonización progresiva de sus órganos de gobierno por cuadros formados en la industria privada y financiados por ella.
Once trabajadores muertos, camiones que nunca funcionaron y una chimenea que se dejó caer
Mientras se cerraban estos acuerdos con el capital transnacional, la faena minera acumulaba un historial de negligencias que el diputado Cristián Tapia ha llevado al centro del debate parlamentario. La crítica más cruda apunta a la muerte de 11 trabajadores en un período de cuatro años, un saldo que Tapia atribuye directamente al incumplimiento de las recomendaciones de comisiones investigadoras previas: de un documento con 23 o 24 medidas de seguridad —entre ellas la instalación de geófonos en áreas críticas—, ninguna había sido implementada antes de que ocurrieran nuevos accidentes fatales. A ello se suma la desigualdad de estándares de seguridad entre los 15.000 trabajadores propios de la estatal y los 60.000 contratistas, sometidos a una precarización laboral persistente, y las fallas recurrentes en radios y señal celular en faenas de condiciones climáticas extremas, que han contribuido a los accidentes.
En materia de proyectos estructurales, el caso de Rajo Inca resume la ineficiencia denunciada: una inversión inicial de 1.200 millones de dólares que ya supera los 2.800 millones, con tres años de atraso en su productividad. A ese sobrecosto se agrega una decisión logística calificada de absurda: la compra y reparación de 23 camiones usados provenientes de Chuquicamata, con un gasto de 3,5 millones de dólares por unidad en mantenimiento (overhaul), que pese a la inversión no alcanzaron ni el 50% de disponibilidad operacional.
El episodio más grave en materia de negligencia técnica ocurrió en la Fundición de Potrerillos, en la división Salvador, donde colapsó la chimenea en 2023 pese a que un informe técnico elaborado en 2022 advertía explícitamente el riesgo inminente de caída si no se realizaban mantenciones. Pacheco justificó la decisión de no intervenir la estructura señalando que se trataba de una obra de «palabras mayores» —es decir, de alto costo— y que, en cualquier caso, la fundición no sería capaz de cumplir con las nuevas normas ambientales dictadas por el Parlamento. El resultado fue la paralización de la fundición y la refinería por un año completo, con el consiguiente deterioro de la capacidad nacional de fundir y refinar cobre, y con un costo adicional para la salud de los trabajadores: la refinería ha operado durante años bajo un régimen de trabajo que las fuentes describen como generador de enfermedades profesionales. Dirigentes sindicales habían advertido el peligro estructural meses antes del colapso; el diputado Tapia calificó lo ocurrido como una decisión deliberada de «dejar caer» la chimenea.
Cincuenta y siete millones de dólares para oficinas mientras la faena opera con equipos antiguos
Ningún elemento ha concentrado tanto malestar público como el gasto en la remodelación de la casa matriz de Codelco, en Huérfanos 1270, en pleno centro de Santiago. El presupuesto, que en 2021 —antes de la gestión de Pacheco— contemplaba entre 10 y 21 millones de dólares para una remodelación parcial, terminó disparándose a 57 millones de dólares. La administración justifica el incremento en una combinación de factores: el edificio, construido en 1940, presentaba un deterioro estructural que en 2022 provocó el desprendimiento de un trozo de fachada de aproximadamente un metro cuadrado hacia el paseo peatonal, lo que derivó en una resolución judicial que obligó a la empresa a intervenir el inmueble por razones de seguridad pública. A esto se sumó la terminación anticipada, en julio de 2022, del contrato con la constructora original por incumplimientos graves, lo que forzó un rediseño integral del proyecto —de una reparación parcial a una rehabilitación prácticamente total, con renovación completa de los sistemas de climatización y electricidad y la incorporación de un concepto de «oficinas abiertas»—. Pacheco precisó ante la Comisión de Minería que, ajustado a valor presente, el presupuesto original equivalía a 21 millones de dólares y que el costo final, en moneda actual, ascendió a 56 millones. La empresa sostiene que el gasto fue revisado y aprobado por el Directorio, por Cochilco y por el Ministerio de Desarrollo Social, y sometido a auditorías externas.
Ninguna de estas justificaciones ha aplacado las críticas, entre otros del diputado Cristián Tapia, para quien el problema de fondo no es la existencia de razones técnicas, sino la prioridad política que revela el gasto: mientras se destinaban 57 millones de dólares a modernizar oficinas en Santiago, los trabajadores en las faenas seguían operando con equipos antiguos y de baja disponibilidad, y las inversiones en seguridad crítica —como la instalación de geófonos— continuaban postergadas. «Una pyme habría administrado mejor Codelco», ha llegado a afirmar el diputado, calificando la situación financiera de la estatal como «lapidaria» y «espantosa».
Cristián Tapia y la izquierda que exige fiscalización, no privatización
Es importante subrayar un matiz que la coyuntura política vuelve decisivo. Tapia ha sido igualmente enfático en rechazar la privatización de Codelco como salida a la crisis. Su diagnóstico es preciso: el problema no es la propiedad estatal del cobre, sino la gobernanza y la competencia técnica de quienes han sido designados para administrarla. La comisión investigadora que hoy encabeza en la Cámara de Diputados busca esclarecer tres hechos concretos —la sobreestimación de casi 27.000 toneladas de producción, el colapso de la chimenea de Potrerillos y el sobrecosto en la remodelación de oficinas—, no allanar el terreno para un proceso de venta de activos. Tapia ha denunciado además que Pacheco solía comparecer en solitario ante las comisiones investigadoras para «envolver» a los parlamentarios con antecedentes que no correspondían a la realidad técnica de las faenas, ocultando información que gerentes de terreno podrían haber entregado de forma independiente.
Esta distinción es crucial porque permite desmontar una operación política que ya está en marcha: la de presentar la crisis de Codelco —real, documentada, gravísima— como prueba de que la propiedad estatal del cobre es, en sí misma, inviable.
Kast, Fontaine y la auditoría forense: ¿depuración necesaria o preparación del terreno para la venta?
El cambio de mando en el directorio, con la llegada de Bernardo Fontaine y la orden de realizar una auditoría forense externa sobre toda la gestión operativa, financiera y de proyectos estructurales de la administración saliente, se presenta públicamente como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Y en efecto, ha sido esa auditoría —sumada a las investigaciones previas del CACE bajo Tamara Agnic— la que ha permitido dimensionar con precisión el presunto fraude de las toneladas, el financiamiento de los aportes fiscales con deuda, la explosión de costos operativos y las irregularidades en proyectos como Rajo Inca, Potrerillos, la remodelación de la casa matriz y la compra del proyecto Salar Blanco, adquirido por entre 236 y 244 millones de dólares pese a carecer de instalaciones industriales y enfrentar litigios ambientales, en lo que se ha calificado como la compra de una auténtica «empresa fantasma».
Pero el mismo gesto que corrige y documenta los excesos de la era Pacheco-Boric puede convertirse, en manos de un gobierno como el de José Antonio Kast —que ya ha calificado el subsidio a SQM como «notable» y que hereda una empresa con una deuda catorce veces superior a sus utilidades reales— en el argumento perfecto para plantear la necesidad de «sanear» Codelco mediante la incorporación de capital privado, la venta de activos no estratégicos o una apertura societaria mayor a la ya alcanzada con SQM, Anglo American y Rio Tinto. La arquitectura instalada por Pacheco y por el propio gobierno de Boric —directorios con perfiles provenientes del lobby minero como CESCO, acuerdos que ceden la explotación de recursos soberanos con controles accionarios «frágiles», una gobernanza que se ampara en la Ley de Gobierno Corporativo para eludir el escrutinio de la Contraloría— no desaparece con el cambio de administración: queda disponible para que la próxima fase de entrega de la propiedad pública se presente, ante la opinión pública, como una simple corrección técnica frente a la mala gestión de la izquierda.
Ese es, en definitiva, el nudo político que atraviesa toda esta historia. La deuda de 26.328 millones de dólares no cayó del cielo: es el resultado acumulado de una ley que durante décadas financió a las Fuerzas Armadas a costa del patrimonio cuprífero, de un directorio que privilegió sistemáticamente los acuerdos con las transnacionales sobre el interés fiscal, y de un gobierno que usó a la estatal como caja para financiar compromisos presupuestarios inmediatos sin reparar en las consecuencias de largo plazo. Que esa herencia termine siendo administrada por Kast y Fontaine como pretexto para privatizar lo que generaciones de chilenos construyeron como patrimonio público sería, sencillamente, la culminación lógica de un proceso que Máximo Pacheco y Gabriel Boric hicieron posible mucho antes de que la derecha llegara a La Moneda.
FUENTES:
Artículos del periodista Mauricio Becerra El Ciudadano
- Alejandra Wood: los gatos a cargo de la carnicería en Codelco: Reportaje sobre el perfil de la directora Alejandra Wood y sus vínculos con el sector minero privado.
- Contraloría podría acceder a los contratos escondidos de Máximo Pacheco: Análisis sobre las facultades de la Contraloría para fiscalizar los contratos entre Codelco, Corfo y SQM.
- La estrategia de Máximo Pacheco y Corfo para cerrar el controvertido acuerdo con SQM: Detalles sobre las gestiones para finalizar la Consulta Indígena y firmar el acuerdo del litio.
- Máximo Pacheco habría operado el intento de boicot a la Comisión Investigadora del acuerdo SQM-Codelco: Denuncia sobre presiones a parlamentarios para evitar la fiscalización del acuerdo.
- Máximo Pacheco infló el precio del litio para promover acuerdo entre Codelco y SQM: Crítica sobre las proyecciones de precios utilizadas para justificar la alianza con SQM.
Artículos de CIPER Chile
- El fraude de las toneladas en proceso: cómo Codelco infló su producción de 2025: Investigación sobre la manipulación de cifras de producción para el pago de bonos.
- El militar en la habitación: la deuda de Codelco y la causa que el debate evita: Columna de opinión sobre el impacto estructural de la Ley Reservada del Cobre en la deuda de la estatal.
Videos:
¿SE PRIVATIZA CODELCO? Informe revela MILLONARIA DEUDA durante gestión de MÁXIMO PACHECO (En Stock): Entrevista al diputado Cristián Tapia sobre las irregularidades detectadas en la administración de la minera.
Registro de la interpelación parlamentaria a Pacheco por temas de seguridad y gestión.
NOTAS RELACIONADAS:
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