Con 2 años de tardanza y tibias conclusiones, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrega Informe sobre violaciones a DDHH con ocasión de la Revuelta Popular
Con 2 años de tardanza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó finalmente el Informe sobre las violaciones a Derechos Humanos con ocasión de la Revuelta Popular en Chile desatada el 18 de Octubre de 2019 (aquí disponible el informe para su descarga).
Como es relevante recordar, una comitiva de la Comisión IDH realizó una visita a Chile en enero de 2020, en pleno proceso de estallido y revuelta social, recibiendo una abundante documentación y testimonios de cientos de personas y organizaciones que denunciaron las graves y masivas violaciones a los derechos humanos ejecutados por el Estado de Chile y el Gobierno de Piñera.
La demora fue denunciada e interpelada numerosas veces durante este tiempo, como ocurrió asimismo con la tardanza de la entrega del Informe de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a cargo de la chilena Michelle Bachelet. En el caso de la Comisión Interamericana de DDHH, también en buena parte de este período, estuvo a cargo como Secretaria Ejecutiva de esa instancia, la también chilena Antonia Urrejola, hoy nombrada como nueva Ministra de Relaciones Exteriores del gobierno electo de Gabriel Boric. En abril de 2021, decenas de organizaciones publicaron una carta a ambas instancias (la CIDH y la ACNUDH) por la demora en la entrega de sus respectivos informes sobre las violaciones a derechos humanos en Chile.
Esta demora vuelve a poner los ojos sobre la nueva Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, cuya trayectoria estrechamente relacionada con la ex Concertación y los circuitos de derechas que dominan la escena del sistema de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la cual comenzó a ser parte a partir de su rol de asistente del entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Urrejola, además de comisionada de la CIDH, la presidió desde el mes de marzo de 2021, con el apoyo y voto del gobierno de Sebastián Piñera.
La tardía entrega del Informe fue interpelado públicamente por el destacado académico de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, quien señaló desde su cuenta de twitter:
«A dos años de su visita a Chile, la @CIDH pública su informe sobre la visita a Chile en enero 2020. Haré un solo comentario: La protección internacional, para ser efectiva, debe ser oportuna».
Las tibias conclusiones del Informe: «Chile cuenta con un sistema democrático y un Estado de Derecho con una sólida institucionalidad, que pudo ser observado en la protección a los derechos humanos y acceso a la justicia»
Reproducimos de manera íntegra las tibias conclusiones del Informe:
«356. La Comisión finaliza este informe reconociendo que Chile cuenta con un sistema democrático y un Estado de Derecho con una sólida institucionalidad, que pudo ser observado en la protección a los derechos humanos y acceso a la justicia. Al mismo tiempo, el país enfrentó un profundo desafío para adecuar sus instituciones de seguridad, que inmersas en la misma lógica que orientó la Constitución vigente, respondieron de manera desproporcional a las expresiones democráticas y legítimas de su población.
357. Según información recibida por la CIDH, al responder a las manifestaciones en el marco del “estallido social” de 2019, se produjeron situaciones en las cuales el personal de las fuerzas encargadas del orden actuó de manera desproporcionada. Dicha actuación resultó en un alto número de violaciones a derechos humanos. Entre esas se destacan violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, y a la libertad de las personas manifestantes, así como otras situaciones que pusieron en riesgo la protesta social y a las personas manifestantes. La CIDH condena estos hechos de manera enérgica y llama al Estado a seguir adoptando medidas inmediatas, por medio de cambios en la cultura institucional, para evitar la repetición de estos hechos. De igual manera, urge a Chile a garantizar el derecho a la reparación integral de forma efectiva y oportuna a las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos, así como a sus familiares.
358. Respecto de la reparación y garantías de no repetición, la Comisión destaca la obligación del Estado en avanzar con investigaciones ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, garantizando la debida diligencia reforzada, particularmente en los casos de violencia sexual y tortura. Además, la CIDH resalta que el derecho a la verdad, al ser una obligación de los Estados derivada de las garantías de justicia, también constituye una forma de reparación en casos de violaciones de derechos humanos. En efecto, significa una forma de admitir el valor de las personas y garantizar su reconocimiento en cuanto a individuos, víctimas y titulares de derechos. Asimismo, el conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las motivaciones y la identificación de los perpetradores son elementos fundamentales para reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
359. En adición, la Comisión resalta que el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido no se limita a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Sobre eso, la Corte ha sostenido que en una sociedad democrática dicho derecho es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar de oficio las graves violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Eso envía un fuerte mensaje de que dichas conductas violatorias no serán toleradas.
360. Por otra parte, si bien la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica, la CIDH destaca que también se registraron protestas encabezadas por grupos que utilizaron la violencia. Al respecto, la CIDH recibió información sobre ataques y actos que atentaron contra espacios privados, de culto e infraestructura pública, y de medios de comunicación. La CIDH reitera su rechazo a todo acto de violencia, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica. En ese sentido, hace un llamado especial al Estado para investigar y sancionar los actos de violencia cometidos por personas en el marco de las protestas en contra de carabineros y personas terceras anteriormente mencionadas.
361. Finalmente, la CIDH observa con beneplácito las medidas avanzadas por el Estado para dar cuenta de los reclamos de la sociedad en el marco del “estallido social”. Entre ellos, la CIDH destaca con especial atención la propuesta del proceso constituyente. Al respecto de esta última, la Comisión resalta que el Estado de Chile y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de pleno goce de todos los derechos para todas las personas. Sin embargo, resalta que leyes per se no cambian culturas. En ese sentido, el Estado debe buscar aplicar, de manera práctica y efectiva, las ideas de la nueva constitución, de forma que se genere un proceso de transición cultural hacia el cumplimiento oportuno, eficiente y en el más alto nivel de los estándares internacionales de derechos humanos.
362. Por lo que viene mencionado, la Comisión pone a disposición del Estado su mandato de cooperación técnica para el acompañamiento del proceso constituyente en las líneas específicas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en particular a lo relacionado con derechos étnico-raciales.
363. Con fundamento en lo establecido en el artículo 41, literal b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con base en las observaciones realizadas durante su visita in loco, así como del análisis de la información complementaria incluida en el presente informe, la Comisión formula las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado de Chile (…)».
