De Aylwin a Boric, la continuidad de la política comunicacional y de un sistema de medios que ahoga el pluralismo mediático y la disputa política democrática en Chile
Una línea de tiempo que va desde el primer gobierno tras la dictadura civil militar encabezado por Patricio Aylwin (1990-1994) hasta el gobierno de Gabriel Boric que proclamó convertirse en «la tumba del neoliberalismo» (2022-2026), revela una paradoja persistente y corrosiva para la democracia chilena: la utilización estratégica de la publicidad estatal para fortalecer a los grandes conglomerados mediáticos, en desmedro de un ecosistema de prensa diverso e independiente. Esta política, lejos de ser una anomalía, parece un hilo conductor que une a administraciones de sellos discursivos distintos pero con una clara continuidad política en la práctica, priorizando una lógica de complicidades políticas con el poder empresarial y a fin de cuentas un entreguismo comunicacional, por sobre los principios declarados de búsqueda de mayor pluralismo y democratización de la palabra y la información. Tales decisiones siguen marcando la realidad del debate público en nuestro país, tendenciando abiertamente la conversación y posiciones políticas dominantes en Chile. Recientes debates en el marco de la nueva victoria de la derecha en las recientes elecciones presidenciales y el balance del gobierno de Boric han vuelto a poner la mirada en este tema, entre otros, con señalamientos del ex diputado Sergio Aguiló o el ex convencional constitucional Mauricio Daza.
Los cimientos del oligopolio mediático «en democracia»: El legado de Aylwin (1990-1994)
La transición posdictadura, bajo el gobierno de Patricio Aylwin, enfrentó el desafío de reconstruir instituciones en un escenario donde poderes fácticos, como la prensa tradicional, mantenían una influencia abrumadora. Sin embargo, como recordó recientemente el exdiputado Sergio Aguiló (del ala «autoflagelante» del Partido Socialista), la estrategia elegida no fue crear contrapesos, sino consolidar el status quo de fuerte concentración mediática y oligopolio empresarial.
Como recordó Aguiló en publicaciones en la red social X, los entonces ministros de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Correa, y de la Secretaría General de la Presidencia, Eugenio Tironi, implementaron una directriz clara: orientar la publicidad del Estado hacia El Mercurio y La Tercera (de Copesa), el duopolio mediático de la época. El objetivo tácito era lidiar amistosamente con la línea editorial de estos medios, cruciales para la estabilidad del nuevo gobierno, a través del flujo financiero de la pauta oficial. Es decir, financiar a la prensa históricamente alineada con la derecha y el pinochetismo, para así ponerla a favor de los nuevos gobiernos concertacionistas.
El costo de esta elección fue alto: se asfixió económicamente a medios de izquierda y progresistas que habían florecido en la lucha contra la dictadura, como Análisis, Apsi o Cauce. Como señalaron numerosos periodistas de esos medios, los gobiernos de la Concertación desplegaron desde el inicio una política de corte de las fuentes de financiamiento de esos medios. Por ejemplo, el periodista y director de Análisis, Juan Pablo Cárdenas, señaló en varias ocasiones: «La Concertación exterminó la prensa independiente»: «puedo dar cuenta de que el fin de Análisis no se debió al mercado sino que a una decisión política que se tomó durante el gobierno de Patricio Aylwin, concretamente en el Ministerio del Interior. En ese tiempo el gobierno inició el proceso de apoderarse de Análisis, que culminó con el engaño a varios de los directores de la revista, a quienes se le compraron sus acciones y eso le dio la posibilidad al subsecretario del Interior, Belisario Velasco, de nombrar nuevas autoridades en la revista, las que luego determinaron su cierre. Eso está debidamente acreditado por los registros de transacciones notariales que se hicieron con las personas que vendieron sus acciones; proceso que se hizo en el entendido que los nuevos accionistas iban a consolidar la revista y no a cerrarla».
Así, desde el inicio de la transición, se presenció así el cierre forzado de voces disidentes al orden neoliberal impuesto por la dictadura pinochetista y continuado por la Concertación, medios que fueron víctimas no de la censura, sino de un congelamiento publicitario administrativo y de decisiones políticas desplegadas por autoridades del propio gobierno de Patricio Aylwin.
Boric: La promesa de nuevos tiempos y la repetición del guión
Tres décadas después, el gobierno de Gabriel Boric llegó al poder con un discurso renovador, crítico de los “poderes fácticos” y prometedor de un diálogo más horizontal y plural con la sociedad. El tema mediático había sido constantemente señalado por el movimiento estudiantil del que provenía el propio Boric y otras dirigencias de su gobierno (Giorgio Jackson, Camila Valllejo, Karol Cariola, etcétera), y el tema había sido constantemente señalado por las fuerzas que encabezaron la formación del llamado «Frente Amplio», incluyendo a aquellas que se quedaron con el nombre tras los quiebres y escisiones en el conglomerado en el marco de la revuelta social y el controvertido «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre de 2019.
De hecho, al asumir, muchos señalaron la oportunidad que había para, desde el Poder Ejecutivo y sin requerir acuerdos parlamentarios, podía revertirse la concentración mediática: «el gobierno de Boric tiene una oportunidad de oro para corregir este error y repartir de manera equitativa a medios que pueden ampliar la mirada en el debate público hacia un espectro mucho más plural y así, suplir la falta de democracia en este ámbito y acabar con uno de los legados ideológicos más importantes del pinochetismo y la Concertación», señalaba una columna del periodista Alejandro Baeza en el medio El Resumen («Acabar con la concentración del avisaje estatal en El Mercurio y La Tercera: Una oportunidad del Gobierno para democratizar el derecho a la información»).
No obstante, en la práctica comunicacional, su administración ha replicado la lógica de la continuidad en el sistema de medios y el “salvataje” a los grandes consorcios mediáticos empresariales. Como detalló en una reciente intervención en el programa «La Voz de los Que Sobran», el abogado y ex convencional constitucional Mauricio Daza, esto se realizó por distintas vías:
Primeramente, con el rescate financiero mediante la pauta publicitaria estatal. Conglomerados como La Tercera o El Mercurio –que habría estado al borde de la quiebra en dos oportunidades– fueron sostenidos mediante la asignación masiva de fondos para campañas públicas. Así, un gobierno que critica la “captura” de estos medios por la derecha termina siendo su principal financista con dinero de todos los chilenos.
Como contrapartida, el gobierno de Boric continuó el abandono de los medios independientes, ciudadanos y locales. La prometida democratización se diluyó. En lugar de diseñar un sistema transparente que repartiera recursos entre cientos de medios independientes, comunitarios y regionales –fortaleciendo una red de voces diversa–, el gobierno continuó alimentando a los “mismos de siempre”. Peor aún, en los pocos casos en que medios alternativos recibieron apoyo, se les habría exigido una actitud “condescendiente”, destruyendo su credibilidad ante sus audiencias.
Por otra parte, referentes que anteriormente habían sido críticos con el oligopolio mediático, han desplegado una abierta validación en los grandes medios: La táctica comunicacional del Gobierno de Boric privilegió el acceso de sus figuras más visibles (como la ministra Camila Vallejo) a entrevistas en revistas o espacios de estos mismos conglomerados, buscando una validación en el “establishment” mediático que se dice combatir. Se operó bajo la ilusión de que otorgando exclusivas se podría suavizar la línea editorial hostil, en conjunto con el ya mencionado financiamiento gubernamental.
Es más: el gobierno de Gabriel Boric premió al propio Eugenio Tironi y su agencia de «asesorías políticas y comnunicacionales» con numerosos contratos en distintas reparticiones del Estado, en una complicidad abierta con un personaje central en las políticas comunicacionales de los años concertacionistas, y las lógicas de cohabitación entre la Concertación y la derecha pinochetista.
Sin pluralismo en el sistema de medios se imposibilita una democracia efectiva
La comparación es inevitable y reveladora. Tanto Aylwin como Boric, en contextos históricos distintos, optaron por cálculos similares: en vez de enfrentar el poder mediático tradicional con políticas que fomentaran una pluralidad real en el sistema de medios, eligieron el camino del clientelismo publicitario a favor de los grandes conglomerados mediáticos pertenecientes a la oligarquía y la derecha chilena. Se trata de alimentar financieramente a estos grupos mediáticos, esperando una moderación que rara vez llega, mientras se deja morir por inanición a las nuevas voces que podrían alterar un juego mediático profundamente desigual.
El resultado es un círculo vicioso donde el Estado, en lugar de ser un garante de la diversidad informativa y comunicacional, se convierte en el principal sostén del oligopolio mediático que concentra la influencia del debate público y las conversaciones ciudadanas. Mientras esta lógica persista, seguirá siendo una gran verdad que sin una estructura de medios propia y robusta, cualquier proyecto transformador verá limitada severamente su capacidad de proyectarse en una sociedad fuertemente influida y determinada en sus opiniones y conversaciones por la pauta informativa e ideológica de las derechas y el oligopolio mediático. El déficit de la inexistencia de un verdadero pluralismo mediático, pendiente desde 1990, sigue creciendo, y con ello, las posibilidades de una democracia efectiva y sustantiva en Chile, siguen lejanas.
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