Caso SQM cierra sin condenas y un historial de operaciones de impunidad de delitos tributarios, de corrupción y financiamiento ilegal de la política
En el histórico caso de corrupción, financiamiento ilegal de la política y evasión tributaria conocido como caso «SQM» por tener su centro en la empresa controladora del Litio gracias a una espúrea privatización bajo la Dictadura de Pinochet y entregada a su yerno Julio Ponce Lerou, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a todos los acusados y formular duras críticas a la Fiscalía. Se cierra así el enorme caso de corrupción, evasión tributaria y financiamiento ilegal de la política que involucró a prácticamente todo el espectro de partidos de le era neoliberal en Chile, y que tuvo una serie de operaciones de impunidad que se iniciaron por el propio gobierno de Michelle Bachelet cuando emergió el caso como una arista descubierta en el otro caso similar del Grupo Penta que involucraba básicamente a la UDI.
Fallo absolutorio en Caso SQM: Tribunal critica la estrategia del Ministerio Público tras una década de investigación
Después de más de una década del inicio de la causa, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia absolutoria para los ocho involucrados en el denominado Caso SQM. La resolución, emitida este miércoles, puso fin a un extenso proceso que investigaba irregularidades en el financiamiento político, beneficiando a figuras como el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, además de un sinnúmero de otras personalidades de la derecha y la ex Concertación que fueron quedando afuera de la investigación por una serie de operaciones de blindaje iniciadas desde que se destapó este caso, descubierto a partir de otro caso de corrupción y financiamiento ilegal de la política, el «Caso Penta» que involucraba básicamente al partido «Unión Demócrata Independiente», UDI.
La lista de absueltos incluye también a otros nombres clave en la causa que lideró la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich: Pablo Longueira; Patricio Contesse, gerente general de SQM;Carmen Valdivieso, secretaria de Longueira; Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI; el ex diputado democratacristiano Roberto León; y el asesor del mismo partido, Marcelo Rozas. También Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner, ex asesor de ME-O, fueron absueltos, estos últimos con un tratamiento distinto a otros en su misma situación, y que denunciaron por años el tratamiento desigual a los distintos investigados y acusados.
Pero una serie de otras dirigencias fueron excluidas de la investigación, que involucraba en la práctica a buena parte de los partidos políticos y dirigencias dominantes en las últimas décadas pos dictadura. De hecho, incluso un partido, el PPD, tenía a SQM inscrito como militante de la entidad.
Críticas al Ministerio Público en la sentencia
En los fundamentos de la sentencia, el tribunal emitió duras críticas hacia la actuación del Ministerio Público, atribuyéndole la prolongación excesiva del caso debido a la agrupación de diversas investigaciones.
El fallo precisa: “Corresponde destacar que para la mayoría las razones principales de la demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado, sino en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”.
Agrega que “se evidenció, como consecuencia de la extensión del proceso penal, una merma evidente en la calidad de las probanzas, especialmente la testimonial y pericial”, y profundiza en este punto al sostener: “El transcurso de días, semanas, meses y años afectan la capacidad de memoria de las personas y los hechos en materia de la acusación cubren un periodo entre los años 2008 a 2015, deponiendo testigos y peritos durante los años 2023, 2024 y 2025, sobre hechos acaecidos hace 8, 10, 15 y hasta 17 años atrás”.
Respecto al núcleo de la acusación sobre la falsedad ideológica de documentos, la jueza María Teresa Barrientos determinó en su exposición que “sin perjuicio de lo argumentado respecto al principio de congruencia, con la prueba rendida y apreciada conforme a las directrices esgrimidas, no se acreditó, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas de honorario y facturas al resultar insuficiente en la prueba subsistente luego de aplicar los criterios ya reseñados”.
Concluyó enfatizando que “las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecidas, más allá de toda duda razonable que se trató de documentos ideológicamente falsos, y menos aún, el obrar doloso en los términos que exige la ley”.
Reacciones y críticas al proceso del caso SQM y sus operaciones de Impunidad
A su vez, la sentencia fue duramente criticada desde distintos actores, como el abogado querellante en la causa, Mauricio Daza, el ex Fiscal Carlos Gajardo (quien presentó su renuncia por su desplazamiento en esta causa). Numerosas voces críticas han señalado desde el destape del caso, las operaciones de impunidad que se iniciaron desde entonces, encabezadas por el propio gobierno de Michelle Bachelet, que removió al director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, en mayo de 2015, evitando así que este presentara las querellas correspondientes contra los implicados. En su reemplazo se designó a Fernando Barraza, quien no presentó querellas, impidiéndose así la investigación de una serie de hechos.
También el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán puso de su parte, al desplazar al equipo investigador de los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y tomar él mismo la conducción de las investigaciones. En este marco, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán llegó a un acuerdo con Jovino Novoa, histórico «coronel» de la UDI, quien aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una rebaja de penas y de la exclusión a su respecto de toda la arista SQM, quedándose sólo con los hechos referidos al caso del Grupo Penta.
En las críticas en este nuevo episodio de estas operaciones de impunidad, se señaló, por ejemplo,uno de los más absurdos argumentos presentados en la lectura de la sentencia: el hecho de que Pablo Longueira haya utilizado su cuenta de correo electrónico personal «@hotmail.com», y no su cuenta oficial como senador de la República.
Además, la sentencia justifica la absolución por el largo plazo de la investigación y el juicio, señalando que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo prudente. Sin embargo, tal tardanza se debió entre otros motivos a la propia actuación de los órganos persecutores y del mismo tribunal, y de las propias defensas. En este punto, es relevante señalar que incluso 16 de los testigos de la causa fallecieron en el intertanto.
En cálculos hechos por medios periodísticos, se ha señalado que la investigación y juicio costaron más de mil millones de pesos, lo que se suma a las enormes cifras involucradas en el sostenido financiamiento ilegal a políticos y partidos por parte de la empresa de minería no metálica SQM.
NOTAS RELACIONADAS:
Sigue la controversia por el Acuerdo SQM – CODELCO que entrega grandes beneficios y control sobre el litio y potasio a la minera privada hasta el año 2060
Samuel Donoso, ex secretario General del PPD y abogado de la ex Concertación defensor de Piñera en múltiples causas judiciales
La impunidad a favor de Julio Ponce Lerou: Corte Suprema rebaja su multa a 3 millones de dólares en «Caso Cascadas»
