Sentencia de primera instancia condena a Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude judicial
La sentencia señala a Álvaro Uribe como autor de la orden a terceros para manipular a testigos encarcelados con el fin de que declararan a su favor tras ser acusado de tener nexos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda en debates en el Congreso en el año 2012. La decisión judicial, emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia, significa un paso histórico en la persecución de las responsabilidades políticas y penales del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, señalado con numerosos antecedentes como la cabeza de las redes de corrupción, paramilitarismo y narcotráfico que han devastado las últimas décadas en el país sudamericano. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, emitieron protestas por la decisión judicial contra uno de sus más estrechos colaboradores en la región nuestramericana.
La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunció la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez a doce años de prisión domiciliaria y el pago de una multa cercana a los 2.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta decisión judicial marca un momento histórico en la justicia colombiana, siendo la primera vez que un expresidente de la República de Colombia recibe una condena penal en firme por parte de los tribunales ordinarios. De todos modos, la defensa del expresidente ha anunciado que apelará la decisión ante las instancias superiores correspondientes.
La jueza Heredia determinó que la pena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria, lo que significa que, de confirmarse, el expresidente deberá permanecer en su lugar de residencia durante el tiempo establecido por la condena.
Además de la privación de la libertad, Uribe deberá cancelar una multa equivalente a aproximadamente 2.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que representa varios cientos de millones de pesos colombianos.
El proceso judicial contra el expresidente fue iniciado en el año 2014 por el senador Iván Cepeda (hoy también senador por la coalición «Pacto Histórico» que encabeza el presidente Gustavo Petro). Entonces, en un debate en el Congreso, el senador Cepeda presentó documentos que vinculan al ex presidente Uribe con actividades paramilitares. La develación se transformó en un proceso penal cuando se descubrió que Uribe habría intentado influir en testigos para que modificaran sus testimonios en su favor, y se ha extendido por varios años, ha estando marcado por múltiples recursos legales y cambios de competencia entre diferentes instancias judiciales:
Iván Cepeda es además hijo de Manuel Cepeda, también senador, asesinado por paramilitares en 1994, uno de los miles de militantes de la fuerza de izquierda «Unión Patriótica» asesinados por los paramilitares bajo órdenes y complicidad de la oligarquía y la extrema derecha colombiana.
Presiones hacia la jueza e injerencia del Gobierno de Estados Unidos
Entretanto, tras conocerse el fallo condenatorio, numerosas presiones de parte de las derechas y sectores poderosos de Colombia despegaron la defensa mediática del ex presidente Uribe, un referente de las derechas colombiana y latinoamericanas.
El Secretario de Estado de EEUU Marco Rubio declaró: «El único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha establecido un precedente preocupante».
El subsecretario de Estado, publicó desde su tuiter, en publicación que al igual que la de Marco Rubio, fue replicada por la Embajada de EEUU en Bogotá: «Una de las tendencias preocupantes de nuestro tiempo es la utilización de los sistemas judiciales como arma contra opositores políticos. Nuestras diferencias políticas deberían resolverse en las urnas, no en los tribunales. Obviamente, esto no significa que alguien deba gozar de inmunidad frente a la aplicación neutral de la ley, pero los fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de manera imparcial a los adversarios políticos. Lamentablemente, eso no ha ocurrido en la gran nación de Colombia. Ese país tiene una orgullosa tradición de independencia judicial, por la cual muchos jueces han pagado con sus vidas, pero esa tradición ahora ha sido manchada por el fallo de ayer contra el expresidente Álvaro Uribe. Como amigo de Colombia, espero y confío en que los tribunales de apelación de ese país pongan fin a este abuso fiscal y judicial».
En ese contexto, víctimas del caso Uribe alertaron a la ONU y la CIDH por presiones externas a la justicia colombiana, denunciando que las reacciones de altos funcionarios de Estados Unidos y de la propia Embajada de Estados Unidos en Colombia tras la condena a Álvaro Uribe Vélez representan una amenaza a la independencia judicial y solicitan intervención urgente de organismos internacionales (RTVC Noticias).
Fuentes: RTVC Noticias.
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