«Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna» encabezada por la Senadora Fabiola Campillai presentan Proyecto de Ley de Reparación Integral para víctimas de violaciones a DDHH durante Estallido Social
Desde hace dos meses que un conglomerado de organizaciones sociales y de derechos humanos viene reuniéndose con el objetivo de redactar una propuesta legislativa que se haga cargo de un abandonado tema que aunque incorporado en el programa de actual gobierno y en discursos de campaña, ha tenido escaso por no decir nula concreción tanto en políticas públicas como legislación. Así, con una directa interpelación al Gobierno de Gabriel Boric y el cumplimiento de su programa, la Mesa de Derechos Humanos convocada por la Senadora Fabiola Campillai presentó un Proyecto de Ley de Reparación Integral para víctimas de violaciones a DDHH durante Estallido Social.
Se trata de una materia que era parte de los compromisos programáticos del Gobierno de Gabriel Boric y «Apruebo Dignidad», pero ha tenido una escasa aplicación en la práctica, en un contexto general de abandono a las posiciones políticas sostenidas con anterioridad al mandato presidencial. En este tema en específico, el programa de la candidatura presidencial de «Apruebo Dignidad» contemplaba lo siguiente:
«Violaciones de derechos humanos cometidas durante la revuelta social. Fortaleceremos los órganos públicos responsables de avanzar en la investigación y sanción, robusteciendo los equipos de la Fiscalía que investigan estas causas, la Brigada de DDHH de la Policía de Investigaciones y el área de DDHH del Servicio Médico Legal. Promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la reparación integral de todas las personas vulneradas en sus DDHH, especialmente las víctimas con daños físicos irreversibles, las víctimas de lesiones oculares, las víctimas de violencia sexual y los familiares de víctimas de homicidio. Avanzaremos en un conjunto de medidas de Garantías de No Repetición, entre las que destacan la refundación de Carabineros. En la nueva policía se reforzará, entre otras cosas, la subordinación al poder civil, una regulación legal del uso de la fuerza y una formación transversal en DDHH. Apoyaremos el proyecto de ley de indulto para quienes injustificadamente siguen privados de libertad, además de quitar las querellas por ley de seguridad interior del Estado interpuestas en ese período.»
Sin embargo, prácticamente nada de eso se ha cumplido o dado pasos de avance, siendo uno de los tantos déficits de cumplimiento del programa comprometido en campaña. Más aún, el retroceso de los discursos y demandas de la Revuelta Social, la demonización del «octubrismo» y la validación mediática a la represión y la criminalización de la protesta social, han sido la tendencia creciente de estos últimos años bajo el actual mandato presidencial.
En ese contexto, la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna presentó este Proyecto de Ley que en sus principales características se resumen en las siguientes:
«Proyecto de ley de Reparación Integral para víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el Estallido Social. Este proyecto es fruto del trabajo de la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, convocada y liderada por la Senadora Fabiola Campillai.
El proyecto busca establecer un marco para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, basado en los principios y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Abarcará el período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022.
Víctimas. Se considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido: violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones.
Asimismo, se incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en la protesta.
Funcionamiento
Se creará una Comisión de Verdad y Reparación.
Estará integrada por siete miembros conreconocida trayectoria en derechos humanos.
Tres serán designados por el Presidente de la República.
Cuatro designados por las organizaciones de víctimas de DDHH surgidas del Estallido Social.
La Comisión calificará a las víctimas, considerando antecedentes judiciales, médicos y aportados por las víctimas.
Reparación y Memoria
Las víctimas reconocidas por la Comisión tendrán derecho a una pensión económica, cuyo monto y forma de pago serán determinados por esta instancia.
La Comisión podrá establecer otros beneficios.
El Estado deberá garantizar un programa de salud integral que brindará atención médica y psicosocial.
Se destinará un espacio físico dedicado a la memoria sobre la Revuelta Popular.»
Aquí, imágenes de la manifestación realizada ayer lunes 9 de diciembre, en el barrio cívico de Santiago.
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