Corte Interamericana de Derechos Humanos emite nueva condena al Estado de Chile en caso de juicio contra el Consejo de Todas las Tierras iniciado en 1992
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy al Estado de Chile, la sentencia condenatoria por violar los derechos humanos de al menos 135 mapuches en 1992, al condenarlos por integrar el Consejo de Todas Las Tierras, acusados por asociación ilícita, usurpación y crear la bandera mapuche o «Wenüfoye». “El tribunal determinó que la actuación del ministro en vista extraordinaria, que formuló la acusación y dictó la sentencia de primera instancia, estuvo guiada por el sesgo discriminatorio, el prejuicio y la idea preconcebida acerca del carácter ilegítimo e ilegal de la organización Consejo de Todas las Tierras”, señala la sentencia.
Es la 18ava sentencia condenatoria contra el Estado de Chile de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sumando una más tras la reciente condena referida al uso de la «media prescripción» que permitió rebajar condenas a criminales de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet.
En esta ocasión, se trata de la revisión de un juicio llevado a cabo contra al menos 135 comuneros mapuche e integrantes del Consejo de Todas las Tierras liderado por Aucán Huilcamán, enjuiciados entonces por asociación ilícita, usurpación, e incluso por la creación de la bandera mapuche o «Wenüfoye», que con el correr de los años se hará altamente utilizada y popular.
La Corte declaró que Chile vulneró los siguientes derechos: «a) en perjuicio de las 135 víctimas incluidas en el Anexo 1 de la Sentencia, los derechos a ser juzgado por un tribunal imparcial, a contar con decisiones judiciales debidamente motivadas, a la presunción de inocencia, a la publicidad del proceso, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales (…) los derechos a ser oído en un plazo razonable, a la seguridad jurídica que debe derivar del proceso y a la protección judicial (…) a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa».
A continuación, el comunicado íntegro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con título «Chile es responsable internacionalmente por la violación de distintos derechos en el marco del proceso penal seguido contra miembros del Pueblo Mapuche que efectuaron actos de protesta pacífica» (cliquear sobre imágenes para agrandar):
La sentencia de la Corte IDH ordena anular al Estado de Chile la condena a los miembros del Pueblo Mapuche que en su momento dictaminó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Antonio Castro Gutiérrez, además de ordenar un acto reparatorio y de reconocimiento público, además de indemnizaciones a los involucrados y varias otras medidas de reparación y garantías de no repetición.
El contexto de las movilizaciones Mapuche en 1992 y la criminalización ordenada por el Gobierno de Patricio Aylwin
El contexto de las movilizaciones que causaron el juicio que ha revisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos era el de un ciclo de movilizaciones y fortalecimiento de la organización Mapuche en el período inmediatamente posterior a la salida de la Dictadura de Pinochet y el inicio de los gobiernos de la Concertación, por una parte, y el de ascenso de diversas organizaciones y movimientos de similar tipo en otros países de nuestra América, en los años de conmemoración del Quinto Centenario del inicio de la colonización ibérica en tierras americanas, en 1492.
Los partidos de la llamada «Concertación de Partidos por la Democracia» y el propio Patricio Aylwin habían intentado llegar a negociaciones y acuerdos con las organizaciones Mapuche de entonces, entre otras, «Ad Mapu», y el Consejo de Todas las Tierras. Esto se materializó en el «Acuerdo de Nueva Imperial», del cual el Consejo de Todas las Tierras se negó a participar y adherir, señalando críticas a su carácter neocolonial y a la falta de garantías para el pueblo mapuche, e iniciando movilizaciones en rechazo a la deriva autoritaria y pro empresarial tomada por el gobierno recién asumido.
En tal marco, entre 1991 y 1992 se dio un marcado ascenso de movilizaciones del pueblo mapuche, entre las que abundaron las tomas de terreno, manifestaciones en ciudades, y la histórica creación de la bandera Wenüfoye.
Y fue a mediados de 1992 que se inició el juicio con más de 140 personas acusadas, deteniendo a una gran cantidad de ellas, y allanando las sedes de las organizaciones mapuche, y estableciéndose un «Ministro en Visita» para conocer del caso.
Se trataba de una muestra clara de que el Gobierno de Patricio Aylwin desconocía en los hechos la profundidad de las demandas y exigencias del pueblo Mapuche, generando una serie de medidas de persecución y criminalización.
En septiembre de 1993, gobierno y oposición terminaron la promulgación de la llamada «Ley Indígena» (Ley nº19.253), la cual, en resumen, redujo el problema multidimensional y de carácter fundamentalmente político y económico de las demandas, a un asunto de compra de tierras, creándose la CONADI y un «Fondo de Tierras». En la práctica, esto dio inicio a una lenta recuperación de tierras usurpadas, pero también, una multimillonaria especulación con amplias ganancias para particulares, en desmedro de las demandas de carácter político y cultural de las organizaciones mapuche. Así, la «Ley Indígena», con el correr del tiempo, produjo una gran decepción en amplios sectores del pueblo mapuche.
A continuación, algunas notas de prensa y reportajes acerca de las movilizaciones y el juicio seguido contra el Consejo de Todas las Tierras en 1992:
Programa Informe Especial de 1991:
Registro de allanamientos y confererencia de prensa de integrantes del Consejo de Todas las Tierras:
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