Desmintiendo los engaños sionistas: desde la falsificación de la historia y la identidad hasta el apartheid, el terrorismo de Estado y la exportación global de la violencia actual
Un recorrido exhaustivo por las manipulaciones históricas, antropológicas, lingüísticas y jurídicas que sostienen a la creación del mal llamado «Estado de Israel»: cómo se inventó un «pueblo», se fabricó una lengua, se planificó con frialdad burocrática la expulsión de un millón de personas, se colaboró con el nazismo, se asesinó a judíos para forzar su migración, y cómo ese mismo modelo colonial se exporta hoy a dictaduras de todo el mundo por parte de una entidad que a su vez se presenta como «la única democracia de Medio Oriente» mientras ejerce un régimen de Apartheid y un Genocidio contra el pueblo de Palestina. Una nota construida a partir de múltiples fuentes, entre otras, las muy recomendables investigaciones del historiador Ilan Pappé (La limpieza étnica de Palestina; El mundo según Israel); Shlomo Sand (La invención del pueblo judío; La invención de la Tierra de Israel); Norman Finkelstein (La industria del Holocausto); Paul Wexler (The Non-Jewish Origins of the Sephardic Jews); Avi Shlaim (El muro de hierro); y análisis del investigador Christian Nader, y del medio «Crónicas del Levante».
Hay una frase que resume con brutal precisión el carácter del proyecto sionista: «No hubo tierra sin pueblo; hubo un pueblo al que se decidió convertir en nadie». La inversión del lema fundacional —«una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra»— no es un juego retórico. Es la descripción de una operación histórica deliberada que comenzó con la falsificación de la identidad, siguió con la fabricación de una lengua, organizó la destrucción sistemática de una sociedad nativa y hoy se perpetúa bajo la forma de un régimen de apartheid respaldado por las potencias imperiales de Occidente. Lo que se expone a continuación no es propaganda: es historia documentada por investigadores israelíes, lingüistas, arqueólogos, juristas internacionales y los propios archivos militares del Estado de Israel. Desmontarla es un acto de honestidad intelectual que la maquinaria del silencio —armada con la acusación de «antisemitismo»— lleva décadas intentando impedir. Aquí presentamos un listado de desmentidos y aclaraciones históricas contra las falsas narrativas que sostienen la creación de la entidad sionista «Estado de Israel».
I. El primer engaño: Palestina no estaba «vacía»
La premisa colonial más elemental del sionismo fue la afirmación de que Palestina era una tierra desierta, vacía o habitada por nómadas sin organización social. Era mentira. En 1880, antes de que comenzara la primera oleada migratoria sionista organizada, Palestina contaba con una población de aproximadamente medio millón de personas: agricultores sedentarios, artesanos, comerciantes, habitantes de ciudades con siglos de historia como Haifa, Nablus, Jaffa, Acre, Ramla y Jerusalén. La tierra estaba dividida en aldeas con sus propios sistemas de propiedad colectiva —el musha’a—, sus redes de irrigación, sus olivares centenarios y sus tradiciones culturales que se remontaban a milenios. Era, como describen los propios registros del Imperio Otomano, una sociedad en pleno proceso de modernización agrícola y urbana.
La imagen del «desierto» cumplía una función colonial precisa: si no había nadie, no había crimen. Si no había sociedad, no había desposesión. Si no había historia, no había robo. Por eso el mito debía mantenerse incluso contra la evidencia más obvia, incluso cuando los propios colonos llegaban y encontraban aldeas, mercados, carreteras y campos cultivados. El escritor sionista Israel Zangwill fue uno de los pocos en reconocerlo abiertamente a principios del siglo XX: «Palestina tiene una población pequeña de árabes y drusos, pero es inadecuada para las necesidades del pueblo judío», dijo. La solución que se derivó de ese reconocimiento fue la que Ben-Gurión formuló sin ambages en 1937, ante la Comisión Peel: «Los árabes deben marcharse. Esperamos el momento adecuado, como una guerra». El «momento adecuado» llegó en 1948.
El llamado «milagro verde» —la narrativa de que los colonos «hicieron florecer el desierto»— es la versión positiva del mismo mito. Según el investigador Christian Nader, la agricultura palestina era la base material y simbólica de la sociedad nativa mucho antes de la llegada del primer barco sionista. El olivo, en particular, era el eje de la economía campesina: árboles con cientos y en algunos casos miles de años de antigüedad, cuyo ciclo productivo requería generaciones de cuidado acumulado. Lo que el Estado de Israel hizo —y sigue haciendo— con esos olivos es una de las claves para entender su naturaleza colonial: los arranca. Desde 1948, se han destruido cientos de miles de olivos palestinos. En su lugar, el Fondo Nacional Judío (FNJ) plantó bosques de pinos y cipreses europeos sobre las ruinas de las aldeas demolidas, especies que dañan el suelo local, secan los acuíferos y son ajenas al ecosistema mediterráneo. El propósito no era ecológico sino político: ocultar los escombros, borrar los trazos de las aldeas destruidas y dificultar que los refugiados pudieran reconocer su tierra al regresar. Los israelíes llaman a estos bosques «bosques de la paz». Los palestinos los llaman lo que son: cementerios de su historia.
Hoy, las tierras agrícolas de la Palestina ocupada son trabajadas mayoritariamente por mano de obra migrante barata —tailandeses, filipinos, latinoamericanos— mientras los colonos actúan como administradores y propietarios. La imagen idílica del pionero que ara la tierra con sus propias manos es, también en ese sentido, una construcción publicitaria.
II. La invención del «pueblo judío»: la conversión de una religión en un falso pueblo
El sionismo necesitaba un sujeto histórico para reclamar un territorio. Lo construyó. El historiador israelí Shlomo Sand, en su obra académica ampliamente documentada, demuestra que el concepto de «pueblo judío» como nación biológica continua y unificada no tiene sustento histórico: es una invención del siglo XIX, fabricada bajo el influjo de los nacionalismos europeos de la época, que tomaron religiones transnacionales y las convirtieron en etnias y razas.
Antes del sionismo, el judaísmo era definido —tanto por las comunidades judías como por los estados europeos— como una comunidad religiosa dispersa por el mundo. Un judío polaco, un judío etíope y un judío yemení comparten la Torá, pero no el idioma, no la gastronomía, no la música, no la genética y no la historia política. Son tan distintos entre sí como un católico irlandés, un católico brasileño y un católico filipino. Nadie habla de un «pueblo católico» con derecho a reclamar Roma. Aplicar la misma lógica al judaísmo es, como señala Sand, un absurdo histórico.
¿Cómo se explica entonces la existencia de comunidades judías dispersas por todo el mundo? No por un éxodo masivo desde Palestina —que como veremos nunca ocurrió— sino por el proselitismo. Durante los siglos anteriores a nuestra era y los primeros siglos de nuestra era, el judaísmo fue una religión activamente misionera que realizó conversiones masivas en toda la cuenca mediterránea y más allá. Entre los grupos conversos que forman la base genética y cultural de las comunidades judías modernas se encuentran: las tribus del Imperio Jázaro, un Estado túrquico del Cáucaso y el sur de Rusia que adoptó el judaísmo entre los siglos VIII y X, y que es según Sand el origen principal de los judíos asquenazíes (que representan aproximadamente el 90% de la judería mundial); las tribus bereberes del norte de África que se judaizaron en los primeros siglos de nuestra era y que son el origen de importantes comunidades del Magreb; el reino de Himyar en Yemen, cuya élite adoptó el judaísmo en el siglo IV; y las conversiones en el reino de Adiabene en Mesopotamia y en el reino de Semien en Etiopía. En todos estos casos, no hubo inmigración desde Palestina: hubo conversión local.
La implicación es de una claridad perturbadora: la mayoría de los judíos del mundo no descienden de los antiguos habitantes de Judea. Son descendientes de conversos. Sus antepasados nunca estuvieron en Palestina. El «retorno» que proclama el sionismo no es un retorno: es una primera llegada a una tierra ajena.
El investigador Nader lleva el argumento más lejos señalando que los verdaderos descendientes biológicos y culturales de los pueblos que habitaron el Levante antiguo —cananeos, filisteos, hebreos, arameos— son, paradójicamente, los propios palestinos. Son ellos la síntesis histórica de todos los grupos que pasaron por esa tierra, que se mezclaron, que se convirtieron, que permanecieron. La arqueología y la genética moderna —que el propio Estado de Israel ha financiado y que han producido resultados políticamente inconvenientes— apuntan sistemáticamente en esa dirección.
El sionismo racializó una identidad religiosa, la convirtió en nación, y esa nación inventada reclamó entonces derechos sobre una tierra que pertenecía a otros. Es el esquema colonial clásico: primero se fabrica la justificación, luego se ejecuta la desposesión.
III. El mito del exilio romano y la «Tierra de Israel» como propiedad
La narrativa de que los judíos actuales son descendientes de una población expulsada en masa por los romanos en el año 70 de nuestra era —cuando Tito destruyó el Templo de Jerusalén— y que durante casi dos mil años conservaron una identidad nacional unificada esperando el momento del «retorno», es el mito fundacional del sionismo político. Es también, según la historiografía crítica, una construcción sin sustento en la evidencia histórica o arqueológica.
Sand señala que no existe un solo texto histórico romano, judío o de cualquier otra tradición que describa la expulsión masiva de la población de Judea. Los romanos, cuando destruían ciudades rebeldes, mataban, esclavizaban y deportaban a sus élites militares y políticas, pero no desplazaban poblaciones enteras de agricultores —cuya función era precisamente quedarse, trabajar la tierra y pagar impuestos al Imperio. Lo que sí ocurrió después del año 70 fue un proceso gradual de asimilación cultural y religiosa: los habitantes de Judea se fueron convirtiendo al cristianismo y, tras la conquista árabe del siglo VII, al islam. Esos habitantes permanecieron en la tierra. Sus descendientes son los palestinos.
El concepto de «Tierra de Israel» como reclamación territorial es una invención aún más reciente. Sand explica que durante siglos, para el judaísmo rabínico y talmúdico, la idea del «exilio» era un estado espiritual —una condición de alejamiento de Dios— y no una descripción geográfica de vida fuera de un territorio específico. El Talmud prohíbe explícitamente el intento de regresar en masa a la tierra prometida por la fuerza —una prohibición conocida como las «tres juramentaciones»— porque ese retorno solo podría ocurrir con la llegada del Mesías. Los rabinos antisionistas más radicales señalan que el Estado de Israel es, desde esta perspectiva religiosa, una blasfemia: un intento humano de adelantarse a Dios.
Lo que hizo el sionismo del siglo XIX fue secularizar este anhelo metafísico y convertirlo en una reclamación de propiedad física sobre un territorio habitado por otros. Tomó la Biblia —un texto teológico— y la transformó en un «título de propiedad» con más de dos mil años de antigüedad. Binyamin Netanyahu lo ha dicho en la Asamblea General de la ONU sosteniendo en alto una Biblia y señalando un mapa. El derecho internacional no reconoce los textos religiosos como instrumentos de soberanía. Si lo hiciera, los nativos americanos podrían reclamar la devolución de todo el continente con solo citar su cosmogonía.
IV. El hebreo moderno: una lengua fabricada para una nación inventada
A finales del siglo XIX, el proyecto sionista enfrentaba un problema cultural de proporciones monumentales: los colonos que llegaban a Palestina hablaban decenas de lenguas distintas —yidis, ruso, polaco, húngaro, ladino, árabe, alemán, rumano— y no tenían ningún idioma común que los unificara como «pueblo». La solución fue fabricar uno.
El hebreo antiguo era, desde aproximadamente el año 300 antes de nuestra era, una lengua muerta en términos cotidianos: sobrevivía como lengua litúrgica y académica —similar al latín en Europa— pero nadie la hablaba en su vida diaria. Eliezer Ben-Yehuda, un intelectual bielorruso cuyo nombre original era Eliezer Perlman, asumió la tarea de «resucitarla» a partir de 1881, siendo él mismo un hablante nativo de ruso y yidis.
El lingüista israelí Paul Wexler ha dedicado décadas a analizar la estructura del hebreo moderno y sus conclusiones son devastadoras para la narrativa sionista: el hebreo moderno no es genéticamente una lengua semítica. Es, en sus palabras, una lengua eslava —fundamentalmente una variante del yidis— que fue sometida a un proceso de «relexificación», es decir, se tomó la base gramatical, sintáctica y fonológica del yidis y de las lenguas eslavas de Europa oriental y se le superpuso un vocabulario extraído de la Biblia hebrea. El resultado es lo que Wexler llama un «Frankenstein lingüístico»: una lengua que viste ropas semíticas pero camina, piensa y construye sus frases con el paso eslavo del este de Europa.
Las pruebas son concretas. El hebreo antiguo, como el árabe clásico y el arameo, utilizaba sonidos guturales y glotales característicos de las lenguas semíticas: la ayin, la het, la tsade. Ben-Yehuda y sus seguidores, que nunca habían escuchado esos sonidos en su vida cotidiana, los eliminaron o los suavizaron hasta volverlos irreconocibles. La fonética del hebreo moderno se basó en la pronunciación sefardí de los textos litúrgicos —la forma en que los judíos expulsados de España en 1492 habían adaptado el hebreo escrito a su aparato fonético ibérico— no porque fuera más auténtica, sino porque era la pronunciación que les resultaba más accesible a hablantes europeos no semitas.
La sintaxis del hebreo moderno sigue los patrones del yidis o yidish (el idioma de las comunidades askenazíes del centro y este de Europa): frases construidas de izquierda a derecha con estructura sujeto-verbo-objeto, típica de las lenguas indoeuropeas, cuando el hebreo antiguo y las demás lenguas semíticas tienen estructuras radicalmente distintas. Para los temas que la Biblia no trataba —ciencia, tecnología, política moderna, burocracia, transporte— hubo que inventar miles de neologismos, muchos de ellos transliteraciones de palabras europeas con apariencia hebrea. Los propios líderes de la cúpula sionista —Ben-Gurión, Weizmann, Jabotinsky— siguieron hablando yidis, ruso o alemán en sus hogares y utilizaban el hebreo solo en actos públicos, como una actuación política.
En 1922, el gobierno del Mandato Británico añadió el «hebreo moderno» como lengua oficial de Palestina. En ese momento, menos del 2,12% de la población del territorio lo hablaba como lengua cotidiana. La imposición lingüística fue, como la imposición territorial, un acto de fuerza colonial, no un reconocimiento de realidades históricas.
V. El Imperio Británico: el verdadero origen del proyecto sionista
La narrativa oficial presenta a Gran Bretaña como un árbitro imparcial que intentó gestionar un conflicto preexistente entre árabes y judíos en Palestina. Es una distorsión histórica de primer orden. El Imperio Británico fue el arquitecto, el patrocinador, el financiador y el protector militar del proyecto colonial sionista desde sus primeras etapas.
El origen de esta relación no está en el siglo XX sino en el XVII: el sionismo no nació como movimiento judío sino como proyecto de comunidades evangélicas anglicanas en Inglaterra. Grupos de teólogos protestantes radicales, conocidos como «sionistas cristianos», sostenían que el retorno de los judíos a Palestina era una condición para el segundo advenimiento del Mesías y para la conversión final del pueblo judío al cristianismo. La motivación no era el amor por el judaísmo: era escatológica y, en última instancia, judeófoba, porque los judíos eran en esta narrativa un instrumento para un fin cristiano, destinados a convertirse o desaparecer en el momento culminante de la historia. Esta corriente teológica —documentada en autores como John Owen y Thomas Brightman en el siglo XVII, y que llegó a tener influencia directa sobre figuras como el primer ministro Lord Palmerston en el siglo XIX— fue la que preparó el terreno ideológico para que el Imperio Británico viera en el sionismo político un proyecto compatible con sus intereses imperiales.
La Declaración Balfour de noviembre de 1917, en la que el gobierno británico prometió al movimiento sionista «el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío» en Palestina, es el documento fundacional de este patrocinio colonial. Fue redactada por el Secretario de Estado Arthur James Balfour y enviada al barón Walter Rothschild, representante de la comunidad judía sionista en Gran Bretaña. El historiador Avi Shlaim la califica sin ambages de ilegal e inmoral: Gran Bretaña no tenía ningún título jurídico sobre Palestina en 1917 —aún era territorio del Imperio Otomano con el que estaba en guerra— y ningún gobierno tiene derecho bajo el derecho internacional a prometer el territorio de otro a una tercera parte. La Declaración fue integrada luego en el estatuto del Mandato Británico de Palestina, dándole una cobertura institucional que no cambiaba su naturaleza esencial: una promesa colonial sobre una tierra ajena.
Bajo el Mandato Británico (1920-1948), el gobierno colonial británico operó como el aparato de Estado del proyecto sionista. Facilitaron la llegada masiva de colonos mientras la población nativa protestaba y resistía. Establecieron reformas de tierras que pusieron la mayor cantidad posible de tierra pública en manos del Fondo Nacional Judío y otras agencias sionistas. Entre 1918 y 1925, solo en el valle de Jezreel, más de 60.000 campesinos palestinos —los fellahin— fueron desalojados de tierras que habían cultivado durante generaciones tras su compra por terratenientes ausentes a los que el gobierno colonial facilitó su venta. Entrenaron y armaron a las milicias sionistas: el oficial Orde Wingate creó las «Compañías de Noche» con combatientes de la Haganá, instruyéndolos en tácticas de incursión, emboscada y castigo colectivo contra aldeas árabes. Durante la Gran Revuelta Palestina de 1936 a 1939 —la mayor insurrección anticolonial de la historia árabe del siglo XX— las fuerzas británicas asesinaron, hirieron, encarcelaron o exiliaron a al menos el 10% de la población masculina adulta palestina, decapitando su liderazgo político y militar. Para cuando los británicos anunciaron su retirada en 1947, la sociedad palestina era, como señala Pappé, «una nación sin líderes»: sus dirigentes políticos estaban muertos o en el exilio, sus milicias disueltas, su capacidad organizativa destruida. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando las fuerzas sionistas lanzaron el Plan Dalet.
Los británicos no se limitaron a abandonar el territorio: facilitaron activamente el expolio. En ciudades como Jerusalén occidental, las tropas desarmaron a los residentes palestinos bajo promesa de protección y luego no cumplieron esa promesa cuando comenzaron los ataques. Proporcionaron a los líderes sionistas documentos burocráticos, escrituras de propiedad y archivos administrativos antes de partir. Desarmaron selectivamente a los palestinos mientras hacían la vista gorda con el rearme de la Haganá.
El Gran Mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, lo dijo sin rodeos ante los propios británicos en los años treinta: «Ustedes han creado este monstruo. Les pedimos que lo frenen antes de que nos destruya». Los británicos no frenaron nada.
VI. La ilegitimidad jurídica del Estado: la Resolución 181 no creó a Israel
La narrativa oficial sostiene que la ONU «creó legalmente» al Estado de Israel el 29 de noviembre de 1947 mediante la Resolución 181 de la Asamblea General, que recomendaba la partición de Palestina en dos estados. Es una de las distorsiones jurídicas más persistentes del discurso político contemporáneo.
La Resolución 181 fue una recomendación —no una resolución vinculante del Consejo de Seguridad— adoptada por la Asamblea General, que según la propia Carta de las Naciones Unidas no tiene facultad para dividir territorios ni crear estados. Para ser legalmente válida, la partición recomendada requería el acuerdo de las partes involucradas. La parte mayoritaria —los palestinos árabes, que constituían aproximadamente dos tercios de la población y poseían más del 93% de la tierra— rechazó categóricamente el plan. Ante ese rechazo, el Consejo de Seguridad discutió el tema y reconoció explícitamente que la ONU carecía de autoridad para imponer la partición por la fuerza. El plan «murió» jurídicamente en el Consejo de Seguridad. Es importante recalcarlo: la Asamblea General en una votación dividida formuló una recomendación, y conforme a la Carta de las Naciones Unidas, no tiene entre sus facultades e realizar actos de partición de límites y menos aún crear un Estado nuevo.
La desproporción del reparto propuesto era por sí sola una violación flagrante de los principios democráticos más elementales. En 1947, los colonos judíos poseían menos del 7% de la tierra de Palestina y constituían alrededor de un tercio de la población, en gran parte gracias a la inmigración masiva facilitada por el Mandato Británico. La Resolución 181 les asignaba el 56% del territorio, incluyendo las zonas agrícolas más fértiles —la llanura costera, el valle de Jezreel, el norte del Neguev. En casi todos los distritos de la zona asignada al «Estado judío», los palestinos eran mayoría demográfica. En el Néguev, los judíos constituían menos del 1% de la población. Que la ONU considerara ese reparto «justo» dice más sobre las relaciones de poder en 1947 que sobre cualquier principio de justicia.
El propio David Ben-Gurión (nacido en Polonia con nombre David Yosef Grün) fue transparente ante sus colaboradores más cercanos sobre el significado real de la Resolución. En una carta privada a su hijo Amos en 1937 —mucho antes de la votación de 1947— había escrito: «Un Estado judío parcial no es el fin, sino el comienzo. El establecimiento de tal Estado representará un impulso poderoso en nuestros esfuerzos históricos para redimir el conjunto del país». Tras la votación de 1947, dijo ante la dirección sionista que las fronteras del futuro Estado «serían determinadas por la fuerza». Y así fue: las milicias sionistas no se limitaron al 56% asignado. Terminaron ocupando el 78% de la Palestina histórica.
Es decir, eta recomendación no se cumplió en absoluto por el recién creado «Israel», pues de hecho, invadió prontamente Yaffa, entonces principal puerto de Palestina, entre abril y mayo de 1948, entre otras acciones militares que excedían los límites de la propia recomendación aprobada sólo unos meses antes por la Asamblea General de la ONU, la cual, además, nunca fue aceptada por la parte palestina.
El Estado de Israel fue fundado mediante una declaración unilateral el 14 de mayo de 1948, horas antes de la retirada británica, sin ningún acto jurídico de la ONU que lo avalara, sobre territorio que en ese momento estaba siendo conquistado militarmente y del que se estaba expulsando a su población nativa. La resolución 181 no fue el acto de nacimiento: fue la cobertura propagandística.
VII. El Plan Dalet y la planificación burocrática de la limpieza étnica
La Nakba —la catástrofe palestina de 1948— no fue el resultado de una guerra caótica en la que los palestinos simplemente «huyeron». Fue un proceso de limpieza étnica planificado con precisión burocrática durante años, ejecutado a través de una cadena de mando clandestina y documentado en los propios archivos militares israelíes. Ilan Pappé lo demostró de manera sistemática a partir de esos archivos, a un costo profesional y personal enorme: tuvo que abandonar Israel y exiliarse en el Reino Unido bajo presiones que incluyeron llamados públicos a su destitución.
La ideología de fondo era el concepto de «transferencia» —un eufemismo para la expulsión masiva— que estuvo presente en el pensamiento de los fundadores del sionismo desde sus primeros textos. Theodor Herzl escribió en su diario en 1895: «Intentaremos expulsar a la población pobre cruzando la frontera discretamente». Ben-Gurión, como señalamos, lo formuló con mayor claridad en 1937. Lo que cambió entre 1937 y 1948 fue que el concepto pasó de ser una aspiración a convertirse en un plan operativo.
La herramienta que hizo posible la planificación fueron los «expedientes de las aldeas»: un inventario sistemático que la inteligencia de la Haganá comenzó a elaborar a finales de los años treinta y que para 1947 cubría la totalidad de las aldeas palestinas. Estos expedientes no eran estudios académicos: eran documentos militares. Incluían mapas topográficos con los mejores ángulos de ataque, la ubicación de las fuentes de agua y los silos de grano, el número de hombres en condiciones de combatir, el estado de su armamento —casi siempre nulo o anticuado—, los nombres de líderes políticos, religiosos y comunitarios, y las personas que habían participado en la revuelta de 1936 y que por tanto figuraban en «listas negras». Eran, en suma, los archivos de la persecución organizada.
Las decisiones finales sobre la ejecución de la limpieza étnica fueron tomadas por la «Consultoría» —Haveadah Hamyeazet—, un comité clandestino de once hombres presidido por Ben-Gurión y compuesto por líderes militares como Yigael Yadin, Moshe Dayan, Yigal Allon e Isaac Sadeh, y por los «orientalistas» —expertos en asuntos árabes y jefes de la inteligencia— como Ezra Danin, Yehoshua Palmon y Gad Machnes. Ben-Gurión creó este grupo fuera de las instituciones oficiales precisamente porque era consciente de que el destino que planeaba para los palestinos no podía debatirse en foros públicos ni registrarse en actas formales. La Consultoría se reunía en la «Casa Roja» de Tel Aviv.
Entre el 31 de diciembre de 1947 y el 2 de enero de 1948, la Consultoría celebró lo que Pappé denomina el «largo seminario», una reunión de varios días en la residencia de Ben-Gurión donde se adoptaron decisiones que cambiaron la historia de Oriente Medio. Se acordó: abandonar el término «represalia» y adoptar el de «ofensiva»; lanzar ataques preventivos en áreas que habían permanecido tranquilas; no distinguir entre «culpables» e «inocentes», aplicando castigos colectivos —destrucción de barrios enteros, asesinato de civiles— para generar el terror necesario que provocara el éxodo masivo. El 10 de marzo de 1948, la misma Consultoría finalizó en la Casa Roja el Plan Dalet —Plan D—, el documento maestro de la limpieza étnica. Sus órdenes eran explícitas: las aldeas debían ser «destruidas mediante incendio, demolición con explosivos o minado de los escombros», y su población debía ser «expulsada fuera de las fronteras del Estado».
Los métodos de ejecución del Plan Dalet fueron múltiples y combinados. La guerra psicológica utilizaba altavoces para difundir rumores de que los judíos lanzarían «gases venenosos» o «armas atómicas» —terminología que había quedado grabada en la memoria colectiva después del Holocausto y cuyo efecto aterrador sobre las poblaciones civiles era perfectamente calculado. Las masacres planificadas, como la Masacre de Deir Yassin —el 9 de abril de 1948, ejecutada por las milicias del Irgún y el Lehi con conocimiento de la Haganá— y Ayn al Zaytun, no solo eran crímenes en sí mismas: eran instrumentos de terror diseñados para que la noticia se difundiera a las aldeas vecinas y provocara el pánico y la huida preventiva. En Deir Yassin, más de 100 civiles palestinos —incluyendo mujeres, niños y ancianos— fueron asesinados. Los sobrevivientes fueron paseados en camiones por las calles de Jerusalén antes de ser liberados, para que contaran lo que habían visto.
A esto se sumó la guerra biológica. Pappé documenta, con evidencia de la Cruz Roja Internacional, el envenenamiento del acueducto de Acre con gérmenes de tifus en mayo de 1948: el agua llegaba a la ciudad desde el manantial de Kabri a través de una tubería desprotegida que los agentes de la Haganá tuvieron acceso fácil de contaminar. La epidemia de tifus que siguió fue reconocida por inspectores de la Cruz Roja como un «emponzoñamiento externo», descartando la versión israelí de que se debía a hacinamiento o malas condiciones sanitarias. El brote, combinado con el bombardeo artillero, aceleró la caída de Acre. El 27 de mayo de 1948, fuerzas egipcias capturaron cerca de Gaza a dos hombres —David Horin y David Mizrachi— mientras intentaban contaminar pozos con virus de tifus y disentería. El general Yadin informó del incidente a Ben-Gurión, quien lo registró en su diario. Ninguno de los dos fue reclamado oficialmente por el Estado israelí. Fueron ejecutados. La guerra biológica no fue un incidente: estaba contemplada en el Plan C, el precursor del Plan Dalet, que ordenaba explícitamente «destruir las fuentes de sustento de los palestinos, incluyendo los pozos de agua y los molinos».
Tras la expulsión, el aparato estatal se encargó de hacer el desplazamiento permanente. Se creó la figura del «Custodio de la Propiedad Ausente», un mecanismo legal de una perversidad notable: declaraba «ausentes» a las personas que habían sido expulsadas por la fuerza y confiscaba y vendía sus propiedades —casas, tierras, negocios, muebles— a agencias judías o nuevos inmigrantes. Los propios refugiados que desde los campos en Líbano, Jordania o Siria podían ver sus casas desde la frontera eran legalmente «ausentes». Se impuso un régimen militar a los palestinos que permanecieron dentro del nuevo Estado —aproximadamente 150.000 personas— que duró hasta 1966, restringiendo su movimiento, confiscando sus tierras y sometiendo cada aspecto de su vida cotidiana a la autorización de un oficial militar. Se cambiaron los nombres árabes de ciudades, pueblos, ríos, valles y montañas por nombres hebreos bíblicos —un proceso que los académicos denominan «memoricidio» o «historicidio»— borrando de los mapas la historia nativa. Se plantaron los bosques del FNJ sobre los escombros. Se sembró con minas las ruinas de los barrios y casas destruidas para que los refugiados que intentaran regresar murieran en el intento.
El resultado: más de 530 aldeas destruidas, aproximadamente 750.000 personas expulsadas, decenas de masacres documentadas. Fue una de las operaciones de limpieza étnica más eficientemente ejecutadas del siglo XX.
VIII. La jerarquía racial interna: el sionismo también discrimina a los judíos
Uno de los aspectos menos conocidos del proyecto sionista es su profunda estructura racista interna, que contradice la imagen de unidad del «pueblo judío» que proyecta hacia el exterior. El Estado de Israel, como señala Christian Nader comparándolo con el sistema de castas de la India, opera bajo una jerarquía racial eurocéntrica que estratifica a la propia población judía según su proximidad a la identidad europea.
En la cima están los asquenazíes o askenazíes —judíos de origen en Europa central y del Este: polacos, rusos, alemanes, húngaros, lituanos—, que desde la fundación del Estado han controlado el poder político y económico sin excepción. Nader señala como evidencia elocuente que ni un solo Primer Ministro de Israel ha dejado de ser asquenazí en más de 75 años de historia del Estado, lo que en cualquier país occidental se calificaría sin dudas como una estructura de privilegio étnico sistemático. La gran mayoría de los ministros comparten la misma condición. Son ellos quienes diseñaron el proyecto, quienes controlan sus instituciones fundamentales, quienes definen su identidad oficial.
Un peldaño por debajo están los sefardíes —descendientes de los judíos expulsados de España en 1492—, quienes ocupan principalmente puestos en la fuerza pública y la burocracia media del Estado. Más abajo, los mizrajíes —los judíos de origen árabe u oriental: irakíes, marroquíes, yemeníes, sirios, egipcios—, a quienes el sionismo sometió a un proceso de «desarabización» forzada que Nader califica de «odioso». El mismo término «mizrají» —oriental— fue una invención sionista destinada a borrar su identidad como «judíos árabes», categoría que resultaba ideológicamente inaceptable para un proyecto que se definía precisamente en oposición al mundo árabe. Muchos mizrajíes fueron sometidos a procesos de humillación cultural que incluyeron la aspersión con DDT a su llegada a los puertos israelíes —«desinfección»— y la imposición de nombres hebreos en reemplazo de sus nombres árabes.
Durante la ejecución del Plan Dalet, los mizrajíes fueron ubicados en las posiciones de combate más peligrosas —la primera línea de asalto— mientras la cúpula asquenazí planificaba desde los estados mayores. La Brigada Qiryati, compuesta mayoritariamente por judíos árabes, fue descrita en informes militares oficiales de junio de 1948 como una unidad de «menor calidad humana», compuesta por «analfabetos» sin candidatos aptos para el oficialato, y era enviada con frecuencia a realizar los saqueos y las «misiones menos atractivas» que las brigadas de élite —como el Palmaj— evitaban.
En la base de la pirámide están los judíos etíopes —los Beta Israel o «Falashas»—, que sufren una discriminación sistemática por parte de todos los grupos superiores, son relegados a las periferias urbanas empobrecidas y registran tasas de suicidio desproporcionadamente altas. Las mujeres etíopes han sido sometidas a esterilizaciones forzadas que el Estado israelí reconoció formalmente en 2013 solo después de que el escándalo se hiciera imposible de negar. Los conversos recientes de Asia Central o China ocupan el último lugar de esta jerarquía.
La paradoja que señala Nader es tan cruel como históricamente comprensible: muchos sectores de la población mizrají, precisamente por haber sido utilizados para ejecutar la limpieza étnica de otros árabes —los palestinos— y por su necesidad de integrarse en la jerarquía para sobrevivir, se han convertido en algunos de los defensores más vociferantes del régimen de segregación que los discrimina. Es el mecanismo clásico del colonialismo interno: crear una clase media de dominados que tenga algo que perder si el sistema cae.
IX. Colaboración con el nazismo y terrorismo de falsa bandera contra judíos
Dos hechos históricos documentados que la narrativa sionista trabaja sistemáticamente para silenciar o relativizar revelan la naturaleza profundamente instrumental del proyecto: su colaboración con el régimen nazi y su uso del terrorismo contra comunidades judías que no querían emigrar a Palestina.
El Acuerdo Haavara —Acuerdo de Transferencia— fue firmado en agosto de 1933 entre la Organización Sionista Mundial y el régimen nazi fascista encabezado por Adolf Hitler, apenas seis meses después de que los nazis tomaran el poder por su Golpe de Estado continuado. El acuerdo facilitaba la emigración de judíos alemanes a Palestina junto con una parte de sus bienes, bajo la condición de que los fondos se utilizaran para comprar exportaciones alemanas, ayudando efectivamente al Tercer Reich a romper el boicot económico internacional que las comunidades judías de todo el mundo habían declarado contra la Alemania nazi. Más de 60.000 judíos emigraron bajo este acuerdo entre 1933 y 1939, llevando consigo el equivalente a varios cientos de millones de dólares actuales. El boicot fue una de las primeras respuestas populares al nazismo; el liderazgo sionista lo saboteó.
Vladimir Jabotinsky, fundador del «sionismo revisionista» y padre ideológico del Likud —el partido que ha gobernado Israel durante la mayor parte de su historia y que lidera Benajmin Miliekowsky alias Netanyahu—, era un admirador declarado de enito Mussolini. Mantuvo correspondencia con él, envió a sus milicias a entrenarse en la Italia fascista y modeló la estética y la organización de su movimiento juvenil —el Betar— sobre los moldes del fascismo europeo. En 1934, oficiales de las SS visitaron asentamientos sionistas en Palestina en el marco de contactos que la Haganá facilitó. Se acuñaron medallas conmemorativas de estas visitas con la esvástica en un lado y la estrella de David en el otro.
El terrorismo contra comunidades judías diaspóricas que no querían migrar a Palestina es aún más perturbador. En Bagdad, entre 1950 y 1951, cuando la comunidad judía iraquí —una de las más antiguas del mundo, con presencia continua desde la época babilónica— había decidido mayoritariamente no emigrar a Israel y había comenzado a reconstituir su vida en el Irak posmonárquico, agentes del Mosad comenzaron a poner bombas en sinagogas, cafés y barrios judíos de la ciudad. Los ataques mataron civiles judíos iraquíes y generaron el pánico necesario para que la comunidad, aterrorizada, aceptara renunciar a su ciudadanía iraquí y emigrar masivamente a Israel. La operación fue eventualmente reconocida por el propio Estado israelí décadas después, tras el testimonio de algunos de sus participantes.
El Asunto Lavon —conocido en Israel como «El asunto»— es otro ejemplo paradigmático. En 1954, una red de espionaje del servicio de inteligencia israelí colocó bombas en instalaciones estadounidenses y británicas en El Cairo y Alejandría (las dos princpales ciudades de Egipto), planeando que los ataques fueran atribuidos a los Hermanos Musulmanes o al gobierno de Nasser, con el objetivo de sabotear la retirada de las tropas británicas de Egipto y deteriorar las relaciones entre El Cairo y Occidente. La red fue capturada antes de completar sus objetivos. El escándalo político que siguió en Israel —¿quién autorizó la operación?— sacudió al gobierno durante años, pero la naturaleza del acto —un ataque de falsa bandera destinado a culpar a árabes y manipular la política internacional— quedó documentada.
En 1940, la propia Haganá ordenó el sabotaje del SS Patria, un buque en el que los británicos iban a transportar a 1.800 refugiados judíos europeos a Mauricio, para que no fueran admitidos en Palestina. La explosión hundió el barco en el puerto de Haifa y mató a 267 refugiados. El sionismo exigía que la migración judía fuera exclusivamente hacia Palestina y bajo su control: los refugiados debían ser instrumentos del proyecto, no personas con derecho a elegir su destino. La historia fue encubierta durante décadas como un «accidente» o como un acto suicida de los propios refugiados en protesta por su deportación.
X. La instrumentalización del Holocausto como escudo ideológico
Norman Finkelstein, hijo de sobrevivientes del Holocausto, desarrolló en su libro «La industria del Holocausto» el argumento de que el uso político del genocidio nazi contra el pueblo judío se transformó, a partir de 1967, en un instrumento ideológico al servicio del Estado de Israel y sus aliados. Finkelstein no niega el Holocausto —sería absurdo que lo hiciera, dados sus orígenes familiares—: denuncia su instrumentalización.
Antes de 1967, el Holocausto tenía relativamente poca presencia en la cultura política estadounidense. Fue después de la guerra de los Seis Días —cuando Israel se transformó en el principal aliado estratégico de Estados Unidos en el Medio Oriente, ocupó nuevos territorios y comenzó a necesitar cobertura política internacional para sus políticas— que la memoria del Holocausto fue elevada al centro de la identidad política occidental. A partir de entonces, cualquier crítica al Estado de Israel podía ser respondida con una sola palabra: «antisemitismo». El mecanismo es de una eficacia política notable: convierte a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dueño de capacidad nuclear no declarada, en una «víctima» permanente e intocable.
La instrumentalización tiene además una dimensión interna perversa. Muchos judíos mizrajíes y sefardíes señalan que el Holocausto —un trauma específicamente asquenazí, producto de la persecución europea— fue apropiado como trauma fundacional de todo el «pueblo judío» para justificar un Estado que en realidad beneficia desproporcionadamente a la élite asquenazí. Los judíos yemeníes, iraquíes o etíopes no fueron perseguidos por los nazis: sus traumas históricos son otros y no tienen en el Holocausto su referencia central. Pero el Estado los inscribió en ese relato porque lo necesitaba como legitimación universal, a la vez que se copó la memoria histórica acerca de los horrores del régimen nazi fascista como si las personas del «pueblo judío» hubieran sido sus únicas víctimas, cuando en rigor las personas de religión judía mayoritariamente askenazíes fueron una parte de la gran cantidad de víctimas que tuvo el terror nazi fascista.
XI. El apartheid: más sofisticado que el sudafricano
El régimen que el Estado de Israel ha construido sobre la población palestina ha sido calificado como apartheid por organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso la propia relatora especial de la ONU para los territorios ocupados, así como por buena parte de la academia jurídica internacional. La caracterización no es retórica: responde a criterios legales precisos establecidos en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, que define este crimen como «actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial sobre otro».
Israel se define a sí mismo no como el Estado de sus ciudadanos o habitantes, sino como el Estado del «pueblo judío» del mundo entero, independientemente de donde vivan. Esta definición tiene consecuencias jurídicas concretas: un judío nacido en Nueva York tiene derecho automático a «regresar» a Israel —Ley de Retorno de 1950— mientras que un palestino nacido en Haifa cuya familia fue expulsada en 1948 y cuya casa sigue en pie no tiene derecho a volver ni a reclamar su propiedad. Más de 65 leyes discriminan activamente a la población no judía.
En Cisjordania, el sistema de apartheid es, como señala Nader, «descarado y visible». Dos sistemas jurídicos paralelos rigen sobre el mismo territorio: los colonos judíos —que según el derecho internacional son la parte ilegal del conflicto, al residir en territorios ocupados en violación de la Cuarta Convención de Ginebra— gozan de plenos derechos civiles israelíes, tienen sus propias carreteras exclusivas por las que los palestinos tienen prohibido circular, y acceden a recursos hídricos en cantidades muy superiores a las que se permite a los palestinos. Los palestinos, sobre el mismo territorio, viven bajo régimen militar, deben obtener permisos para moverse, trabajar o construir, y sus tierras pueden ser confiscadas por decreto militar con mínimas compensaciones o ninguna.
El sistema de propiedad de la tierra es uno de los pilares más sólidos del apartheid. Aproximadamente el 93% de la tierra de Israel/Palestina es tierra estatal o controlada por el FNJ, el Fondo Nacional Judío. Las leyes del FNJ prohíben explícitamente arrendar o vender esas tierras a no judíos. Las comunidades palestinas que permanecieron dentro del Estado de Israel en 1948 —hoy denominados «árabes israelíes» o «palestinos con ciudadanía israelí»— no han podido fundar ni una sola aldea nueva desde entonces, mientras el Estado ha fundado cientos de nuevos asentamientos judíos. Los palestinos de ciudadanía israelí viven hacinados en el 2% del territorio, con presupuestos municipales sistémicamente inferiores a los de las comunidades judías.
La comparación con el apartheid sudafricano no es solo analítica: es histórica. Israel fue, durante los años setenta y ochenta, el principal aliado y proveedor de armas del régimen de Sudáfrica cuando este era objeto de boicot internacional. La cooperación incluyó tecnología de armas, entrenamiento de fuerzas de seguridad y, según fuentes que ambos gobiernos han negado siempre pero que múltiples investigadores han documentado, cooperación en el desarrollo de armamento nuclear. Los dos regímenes se reconocían como «productos idénticos»: ambos eran colonias de asentamiento europeas en tierras no europeas, basadas en la desposesión y la deshumanización del nativo, y ambos sabían que su supervivencia a largo plazo dependía de la solidaridad entre los regímenes coloniales y del apoyo de las potencias imperiales.
La diferencia que señalan muchos analistas es que el apartheid israelí ha resultado ser más sofisticado en su ingeniería jurídica y más eficaz en su propaganda internacional. El régimen sudafricano nunca pudo presentarse como «víctima»; Israel sí. El régimen sudafricano nunca tuvo la cobertura ideológica del Holocausto; Israel sí. Pero la lógica subyacente es la misma: la vida del nativo vale menos, sus derechos son contingentes y su desaparición es un fin deseable.
XII. Palestina como laboratorio global de la represión
Una de las exportaciones más lucrativas del Estado de Israel es invisible en los catálogos comerciales pero presente en las consecuencias políticas de docenas de conflictos en todo el mundo: la tecnología de represión, vigilancia y contrainsurgencia desarrollada y probada sobre la población palestina.
El sistema espía Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group, fue vendido a gobiernos de Arabia Saudita, México, Hungría, India, Ruanda y otros países, que lo utilizaron para espiar a periodistas, abogados de derechos humanos, opositores políticos y activistas. Pegasus fue probado y perfeccionado en el contexto de la vigilancia de la población palestina en Gaza y Cisjordania, donde Israel lleva décadas desarrollando tecnologías de control —reconocimiento facial, escuchas masivas, drones de vigilancia— que luego se comercializan globalmente como «tecnología probada en combate». Es un modelo de negocio colonial: se utiliza a la población ocupada como conejillo de indias para desarrollar tecnologías que luego se venden a quien desee controlar y reprimir a sus propias poblaciones.
Asesores militares israelíes entrenaron a los escuadrones de la muerte del ejército guatemalteco que ejecutaron el genocidio maya en los años ochenta. El general Efraín Ríos Montt —condenado posteriormente por genocidio— mantuvo estrechas relaciones con el gobierno de Begin. Paramilitares colombianos recibieron entrenamiento de instructores israelíes. La empresa de seguridad privada israelí Global CST proporcionó entrenamiento a fuerzas que han sido documentadas en graves violaciones de derechos humanos en varios países africanos. La tecnología de drones israelí ha sido vendida a docenas de ejércitos y fuerzas policiales de todo el mundo.
El asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, de Al Jazeera, en mayo de 2022 —documentado en video, ejecutado por un francotirador israelí mientras cubría una operación militar en Jenín con su chaleco de prensa claramente visible— y la posterior negativa del Estado israelí a someter el caso a una investigación independiente, es la ilustración contemporánea de una política que tiene décadas: los periodistas que documentan los crímenes del Estado son objetivos militares.
XIII. La apropiación cultural: el último robo
Cuando se ha expropiado la tierra, destruido las aldeas, borrado los nombres y expulsado a la población, resta un último acto del colonialismo: apropiarse de la cultura del pueblo desplazado y presentarla como propia. Israel lo ha hecho sistemáticamente con la cultura palestina.
El hummus, el falafel, el shawarma, el knafeh, el zaatar: platos con milenios de historia en la cocina de las poblaciones nativas del Levante fueron reetiquetados como «comida israelí» y exportados al mundo. Los patrones del bordado tradicional palestino —el tatriz, con sus motivos geométricos específicos de cada región y ciudad— fueron apropiados y comercializados como artesanía israelí. El dabke, la danza folclórica palestina que se baila en bodas y ceremonias comunitarias, aparece en promociones turísticas israelíes sin mención de su origen. El manul, el instrumento de viento ancestral de los pastores palestinos, figura en grabaciones que lo presentan como «música tradicional israelí».
Esta apropiación no es trivial ni anecdótica. Para una población que ha perdido su tierra, sus casas, sus archivos y muchos de sus miembros, la cultura —el bordado, la danza, la comida, la música— es uno de los últimos repositorios de la identidad y la historia. Robársela es la continuación del memoricidio por otros medios.
Conclusión: un solo Estado, no dos
Todo lo señalado en esta nota lleva a rechazar la llamada «solución de dos estados», que a fin de cuentas ha operado como un mecanismo de dilación que durante décadas de supuestos «procesos de paz» ha servido solamente para que se consolide el proyecto colonialista: el número de colonos en Cisjordania pasó de 200.000 a más de 700.000, haciendo materialmente imposible la viabilidad de cualquier Estado palestino digno de ese nombre. Los acuerdos de Oslo de 1993 son hoy considerados por amplios sectores de la sociedad palestina como el mayor error estratégico de su historia contemporánea: legitimaron la ocupación, desarmaron la resistencia política y le dieron a Israel tres décadas de cobertura internacional para continuar la colonización.
La propuesta que emerge de las fuentes es la de un único Estado democrático, laico y multicultural en el territorio de la Palestina histórica, donde todos sus habitantes —palestinos y judíos— convivan bajo un sistema de derechos iguales, con garantía del derecho de retorno para los más de siete millones de palestinos en la diáspora y reparaciones por el expolio de 1948 y los setenta y cinco años de ocupación. No como utopía inalcanzable, sino como única forma de desmantelar la estructura del apartheid de raíz.
Quienes objetan esta propuesta diciendo que es irrealista deberían recordar que en 1985 el apartheid sudafricano parecía igualmente inamovible. Cayó ocho años después, bajo el peso de la resistencia interna, el boicot internacional y su propia contradicción moral insostenible. Las mismas fuerzas históricas están en marcha. La pregunta no es si el régimen de apartheid sobre Palestina terminará, sino cuándo y a qué costo humano dependerá, en parte, de cuánto tiempo tarde el mundo en llamarlo por su nombre.
Fuentes: investigaciones del historiador Ilan Pappé (La limpieza étnica de Palestina; El mundo según Israel); Shlomo Sand (La invención del pueblo judío; La invención de la Tierra de Israel); Norman Finkelstein (La industria del Holocausto); Paul Wexler (The Non-Jewish Origins of the Sephardic Jews); Avi Shlaim (El muro de hierro); y análisis del investigador Christian Nader, y del medio «Crónicas del Levante».
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