Sindicato nacional denuncia grave crisis en PRODEMU por decisiones de Irina Karamanos y ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana
A través de un comunicado público, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Fundación PRODEMU, que atiende y colabora con más de 50 mil mujeres a lo largo del país en diversos ámbitos, denunció una grave crisis institucional que ha culminado, por primera vez en su historia, con la falta de pago de las remuneraciones del mes de enero. La organización sindical atribuye directamente esta situación a decisiones políticas adoptadas por Irina Karamanos, ex pareja de Gabriel Boric y entonces encargada de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, y por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. Se trata de un nuevo traspié en la pretensión expresa del gobierno de Boric de constituirse en el «primer gobierno feminista» en la historia de Chile.
El texto, publicado este miércoles 28 de enero, advierte que “no existen las transferencias necesarias para pagar los sueldos de enero”, subrayando el carácter inédito del hecho: “En 35 años de historia institucional, esto jamás había ocurrido. Nunca. Bajo ningún gobierno, bajo ninguna administración”.
Según el sindicato, el origen del deterioro se encuentra en la eliminación de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, decisión que tomada por Irina Karamanos y que, aseguran, se tomó “sin estudios, sin evaluación de impacto y sin un plan de transición”. Este cambio derivó en el traspaso de PRODEMU y otras fundaciones a ministerios que, afirman, “no tenían ni recursos, ni estructura, ni voluntad real para recibirlas”.
La crítica se extiende hacia la ministra Antonia Orellana (partido Frente Amplio), a quien acusan de acciones deliberadas que agravaron la situación. El comunicado sostiene que la secretaria de Estado “firmó un convenio de transferencia para los años 2024–2025 que excluye expresamente los derechos laborales” de los trabajadores, a pesar de existir contratos colectivos vigentes. “No puede alegar desconocimiento. No puede alegar error. Fue una decisión política deliberada”, afirma el documento.
El sindicato califica la situación como un “maltrato institucional” y una “negligencia política grave”, resumiendo la responsabilidad en “dos nombres: Irina Karamanos, por destruir sin medir consecuencias; Antonia Orellana, por administrar, profundizar y legitimar ese daño”.
Finalmente, la organización declaró que no aceptará “el silencio ni la precarización como política pública” y concluyó que “el daño que esta administración le está causando a PRODEMU no se borra con discursos, ni con feminismo declarativo, ni con excusas tardías”.
La declaración del Sinidicato PRODEMU íntegra, a continuación:
