Cancillería de Gobierno de Boric rechaza competencia de la Corte Interamericana de DDHH para conocer de rebaja de pena a Juan Emilio Cheyre por su participación en la Caravana de la Muerte
El gobierno de Gabriel Boric informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no reconoce su competencia para evaluar la pena aplicada al excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, condenado como cómplice en el caso Caravana de la Muerte. La razón dada por el Poder Ejecutivo chileno: el Estado de Chile solo suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en 1990, y los crímenes ocurrieron en los últimos meses de 1973, en los primeros tiempos de la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet. Sin embargo, la denuncia señala que lo que se alega es la actuación judicial de rebaja de penas, cuestión ocurrida a fines de 2023, cuando ya estaban vigentes las obligaciones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) impone al Estado de Chile. La respuesta emitida por la Cancillería del Gobierno de Gabriel Boric intenta evitar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
La postura del Gobierno de Chile fue comunicada en un escrito enviado a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en respuesta a una denuncia presentada por los abogados Cristián Cruz y Karinna Fernández, representantes de familiares de 15 prisioneros políticos ejecutados en La Serena en octubre de 1973. Los querellantes no impugnan los hechos en sí —ya juzgados—, sino que acusan al Estado de aplicar una sanción menor a la debida a Juan Emilio Cheyre, quien cumple su condena sólo bajo libertad vigilada intensiva pese a su responsabilidad en los asesinatos.
Los abogados Cruz y Fernández no denunciaron al Estado chileno por los crímenes de la «Caravana de la Muerte» cometidos en La Serena, sino porque en el juicio de ese caso los tribunales aplicaron una pena insuficiente al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. Esto, porque Cheyre, aunque fue condenado como cómplice, puede cumplir su sanción bajo libertad vigilada intensiva. Esa actuación judicial ocurrió a fines de 2023, cuando ya estaban vigentes las obligaciones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) impone al Estado de Chile.
El argumento del Gobierno de Chile: La Corte IDH no tiene competencia para conocer hechos previos a 1990
La Cancillería del Gobierno de Chile sostiene que la CIDH carece de competencia ratione temporis (por razón de tiempo) para revisar crímenes previos a 1990.
Se lee en el documento: «[…] no hay nada en la CADH o en la ratificación del Estado que permita concluir una intención de dar efecto retroactivo a dicho tratado internacional. Por el contrario, el Estado, al momento de depositar el instrumento de ratificación de la CADH en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (lo que ocurrió el 21 de agosto de 1990), incorporó la siguiente reserva:
“[…] el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990”. (Énfasis añadido por el Estado) Ello es indicativo de una voluntad de dar efecto prospectivo y no retroactivo a la CADH.»
En todo caso, el Gobierno de Chile admite que el sistema interamericano sí puede pronunciarse sobre actuaciones judiciales posteriores, como la rebaja de pena a Cheyre en 2023. Este matiz es clave, pues en junio de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó anular las rebajas de penas a 50 condenados por violaciones a los DD.HH., al considerar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y sus autores no pueden obtener estos beneficios penales.
Los abogados de las víctimas, por su parte, alegan que la condena a Cheyre —reducida por «ausencia de antecedentes penales»— no cumple con los estándares internacionales. «Mientras otros encubridores recibieron penas efectivas, él evade la cárcel pese a su participación en 15 homicidios», señala el documento presentado por la defensa jurídica de estas víctimas de la dictadura.
Los hechos y la larga lucha por justicia
Los 15 prisioneros fueron fusilados en el Regimiento Arica tras una reunión en la que participó Cheyre, entonces subteniente. Sus cuerpos, enterrados en una fosa común, permanecieron como detenidos desaparecidos hasta 1998, cuando una exhumación reveló errores en su identificación por parte del Servicio Médico Legal (SML). Recién en 2023, el exmilitar fue condenado a 5 años de libertad vigilada, una decisión que los familiares califican de «insuficiente«.
El gobierno reiteró que, aunque la Corte IDH ha examinado casos de la dictadura, lo ha hecho solo respecto a procesos posteriores a 1990, como investigaciones o reparaciones. «Chile no puede ser responsabilizado por hechos previos a la firma de la CADH», insistió.
Un camino largo
La denuncia ante la CIDH —presentada en agosto de 2024— es el inicio de un proceso que podría extenderse por más de una década. Mientras, los familiares esperan que el sistema interamericano obligue al Estado a revisar la pena de Cheyre bajo los parámetros de la justicia internacional y el derecho internacional de los derechos humanos.
La respuesta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Tras la divulgación de la comunicación enviada por el Gobierno de Boric al sistema interamericano de derechos humanos, numerosas organizaciones de derechos humanos y medios alternativos divulgaron el repudio a la posición gubernamental. Entre ellas, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en la que la califica como «una denegación de justicia» y «una ofensa a las víctimas y una revictimización», manifestando «su total y profundo rechazo».
Declaración Pública
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, (AFEP) no puede guardar silencio, en relación a la respuesta del gobierno del presidente Boric, a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la pena aplicada a Emilio Cheyre por 15 homicidios calificados y reiterados, manifestamos lo siguiente:
Que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha solicitado se rechace una denuncia contra el estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos por violación de la Convención Americana de Derechos humanos, sentimos que es una denegación de justicia, a 52 años del Golpe Civil Militar.
Con ocasión de la pena aplicada al General de Ejército y ex Comandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre, por la ejecución de Óscar Aedo Herrera, Carlos Alcayaga Varela, José Eduardo Araya González, Marcos Barrantes Alcayaga, Jorge Abel Contreras Godoy, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Óscar Armando Cortés Cortés, Víctor Fernando Escobar Astudillo, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Manuel Jachadur Marcarián Jamett, Jorge Osorio Zamora, Jorge Washington Peña Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda y Gabriel Vergara Muñoz, ocurridas en el año 1973, en uno de los episodios criminales de la denominada Caravana de la Muerte, durante la dictadura de Pinochet.
Emilio Cheyre fue condenado por sentencia firme del año 2023 a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de cómplice de los homicidios reiterados y calificados de las 15 personas antes mencionadas, otorgándole el beneficio carcelario de la libertad vigilada, de manera que no cumple de manera efectiva la pena privativa de libertad.
La denuncia sostiene que Cheyre en el año 2023, no fue condenado a una pena proporcional a la gravedad de los hechos, 15 homicidios calificados y reiterados, y que esa pena configura un agravio a la garantía de no repetición.
El gobierno solicitó la inadmisibilidad o rechazo de la denuncia por estimar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para conocer de los hechos de esta denuncia por la época en que ocurrieron. Los hechos denunciados ocurrieron y se materializaron como violatorios de la Convención Americana al condenar, a Emilio Cheyre en el a año 2023, a una pena de 5 años con libertad vigilada por 15 homicidios calificados y reiterados.
Manifestamos nuestro total y profundo rechazo a la respuesta del Gobierno consideramos que es una ofensa a las víctimas y una revictimización, porque elude la cuestión de fondo y el control de convencionalidad, respecto de una sanción penal ignominiosa por la falta de proporcionalidad, por hechos calificados como crímenes de lesa humanidad, además esta respuesta es constitutiva de una
violación flagrante de la garantía de no repetición, y de una pobre valoración de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Llamamos al gobierno a legislar para terminar con la Media Prescripción que se aplica en Crímenes de Lesa Humanidad hasta hoy. El Estado Chileno fue condenado por la CIDH, en marzo de 2024 contra la aplicación de la Media Prescripción en causas de Violaciones de DDHH de la Dictadura Civil Militar, por lo cual es urgente legislar lo antes posible, tanto la Media Prescripción y el Decreto Ley 2.191 de 1978 de la Dictadura, Amnistía que aún está vigente.
Verdad, Justicia y Memoria
Más información y fuente: «Gobierno responde a la Comisión Interamericana de DD.HH. que esa entidad no tiene competencia sobre crímenes ocurridos en dictadura» Mauricio Weibel para Ciper Chile.
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