Declaración de la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC ante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro
En el marco de la Cumbre G20 en Brasil 2024, compartimos la declaración de la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC, que agrupa a un significativo conjunto de organizaciones, plataformas y redes nacionales y regionales de diverso tipo y ámbito de acción, con el objetivo de informar acerca de los instrumentos políticos y jurídicos mediante los cuales se despliega el capitalismo neoliberal en la época actual, y combatir su ampliación y multiplicación en los países de nuestra América.
A continuación, la declaración completa (las negrillas son nuestras):
Declaración de la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC ante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro. Noviembre 2024
Las organizaciones sociales y populares articuladas en la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC acompañamos a los y movimientos sociales y populares brasileños, y del mundo, que se reunirán en Río de Janeiro en el marco del G20 Social y de la Cumbre de los Pueblos para debatir agendas alternativas a la Cumbre de Líderes del G20, convocada para los días 18 y 19 de noviembre en esta ciudad.
Más allá de las distintas convocatorias que puedan existir, el activismo social que lucha en distintas latitudes por la justicia social y ambiental, y por la plena vigencia de la soberanía económica, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los pueblos, tiene un piso común de demandas y de reclamos urgentes para hacer escuchar ante un encuentro internacional de estas características.
En un mundo desgarrado por la crisis del capitalismo central, los conflictos bélicos y la crisis ambiental, no sólo es necesario hacer escuchar nuestras voces críticas al sistema mundo actual, sino advertir respecto a las falsas soluciones que nos han traído hasta acá y que amenazan con conducirnos a un destino más desolador. La crisis socio ambiental que atravesamos puede llevarnos a un callejón sin salida si no somos capaces de poner los intereses de los pueblos por encima de los intereses del gran capital transnacional. Los impactos negativos de tres décadas de Tratados de Libre Comercio en la región exigen rectificar y poner en discusión esa lex mercatoria, ese entramado de acuerdos y tratados mal llamados de libre comercio y de protección de inversiones, que atentan contra los derechos de las y los trabajadoras/es, campesinas/os, pueblos indígenas y afroamericanos, con efectos doblemente devastadores para los sectores más explotados y vulnerables, a los que pertenecen mayoritariamente los más pobres, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, los jóvenes, las diversidades étnicas y sexuales, la tercera edad y la propia naturaleza.
Los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Inversiones fueron promocionados por su supuesta capacidad de integrar económicamente a las naciones, pero al poco tiempo mostraron su verdadera cara: cristalizan relaciones profundamente asimétricas, involucran más que comercio y convierten a los Estados más débiles en estructuras impotentes para garantizar los derechos de las mayorías y la soberanía alimentaria, económica y productiva de los pueblos.
Asimismo, someten a las naciones a sistemas de arbitraje donde tribunales privados validan demandas extorsivas y multimillonarias sentencias a favor de trasnacionales, convierten nuestros territorios en zonas de sacrificio, al servicio de la acumulación de capital y en manos de corporaciones transnacionales imperialistas, para el saqueo de nuestros bienes comunes y para sostener la transición energética en favor de los países del norte, configurando un nuevo orden de dominación neocolonial.
Los pueblos de las naciones que integran el G20 deben tomar nota de esto y habilitar en sus países, y en aquellos con los que tienen acuerdos, la auditoría de los TLC y TBI, denunciar esos tratados en función del daño producido a las comunidades, retirar a sus países de los sistemas de arbitraje como el CIADI, diseñados al servicio de las corporaciones transnacionales. En tal sentido consideramos un paso importante en la dirección correcta el retiro del CIADI por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Honduras.
En función de estos lineamientos, desde la Plataforma América Latina el Caribe Mejor Sin Tratados de Libre Comercio insistimos en denunciar al CIADI y las acciones que en el marco de este organismo llevan adelante corporaciones trasnacionales contra Honduras. Del mismo, modo repudiamos el mecanismo de solución de controversias inversor estado (ISDS) que, en este y otros centros de arbitraje, materializan demandas extorsivas contra países de América Latina y el Caribe y del sur global, y que tiene entre los países más demandados de la región a Argentina, Venezuela, México, Perú y Ecuador, entre otros.
Asimismo, rechazamos la negociación de nuevos acuerdos, como la “modernización” del Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea, que garantiza el saqueo del litio y el cobre e incluye preocupantes lineamientos de cooperación militar que subordinan a Chile a la geopolítica de la UE y la OTAN en eventuales conflictos bélicos. Del mismo modo, rechazamos la modernización del TLC entre México y la Unión Europa que protege a inversores extranjeros y pone en riesgo el medio ambiente, el clima y permite que las empresas europeas violen los derechos humanos de las y los mexicanos sin consecuencias. A su vez, camuflan el sistema de resolución de controversias generando cortes permanentes que funcionan bajo normas idénticas al sistema vigente en los tratados bilaterales de inversión y en el resto de los tratados de libre comercio.
En el mismo sentido, y ante la posibilidad que se formalice el acuerdo entre el Mercosur y la
Unión Europea, denunciamos este Tratado por ser hecho a la medida de la industria y
corporaciones europeas, así como del agro-negocio en los países del sur, con previsibles
impactos catastróficos en materia desindustrialización y pérdida de puestos de trabajo, como alertan organizaciones sindicales, así como también, con resultados negativos como la mercantilización de servicios públicos, la deforestación de la Amazonia, y el agravamiento de la crisis climática, entre otros.
En la medida en que el G20 es un mecanismo de diálogo entre las 20 economías más grandes del mundo, creemos fundamental que también sea un espacio de diálogos entre los trabajadores y los pueblos de esos países y por eso es que buscamos intervenir en los debates que se puedan llevar adelante en torno de la cumbre, de sus grupos de trabajo y de los grupos de compromiso. Esto puede ser positivo si logramos ampliar los marcos y los límites del debate. Y, sobre todo, si esta experiencia de participación crítica permite la construcción de nuevos consensos, no solo a nivel de los gobiernos sino también entre los movimientos sociales y populares.
En ese sentido saludamos la iniciativa de la presidencia brasileña de promover el G20 Social, y de alentar discusiones en torno a temas como la promoción de la inclusión social, la lucha contra las desigualdades y el hambre; la lucha contra el cambio climático, la promoción de la transición energética y el desarrollo sostenible; y la reforma de las instituciones de gobernanza global.
Necesitamos que estos grandes objetivos no queden en meros enunciados. Es por ello que, así como respaldamos la iniciativa de la presidencia brasileña de recuperar la discusión sobre fiscalidad, con la propuesta de un impuesto a los súper ricos o mil millonarios a nivel global, creemos que debemos potenciar esta propuesta hacia un horizonte más amplio de justicia fiscal. En América Latina, los mil millonarios y súper ricos se reducen mayoritariamente a las principales economías (México, Brasil, Argentina).
Es necesario ampliar ese universo y exigir un impuesto a la riqueza que generan nuestras economías, y que hoy elude los mecanismos impositivos mediante guaridas fiscales y sociedades off shore. Un impuesto a la riqueza, pensado en esos términos, es un instrumento legítimo y necesario para combatir la pobreza, la desigualdad y el hambre. Del mismo modo, así como saludamos el planteo de enfrentar el cambio climático, la transición energética y el desarrollo sostenible, entendemos que se debe considerar, empoderar y proteger a las y los actores sociales que son clave para llevar adelante cualquier política en ese sentido. Nos referimos a los colectivos organizados de trabajadoras y trabajadores, a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, y sobre todo a las mujeres, que luchan a diario y arriesgan sus vidas en la defensa de sus territorios, del agua, de las semillas nativas, por la soberanía alimentaria y por los derechos de la naturaleza.
Por último, aunque el G20 no es un ámbito multilateral amplio como el de las Naciones Unidas, celebramos que los países que lo integran discutan una necesaria y urgente refundación de un nuevo orden multilateral más justo. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han demostrado ser incapaces, cuando no perniciosas, para resolver los problemas económicos de los países. Del mismo modo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se muestra impotente para impulsar y garantizar un acuerdo de paz frente al conflicto en Ucrania, que enfrenta a Rusia con la OTAN, o para imponer un alto el fuego para terminar con el mayor genocidio de las últimas décadas, perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Necesitamos un consenso y una acción multilateral que garantice el derecho a la autodeterminación e independencia de pueblos todavía bajo ocupación colonialista como son, entre otros, los casos de Palestina y del pueblo saharaui.
La nueva gobernanza mundial no puede ser de otro modo que multipolar y multilateral, sin naciones que se consideren con el derecho de aplicar ilegal y unilateralmente sanciones y medidas coercitivas y bloqueos a otras, como ocurre desde hace más de seis décadas con Cuba y otros países latinoamericanos y caribeños y del mundo. Es urgente construir un nuevo orden mundial donde el drama de las migraciones transfronterizas no sea abordado como un problema de seguridad sino como un problema social y humanitario, y donde existan compromisos serios y efectivos para enfrentar el calentamiento global, que ha desencadenado un cambio irreversible en el clima que aún podemos impedir y revertir.
PLATAFORMA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MEJOR SIN TLC
NOVIEMBRE 2024
La Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC está integrada por las siguientes organizaciones, plataformas y redes:
Plataformas nacionales:
- Argentina: Asamblea “Argentina mejor sin TLC”
- Brasil: Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP)
- Chile: Plataforma “Chile mejor sin TLC”
- Ecuador: «Ecuador Decide Mejor Sin TLC».
- México: Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas “México Mejor Sin TLCs”.
- Perú: RedGE – Red Peruana por una Globalización con Equidad.
- Paraguay: BASE Investigaciones Sociales
Redes regionales:
- ISP – Internacional de Servicios Públicos
- Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social.
- CLATE – Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales
- ESNA – Encuentro Sindical Nuestra América
- RedLAM – Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos
- Alianza LAC-Global por el Acceso a Medicamentos
- Global Forest Coalition
- Red de Género y Comercio
- DAWN – Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era
- Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Abya Yala – Nuestra América (CADTM Abya Yala)
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