Fundación Valídame denuncia nuevas y graves irregularidades e ilegalidades en denegación de Pensiones de Invalidez
En el año 2019, antes del recordado estallido y revuelta social que tuvo en las demandas ciudadanas relativas al sistema de pensiones uno de sus principales temas, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados emitió un duro informe relativo al Sistema de Pensiones en materia de pensiones de invalidez, en el que se apuntaron una serie de irregularidades e ilegalidades en el otorgamiento y denegación de estos derechos y beneficios sociales a las personas caídas en invalidez. Más de 5 años después del Informe, y a pesar de compromisos y medidas dirigidas a la materia, la situación se mantiene igual o peor, denuncia la Fundación Valídame. Entre otras nuevas circunstancias develadas en este tiempo, la entidad, que da asesoría jurídica a personas en tramitación de estos procedimientos, apunta a la opacidad de las comisiones médicas encargadas del sistema, y a diversas irregularidades y eventuales ilegalidades que se estarían cometiendo en el proceso de otorgamiento y calificación de las pensiones de invalidez y reconocimiento de licencias médicas.
Durante ya varios años, los tribunales de justicia y la Contraloría han corroborando en numerosos pronunciamientos y juicios las denuncias y acciones judiciales y administrativas emprendidas por personas y la Fundación Valídame frente a las irregularidades e ilegalidades en la concesión o denegación de las pensiones de invalidez, cuestión que además fue constatada en un extenso informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en el mes mayo del año 2019 (Informe de la “Comisión Especial Investigadora de los actos de Gobierno, de los Ministerios del Trabajo y de Salud y la Superintendencia de Pensiones, desde el año 2008 a la fecha, en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia”, disponible acá).
A más de 5 años de aquello, la situación continúa, y hay fuertes indicios de que las irregularidades e ilegalidades se han mantenido e incluso pueden ser aún mayores a las que constató el mencionado informe. Conversamos con Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame, quien nos aportó una serie de documentos y un detallado recuento de las acciones emprendidas por la entidad dedicada a la protección de personas en el ejercicio y garantía de sus derechos a la seguridad social.
Para citar algunos sucesos relevantes de mencionar del último tiempo. En noviembre del 2023, ante un requerimiento de la Fundación Valídame, la Contraloría General de la República resolvió que la Superintendencia de Pensiones debía “ponderar si en las situaciones alegadas por el peticionario se configuran faltas a la probidad por parte de alguno de los integrantes de las respectivas Comisiones Médicas”, debido a las faltas administrativas que vienen realizando los médicos integrantes de estas instancias encargadas de revisar las solicitudes de otorgamiento de pensiones de invalidez. La Contraloría estableció que “compete a la Superintendencia de Pensiones ponderar poner término anticipado al respectivo contrato a honorarios” del facultativo en esos casos.
Además, la Contraloría subrayó que, acorde a la ley, “quienes se desempeñan como contratados a honorarios están sujetos al principio de probidad y deben respetar las normas que lo rigen, puesto que aun cuando no son funcionarios, tienen el carácter de servidores estatales”.
Tras aquello, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema calificó de ilegales, arbitrarias y antojadizas resoluciones de Comisiones Médicas que rechazan pensiones de invalidez (Mauricio Weibel, Ciper). Numerosas sentencias han constatado estas irregularidades e ilegalidades, aunque también hay sentencias en sentido contrario, al finalmente denegar los recursos de protección presentados por personas a las que se le ha negado la pensión de invalidez, o bien que se les ha calificado con un grado de invalidez menor al real. Desde Fundación Valídame citan al menos 12 sentencias de la Corte Suprema y unas 42 de cortes de apelaciones que confirman las denuncias realizadas por la entidad de defensa de derechos de la seguridad social.
Pero tales logros se dan en un contexto muy amplio de irregularidades e ilegalidades. Entre otras tantas que apunta la Fundación Valídame, está la necesidad de que se establezca un sistema de control georreferenciado que asegure que efectivamente se estén cumpliendo las labores de parte de los médicos de las Comisiones Médicas.
Las irregulares Comisiones Médicas y la continuidad de las irregularidades e ilegalidades en el sistema de pensiones de invalidez
Uno de los elementos que han venido a engrosar las ya múltiples ilegalidades e irregularidades que detectó el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del año 2019, dice relación con la detección de conflictos de interés y probables faltas administrativas que vienen cometiendo las Comisiones Médicas.
Como primer asunto, señala el Presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, a la entidad le ha resultado llamativa la dificultad para conseguir información básica con la que poder constatar que efectivamente los médicos integrantes estén realizando las labores a su cargo, esto es, la evaluación médica de las personas que se encuentran en procedimientos de calificación de su invalidez. Que en los expedientes electrónicos de casos finalizados, cumpliendo los requisitos se solicitaron copias de los expedientes y a la fecha no ha sido posible acreditar el trabajo del cuerpo médico mandatado por la ley para resolver las solicitudes de invalidez y contratados a honorarios con recursos públicos.
Para ilustrar con uno de los casos, señala el caso de Carlos Cruz Oteiza de la ciudad de Osorno, en el que se pudo acreditar ante la Corte de Apelaciones respectiva que la médico integrante de la Comisión Médica Central (CMC ), asignada al caso por la Médico Presidenta, 10 días antes de la sesión regulada, ordena a la Jefa Administrativa de la Comisión Médica Central dejar sin pensión de invalidez al trabajador, de manera ilegal y fuera de todo «procedimiento razonable y justo», como se supone rige en todo procedimiento administrativo según la Constitución y la jurisprudencia chilena. Asunto que enciende las alertas de cómo y quienes están resolviendo los requerimientos de los ciudadanos que confían en el funcionamiento de estas instituciones, que afectan en materias altamente sensibles de seguridad social.
Para esto, indican desde esta fundación, se ha solicitado en numerosas ocasiones la información relativa a los accesos al sistema informático en el que los médicos deben aportar la evaluación de las y los pacientes, cuestión que ha sido negada, infringiendo los deberes de transparencia y el derecho al acceso a la información pública ampliamente reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico tanto a nivel constitucional como legal, pero que en varias materias la práctica no se condice con lo que dice la normativa. Esto además podría implicar faltas a la probidad que, afirman desde la Fundación Valídame, deben investigarse.
En este sistema, un rol fundamental desempeña la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), entidad creada por las propias AFPs para que realizara las mismas funciones que antes ejecutaba la Asociación de AFP A.G. (Asociación Gremial). Por este cambio, inmediatamente la Fundación de Administración de Comisiones Médicas quedó fuera de la fiscalización directa de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
En oficios enviados por la Fundación Valídame en mayo del presente año a Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones, y a las presidencias de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, apuntó a estas posibles ilegalidades que se están cometiendo con un abierto perjuicio no sólo a las personas a las que se les está denegando el acceso a las debidas pensiones de invalidez que les corresponden, si no que también al propio Fisco chileno, pues éste estaría eventualmente remunerando cuantiosas sumas a médicos que no están cumpliendo con las labores encomendadas, e incluso, realizando labores múltiples en horarios superpuestos en diversas reparticiones del sistema de salud público.
Así las cosas, en esta materia el escenario actual es tal como se constató en la Comisión Investigadora del 2019, o incluso peor: una muy baja cobertura del sistema y vulneración de derechos previsionales, prácticas ilegales dirigidas a un «control de la siniestralidad» que mantiene de manera anómala los niveles de otorgamiento de pensiones de invalidez, funcionamiento irregular de las comisiones médicas e incumplimientos de la ley en las calificaciones técnicas para optar a las pensiones de invalidez, falta de fiscalización y recursos adecuados para intervenir a las AFP y las Compañías Aseguradoras que operan en el sistema, entre otras.
De este modo, la situación, que confirma señalan desde la Fundación Valídame, les tiene preparando formas de incidir en el próximo debate legislativo en el anunciado proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, que no promueve ajustes en el control cuestionable que ejerce la industria previsional en el control de la concesión o denegación de pensiones de invalidez, promoviendo la realización de una nueva Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados a cinco años de la que emitió su informe a mediados del 2019, estudiando también activar mecanismos de denuncia internacional sobre la materia y la colaboración con otras organizaciones relacionadas el tema, en el que continúa estando marcado por una constante vulneración de los derechos a la seguridad social de uno de los grupos más vulnerables y necesitados de protección, como son las personas inválidas y discapacitadas, las que podrían estar siendo objeto de una defraudación organizada en la denegación de licencias médicas, pensiones de invalidez y pago irregular de cotizaciones previsionales provenientes de subsidios por incapacidad laboral o licencias médicas, materia que en algunos casos ya se encuentra en etapa de demanda judicial.
Ver entrevista con Luis Mesina en Radio Universidad de Chile (17 de noviembre de 2024):
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