¿Y Oxiquim sigue? La contaminante empresa química del núcleo duro del Pinochetismo instalada en el complejo industrial Quintero – Puchuncaví
En el contexto de un nuevo episodio de intoxicaciones provocadas por la altísima contaminación en la zona, y del anuncio de la decisión del directorio de Codelco ahora presidido por Máximo Pacheco Matte y el gobierno de Gabriel Boric de cierre de la fundición Ventanas de Codelco, en la saturada área Quintero – Puchuncaví, los ojos se han vuelto a posar en torno a este complejo industrial que contiene a varias industrias cuya responsabilidad en la tan deteriorada situación ambiental de este lugar. Aquí, abordaremos a una de las empresas privadas que ha sido señalada como una de las protagonistas en la contaminación de la zona, y cuya historia y trayectoria es pertinente señalar.
Se trata de al menos 17 industrias, de las cuales sólo 2 son estatales: Codelco y Enap. Entre las privadas, se puede señalar a Copec, Shell, Gasmar, Enel, AES GENER, Minera Montecarmelo, y GNL.
Una de ellas, que ha captado las denuncias de la población en el territorio de Quintero y Puchuncaví, es Oxiquim, una empresa de producción de productos químicos que cumple un significativo rol en el esquema primario-exportador y extractivista que domina el modelo productivo y económico en Chile.
Oxiquim fue fundada por Vicente Navarrete Marinot, un ingeniero químico que comenzó su carrera empresarial a fines de los años 1950s e inicios de los 1960s, básicamente, extrayendo y exportando algas desde las costas de la zona central del país. La baja o nula regulación ambiental en esta materia le permitió explotar esta actividad sin mayores restricciones, haciéndose de cuantiosos recursos y con una empresa de tamaño creciente. El grupo empresarial confluyó con otra empresa, «Sintex», dedicada al rubro textil, y con la que actualmente son prácticamente el mismo grupo empresarial. Oxiquim producía diversos productos químicos, como formaldehído, resinas, pentaeritritol, formiato de sodio, ácido fórmico, bicarbonato de sodio y ácido acético, entre otros. Y un detalle no menor: por entonces, con el golpe y la dictadura militar, su poder, obviamente, creció exponencialmente, entre otros motivos, por el carácter estratégico de la empresa.
Como muestra de esa estrecha relación con Pinochet, en 1978, la dictadura le entrega en condiciones de prácticamente un regalo, el extenso Bosque Panul de 543 hectáreas en la precordillera santiaguina, en la Comuna de La Florida, en un remate con un único oferente, por sólo 1 millón de pesos (el equivalente a 17 millones de pesos actuales). Hasta entonces, el bosque estaba en manos del Instituto Bacteriológico de la Universidad de Chile (Ver Annie Luypaert, activista de El Panul: “En dictadura, Pinochet se lo regaló prácticamente a Vicente Navarrete”). Una más entre las innumerables privatizaciones de bienes públicos y estatales durante la dictadura pinochetista.
Otro histórico integrante del directorio de Oxiquim es nada menos que Fernando Léniz Cerda, ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de la dictadura de Pinochet, cargo que asumió el 11 de octubre de 1973, sólo un mes después del golpe de Estado. Estrecho colaborador de la Junta Militar, su actividad anterior habla por sí sola: en 1966, el empresario Agustín Edwards Eastman le había puesto en la gerencia general del El Mercurio, y en 1970 pasa a la presidencia del consejo de Empresas El Mercurio. Pasa por la gerencia de Sudamericana de Vapores, cuyo principal propietario es el temido Ricardo Claro Valdés. Sudamericana de Vapores fue una de las empresas directamente colaboracionistas con el régimen dictatorial en el mismo Golpe y desde sus inicios, facilitando barcos para los secuestros y torturas ejecutados por los aparatos de terrorismo de Estado (Ver Sudamericana de Vapores en Memoria Viva).
Además, integró desde los años sesenta la gerencia de la «Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones», la CMPC de la familia y grupo Matte. Es desde ahí que en sus últimos años tendría el cargo de la presidencia de la Corporación de la Madera, Corma, la multigremial de la industria forestal del país.
En términos se su trayectoria como dirigente político, tras su paso por el gabinete de la dictadura, fue uno de los impulsores del «Acuerdo Nacional» de apertura del régimen, y más tarde, ya a inicios de los 1990s, integró la primera línea del equipo de la precandidatura de Sebastián Piñera en 1992, y al no prosperar pasó luego a la intrascendente candidatura de Arturo Alessandri.
Por otra parte, al fallecimiento de Vicente Navarrete en el 2013, la conducción de la empresa pasa al abogado Fernando Barros Vial, uno de los socios fundadores de la poderosa oficina «Barros & Errázuriz Abogados», de asesoría y defensa jurídica a los grandes grupos económicos y riquezas del país, y quien, entre otras tantas labores dedicadas de una u otra forma a la política, fue abogado de Pinochet en Londres, y estuvo directamente implicado en la trama de corrupción político – empresarial del caso Corpesca. Además, Fernando Barros y su oficina jurídica, expertos en derecho tributario y en «M&A» (como se conoce a las fusiones y adquisiciones de empresas), como se lo señala en la propia web de la Inmobiliaria Socovesa, una de las empresas inmobiliarias en las que es parte. Barros ha sido director en Agrosuper, la oligopólica empresa de alimentos que también protagonizó el desastre ambiental en Freirina, Región de Atacama.
Barros es también socio de Bancard, el holding o grupo de empresas de propiedad de Sebastián Piñera pasar cuantiosas utilidades como pérdidas, como asimismo los mecanismos jurídicos para efectuar la masiva evasión de impuestos hacia paraísos fiscales. Este punto fue materia de una directa interpelación en entrevista de Mónica González a Juan Sutil, debido a que Fernando Barros hoy se encuentra integrando su directorio y presidiendo la Comisión de Ética de la poderosa multigremial Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA («El tenso cruce entre Mónica González y Juan Sutil por empresas «zombies» de Fernando Barros»).
Para mencionar otros lazos esta vez hacia el mundo de la UDI, fue donante de 151 millones de pesos en la recolección de dinero para que Jaime Orpis pagara deuda al Senado, por las «boletas ideológicamente falsas» vinculadas al caso de la Ley de Pesca y los estrechos lazos que construyó Corpesca en el Congreso, en especial en el Senado («Corpesca: Fernando Barros entregó cheque por más de $151 millones de una «colecta» para que Orpis pagara deuda con el Senado»).
En otro episodio conocido de Barros en el último tiempo, se puede señalar su muy controvertida intervención en el marco de los preparativos de la COP-25, con anterioridad al estallido de la revuelta popular de Octubre. Desde su cargo en el directorio de la SOFOFA, Barros afirmó que «es lamentable que el mundo empresarial aparezca validando la COP25» (Fernando Barros, Larraín Matte y la COP25: cómo se armó el lío que puso a los empresarios en el centro del debate ambiental). Dijo que la COP25 era «un encuentro en que la mayoría de los asistentes serán de organizaciones de, a lo menos, desconocida representatividad y cuyo discurso ya se anticipa como uno muy contrario al mundo de la empresa y al modelo de desarrollo económico, distante del libre emprendimiento y más bien promotor del sometimiento del hombre al Estado para que este pueda proteger el medio ambiente».
En un artículo títulado “Clima riesgoso”, publicó, defendiendo sus dudas acerca de la gravedad del cambio climático, que, “si bien nadie discute la necesidad de una relación equilibrada del ser humano con la la naturaleza (…) la discusión del verdadero alcance del proceso climático abandonó el ámbito científico. Ya no se intenta conciliar una conclusión, sino que se descalifica a los que disienten y plantean ahondar integralmente el análisis” (Fernando Barros, Larraín Matte y la COP25: cómo se armó el lío que puso a los empresarios en el centro del debate ambiental, Fernando Barros, el escéptico de la COP25).
Pero ni siquiera en las derechas y el empresariado tuvo mucho apoyo su postura de verdadero negacionismo en relación al cambio climático y la crisis ecológica, siendo apoyado por la extrema derecha del Partido Republicano y José Antonio Kast («Fernando Barros queda solo: empresarios y Gobierno se desmarcan de postura del exasesor de Piñera contra la COP25»).
En medio de unos de los tantos episodios de intoxicaciones en Quintero Puchuncaví, y de las disputas administrativas y judiciales sobre las actividades industriales en la zona, saltó a la vista otro de sus estrecha participación en la elite dominante y gobernante en Chile: Con Gonzalo Molina, esposo de la ministra de Medio Ambiente de Sebastián Piñera, Carolina Schmidt, compartieron durante 17 años en el mencionado bufete de abogados «Barros & Errázuriz» («Las privilegiadas redes que rodean a Oxiquim», «El vínculo de la ministra de Medio Ambiente y Sebastián Piñera con una de las empresas termoeléctricas en Quintero»)
Oxiquim, los concentrados de cobre, y la contaminación en Quintero Puchuncaví
Oxiquim, o Sintex (ambas empresas están interrelacionadas y son la misma estructura empresarial) se dedica a la producción de variados productos químicos, tiene filiales en varios países y en Chile tiene varias plantas. En su planta en el complejo industrial Quintero Puchuncaví, en especial desde su puerto terminal, se dedica también a la exportación de «concentrado», es decir, la roca molida que lleva los minerales que se procesan en el exterior.
Precisamente ahí estaba uno de sus principales proyectos: un «Terminal Multipropósito» que contaba con la aprobación ambiental desde enero del 2017, y contaría con una inversión cercana a los 126 millones de dólares, pero que fue trabado por las organizaciones sociales territoriales y ambientalistas en las instancias administrativas y judiciales. El proyecto tuvo además la oposición del alcalde Mauricio Carrasco («Contaminación en Quintero: alcalde pide negar concesión marítima a cuestionado proyecto de Oxiquim»).
En uno de esos episodios, en agosto de 2018, una nota de El Desconcierto informaba: «La gente que lleva 50 años viviendo con la contaminación sabe muy bien que la responsabilidad viene de las termoeléctricas, Oxiquim, AES Gener», aseguró el diputado Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista). «Es dudoso que se ataque a las empresas del Estado y no a las otras», dijo por su parte Claudio Domínguez, de la Federación de Trabajadores de Codelco («El vínculo de la ministra de Medio Ambiente y Sebastián Piñera con una de las empresas en Quintero»).
Ya por entonces, numerosas pruebas señalaban a Oxiquim como protagonista de los episodios de intoxicación en la zona. Como resumía una nota de OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales:
«La SEREMI de Valparaíso hizo varias visitas a diferentes empresas constatando dentro de su informe varios puntos, entre ellos que Oxiquim mostraba irregularidades en el uso de estanques de almacenamiento. En concreto guardaba sustancias químicas en estanques que no tenían las características de seguridad para esos elementos. A esto se suma que Oxiquim vende metilcloroformo (tricloroetano), a pesar de estar prohibido. Los informes fueron categóricos al señalar a Oxiquim y fueron entregados a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), y esta formuló cargos contra ENAP, pero ningún cargo contra Oxiquim. Y aunque en ENAP también se encontraron irregularidades, los principales estudios realizados, así como el hecho de que Oxiquim manipulase Metilcloroformo daban suficientes evidencias para formular cargos contra la empresa. Posteriormente se formularon nuevamente cargos, ahora contra la empresa Gasmar, pero nuevamente nada referente a Oxiquim. Frente a esto algo empezó a levantar sospechas de los oscuros poderes tras esta empresa que parecía inmune a las sanciones del gobierno» («Oxiquim: la empresa dirigida por un pinochetista, sospechosa de generar intoxicaciones en Quintero y pilar del saqueo extractivista en Chile«).
En octubre de ese año, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra Oxiquim, entre ellas infracciones consideradas graves, como (textual), «el almacenamiento de sustancias distintas a las autorizadas tanto por la autoridad ambiental como por la autoridad sanitaria» («Contaminación en Quintero: SMA ahora formula cargos a Oxiquim»).
En el presente año, en el último episodio de altos niveles de contaminación, en las últimas semanas, la fundición Ventanas de Codelco dejó de funcionar, y sin embargo, como fue establecido por las propias autoridades sanitarias y ambientales, la contaminación siguió a niveles altos, manteniendo las medidas hacia varias de las actividades industriales de Quintero Puchuncaví: Planta Gasmar Quintero, Terminal Asfaltos y Combustibles Enex, Terminal Marítimo Quintero Copec, Terminal Marítimo de Enap, Terminal Marítimo GNL Quintero, y el Terminal Marítimo Oquimix. Todas, por emitir Compuesto Orgánico Volátiles y están sujetas al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica en la zona.
«Las nuevas medidas que estamos ordenado se sustentan luego de constatar que los episodios de intoxicación de hoy se relacionan a emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví. Como no es posible todavía determinar a un causante específico de los eventos es que, sobre la base del principio preventivo, se proceden a dictar medidas en contra de todas las empresas que emiten estos compuestos en la zona», señaló el Superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra, en una nota de prensa fechada el 8 de junio de 2022 («Cierre de fundición Codelco Ventanas: ¿Qué pasa con el resto de las empresas contaminantes en Quintero y Puchuncaví?», El Ciudadano).
Así las cosas, al contrario del anunciado cierre de la fundición Ventanas de Codelco, no han habido anuncios del mismo nivel de prontitud y urgencia en relación a las empresas privadas altamente contaminantes presentes en el complejo industrial Quintero Puchuncaví. No es nada nuevo: en varias ocasiones de episodios de «peaks» de contaminación y de intoxicación de habitantes de la zona, tanto entes gubernamentales como la Superintendencia de Medio Ambiente, o los propios medios de comunicación masiva, han ocupado una distinta vara de medida para estas empresas privadas, en relación a la que se ha utilizado para Enap o para Codelco. Lo cual, de todos modos, no obsta a la implicancia de estas estatales en la contaminación de esta zona, producto de un largo abandono y falta de voluntad política y negación de las inversiones necesarias para una operación adecuada y sustentable de estas empresas, cuestión no imposible, como muestra, para citar un ejemplo que hemos reseñado en nota anterior, el caso de la fundición y refinería de Cobre «Aurubis» en Hamburgo, Alemania.
El rol de Oxiquim no es menor, por cierto, en el entramado extractivo y primario-exportador del país, produciendo diversos productos dedicados a las principales actividades del país: para la industria alimentaria y agroindustrial, pirofosfato ácido de sodio, pirofosfato tetrasódico, propilenglicol y sacarina; para la industria maderera y forestal diferentes químicos y resinas para tratamientos antimanchas e impregnación; para la industria pesquera, formalina, formiato de sodio y fosfatos; para la minería, cloruro férrico, hipoclorito de sodio y metabisulfito de sodio, entre otros. De ahí su importancia, y el estratégico rol que cumple la empresa que, como se ha detallado en esta nota, es de propiedad y gestión del núcleo del pinochetismo y las derechas más duras del país.
Que empresas como Oxiquim sigan operando, a pesar de las tantas alertas de estos años, de su carencia de compromiso social y ambiental, da cuenta de un doble estándar que sólo perjudica, a la larga, al medio ambiente, y a las posibilidades de una matriz productiva que supere la mera exportación de bienes primarios o de bajo valor agregado, y por tanto, de mejores niveles de vida para las mayorías de nuestro país. No es casual el que desde el puerto de Oxiquim, precisamente, se lleve a cabo la embarcación de concentrados de minerales, roca molida que viaja miles de kilómetros hacia fundiciones y refinerías en países de desarrollo industrial como China, Alemania, Estados Unidos o Canadá. Además del gran pasivo ambiental que genera esto, el país con ello continúa alejándose del preciado mayor valor agregado a la extracción y producción minera, y para mayor gravedad, con la venta de un «concentrado» que contiene numerosas riquezas minerales adicionales a los minerales por los que se recibe el precio de venta, generando y profundizando un verdadero saqueo de los bienes minerales del territorio del país.
