Gobierno de Milei publica convenio con el ente Israel para otorgar beneficios de Seguridad Social a ciudadanos israelíes
El gobierno de Javier Milei formalizó un controvertido y amenazante acuerdo bilateral con Israel que permite a ciudadanos israelíes acceder al sistema de seguridad social argentino, un movimiento que ha despertado cuestionamientos por su impacto en la soberanía nacional y su incongruencia con la crisis económica interna. Firmado el 7 de febrero de 2024, el convenio entró en vigor el 1° de mayo de ese año, pero su reglamentación oficial —publicada recién el 12 de junio de 2025 en el Boletín Oficial— profundizó el debate sobre la cesión de derechos previsionales a extranjeros en un contexto de ajuste estructural.
El tratado garantiza a los residentes israelíes en Argentina el acceso a jubilaciones, pensiones, subsidios por maternidad y discapacidad, entre otros beneficios, mientras que los argentinos en Israel obtendrían, en teoría, contraprestaciones equivalentes. Sin embargo, la medida ha sido interpretada como una concesión desequilibrada: mientras el Estado argentino asume obligaciones financieras adicionales en un sistema previsional ya quebrado, no existen garantías claras de que los beneficios para los ciudadanos nacionales en Israel sean proporcionales o efectivos. Esto plantea un riesgo de subordinación de la política social doméstica a intereses geopolíticos, erosionando el principio de autodeterminación en materia económica.
La implementación del acuerdo ocurre en un escenario de emergencia social: jubilaciones congeladas, salarios públicos pulverizados por la inflación y servicios esenciales como salud y educación en estado crítico. Las redes sociales reflejaron indignación ante lo que muchos perciben como una «prioridad invertida»:
«Milei recorta derechos a los argentinos pero subsidia a extranjeros en nombre de la ‘reciprocidad’. ¿Dónde está el equilibrio real cuando nuestro sistema colapsa?», denunció un usuario en X, resumiendo el rechazo a lo que se ve como un tratado asimétrico.
Más allá de su dimensión técnica, el convenio ha sido leído como una acción de alineamiento ideológico con el ente sionista Israel, reforzado por las visitas oficiales y el discurso proisraelí y pro sionista del presidente argentino. Esta vinculación estratégica, sin embargo, no oculta el costo interno: el Estado argentino, en plena crisis fiscal y crisis económica, está ampliando obligaciones estatales hacia no residentes mientras recorta derechos básicos de su propia población.
Puntos clave del convenio:
• El acuerdo otorga beneficios previsionales a ciudadanos israelíes en Argentina, pero su contraparte para argentinos en Israel carece de mecanismos de garantía efectiva, lo que cuestiona su real reciprocidad.
• La medida prioriza vínculos diplomáticos sobre necesidades urgentes de la población local, exponiendo una contradicción entre la retórica de «ajuste» y la ampliación de gastos en sectores no prioritarios.
• Al comprometer recursos de un sistema social en crisis, el convenio vulnera la soberanía fiscal y previsional de Argentina, sometiéndola a compromisos externos sin auditoría pública previa.
• Refuerza la dependencia de políticas exteriores ideologizadas, en detrimento de una estrategia autónoma que proteja primero a los ciudadanos argentinos.
En síntesis, el tratado no solo agrava la tensión entre el ajuste interno y las concesiones externas, sino que despliega posibilidades para una corrosión de su soberanía. El gobierno de Milei parece dispuesto a financiar derechos sociales para extranjeros mientras niega esos mismos derechos a su pueblo, hipotecando el futuro del sistema previsional en nombre de alianzas dudosamente beneficiosas.
Fuentes: Diario Norte (Argentina)
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