Sale a la luz el contrato firmado entre la empresa paramilitar mercenaria Silvercorp y Juan Guaidó
Primero fue el ex militar y desertor venezolano Clíver Alcalá quien hace más de un mes, al verse sorpresivamente entre la lista que el Gobierno de Trump presentó como culpable de «narcoterrorismo» poniendo precios por sus cabezas, quien mencionó la existencia de un contrato, tal como informamos en su momento hace más de un mes, con ocasión de dichas acusaciones emitidas contra altas autoridades del Gobierno venezolano y el ofrecimiento de recompensa por sus cabezas (Ver «Sobre la acusación de «narcoterrorismo» y una nueva acción del Gobierno de EEUU y la oposición contra Venezuela»).
Y hace unos días, al ser abatido y capturado el primer grupo de la «Operación Gedeón» en la costa de Macuto, Estado de la Guaira, el mercenario estadounidense Jordan Gordreau se puso en contacto con la periodista opositora residente en Miami, Patricia Poleo y su programa online «Factores de Poder», dando detalles de la operación y aludiendo al contrato. Juan Guaidó, apurado por el destape de los hechos, salió descartando toda relación («Segunda incursión mercenaria contra Venezuela en 48 horas es desbaratada y capturada en la costa de Aragua»), a pesar de que en el contrato aparecía su firma y la de su cercano Juan José Rendón.
Entretanto, la agencia estadounidense Associated Press News había publicado un reportaje dando detalles de la operación y afirmando la relacion de ésta con el mercenario Gordreau y su empresa «Silvercorp», con Clíver Alcalá («Sources: US investigating ex-Green Beret for Venezuela raid»).
Juan José Rendón, uno de sus principales asesores y dirigente de la oposición venezolana, se vio forzado a reconocer la presencia de su firma. Y de inmediato, a rápida marcha, se puso poner en marcha un intento de «salvar» a Guaidó y excluirlo de los autores y firmantes del documento. Pero Jordan Gordreau presentó también un video con un audio del momento en que se acordó la firma del contrato, en una video conferencia con la presencia de Juan Guaidó, a quien se escucha hacerse parte en el audio.
En el documento, se ve claramente la firma de Juan Guaidó, además del mencionado Juan José Rendón, además de Sergio Vergara, y Manuel J. Retureta, abogado conocido por defender a grandes narcotraficantes.
El documento (aquí los anexos de 42 páginas, en inglés), cuyas 41 páginas publicó el diario estadounidense The Washington Post, establece el pago de 212 millones 900 mil dólares para ejecutar la operación que debería completarse en 495 días. “Se acuerda pagar mensualmente al contratista después de la culminación del proyecto un mínimo de 10 millones 860 mil dólares, un promedio de 14 millones 820 mil dólares y un máximo de 16 millones 456 mil dólares”, precisa el contrato.
La abundante información y el cúmulo de pruebas que ya ha tenido que ser reconocida e informada parcialmente por los medios del oligopolio mediático (desde CNN, The Washington Post, hasta los medios oligopólicos de cada país), pero intentando subvalorar la gravedad de los hechos, o, en muchos casos, simplemente omitiendo la noticia. Medios reconocidos como íconos del antichavismo para la derecha venezolana y regional, como «PanamPost», se han reducido a intentar desprestigiar a Gordreau, y generar la idea de que el «gobierno encargado» de Guaidó, si bien participó en los inicios de la operación, terminó por salirse, habida cuenta la dificultad que tienen para negar las firmas de Juan Guaidó y Juan José Rendón en el documento.
Compartimos aquí la conferencia de prensa del Fiscal General Tarek William Saab, aquí en la última conferencia del día jueves 8 de mayo:
A continuación, conozca los detalles del acuerdo firmado entre Guaidó (administración) y Silvercorp (contratista):
La administración cancelaría un bono de 10 millones de dólares al contratista. La bonificación dependería del éxito de la operación terrorista, es decir, la remoción del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la instalación del “gobierno reconocido de Venezuela”. La administración pagaría un anticipo no reembolsable de 1 millón 500 mil dólares durante los cinco días posteriores a la firma del acuerdo.
El inversionista debería entregar inicialmente 26 millones 395 mil 810 dólares, así como pagos mensuales de 10 millones 860 mil dólares para garantizar los servicios del contratista. En el apartado relacionado con la creación de fuerzas de ocupación, se expone lo siguiente: La Unidad de Activos Nacionales (antes denominada “grupo de tarea”) actuaría bajo la dirección de la administración para “contrarrestar amenazas a la estabilidad” del Gobierno y trabajará conjuntamente con la GIC, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Silvercorp se encargaría de asesorar en materia de misiones, reclutamiento, selección y evaluación, entrenamiento físico, medicina, comunicaciones, métodos de trabajo encubierto, vigilancia y reconocimiento de objetivos. La infraestructura, línea de comunicación y objetos económicos serían inhabilitados e interrumpidos.
Las estructuras civiles (edificios históricos, culturales, religiosos y hospitales) no serían comprometidas, salvo que “sean usadas para propósitos ilegales”. El uso de la fuerza para el cumplimiento de la misiones sería “necesaria” y “proporcional”. Las fuerzas de seguridad, navales, aéreas y terrestres subordinadas al Gobierno de Nicolás Maduro serían declaradas como “hostiles”, esto admite que sean “neutralizados”. En este punto se incluyen “tenientes, aliados claves y cualquier apoyo” del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
En referencia a los objetivos de la operación paramilitar, el documento señala que Goudreau “tiene autoridad para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego”, en este sentido, expone lo siguiente: Elementos no militares de comando y control del “anterior régimen” e infraestructuras económicas calificadas como “enemigas”.
Adicionalmente, Goudreau tendría potestad para aprobar golpes a líderes militares, elementos no militares de comando y control, terroristas y células asociadas al terrorismo y cualquier vehículo aéreo no tripulado. Sobre el uso de armas y medidas de control de manifestaciones durante la invasión militar, dirigida por la administración de Donald Trump, especifica: Estaría permitido el uso de todo tipo de armas convencionales, así como de minas autoactivadas o detonables de comando.
Las “medidas de control” serán adoptadas en respuesta a disturbios civiles y el uso de la fuerza sería “necesario, proporcional y razonable en intensidad, duración y magnitud”, incluidos sistemas diseñados como medios de dispersión de “muchedumbres rebeldes”. El uso de la fuerza letal para “eliminar la amenaza” estaría autorizado si la ciudadanía comete “actos hostiles”. “Las fuerzas de Venezuela pueden siempre usar la fuerza, incluyendo la letal”, subraya el texto.
Admitirían la detención y búsqueda de civiles si interfieren con la misión o son buscados para interrogatorios. En este punto, indica que la fuerza letal sería utilizada para “proteger” personas, grupos y/o propiedades declaradas esenciales para el éxito de la misión.
En relación a las fuerzas de ocupación extranjeras, indica:
La administración otorgaría al contratista privilegios e inmunidades, al tiempo que podría utilizar uniformes y llevar armas de fuego cuando esté en servicio. El personal del contratista podría entrar y salir de Venezuela sin identificación, salvo las órdenes de viaje emitidas por el contratista, a través de los pasajes formales de entrada y salida. Las autoridades de ambas partes podrían solicitar la renuncia a su derecho primario de jurisdicción en un caso específico. En este sentido, el Gobierno venezolano “acuerda ejercer la jurisdicción después de informar y notificar por escrito al contratista dentro de 21 días posteriores al descubrimiento del presunto delito”.
En cuanto a las disposiciones contenidas en el Anexo E sobre la seguridad de los miembros de la empresa contratista, refiere:
Los participantes norteamericanos serían asegurados por la administración, esto incluye la cobertura de gastos médicos del grupo de tareas. La administración pagará 450 mil dólares al pariente más cercano de cualquier miembro del grupo de tarea asesinado en acción. En el contrato, refrendado en octubre de 2019, libra de responsabilidad en la comisión de “actos de violencia o destrucción cometidos por grupos de terceros” durante la vigencia del acuerdo. “Si se entabla una demanda civil, federal o estatal en Venezuela o Estados Unidos contra Silvercorp, la administración venezolana financiará el costo total de la defensa legal”, reza el texto.
La cadena de mando de la operación terrorista estaría conformada por Juan Guaidó como “Comandante en jefe”, Sergio Vergara como “supervisor general”, Juan José Rendón como “jefe estratega” y una persona por determinar como “comandante en sitio”.
Detalle pormenorizado del contrato:
- Cancelación al contratista de un anticipo no reembolsable por la cantidad de 1.500.000,00 de dólares, que debió ser pagado durante los cinco primeros días a partir de la firma del contrato.
- Fase inicial de 45 días de la operación con un valor de al menos 50.000.000,00 dólares, que incluye costos operacionales, tanto para el Grupo de Aliados como para el personal de Silvercorp, vehículos, transporte y combustible.
- Costo total estimado del proyecto: $212.900.000,00 por 495 días, debido a que la fuerza de ocupación se mantendría en el país.
- Pago mensual al contratista después de la culminación del proyecto de un mínimo de $10.860.000,00, un promedio de $14.820.000,00 y un máximo de $16.456.000,00.
- Asistencia de asesores de Silvercorp al grupo de aliados en la planificación y ejecución de una operación de captura/detención/eliminación del presidente Nicolás Maduro, derrocamiento del régimen actual e instalación del presidente venezolano reconocido Juan Guaidó.
- Continuación de los servicios durante el tiempo acordado, pese a que el presidente Nicolás Maduro renunciara a su cargo, fuese removido por otro grupo o Gobierno, o entregara el poder a otro individuo, antes de que la Operación se llevara a cabo por Silvercorp.
- Silvercorp continuaría dando asesorías contra terrorismo, narcotráfico y recuperación de los activos venezolanos después de la culminación de la operación terrorista.
- Compensación, facturación y pagos.
- Aseguramiento de un préstamo puente de inversionistas privados para financiar el proyecto por parte de Silvercorp.
- Garantía de que los inversionistas tuvieran un status preferencial como proveedores con el nuevo gobierno de Venezuela.
- Silvercorp no requería el préstamo completo para comenzar a prestar sus servicios.
- Guaidó debía comenzar a pagar el préstamo con intereses al contratista un mes después de la finalización del proyecto a una tasa de 55% anual.
- Una vez completado el cambio de Gobierno, la administración tendría un año para pagar el saldo restante del préstamo puente.
- En caso del pago de la totalidad del préstamo anticipadamente, los intereses no serán prorrateados y serán aplicados al monto total del préstamo.
- Los intereses serían agregados al monto total. Por ejemplo, si el monto del préstamo dado al contratista por los inversionistas es de 40 millones USD y la administración paga el préstamo en un año, y la tasa de interés es de 55%, el interés será de 26 millones USD. La administración debería pagar 66 millones de dólares a Silvercorp.
- Pago por parte de Guaidó de un bono de $10.000.000,00 a Silvercorp, cuyo desembolso dependería del éxito de la operación.
- Pago de un anticipo inicial de $1.500.000,00 dentro del lapso de 5 días después de la firma del acuerdo.
- Inversionista debería entregar $26.395.810 inicialmente, y pagos mensuales de $10.860.000 para continuar con los servicios de Silvercorp.
- Fuerza de ocupación se convertirá en una Unidad de activos nacionales que actuará bajo la dirección de la administración para contrarrestar amenazas a la estabilidad del gobierno, terrorismo y trabajará con GIC, FAES y DGCIM.
- Silvercorp prestará servicios a esta nueva unidad en asesoría en misiones, reclutamiento, selección y evaluación, entrenamiento físico, medicina, comunicaciones, demoliciones, métodos de trabajo encubierto, vigilancia y reconocimiento de objetivos.
- Inhabilitación e interrupción de infraestructuras, líneas de comunicación y objetos económicos.
- Declaratoria como hostiles a ciertas fuerzas militares (anterior régimen, fuerzas de seguridad, fuerzas navales, aéreas y terrestres convencionales y no convencionales) por parte de la Fuerza de ocupación, para lo cual se establece que estos grupos y/o individuos deberán ser neutralizados. Se incluye en esta categoría, el armamento, municiones y equipos hostiles.
- Declaratoria como fuerzas ilegítimas venezolanas al presidente Nicolás Maduro, sus tenientes, aliados claves, cualquier apoyo armado; así como a Diosdado Cabello, sus tenientes y aliados claves.
- Otorga poder a las fuerzas de ocupación para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego y determina como tipo de objetivo: Elementos no militares de comando y control del antiguo régimen y edificios asociados; Edificios de almacenamiento de armas de destrucción masiva; Infraestructura y objetivos económicos venezolano; terroristas; vías y medios de comunicación venezolanos; Edificios (asociados con terroristas o fuerzas declaradas hostiles).
- Autorización de golpes a elementos no militares de comando y control del anterior régimen.
- Autorización para aprobar golpes a los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: líderes militares del régimen anterior, elementos no militares de comando y control del régimen anterior, terroristas y Grupos/Células/edificios asociados al terrorismo, cualquier vehículo aéreo no tripulado.
- Autorización de todos los tipos de armas convencionales.
- Uso de cualquier mina autoactivada o detonable por comando.
- Autorización de uso de la fuerza letal para eliminar a individuos que representen una amenaza para Silvercorp al cometer un acto hostil, o al intentarlo.
- Autorización para que la fuerza de ocupación pare, detenga y busque civiles cuando haya una sospecha razonable de que interfiere con la misión, está solicitada para interrogarlo.
- Autorización para usar la fuerza necesaria, hasta llegar a la fuerza letal para proteger propiedades designadas como vitales para la misión.
- Autorización de Guaidó a Silvercorp de todos los privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a aquellos de los que goza una fuerza de seguridad venezolana.
- Autorización para que el personal de Silvercorp pueda entrar y salir de Venezuela sin identificación y en grupo o individualmente.
- Contempla además que autoridades de cualquiera de las partes pueden solicitar a las autoridades de la otra parte que renuncien a su derecho primario de jurisdicción en un caso específico.
- Seguro para todos los participantes norteamericanos, garantía del pago de los gastos médicos de los miembros del grupo de ocupación durante la duración del proyecto, así como la recuperación posterior de cualquier lesión ocurrida.
- Garantía de pago de $450.000,00 al pariente mas cercano de cualquier miembro del grupo de ocupación dado de baja en acción.
- Silvercorp USA, Inc no sería responsable de ningún acto de violencia o destrucción cometido por grupos de terceros o individuos durante la ejecución del contrato.
- Ante una demanda civil, federal o estatal en Venezuela o Estados Unidos contra Silvercorp USA, Inc, la administración venezolana deberá financiar el costo total de la defensa legal y deberá asumir la responsabilidad financiera en caso de que Silvercorp sea declarado inocente.
- Silvercorp estaría autorizada para designar al Alto Mando Militar, a violar la Constitución y con ello disolver la República.
- La cadena de mando de esta operación: Comandante en jefe: presidente Juan Guaidó; Supervisor general del proyecto: Sergio Vergara; Jefe Estratega: Juan José Rendón; Comandante en sitio: Por determinar.
Ver también, Analizan contrato de 41 páginas que Guaidó firmó con SilverCorp: Contemplaba el asesinato de Maduro y su tren ejecutivo, Alba Ciudad (Venezuela).
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