Dictamen de la nueva contralora Dorothy Pérez precariza el empleo público y levanta críticas y rechazo de trabajadores
Dorothy Pérez, recién nombrada a la cabeza de la Contraloría General de la República, el poderoso órgano de control de la Administración del Estado en Chile, ha comenzado su gestión de 8 años con un controvertido dictamen en el que da un furo golpe a las y los trabajadores del sector público en Chile, abriendo paso a más precarización y desvinculaciones por motivos ajenos al buen desempeño de la función pública. Abogados y expertos en la materia, además de las organizaciones de trabajadores públicos del país, han levantado la alerta y se anuncian movilizaciones por la polémica decisión que marca el inicio de una nueva gestión de la Contraloría General de la República tras el término del mandato del ex contralor Jorge Bermúdez.
La nueva contralora Dorothy Pérez, recién nombrada en un acuerdo político entre el Gobierno de Gabriel Boric y la oposición en el Congreso Nacional, ha comenzado su gestión de 8 años con un controvertido dictamen en el que pone fin a la doctrina del ex contralor Jorge Bermúdez que establecía ciertas garantías para los trabajadores públicos, en un marco de fuerte precarización laboral en la Administración del Estado, e infracción de parte de los sucesivos gobiernos de lo establecido por la ley que regula la materia, esto es, los cuerpos legales que establecen los marcos del Estatuto Administrativo en Chile.
Al contrario de lo que muchas personas creen en Chile, el empleo público ha tenido desde el fin de la dictadura una fuerte tendencia a la precarización y la inestabilidad laboral, cuestión que repercute tanto en la formación del cuerpo administrativo como a la calidad de los servicios que presta la administración pública.
Un factor central de lo señalado está en la regulación del régimen de contratación de los trabajadores públicos en Chile. Según la legislación vigente, establecido en especial en el Estatuto Administrativo redactado a fines de la Dictadura civil militar, la «normalidad» de los empleos de carácter permanente y esencial a las labores de los distintos órganos y servicios públicos, debiera ser el régimen de «planta», que cuenta con las garantías de la carrera funcionaria que se dirige, además de darle estabilidad al trabajador público, a promover la formación de un cuerpo profesionalizado y especializado en las labores públicas, no estando sujeto a los cambios de gobierno o a decisiones arbitrarias de las jefaturas. Como contrapartida, estos trabajadores están sujetos a calificaciones, y pueden ser destituidos por medio de sumarios administativos, es decir, procedimientos disciplinarios por eventuales responsabilidades en el ejercicio de su cargo.
Pero la realidad, año tras año, como se aprecia en el gráfico de más abajo, es que el régimen de contratación creciente es el de «contrata», que por regla general duran hasta el día 31 de diciembre de cada año, y que, si bien son considerados como funcionarios públicos, estan sujetos a las decisiones eventualmente arbitrarias de las jefaturas y los cambios de gobierno. A mayor gravedad, el último tiempo ha crecido de manera exponencial el régimen de trabajadores a honorarios, los cuales no son considerados como funcionarios públicos, y están en un régimen aún más precario y son objeto de la discrecionalidad de las jefaturas muchas veces sin controles ni límites.
En este estado de cosas, la Contraloría General de la República bajo el mandato del ex contralor Jorge Bermúdez (quien terminó su mandato en diciembre del año pasado), estableció algunos criterios y principios que se hicieron cargo de la anómala situación señalada, en la que la Administración del Estado, y los sucesivos gobiernos y congresos (por medio de la Ley de Presupuestos), han estado infringiendo lo que señala la ley, en el sentido de contratar a servidores públicos en los regímenes de «contrata» y «honorarios» cuando cumplen labores que debiesen estar cubiertos por el régimen de planta.
Ante esto, sucesivos dictámenes dieron un marco de mayor estabilidad para los trabajadores públicos, entre ellos, el que estableció el principio de «confianza legítima» que, en resumen, establece que si un funcionario a contrata ha sido renovado en su cargo por más de 2 años, tiene una garantía de estabilidad y no puede ser desvinculado sin un acto fundado. Tal criterio fue acompañado además por la Corte Suprema, en especial, por su Tercera Sala (la Constitucional que conoce entre otros temas de los recursos de protección), en la que el recién destituido ex Ministro Sergio Muñoz cumplió un rol destacado en cuanto a apoyar mayores grados de estabilidad en el empleo público.
Pero en los últimos años, este criterio ha tendido a modificarse, ampliando el tiempo necesario para la aplicación de este principio de 2 a 5 años. Y ahora, este nuevo Dictamen de la nueva Contralora Dorothy Pérez, da nuevos pasos en tal sentido, señalando que la aplicación del principio de confianza legítima requerirá el concurrir a tribunales, dejando de ser un asunto en el que la Contraloria General de la República pueda operar de manera directa declarando la invalidez de desvinculaciones que no se ciñan a requisitos de estar adecuadamente fundados. De este modo, se avanza en la desprotección a las y los trabajadores, encareciendo la posibilidad de recurrir ante posibles y frcuentes desvinculaciones.
En tal contexto, numerosos expertos y organizaciones y dirigencias sindicales han levantado críticas a la decisión de la nueva Contralora. Entre otras, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que ha anunciado movilizaciones en relación al dictamen de la nueva Contralora.
DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, expresa su total rechazo al cambio de criterio de la Contraloría General de la República con respecto al principio de confianza legítima, expresado en el dictamen evacuado este miércoles 06 de noviembre por el organismo de control y que lleva la firma de la nueva contralora, ratificada recientemente por el Poder Legislativo y candidata del Gobierno, Dorothy Pérez Gutiérrez.
Lo que ha hecho la nueva Contralora nos parece grave porque ha procedido a derogar, en la práctica, la jurisprudencia administrativa por la cual el mismo organismo de control establecía el principio de confianza legítima como una herramienta de defensa de las y los trabajadores públicos, bajo el régimen de contrata, que cada año quedaban expuestos a la posibilidad de ser despedidos de forma arbitraria.
Con este nuevo dictamen el principio de confianza legítima no puede invocarse recurriendo a la Contraloría al momento de defendernos, y obliga a las y los trabajadores del Estado acudir directamente a los Tribunales de Justicia.
Esto es un retroceso en el derecho a la estabilidad laboral, que deja nuevamente al arbitrio de las autoridades políticas de turno la continuidad del empleo, y abre una profunda grieta para el avance y futura consolidación del trabajo decente en el Estado. No lo podemos permitir.
La situación es grave y por ello nos declaramos en ESTADO DE ALERTA, y nuestro llamado es a mantenernos unidos frente a esta nueva arremetida de despojarnos de los derechos laborales conquistados.
El Directorio Nacional y los Consejos Regionales de la ANEF convocamos para este viernes 08 de noviembre, a las 12 horas, a todas nuestras Asociaciones afiliadas a repudiar este dictamen vejatorio, concurriendo con nuestras banderas en los frontis de cada Contraloría General de la República del país.
DIRECTORIO NACIONAL ANEF
